viernes, 1 de julio de 2022

La salida final supone el anticipo general de elecciones: Ejecutivo y Congreso

Por Enrique Patriau

Publicado en La República el 1 de julio de 2022


El exprocurador César Azabache explora en la siguiente entrevista la alternativa que a él le parece la más apropiada para salir de la crisis política: la suspensión judicial del presidente Pedro Castillo por interferencia en las investigaciones que se le siguen y, de ahí, la posterior convocatoria a elecciones generales.


Ha planteado la suspensión del presidente Pedro Castillo.

La suspensión judicial.


¿Y eso no implica que se vaya Pedro Castillo y se quede el resto?

Eh, no. Eso implica reconocer que el Congreso, en todo este tiempo, no ha hecho nada en absoluto por darle cauce legal a esta crisis que considero terminal. En términos institucionales, la salida final supone el anticipo general de elecciones: Ejecutivo y Congreso.


¿Entonces?

Entonces la cuestión tiene que ver con romper el entrampamiento del que el Congreso es parte porque no ha generado el espacio institucional de salida de la crisis política. No ha habido ninguna reforma en las cláusulas de protección constitucional del presidente, me refiero al debate sobre el artículo 117. La imposibilidad del Congreso de promover una salida constitucional ha provocado que sea la Fiscalía la que asuma el peso, reivindicando competencias que el sistema no le reconocía, como investigar al presidente de la República. Ese es el mapa: el Congreso no hizo nada y la Fiscalía se abrió un espacio.


De acuerdo, pero al promover la suspensión de Castillo parece sugerirse que la solución es que solamente se vaya él.

No, en realidad no. Lo que dice la suspensión es que se siga el camino equilibrado de una investigación. Eso abre un proceso que no tiene la levedad del procedimiento por vacancia. La suspensión no es de un día para otro y no depende solo de los votos de los parlamentarios. Supone que la Fiscalía concrete la evidencia que pruebe que Castillo es un factor de interferencia, que la presente ante un tribunal, que el juez de investigación preparatoria suspenda al presidente de la República en una decisión que pueda ser apelada…


Es algo de más largo plazo.

Y eso permitiría abrir un espacio en el que el Congreso tendrá que estar obligado a hacer lo que no ha hecho hasta ahora: tomarse en serio que la salida constitucional implica aprobar una reforma que permita adelantar las elecciones.


¿Por qué el Congreso haría eso si hasta ahora no ha acusado recibo? Con un Castillo suspendido judicialmente, podría decir: “ya, pues, ya está, nosotros nos quedamos”.

Me parece que ese esquema del “ya, pues, ya está, asumimos nosotros” funciona con la vacancia.


Ahí discrepo. La vacancia es decisión política del Congreso y tendría que asumir las consecuencias de adoptarla. La gente no aceptaría fácilmente que se saque a Castillo y que ellos permanezcan en sus puestos. La suspensión, en tanto, podría darles el argumento de que ellos no han tenido qué ver en el desenlace.

Yo soy el que discrepa ahora. Hay dos variables que hay que considerar: el tiempo y el equilibrio del proceso. La vacancia en el Congreso es una especie de ideal simbólico, es un proceso de corto aliento que parece hacerse posible porque Perú Libre rompería con Castillo. El asunto es que no hay espacio para que la comunidad demande al Congreso un equilibrio institucional. La suspensión sí ofrece ese espacio, porque es algo más largo.


¿Cuánto podría demorar el proceso de suspensión?

Desde que la Fiscalía declare que tiene evidencias de que Castillo es un factor de interferencia en su investigación, a partir de ahí la audiencia podría ser en dos semanas y la audiencia de segunda instancia en un mes más.


¿Y usted me dice que, si esa suspensión procede, el Congreso asumirá que tiene que convocar a elecciones generales?

No, yo creo que, si esa suspensión procede, la ciudadanía tendrá que movilizarse y reclamar a un Parlamento que es sordo. Tendrá que hacer sentir su voz, hacer política. El punto es que el Congreso tenga una opción no tan abrupta como la vacancia, no tan caprichosa como reponer simbólicamente la memoria de Merino de Lama, que es lo que parece pesar en esta insistencia por la vacancia desde que el gobierno se instaló.


¿No le otorga demasiado beneficio de la duda al Congreso?

No, se lo estoy dando a la ciudadanía. La gente necesita espacio para reclamar la forma de salida de la crisis y la vacancia -lo demostró noviembre del 2020- no se lo ofrece.


¿Coincide en que Castillo infringió la Constitución al no recibir a la Comisión de Fiscalización?

Sí, claro, pero es la última de varias infracciones a la Constitución. Sarratea es una, en tanto se entienda que uno de los deberes de la presidencia es la prevención y transparencia de los tratados internacionales de lucha contra la corrupción. La permanencia de Silva es otra. La fuga de Silva, Pacheco y su sobrino son otras. Pero si el Congreso no ha sido capaz de abrir un espacio para discutir estas infracciones, el Ministerio Público sí ha sido capaz de reivindicar su derecho a investigar al presidente. Y la consecuencia automática de eso es que se le reconozca a la Fiscalía su derecho a que la investigación se proteja de interferencias. Ahí está la ruta hacia la suspensión.


