LOS INGRESOS DE LA SEÑORA NADINE HEREDIA
En
demanda de una explicación
Por
César Azabache Caracciolo
Fue una pésima idea haber dejado en la bruma las
investigaciones sobre los depósitos hechos en cuentas de Nadine Heredia a
mediados del 2009. La filtración, por cierto, creó una situación
institucionalmente incómoda, porque en nuestro medio la revelación de
información bancaria está prohibida. Pero los hechos posteriores demuestran que
habría sido más útil explicar desde el principio cómo se organizan los ingresos
de la señora Heredia antes que dejar que el asunto se sedimentara en el ideario
colectivo como una cuestión pendiente, no resuelta o sospechosa.
Los ingresos y el comportamiento financiero de los
personajes de la política es un asunto demasiado sensible para tratarlo con
evasivas. La manera más clara de demostrar inocencia en estos temas consiste en
tomar el toro por las astas y probar la transparencia del comportamiento
propio.
Aunque las leyes aseguren que debe presumirse la
inocencia de todos, quienes se colocan a sí mismos en la agenda pública asumen
un nivel de exposición que les debe hacer sentir obligados, moral e
institucionalmente, a cumplir con un estándar de transparencia y claridad mayor
al que corresponde a cualquier ciudadano promedio. Necesitamos una explicación
muy honesta y detallada sobre el modo en que se organizan los ingresos y los
gastos de la primera dama antes que este asunto multiplique el nivel de
impudicia y mal gusto que está adoptando.
Si fuera cierto (lo he sostenido antes) que la
presidenta del humalismo ha recibido permanentemente fondos donados por
terceros para sostenerse, entonces lo que tendríamos no sería un caso por
lavado de activos sino un caso de financiamiento político encubierto. Por
cierto, si esos terceros registran sus donaciones como si fueran gastos en
negocios y la señora Heredia consiente en eso, o si los ingresos no son
declarados y son encubiertos de alguna forma, entonces tendríamos un caso de
defraudación tributaria. Aunque aparentemente no ha quedado aún suficientemente
claro entre nosotros, lavar activos es algo bastante más complejo que no
declarar ingresos. Lavar activos supone un punto de contacto consciente con una
mafia en operación o con los frutos de un crimen evidente; supone prestar un
servicio casi profesional o “ponerse a disposición” para colar en el mercado
fondos de origen criminal. Los casos por lavado de activos son formas de cooperación
criminal. Los de defraudación tributaria (con ser graves) significan algo
completamente distinto.
La bruma, sin embargo, ha poblado esta historia de
sospechas que se han vuelto serias aunque no estén confirmadas. Las dudas han
cogido la forma de indagaciones sobre el sentido real y la extensión del
negocio de Martín Belaunde Lossio (¿era él quien daba cierta uniformidad a los
patrones de corrupción detectados en gobiernos regionales distantes entre sí?)
y a sus relaciones con Palacio de Gobierno (¿tuvo apoyo o no de Palacio?,
¿compartió sus ganancias o no con Palacio?). Preguntas así de serias requieren
respuestas concluyentes confirmadas institucionalmente.
Me gustaría decir que para hacerlas se requiere,
además, evidencias (aún inexistentes) que las justifiquen, pero ya es tarde
para eso. En situaciones de este tipo la multiplicación de los errores
políticos en el manejo de las cosas justifica la demanda de explicaciones muy
claras que en situaciones equilibradas serían, por cierto, innecesarias.
Publicado en El Comercio el jueves 4 de junio del 2015
