Entrevista por Sebastian Ortiz Martínez
Publicada en El Comercio el 17 de agosto de 2022
[Transcripción]
El exprocurador anticorrupción César Azabache consideró que el presidente Pedro Castillo “se está tomando en serio el riesgo de una suspensión judicial” y, por ello, el Ministerio del Interior no ha insistido con realizar cambios en el equipo especial de la Policía Nacional y Yenifer Paredes, su hija, se entregó a las autoridades.
— El presidente Castillo- a través de sus abogados- ha presentado un hábeas corpus en contra del fiscal Hans Aguirre y del coronel PNP Harvey Colchado. Esto con el fin de retirarlos de las investigaciones en su contra, entre ellas la que compromete a Yenifer Paredes, a quien él trata como a su hija. ¿Cómo evalúa esta acción? ¿Qué tan peligrosa puede llegar a ser?
Honestamente me parece disparatada. Castillo intenta construir una narrativa que presenta su caso como resultado de una persecución política arbitraria y no lo es. Sobre la base de esa premisa imagina que podría ganar acciones legales que están instaladas en el sistema para proteger víctimas, no personas a las que la fiscalía está investigando bajo cánones absolutamente razonables. La detención preliminar [de Yenifer Paredes] además no tiene visos de ser arbitraria. Es una medida instrumental para asegurar una posible audiencia por prisión preventiva que la fiscalía podrá ganar o no. Pero salvo casos de verdadero abuso (esto no lo veo aquí) un hábeas corpus no tiene en esto nada que hacer, a parte claro de reflejar esa narrativa sin base sobre victimizaciones que Castillo intenta imponer.
— El mandatario, en la plaza pública, dice que no se corre a las investigaciones, pero, en paralelo, sus abogados presentan recursos de nulidad. Y los ministros argumentan un supuesto “secreto de Estado” para que Palacio no entregue los videos de sus cámaras de seguridad. ¿Existe un patrón de obstaculización a la acción de la justicia?
Las obstrucciones son cosas más severas que estas. Yo diría que estas corresponden más bien a una parte de su narrativa legal que navega en una indefinición constante, pero que no parece efectiva. El ejemplo más interesante de esta parte es el del silencio. Toda persona tiene derecho a mantenerse en silencio en casos penales. Hasta un mandatario, más allá de lo que significa que un mandatario use este mecanismo. Pero cuando la fiscalía muestra casos sólidos el silencio representa otra cosa. Frente a casos sólidos la defensa solo puede ser eficiente si presenta hechos que permiten sostener una lectura alternativa de las cosas. El silencio en este tipo de situaciones muestra que el presidente no tiene como ofrecernos una alternativa autónoma. Sigue teniendo derecho a mantener silencio, pero en casos de este tipo el silencio equivale a una renuncia a disputar el significado de los hechos ante la fiscalía.
[...] Las interferencias aparecen de dos formas: como riesgo y como proceso en marcha. Como riesgo permiten adoptar una serie de medidas cautelares contra quienes lo generan. En un caso que compromete al presidente de la República convendría entender que las interferencias solo pueden activar medias extremas como la suspensión o la detención preliminar en casos relacionados con procesos en marcha. Casos extremos. En este momento veo dos procesos en marcha: la fuga de silva y la de Vásquez, su sobrino.
— El juez Raúl Justiniano declaró improcedente el pedido de la fiscalía para acceder a las imágenes de las cámaras de Palacio de Gobierno, al referir que él no tenía competencia para resolver esa solicitud. ¿Usted comparte ese criterio?
Hay una discusión ahí que respeto. La fiscalía intentó usar el procedimiento más expeditivo posible: colgar el pedido del caso contra Yenifer Paredes. La resolución del juez parte de dos premisas: la señora Paredes ya se entregó, de modo que la resolución que dictó sobre detención preliminar ya cumplió su función. Y la cuestión sobre si la escondieron en Palacio o no, no es relevante para este caso, sino para alguno sobre el presidente Castillo. Puede discutirse si por urgencia debió o pudo procederse distinto. Pero no puede negarse que los dos extremos de esta disposición son razonables. Creo entonces que si la fiscalía tiene, y ha anunciado que tiene, evidencia sobre el ocultamiento de Paredes en Palacio de Gobierno durante la diligencia bien podría siguiendo la pauta del juez armar un pedido distinto y llevar esta discusión ante la Corte Suprema. No veo entonces en esta decisión una señal que obligue a hacer una lectura binaria, buena o mala, de la resolución.