¿Cómo se podría probar que el presidente interfiere en las investigaciones?

Es el caso de la fuga de Silva, Pacheco y su sobrino.


¿Cómo se puede probar que esas fugas fueron permitidas por Castillo?

El Ministerio Público ya dejó en evidencia que solicitó la videovigilancia de Juan Silva a tiempo. Luego, Silva apareció pidiendo que le levanten el resguardo.


¿Usted cree que Castillo advirtió a Silva?

Lo que creo es que falta probar quiénes se comunicaron con quiénes a partir del pedido de la Fiscalía, qué decisiones se tomaron, quiénes se reunieron y cuándo.


Por eso, pero entiendo que para probar la interferencia en esa cadena de decisiones se necesita...

Por supuesto, en esa agenda de reuniones, en esas comunicaciones tendría que estar Pedro Castillo. El jefe de inteligencia, el ministro del Interior, el jefe de la Policía, ¿con quiénes se comunicaron en esos días? ¿El ministro no habló con Castillo en esos días?



Por: Enrique Patriau

Publicado en la Repíblica

domingo, 26 de junio de 2022

Sobre el informe Cavero

Hay muchas maneras de poner en evidencia la levedad del informe Cavero sobre la represión de las protestas de Nov20. El texto fue aprobado en la subcomisión de acusaciones del Congreso hace unos días. Pero su contenido excede las competencias del Parlamento de tal manera que parece sencillo negarle todo efecto.

La fiscalía solicitó al Congreso, dados los antecedentes que ha reunido, que autorice procesar a Merino y dos de sus ministros por las muertes y lesiones causadas al reprimir las protestas de Nov20. El Congreso podía, por cierto, conceder o no autorización. Pero la subcomisión, en vez de limitarse a eso, decidió comportarse como si fuera un tribunal de justicia y ha aprobado un informe que pretende desautorizar las conclusiones completas de la fiscalía sobre el modo en que ocurrieron los hechos. Al hacerlo, la subcomisión acaba entrometiéndose en el caso que se sigue contra los demás responsables, que no están sujetos a su competencia. Esto es un acto de interferencia con la justicia. Y no existe norma en la Constitución que permita a la subcomisión interferir con ella de esta forma.

Pero además lo ha hecho ignorando los testimonios y evidencias que la fiscalía ha empleado para reconstruir el evento. Lo ha hecho con tanta torpeza como para pretender que evidencias como las municiones de plomo extraídas del cuerpo de los muertos y los heridos solo podrían ser atribuidas a las armas de los escopeteros si hubieran estado registradas antes en sus armerías. Eso, que equivale a pretender que a Sarratea no fue nadie porque no hay una lista oficial que enumere a los visitantes, hace del informe una pieza inútil incluso para sus beneficiarios aparentes. En su enorme ligereza el informe y el acuerdo que lo aprueba no tienen cómo impedir que algún congresista o la propia fiscalía insistan, ahora o en unos años más, sobre quienes ahora tienen inmunidades, pero dejarán de tenerlas.

Los argumentos superficiales no constituyen murallas de protección sostenible en ningún caso.

En este último asunto queda en evidencia además el punto que quiero poner en relieve. El informe, sin notarlo, desarma al Congreso en contra de Pedro Castillo. Lo hace porque en el esfuerzo por bloquear el caso contra Merino y otros el informe introduce una versión groseramente incompleta sobre las reglas que determinan la responsabilidad de un mandatario, cualquier mandatario, por los eventos que ocurren en su entorno.

En el informe Cavero asume que un mandatario solo debe responder por su propio hacer o por las órdenes expresas que ha impartido. Si esto fuera cierto entonces Castillo solo podría ser responsable de la corrupción de Silva y compañía si recibió el dinero que ella ha producido o si ordenó que se proceda de determinada manera a favor de tal o cual persona. Pero esto no es cierto, ni para Castillo ni para Merino. Cualquier persona al mando de un gobierno es responsable, y es especialmente responsable, también por las cosas que tiene el deber de impedir y ni siquiera intenta evitar. De eso trata la “responsabilidad por omisión” que el informe ignora, pero constituye la clave para resolver problemas como las fugas de Silva, Pacheco y Vásquez, el sobrino de Castillo. La responsabilidad por omisión es especialmente intensa para quien tiene en sus manos el gobierno siempre que se trata de eventos de corrupción o de violaciones a los derechos humanos, y de esto tratan estos dos casos. Funciona igual en ambos ámbitos que, nos guste o no, se retroalimentan siempre. Si las debilitamos, las debilitamos para ambos tipos de casos a la vez.

Asumiré que Cavero ha procedido sin tener idea de las consecuencias que puede causar su informe. Pero eso no lo hace menos responsable por ellas.