Al día siguiente

LOS EVENTOS QUE CARACTERIZAN ESTA HISTORIA CONSTITUYEN VIOLACIONES A LAS LEYES PERUANAS Y EXPRESIONES CLARAS DE MALA FE

A estas alturas, parece haber menguado el temporal creado por la demanda de los US$1.200 millones que Odebrecht anunció a finales de enero de este año. Ha quedado claro que la demanda, a la larga, no puede tener éxito. También que la entrega de las evidencias que Odebrecht debe a la fiscalía no está en riesgo. Lo que sigue está enteramente en manos de la procuraduría. Y no tenemos más espacio para nuevos errores ni apresuramientos o distracciones como los que nos han traído hasta aquí.
Odebrecht pretende tener derecho a ir al Ciadi a reclamar una compensación por la resolución del contrato del gasoducto, registrada en enero del 2017. Dice, entre otras cosas, que su derecho de acceso a tribunales internacionales está vigente porque, en este caso, no sobornó a ningún representante del Gobierno. Indica que en el verano del 2017 en el Perú se mezclaron cosas que debían mantenerse separadas y que el Gobierno trató sus inversiones en este proyecto (básicamente la compra de los tubos) como si estuvieran conectadas con los hechos de corrupción que ha reconocido. Señala que esa conexión no existe, y que por eso la constructora debe ser compensada.

Sobre esto, hay que precisar hasta dos cosas. Odebrecht podría, como indica, no haber entregado dinero directamente a ninguno de los representantes del Gobierno que estuvieron a cargo del proyecto gasoducto. Pero eso no hace que la historia de este caso deje de ser una historia sobre corrupción. Antes del concurso, Odebrecht filtró US$4 millones en las campañas de los dos candidatos a la presidencia que pasaron a segunda vuelta. Después de eso tuvo, afirma la fiscalía, nada menos que a la señora Heredia como promotora o gestora de sus intereses. Además, sobornó a uno de los apoderados de la competencia para conocer los márgenes de precios que su rival lanzaría al concurso y sobornó también a uno de los consultores de Pro Inversión antes de la firma del contrato. Calificar estos hechos bajo las reglas del Código Penal puede ser complejo. Pero reconocer la historia como una historia sobre corrupción no lo es.

Las historias sobre corrupción aparecen cuando se trafica con posiciones o decisiones que no deberían haberse puesto en el mercado. Y son historias sobre corrupción sean cuales fueren las reglas legales que deban emplearse caso por caso. No tiene sentido pretender que una historia como la del gasoducto no sea una historia sobre corrupción porque no aplique al caso algún artículo específico del Código Penal (el del cohecho, un caso específico de soborno). Las leyes no se han aprobado para interpretar la realidad ni para caracterizarla, sino para establecer y limitar responsabilidades y sanciones, que es una cosa distinta.

De otro lado, están las reglas del Ciadi sobre arbitrajes. Los expertos a los que he consultado me explicaron que a estos procedimientos solo pueden acceder empresas que son capaces de mostrar que han hecho “inversiones protegidas”. Una “inversión protegida” bajo las reglas del Ciadi es aquella que ha sido realizada de buena fe y respetando las leyes del país donde se aloja la inversión. Una historia como la del gasoducto no tiene cómo ser considerada conforme a estos dos estándares. Los cuatro eventos que caracterizan esta historia constituyen al mismo tiempo violaciones a leyes peruanas y expresiones claras de mala fe, cualesquiera que sean las normas específicas que sean aplicables.

Por eso, Odebrecht no tiene derecho a acceder al Ciadi.

Sin embargo, el anuncio de la demanda es un hecho de importancia y ha producido consecuencias. Y las seguirá produciendo si la procuraduría no lo evita a tiempo. La sola existencia del anuncio ha creado un desequilibrio visible en los aspectos civiles del acuerdo de colaboración del verano del 2019. Odebrecht no puede pretender que debe al Estado solo S/610 millones, que solo le es posible pagarlos en 15 años; sin embargo, el Estado debe pagarle US$1.200 millones. Odebrecht reconoce ser una empresa corrupta, pero pretende realizar los créditos que dice haber obtenido mientras corrompía a las autoridades. No tiene ningún sentido.

Odebrecht simuló que sus pretensiones sobre los tubos eran solo una expectativa, mientras obtenía el cronograma de 15 años y la liberación de los S/524 millones del saldo de la venta de Chaglla. Puso en valor esas expectativas solo después de obtener ambas ventajas y eso también forma un caso de mala fe, que debería ser suficiente para modificar el cronograma, imponer garantías sólidas que aseguren su cumplimiento, alcanzar una renuncia a nuevas pretensiones y ampliar el acuerdo sobre reparaciones, para que, por lo pronto, se reparen los daños causados por los sobornos pagados en San José de Sisa, por la filtración de fondos en la política y por el modo en que encaró el proyecto del gasoducto.

La procuraduría tiene ahora la palabra.

Publicado en El Comercio el 24 de febrero de 2020.