— Usted ha planteado que la fiscal de la Nación solicite a la Corte Suprema la suspensión de Castillo de la Presidencia. ¿Bajo qué escenario es viable esta posibilidad? ¿La Constitución lo permite?
La Constitución no tiene ninguna disposición sobre la forma o los límites con que pueden investigarse al presidente de la República. Y, sin embargo, hemos cerrado ya esa discusión admitiendo institucionalmente que la investigación puede hacerse en atención a una serie de principios que prevalecen sobre el vacío. Y dado que el Congreso ha mostrado no tener interés alguno en regular esto, entonces los límites de esta investigación tendrán que establecerse en los tribunales.
La cuestión legal que puso en discusión la teoría sobre la posibilidad de suspender al presidente por orden judicial no proviene de la Constitución -que aquí debe ser considerada en silencio- sino de un artículo del Código Procesal, el 198.b, que aunque no tiene cómo referirse al presidente (el código tampoco tiene normas para estos casos) prohíbe usar la suspensión frente a autoridades electas (parlamentarias, regionales y locales, sobre las que si tiene normas expresas de procesamiento). Luciano López ha mostrado además que el principio de equilibrio en el uso de inmunidades, que está en el artículo 30.2 de la convención ONU sobre corrupción permite exceptuar de la prohibición los casos más graves. ¿Cuáles serían estos? Los ataques a la conformación del cuerpo mismo de investigación, las fugas, la infiltración de ese equipo. Debe tratarse además de procesos actuales, no poténciales ni de riesgos teóricos. Ni cabe pretender que, tratándose de un mandatario, por el hecho de ser mandatario se le deba suspender automáticamente. Una medida tan extrema cómo está solo se puede emplear equilibradamente en casos de extrema necesidad y urgencia.
— Si más adelante se comprueba que Yenifer Paredes sí estuvo en Palacio de Gobierno y recibió ayuda para no ser capturada por la Policía, ¿Esto abre la puerta de la suspensión del mandatario por obstaculización?
No, porque sería un hecho del pasado, aunque sea un pasado reciente. La suspensión no está pensada para ser una sanción a un comportamiento anterior sino la herramienta para neutralizar una interferencia presente. De hecho, aunque esto es especular, siento una relación clara entre este debate y la entrega de la señora Paredes. Digamos que elimino la interferencia, como en cambio de tono en el Ministerio del Interior, pasar de intervenir al equipo especial de la PNP a pedirle a la fiscal determinados cambios y admitir el rechazo [de estos], son señales que indican que Castillo se está tomando en serio el riesgo de una suspensión judicial. Pero como no puede interferir sobre las investigaciones, estas avanzan a una velocidad exponencial. La siguiente crisis, entonces, podría producirse por varios frentes. Más delaciones, más testigos protegidos y más evidencia o la detención final de Silva y de [Fray] Vásquez, por ejemplo. O una rabieta de Palacio que tenga tal dimensión que haga imprescindible la intervención del judicial.
— De acuerdo al Ministerio Público, la primera dama Lilia Paredes es coordinadora de la presunta red criminal de las obras de agua y saneamiento en Anguía. Ella no goza de inmunidad. ¿Existe la posibilidad de que pueda ser detenida, si así lo solicita el equipo de la fiscal Marita Barreto?
Lo veo probable. Pero dependerá de la posibilidad de probar que la detención es necesaria. En el caso de su hermana la necesidad quedó en evidencia con el juego de sus direcciones, que hizo inestable su paradero. En estos casos no es solo cosa de prueba del hecho principal. Es cosa de probar la necesidad de la medida. Si es necesario notar que a diferencia de lo que ocurre en el caso del presidente [Castillo] en estos casos el peligro de fuga o de obstrucción no tiene que corresponder necesariamente a un evento actual. Acá si puede discutirse un peligro teórico o potencial. La posibilidad entonces existe. No debería sorprendernos que la fiscalía vaya en esa dirección.
