LA INCLUSIÓN DE NADINE HEREDIA EN LA
LISTA DE INVESTIGADOS POR LA COMISIÓN BELAUNDE LOSSIO
La
agenda pendiente
Por
César Azabache Caracciolo
La inclusión de Nadine Heredia en la lista de
personas investigadas por la Comisión Belaunde Lossio confirma que los casos
notables no admiten respuestas elusivas. Bloquear las investigaciones sobre las
cuentas originales de la señora Heredia no ha sido útil para nadie. En los
casos que tienen impacto institucional, no ofrecer explicaciones claras sugiere
que ellas no existen.
Por cierto, los hechos que conocemos hasta ahora
(los depósitos originales y los gastos más recientes) no tienen dimensión
suficiente para justificar el modo en que están escalando las cosas, pero a
veces los casos legales adquieren el tamaño de las reacciones de los
involucrados, y no el de las evidencias que los soportan.
Para investigar el caso de la señora Heredia,
bastan las reglas de los fraudes en impuestos. Estas reglas bastarían incluso
si se confirmara que sus gastos provienen de fondos originalmente captados para
financiar la actividad política del nacionalismo.
La enorme porosidad de las reglas sobre
financiamiento de partidos políticos posibilita varias formas de fraude, desde
el mecenazgo, que supone contratar políticos profesionales como si fueran
empleados de empresas privadas, hasta la generación de remuneraciones ocultas
sostenidas con fondos desviados de donaciones.
Por cierto, sea cual sea el destino final de las
investigaciones sobre los gastos de la primera dama (hoy parcialmente
paralizadas por una sentencia judicial), la sola existencia del caso debería
ser suficiente para encarar ya una reforma intensa del sistema que imponga a
los partidos el mismo estándar de deberes que tienen ahora los bancos para
manejar fondos originados en terceros.
De hecho, no encuentro razón que impida que los
partidos sean obligados a publicar balances, transparentar las remuneraciones
de quienes se dedican a la política a tiempo completo y designar oficiales de
cumplimiento.
Tampoco veo algo que impida que se encargue a la
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a fiscalizar sus ingresos y
gastos, y a la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) fiscalizar las donaciones
dirigidas al sostenimiento de actividades políticas y la regularidad de los
ingresos de los políticos profesionales.
Por lo que toca al Caso Heredia, la historia no
cambia si se confirma que Martín Belaunde Lossio intervino en la organización
de la economía del primer nacionalismo. La historia solo cambiaría, de una
manera trágica por cierto, si existiera evidencias que mostraran que algún
intermediario empleó la porosidad del sistema para colar en el financiamiento
del partido fondos de mafias organizadas. Cambiaría también si alguna parte
importante de las donaciones percibidas por el partido hubiera sido desviada a
un intermediario para financiar negocios clandestinos.
Espero sinceramente que ninguna de estas dos cosas
haya ocurrido, pero las referencias muestran cuando estaríamos ante un
verdadero caso sobre lavado de activos. Una cosa es apoderarse de fondos
destinados a sostener las actividades de un partido para sostenerse a sí mismo
y otra distinta contratar a un intermediario para captar fondos de mafias o
para invertir fondos recibidos en donación en negocios clandestinos. La línea que
separa ambos perfiles es muy clara, y para cruzarla se requiere evidencias y
testimonios específicos, no solo sospechas.
En cualquier caso, la oscuridad del proceso es lo
suficientemente intensa como para esperar que todos los involucrados admitan
que las dudas actuales son perfectamente sensatas y merecen todas las
explicaciones que sea posible ofrecer.
Publicado en El Comercio el lunes 22 de junio del 2015
