¿Pero quién
pagó por el espionaje?
César Azabache Caracciolo
Hemos dicho varias veces que el
caso BTR ofrece una serie de dificultades que están vinculadas a la compleja
historia que revela. Para comenzar, a diferencia de la imagen popular del SIN
de Montesinos, en la que ese organismo aparece dedicado a espiar a opositores
políticos, BTR ha espiado a personas que ahora están siendo investigadas por tráfico
de influencias, y esto crea una diferencia. Es sencillo analizar un caso legal
cuando la historia contiene a un agresor y una víctima claramente diferenciados.
Pero algunas de las víctimas de BTR son, a su vez, los transgresores en otras
historias, como en la historia del caso Químper. Y esta ambigüedad
(“víctima-transgresora”) genera sin duda un cortocircuito en nuestra
comprensión de las cosas. Al reconocer “villanos” en la lista de víctimas de BTR,
tendemos a cambiar los roles, y a intentar aprovechar la información que se ha
incautado. Pero al hacerlo, sin darnos cuenta, cambiamos el tema en discusión y
terminamos tratando el espionaje como fuente de información. Esto sin duda es un
error que debemos evitar.
Investigar a espías que parecen
haber espiado a sospechosos por corrupción no debe confundirnos. La información
que tienen los espías en su poder es producto de un crimen. En consecuencia,
sólo puede ser usada contra quienes contrataron sus servicios o contra quienes
los apoyaron, no contra quienes fueron espiados. Y esta es una regla que
debemos mantener, nos guste o no, por nuestra propia salud institucional. La
información incautada a una agencia de espías sólo debe ser usada
institucionalmente para confirmar quiénes son los espías y, en la medida de lo
posible, para identificar a quienes contrataron sus servicios. Nada más. Salir
de esta regla, pretender aprovechar los frutos del espionaje “para algo bueno”,
implica abrir el mercado de la información para que cualquiera pueda relanzar
el espionaje como servicio. Y esto debemos evitarlo. Al usar la información del
espionaje contra terceros nosotros mismos estamos, sin darnos cuenta,
confirmado su utilidad y estimulado la demanda de este servicio ilegal ¿Acaso
es eso lo que queremos?
No existe ninguna razón moral por
la que debamos prestar atención al contenido del material incautado a BTR,
salvo en la medida en que pueda confirmar que los investigados son, en efecto,
espías, y que fueron contratados en determinadas condiciones por alguien en
particular. Qué obtuvieron al espiar, es un asunto que debería mantenerse en
reserva, o, en todo caso, no ser comentado. Si entre los productos del
espionaje hay algo que se refiera a un delito, entonces la policía tendrá que
investigar lo que corresponda, pero sin usar para nada ese material como base
de caso alguno, sin citarlo ni proponerlo como evidencia, precisamente porque
ese material es producto de un crimen. Y ninguna acción institucional puede emplear
un crimen como fundamento, base ni apoyo.
La información incautada,
entonces, no sirve para crear nuevos casos legales. Sirve solo para confirmar
si los investigados son espías y, de ser el caso, para establecer quiénes eran
los clientes del espionaje. Y sobre esta base podemos intentar resolver el
dilema de estos días. Las evidencias publicadas indican que por lo menos uno de
los soportes digitales (un USB) incautados a los investigados fue manipulado
para extraer información que ahora se ha perdido. Gravísimo, sin duda; suficiente
para iniciar un segundo caso al menos por negligencia grave en contra de
quienes tenían a su cargo la custodia de ese material. Pero el que determinados
archivos hayan sido extraídos de uno de los soportes digitales incautados no
impide emplear como evidencia los demás archivos. Entiéndase bien: El caso no
es sobre el contenido de los archivos, es sobre el servicio de escucha ilegal
que habría prestado BTR. En consecuencia, que falten archivos no impide acusar
a quien deba ser acusado como espía. Lo único que muestra es que alguien ha
permitido una manipulación ilegal de las evidencias. Y ese alguien debe ser
sancionado como fue sancionada la sustracción de las maletas en que Montesinos
había escondido parte de sus videos en la década pasada.
En todo caso, la cuestión
pendiente sigue siendo una distinta: ¿Quién pagó por los servicios de espionaje
que, aparentemente, prestó BTR?
