El populismo de la nueva coyuntura
César Azabache Caracciolo
El populismo es una forma de hacer política en la que se pugna por la
adhesión de los ciudadanos en base a ofertas de interés colectivo sin
estimación de consecuencias ni de las posibilidades reales de acción. Así
definido, el populismo es políticamente irresponsable. Requiere por ello el
concurso de estrategias de desarticulación social que impidan que el probable incumplimiento
de las promesas hechas genere reacciones de protesta en la ciudadana. Por eso el
populismo debilita la política, que está basada, precisamente, en la
posibilidad de tomar los compromisos y la palabra empeñada seriamente.
No estoy hablando del “populismo” de la tradición del
partido fundado por Belaúnde Terry en los sesenta. Para “Acción Popular” “populismo”
equivale a su militancia. Esto es una simple coincidencia. El populismo a que
me refiero corresponde al tipo de discurso instalado entre nosotros en el desconcierto
posterior a la transición inconclusa del 2000-2001. Creo que la falta de
referencias concretas para contestar de manera seria a la pregunta sobre el
bien común y la falta de debates claros sobre el modo de salir del
entrampamiento en que nos ahogamos, están abriendo espacio al más alocado
atolondramiento político de los últimos años. Creo que este es el contexto que
explica que un rumor haya provocado una competencia en mi opinión insensata por
armar en el menor tiempo posible (y por tanto, con la menor información
posible) la propuesta más atractiva para amnistiar no se sabe exactamente a
cuántas personas en no se sabe muy bien qué casos, que gruesamente han sido
relacionados con la corporación militar, con la lucha contra el terrorismo y
con el Informe de la Comisión de la Verdad. Una propuesta para una nueva
amnistía mercería discutirse seriamente si estuviera siendo lanzada seriamente.
Pero mi impresión es que esta propuesta tiene por único objetivo competir en términos
populistas con un rumor: Se dice, aunque no veo manera de confirmarlo, que los
partidarios del señor Humala estarían impulsando una campaña “boca a boca”
entre miembros de las comunidades militares y policiales, asegurando que un
eventual gobierno de UPP incrementaría el gasto militar para renovación de equipos.
Los miembros de estas comunidades, electores desde este proceso, y sus
familias, están, cómo no, sensiblemente afectados por la restricción de gastos
militares de los últimos años. La falta de renovación de equipos ha restringido
su posibilidad de cumplir la función encomendada, los ha paralizado
profesionalmente y ha incrementado más allá de lo aceptable su exposición a
riesgos de violencia. Es comprensible entonces que una propuesta de este tipo,
aunque sea formulada sólo en términos populistas, les conmueva. Creo sin embargo
que los miembros de nuestras comunidades militares y policiales tienen la
madurez suficiente como para percibir que la renovación de equipos policiales y
militares sólo es sostenible en el marco de una estrategia también sostenible
de incremento de los recursos del Estado, y que ambas cosas requieren un nivel
de seriedad en el manejo de los asuntos públicos que sólo puede lograrse con un
gobierno competente, profesional y estable. Y sin embargo algunos personajes de
la política han preferido mejorar la oferta, también en términos populistas, y
han acuñado, casi a ciegas, la propuesta de una nueva amnistía, que parece
ofrecer la ventaja de no comprometer gasto público y sin embargo convocar
adhesiones, a costa claro de reavivar las rencillas de los ochenta entre los
nuevos electores y el movimiento de derechos humanos.
Ofrecer una ley de amnistía para casos de derechos
humanos es como ofrecer fusiles de papel. Hay demasiadas razones que explican
porqué una ley de ese tipo no operaría en la práctica. Por eso concentrar la
búsqueda de adhesiones de nuevos electores en una propuesta de este tipo
equivale a cometer una estafa política. Pero más grave aún, equivale a fundar
la solidaridad y la confianza de los nuevos electores en estrategias que, en
lugar de legitimar y revitalizar al sistema legal, lo aplastan, lo desarman, y
lo satanizan.
Si la política tomada seriamente equivale a la
administración del poder en el marco de un sistema legal, esta nueva propuesta
debería ser asumida, entonces, como “contra política”, si me permiten la
construcción.
