LA PRISIÓN DOMICILIARIA DE OSMÁN MOROTE
Nuestra fatal indiferencia
Descubrimos el avance del Movadef cuando ya habían construido un mausoleo entero, y nos pusimos en alerta por el final del ciclo de vigencia de las condenas por terrorismo solo cuando teníamos encima el agotamiento de sus plazos.
Temo que ahora, con Osmán Morote en prisión domiciliaria, estamos pagando las consecuencias de haber intentado resolver problemas fundamentales con simples coartadas de corto alcance. El sistema legal funciona como una trampa de límites que deben ser administrados, de hecho, con algo más de habilidad que la que usualmente pone en evidencia la improvisación y las reacciones de urgencia.
Morote fue detenido en junio de 1988, cuando las reglas sobre cadena perpetua aún no existían. Se le condenó a 18 años de cárcel. Después de los sucesos de abril de 1992, se elevó su condena a prisión perpetua, por decisión de la justicia militar. Sin embargo, los cargos acumulados en su contra se referían solo a atentados cometidos hasta junio de 1991. En octubre del 2006 un tribunal ordinario advirtió este defecto y redujo su condena a 25 años, advirtiendo además que el plazo se cumpliría en junio del 2013. De una manera u otra, la sentencia de octubre del 2006 nos concedió siete años enteros para organizar un caso complementario que corrija el defecto y permita homologar la condena de Morote a las de los cabecillas del senderismo, a los que se impuso prisión perpetua.
Había dos maneras de hacerlo: volver a presentar cargos contra Morote por los hechos que permitieron que el resto de la cúpula senderista sea condenada a prisión perpetua (los hechos que en su caso fueron omitidos) o hacer un segundo proceso solo contra él por hechos como el atentado de la calle Tarata, de julio de 1992. Ese caso complementario debió lanzarse no bien se leyó la sentencia de octubre del 2006. Y organizado como un procedimiento complementario, corto, dirigido contra él con un solo objetivo, el caso podría haber terminado en el 2008 o en el 2009, antes de que se venciera la condena original.
Pero dejamos pasar siete años casi completos sin resolver esto. Solo en marzo del 2013, a poco de cumplirse la fecha anunciada, el Ministerio Público obtuvo una nueva orden de detención que impidió a Morote salir de la cárcel, pero solo temporalmente. La orden provino de los cargos que la fiscalía presentó en su contra por la masacre de Soras, un crimen horrendo perpetrado por el senderismo en julio de 1984. Luego vinieron las órdenes de prisión provisional de los casos Tarata y Perseo. Pero las tres fueron atadas a casos complejos, en los que se acumularon cargos contra tantas personas que los procesos estaban destinados a durar todo lo que han durado.
Los cargos por el Caso Tarata, por ejemplo, llegaron al judicial solo en setiembre del 2014, ocho años después de la condena original. Y además de llegar tarde incluyeron a toda la cúpula del senderismo, también a quienes ya estaban condenados a una prisión perpetua que para entonces era imposible modificar. El atentado es moralmente reprochable a la cúpula del senderismo, sin duda. Pero era innecesario llevar a juicio a aquellos que ya cumplen prisión perpetua, porque respecto a ellos el juicio no va a producir consecuencias prácticas que modifiquen nada en absoluto.
Para estos últimos, además, el juicio no representa riesgo alguno. Acaso solo la oportunidad de contar con un escenario simbólico que les permite mostrarse públicamente como colectivo y generar imágenes como aquella que los muestra celebrando la liberación de Morote, ante nuestros ojos atónitos.
El resultado: un juicio largo y tardío en reemplazo de lo que se necesitaba: uno corto y dirigido directamente a homologar la condena impuesta contra Morote.
Un mal plan produce malos resultados. Sin embargo, el problema real sigue siendo homologar la situación de Morote a la que corresponde a los demás cabecillas del senderismo, que ya cumplen prisión perpetua. Y aunque la ruta establecida para alcanzar esa meta no es la mejor, esta es ahora la única que podemos transitar.
Morote debe regresar a prisión. Pero hay dos opciones para lograrlo y no solo una. La Corte Suprema puede revocar la orden que aprobó el inmueble de Chaclacayo como centro de reclusión temporal. Pero esta alternativa reproduce el error que hemos cometido todo este tiempo: contener a Morote en prisión en lugar de organizar las cosas de manera que se logre homologar su situación a la que hemos impuesto a los demás cabecillas del senderismo. Entonces deberíamos concentrarnos en lograr que la sala modifique su concepción del tiempo y termine este juicio lo más pronto que sea posible.
Convirtamos la sentencia que está por venir en un documento que ponga en limpio el sentido moral de esta difícil historia.
Publicado en El Comercio, el lunes 23 de abril del 2018.
