jueves, 30 de noviembre de 2017

El caso Kuczynski criterios que diferencian responsabilidad e inocencia

Entrevista en Buenos Días Perú con Mabel Huertas y Pamela Acosta, 30 de noviembre de 2017


Mitos y verdades de la asesoría de PPK al proyecto de Odebrecht

Especialistas analizan el posible impacto legal que tendrían las recientes declaraciones del presidente


El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) vuelve a contradecir algo que dijo anteriormente. Las marchas y contramarchas se relacionan ahora a su presunta relación profesional con Odebrecht.
El sábado pasado, PPK afirmó que había sido contratado como asesor para H2Olmos, empresa constituida por Odebrecht. Ello luego de haber negado por distintos medios cualquier vínculo con la constructora brasileña. Ese mismo día, fuentes de Palacio precisaron que esta asesoría se dio a través de la empresa First Capital.

El 7 de marzo, afirmó ante la prensa que no había “recibido nada” de Odebrecht. El 25 de octubre, en un documento enviado a la Comisión Lava Jato, volvió a negar una “relación con la constructora”. En noviembre hizo lo mismo, tanto a través de Twitter como de un mensaje a la nación.
Tras las últimas declaraciones de Kuczynski, la oposición ha deslizado la posibilidad de que estas tengan implicancias legales. A continuación, especialistas analizan algunas de estas afirmaciones.

1. ¿La asesoría a First Capital califica como un vínculo laboral entre PPK y Odebrecht?

La reciente declaración del presidente Kuczynski tuvo eco en la oposición. Parlamentarios afirmaron que el jefe del Estado mintió.
“Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, el presidente no lo hizo. La asesoría a la que alude no constituye un vínculo laboral con Odebrecht sino un proceso de tercerización a través de First Capital”, advierte el abogado penalista Luis Lamas Puccio.
La relación contractual de Kuczynski se dio con First Capital, empresa contratada en el 2012 para realizar la estructuración de H2Olmos. Así, el vínculo sería indirecto.

2. ¿La asesoría constituiría un delito?

El presunto cambio de versión del mandatario también fue tomado por algunos como indicio de una información aún no revelada por Kuczynski sobre Odebrecht. Pero realizar asesorías a la constructora no constituiría un delito en sí mismo.
“Incluso en el escenario más escabroso, si Odebrecht le pidió a First Capital contratar a Kuczynski, no estaríamos ante un delito. [En el 2012] no era funcionario público y habían pasado seis años desde que lo fue”, señala el ex procurador anticorrupción César Azabache.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que, en todo caso, podría debatirse si era éticamente correcto asesorar a Odebrecht.

3. Si los pagos a First Capital provinieron de la Caja 2, ¿podría existir lavado de activos?

En línea con el punto anterior, la procedencia del dinero con el cual Odebrecht le pagó a First Capital sí podría tener cierta relevancia para configurar un potencial delito. Aunque no alcanzaría necesariamente a Kuczynski.
“El lavado no se construye solo con la procedencia del dinero sino con una forma clandestina de recibirlo. Y, de haber sido así, en todo caso se le imputaría al receptor [First Capital], no al tercero [PPK]”, precisa Azabache.
Hasta el momento no se conocen maniobras de ocultamiento vinculadas a pagos por asesorías para H2Olmos.

4. ¿PPK incurrió en un delito al negar vínculos con Odebrecht ante la Comisión Lava Jato?

A la luz de los nuevos dichos de Kuczynski, el escenario de la presunta mentira ante la Comisión Lava Jato vuelve al centro de la discusión.
En ese sentido, los artículos 411 y 409 del Código Penal solo establecen penas para la falsa declaración en un proceso administrativo o judicial. No para comisiones congresales.
“Si bien moralmente es cuestionable mentir al Congreso o al Ministerio Público, la mentira solo constituye un delito si se da en calidad de testigo. Cuando se da en calidad de investigado o por hechos atribuidos a uno mismo, la mentira no es sancionable porque no estás obligado a autoinculparte”, detalla el ex procurador anticorrupción Yván Montoya.

Artículo por Diego Chirinos publicado en El Comercio, 12 de diciembre de 2017
https://elcomercio.pe/politica/mitos-verdades-asesoria-ppk-proyecto-odebrecht-noticia-480793



La cuestión presidencial

Las revelaciones difundidas ayer por Odebrecht dejan a la Presidencia de la República absolutamente expuesta ante el Congreso.  A solo días de que el Presidente afirmara en persona que solo hizo asesorías financieras en un caso, H2Olmos, años después de haber cesado como Ministro del Presidente Toledo, Odebrecht revela que inició relaciones con Kuczynski a través de su consultora, Westfield Capital Limited Inc., en el año 2004.  Para entonces el actual presidente era Ministro de Economía del régimen de Toledo.

