La semana que termina, el Gobierno ha convocado al Consejo para la Reforma de la Justicia. El Consejo es una mesa que se estableció en 2019, luego del escándalo que representaron los CNM audios. En teoría, el Consejo debería haber sido una mesa permanente de coordinación sobre políticas relacionadas con los tribunales, las fiscalías y las cárceles. Los objetivos: proteger personas, reparar daños, asegurar que las obligaciones se cumplan y sancionar a quienes infringen la ley. Sobre estas cosas trata la justicia. Pero la mesa quedó inactiva, como tantas otras cosas, en tiempos de Castillo. Simplemente no se reunió más.
Se retoma ahora, con un Gobierno y un TC enredados en el desacato a la Corte IDH del caso Fujimori. Se le convoca a días de que el Gobierno decidiera usar las facultades legislativas que le dio el Congreso para crear tensiones innecesarias entre policías y fiscales en torno a las competencias que comparten para investigar delitos. Se le retoma en un ambiente marcado por las muertes impuestas durante las protestas de DIC22 y ENE23 y por las secuelas del caso Benavides; con un presidente del Congreso que hace muy poco impulsó una ley sobre prescripciones en su propio beneficio; con una extensa lista de congresistas bajo investigación fiscal y una mayoría en el Congreso que mantiene en ebullición el reciente intento por intervenir la JNJ.
El ruido se siente y es imposible no tomarlo en cuenta.
Pero aún así es mejor reinstalar el Consejo que mantenerlo fuera de la escena. Una mesa de debates públicos sobre la justicia representa una oportunidad, incluso en las enmarañadas condiciones en que estamos viviendo. Es que fuera de las grandes controversias que ocupan las primeras planas de los diarios hay una lista enorme de cosas vinculadas a la justicia sobre las que necesitamos respuestas, cosas que se refieren a nuestros derechos cotidianos.
La justicia no es solo una cuestión de grandes titulares. También es un espacio en el que deberían estarse resolviendo las disputas que se generan en los lugares en que vivimos. Es el espacio en que deben administrarse los recursos con los que debemos contar para proteger a mujeres, niños, ancianos y minorías expuestas; el espacio en que deberían discutirse las consecuencias de incumplir obligaciones y deberes o de violar la ley. La justicia se define en base a las relaciones directas que hemos perdido entre ciudadanos, policías, fiscales y jueces, a los que ahora apenas conocemos en persona. La justicia es o debería ser parte del tejido en que se construye la ciudadanía, parte de la infraestructura institucional que debemos reconstruir.
Es ahí, en el espacio en que vivimos, donde debemos instalar la cuestión sobre la justicia.
En un contexto de baja representación como el nuestro resulta imprescindible acompañar el proceso desde los espacios colectivos que la sociedad mantiene abiertos: universidades, gremios empresariales y comunitarios, sindicatos, asociaciones barriales y regionales. Si las autoridades van a hablar sobre justicia, entonces nosotros debemos hablar también: Tenemos cerca o somos personas que necesitan protección; celebramos a diario transacciones y no todas se cumplen; vivimos en barrios o zonas rurales en las que se viola la ley sin consecuencias; no conoceremos a nuestros jueces, a nuestros fiscales y a veces ni siquiera a nuestros comisarios. Nos sentimos expuestos y no siempre tenemos cerca a una autoridad a la que podamos reclamar confiando en que obtendremos algo que nos sirva a tiempo.
La justicia es un espacio que nos falta. Uno que tenemos que aprender a construir en lo cotidiano. En nuestra forma de abordar la vida en común.
De esto hablamos cuando hablamos de justicia.