Día octavo

EL SISTEMA INSTITUCIONAL ESTÁ SUFICIENTEMENTE REZAGADO COMO PARA ARRIESGARNOS A POSTERGARLO POR MÁS TIEMPO.

No puede ser simple para nadie enfrentar la incertidumbre que representa que de pronto cambien nuestras rutinas y nuestro abordaje al futuro inmediato. Puede entenderse el desconcierto que ha predominado en nuestras reacciones colectivas durante toda la semana pasada. Incluso, puede entenderse la negación, tantas veces expresada en formas absurdas de desobediencia. Pero no tendría sentido que en el día octavo mantengamos la relativa parálisis que ha seguido al inicio de la cuarentena. No me refiero, por cierto, a los sectores vinculados a las áreas de abastecimientos, energía, salud y seguridad pública, todos ellos ejemplarmente activos en estos días. Me refiero a las áreas de discusión y organización institucional, que se mantienen relativamente inmovilizadas aún.

Sin duda hay algunas señales positivas: el día dos, el Congreso, ya instalado, se concedió a sí mismo seis meses para revisar las reformas políticas que deberán aplicarse a las elecciones del 2021. Los expertos en regulaciones electorales han coincidido en que la medida puede requerir mayores precisiones, pero en todo caso la decisión anuncia el inicio de un debate que no puede seguir aplazándose. El mismo día, asimismo, se presentó un nuevo proyecto de ley para reformar el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Además del texto, propuesto por Somos Perú, otras bancadas anunciaron que están preparando sus propias opciones para reformar el procedimiento de elección de nuevos magistrados.

No hay, en cambio, señales que muestren que la Junta Nacional de Justicia esté en posición de superar los efectos de la cuarentena y encuentre la manera de sesionar por medios virtuales. Tampoco hubo señales que muestren que el sector Justicia o la Corte Suprema están en posición de retomar el debate sobre la reforma de los tribunales. Y no hay señales de que las organizaciones civiles que observan estos procesos estén tratando de abrir foros públicos de debate sobre los fundamentos de las reformas pendientes de ser discutidas.

Mi punto es el siguiente: no existen razones que impidan que el Congreso, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia o las organizaciones de la sociedad civil que vienen observando estos procesos abran foros digitales que permitan comenzar a organizar debates que no tienen por qué paralizarse por la cuarentena. Nada impide que usemos las vías digitales a nuestra disposición para iniciar intercambios sobre las propuestas que ya están puestas en la mesa.

En teoría, la cuarentena tendría que levantarse en una semana. Pero aunque esto ocurra, el distanciamiento social deberá prologarse hasta que el virus haya remitido completamente entre nosotros. No tiene sentido, entonces, sentarse a esperar. El sistema institucional es un espacio suficientemente denso y está suficientemente rezagado como para arriesgarnos a postergarlo por más tiempo.

Tal vez toque aprender que los espacios digitales sirven también para tomar decisiones sobre asuntos de políticas públicas, aunque haya que hacer cierto esfuerzo para aprender a usarlos eficientemente.

Necesitamos pensar y necesitamos aprender a ensamblar debates. Tal vez sea el momento de generar espacios de intercambio más intensos que los que se logran desarrollar a través del contacto físico y de las redes sociales. Tal vez nuestra forma de contacto físico y nuestra forma de usar las redes sociales hayan sido en este último tiempo factores contributivos a la formación de la densa neblina que nos ha impedido reconocernos. Y tal vez necesitamos ahora cambiar el sentido de nuestras vías de encuentro para avanzar en lo que a la formación de espacios de debate se refiere.

Abrir foros y audiencias públicas administradas por vías digitales, desde el Estado y desde la sociedad civil, parece entonces urgente. Avanzar. Desengancharnos. Y aprovechar este momento en el que la interacción física se ha convertido en una actividad contraindicada para generar ideas que requieran ser meditadas para poder ser escritas, y escritas para poder ser entonces discutidas. Y discutidas sin las etiquetas que aparecen cuando nos confrontamos físicamente, sin intermediación semántica alguna, en un cara a cara que se ha vuelto propenso al insulto, a la descalificación y a la condena.

Tal vez la tensión que produce la supresión de los espacios de encuentro físico nos ofrezca la mejor oportunidad imaginable para instalar la palabra como vehículo de intermediación entre personas que se reconozcan una a otra como tales, en espacios meditados reflexivamente.

Tal vez nos hacía falta este silencio abrumador para descubrir el verdadero sentido de comunicarnos. Tal vez nos hacía falta esta distancia para poder reconocernos.

Toca cambiar el eje desde el que abordamos los problemas de nuestra fragilidad institucional. Abandonar construcciones abstractas que usamos para rechazar al otro y comenzar a construir desde esa solidaridad que hemos visto actuar en detalles simples, cotidianos.

Puerta por puerta. Persona por persona. Palabra por palabra. Para que podamos reconocernos como personas distintas cuando las puertas se abran.

Publicado en El Comercio el 23 de marzo de 2020