Entre Westfield Capital y First Capital, de Gerardo Sepúlveda, la información publicada registra US$ 3.9 millones pagados por la estructuración financiera de H2Olmos.  Y a esto aún hay que agregar el costo de los servicios para las IIRSA Norte tramos 2 y 3, entregadas en concesión durante el gobierno del Presidente Toledo.  Son US$ 736 mil adicionales.  En conjunto, US$ 4.83 millones facturados entre los años 2004 y 2014 considerando pagos directos por asesoría financiera y otros proyectos menos expuestos.

Contradiciendo todo lo que sabíamos hasta ahora, estamos ante una relación constituida mientras el actual Presidente era Ministro del gobierno peruano.

El Presidente goza de una inmunidad casi absoluta.  Pero en este caso, salvo que cambien las cosas drásticamente, habría mentido de manera pública e injustificada sobre un asunto gravísimo.  Un engaño basta para justificar un pedido de vacancia y hace innecesario, en primer momento, discutir si hay de por medio un delito o no.  El engaño reiterado denota un nivel de incapacidad moral intolerable.  Y la cuestión sobre incapacidad moral predomina sobre la inmunidad casi absoluta que concede el cargo de Presidente de la República.

La cuestión moral es tan seria que hace que todas las consideraciones legales pasen a un absoluto segundo nivel de importancia.  Pero con todo, cabe tener en cuenta que la inmunidad casi absoluta del Presidente de la República caduca en cuanto éste cesa en el cargo.  Además la prerrogativa del antejuicio solo lo protege hasta el quinto año contado desde que cesa en el cargo en discusión, en este caso, el plazo debe contarse desde el 2006.

Salvo entonces que por razones institucionales se imponga una manera de entender las cosas distinta a la que declara el texto literal de la Constitución, las investigaciones destinadas a establecer si esta relación inapropiada debe además ser considerada como un delito podrían comenzar en el Ministerio Público en el momento mismo en que la renuncia del Presidente será aceptada por el Congreso, o en el momento en que éste, en un acto claramente posible, decida declarar su cargo vacante.

No se trata ya solo de haber mentido.  Se trata de haber estructurado una relación inapropiada de negocios mientras el actual Presidente era Ministro.  Y antes de pensar en los efectos que puedan impedir que el caso prospere (eventualmente, quizá por prescripción), hay una serie de detalles que deben aclararse a fin de determinar con precisión que reglas del Código Penal podrían, además, haberse violado en el origen de esta historia.

Publicado en Depolitika.pe el 15 de diciembre de 2017

miércoles, 29 de noviembre de 2017

Sobre las consecuencias civiles de los casos de corrupción

En Primer Plano de Willax con Jaime Chincha, 12 de diciembre de 2017



En 2017 de Canal N con Mávila Huertas, 11 de diciembre de 2017*



* Entiéndase la referencia al Pleno Casatorio de octubre de este año sobre lavado de activos en el que se dejó sin efecto el carácter vinculante de una sentencia casatoria emitida en agosto sobre la misma materia.


En A boca jarro de Canal N con Christian Hudtwalcker, 30 de noviembre de 2017




Entrevista en Buenos Días Perú con Mabel Huertas y Pamela Acosta, 30 de noviembre de 2017




En 2017 de Canal N con Mávila Huertas, 28 de noviembre de 2017*



El precio de la venta de Chaglla, según la información publicada en medios, alcanza los US 1,400 millones. (EC, Día 1, 11 de Setiembre de 2017. Nota de Carlos Hurtado).  Cubiertos los gastos, quedarían disponibles para el fondo del fideicomiso 200 millones (EFE, 25 de agosto de 2017)

lunes, 27 de noviembre de 2017

Las consorciadas


Las consorciadas

La mayoría en el Congreso está reprochando al fiscal de la Nación, entre otras cosas, el evidente retraso que tiene entre nosotros la discusión sobre la responsabilidad que deben asumir las empresas que se asociaron con Odebrecht para desarrollar los proyectos que ella impulsó en el Perú. Enorme error. En el Perú, las fiscalías están a cargo de organizar los casos sobre delitos cometidos por personas físicas. Los casos sobre indemnizaciones y otras obligaciones semejantes que corresponde asumir a las empresas están en nuestro medio a cargo de las procuradurías, principalmente. Las procuradurías son responsables por los resultados de sus propias acciones. Es entonces una procuraduría, no el fiscal de la Nación, la que debe explicarnos claramente qué está pasando o qué ha pasado todo este año con las consorciadas.