— El presidente Pedro Castillo enfrenta, hasta el momento, seis investigaciones. Cuatro de ellas son por organización criminal. ¿Su permanencia en el poder es insostenible?
Diría más bien que su permanencia en el poder, que cuenta con la complicidad del Congreso es profundamente corrosiva. Se sostiene en el entrampamiento del Congreso, que era en teoría el llamado a resolver este tipo de asuntos. Atención que no se trata solo de la vacancia, más allá de mi poca simpatía con ese procedimiento. El Congreso podría haber disminuido las protecciones constitucionales del presidente, las que están en el artículo 117 de la Constitución, al menos frente a cargos por corrupción desde el segundo semestre del año pasado o adoptar normas que regulen las investigaciones contra el presidente y tampoco lo ha hecho. Mientras, se concentra en aprobar contrarreformas y en poner al frente a la Comisión de Presupuesto, acaso la más importante del Congreso, a un congresista [como José Luna Gálvez] investigado por múltiples delitos, entre ellos lavar activos.
— Castillo dice que le han sembrado “miles de cosas para hacer ver que soy corrupto”. Pero las personas que colaboran con la justicia eran integrantes de su círculo de confianza, como el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco. ¿Con ello se cae su estrategia de victimización y desconocimiento de los hechos cuestionados?
Castillo empeña en su forzada narrativa una serie de construcciones que están pensadas para otras situaciones. El “sembrado” se usa en un habla no precisamente académica, para describir esos casos en que, en un abuso, la autoridad pone en un allanamiento la evidencia que luego dice haber descubierto en el lugar. También se usa en los casos de “trampas”, cuando una agente infiltrado induce a una persona a la que se investiga a cometer un crimen. Encuentro más que fantasioso pretender que los 20 mil dólares en el armario de Pacheco, los 90 mil soles que sus cuñados entregaron a sus socios en contratos, las notas que se dice Pacheco está entregando de puño y letra de Castillo o [los mensajes de] WhatsApp que se conocieron en el proceso de ascensos [de las FF.AA.] tengan el mejor atisbo de haber sido “sembradas”.
— El Congreso no tiene los 87 votos para la vacancia del presidente Castillo. ¿La salida a la crisis es ir hacia nuevas elecciones? ¿Falta voluntad política en el Parlamento?
Soy por completo partidario de tener nuevas elecciones generales. También de introducir el Senado en el sistema y la renovación por tercios. Creo, además, que aunque el proceso sea lento, la iniciativa ciudadana por las 75 mil firmas o más es el camino más eficiente para impulsar ese proceso. Tomará tiempo. Pero el proceso desde la ciudadanía puede abrir un espacio en el que nuevas mayorías de sectores diversos se decidan a competir con las organizaciones políticas actuales, que encuentro impregnadas por una dinámica clientelista que desemboca en las carteras de proyectos de Transportes y Comunicaciones y Vivienda. De hecho, a la larga tendremos que pensar seriamente en intervenir en los formatos de control sobre obras el Estado, que parecen ser los que aglutinan los movimientos por prácticas corruptas que nos tienen atrapados.
— El Congreso pretende llevar al Tribunal Constitucional una demanda de competencias, ante fallos del Poder Judicial que los obligó a retroceder la elección del defensor del Pueblo. ¿El Parlamento pretende ser una institución sin control?
Creo que ese proceso, que ha anunciado el Congreso, podrá despejar una enorme duda entre nosotros, porque en el TC nos hemos quedado atrapados en el problema de legitimidad que le impuso el procedimiento parlamentario. Eloy Espinoza, quien integró la conformación anterior, dijo en medios de comunicación el día de la [última] elección que el tribunal es lo que llega a ser cuando se desengancha de las condiciones en que fue elegido. Ahí el desafío. Pero es importante recordar que en octubre vence el mandato del señor Ferrero, y que su espacio, si bien podría ofrecer una oportunidad para equilibrar la conformación del TC, también podría ser escenario para una maniobra de copamiento del Congreso ante la inminencia de un caso tan importante. Necesitamos que la plaza del señor Ferrero sea llenada de manera equilibrada y por un personaje que no multiplique las dudas. Pero el riesgo de que la elección del reemplazo se convierta ahora en una cosa distinta existe. Importante estar atentos a esta historia en formación.
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