Las IIRSA y el Metro de Lima, en conjunto, concentran 28,1 de los US$29 millones en sobornos que Odebrecht ha reconocido hasta ahora haber pagado en el país. El Metro y el Gasoducto del Sur son los protagonistas de 247 de los US$283 millones en daños que fueron estimados por la contraloría en enero de este año. Los tres proyectos fueron impulsados por organizaciones económicas lideradas por Odebrecht que incluyeron, en formatos corporativos distintos y a veces cambiantes, a tres empresas locales (GyM, JJC e ICCGSA) y dos filiales de corporaciones domiciliadas fuera del Perú (Enagás y Andrade Gutierrez).

Podemos discutir durante semanas si todas ellas o solo algunas deben o no asumir responsabilidades sobre lo que ha ocurrido. Podemos discutir también durante semanas si el haber entrado a los proyectos antes o después de la firma de los contratos hace o no alguna diferencia. También podemos discutir si la cuestión en debate debe resolverse reintegrando al Estado algún porcentaje de las ganancias que hayan obtenido o de alguna otra forma. Y podemos discutir si, no existiendo en el Perú una ley previa que imponga multas para estos casos (no existe), la cuestión requiere un acuerdo promovido por el Estado a través de una negociación directa con estas empresas o de un juicio formal contra ellas. Lo que no podemos hacer es mantener por más tiempo este asunto en la absoluta penumbra en la que ahora está.

Pero repasemos los hechos. En febrero de este año, la procuraduría decidió solicitar un poco más de S/200 millones como reparación por los casos Metro de Lima e IIRSA. La contraloría había estimado en enero que los daños causados en solo uno de estos proyectos, el metro, rebasaban los US$111 millones. Pero la procuraduría decidió hacer esta reducción sin explicación alguna. Y la hizo sin siquiera pedir que las empresas que intervinieron en estos dos proyectos ingresaran al procedimiento. En julio, la procuraduría decidió pedir la suspensión judicial de la venta del Proyecto Olmos, que, recuperada, debe producir aproximadamente US$200 millones para el fideicomiso de reparaciones creado por el Ejecutivo. El mismo mes, la procuraduría retiró un pedido hecho por ella misma para que Gasoducto del Sur, la empresa que manejaba el proyecto que lleva su nombre, asumiera íntegramente los daños causados. Y en el mismo mes, un juez en Lima desestimó por extemporáneo un cuarto pedido hecho por la misma procuraduría para que Odebrecht, sola, asuma el pago íntegro debido a los daños.

Resultado de esta acumulación de confusiones: ningún debate abierto sobre la responsabilidad de las consorciadas.

La procuraduría actual ha estimado los daños causados por el gasoducto en S/1.400 millones, pero aparentemente aún no tiene quien los pague. Se ha abocado a recuperar el tiempo perdido y ya obtuvo que Odebrecht ingrese a los casos Vía Expresa Callao y Evitamiento del Cusco. También ha fijado la reparación que demanda en el Caso Chancas en S/248,8 millones. Pero aún tiene pendiente decirnos cómo planea revertir los errores que estamos arrastrando.

Encuentro inaceptable que todos sepamos desde diciembre del 2016 que una empresa de las dimensiones de Odebrecht apoyó su expansión en el país en sobornos, y no hayamos hecho nada útil para que los daños causados sean reparados de manera expeditiva. También encuentro inaceptable que las empresas que aceptaron ser sus socias, cualquiera sea su explicación sobre la historia, no estén ahora mismo discutiendo con el Estado la mejor forma de compensarnos. Pero para multiplicar las confusiones, la mayoría en el Congreso está pidiendo cuentas sobre esto a quien nada tiene que ver con esta enorme colección de confusiones.

No se resuelven los problemas buscando las agujas en el lugar en que se guardan los panes. Por ese camino solo nos aseguramos de jamás encontrar nada, y por ende creer que acaso nunca lo hemos tenido.

Publicado en El Comercio el lunes 27 de noviembre de 2017