JUICIOS INMEDIATOS
Los
nuevos detenidos
Por
César Azabache Caracciolo
Hace un par de meses hemos comenzado a llevar a
juicio, de inmediato, a quienes son detenidos en flagrancia. El presidente del
Poder Judicial ha confirmado que en los últimos dos meses más de 430 personas
han ingresado a prisión bajo las nuevas reglas.
Hace un año el ministro del Interior, José Luis
Pérez Guadalupe, protestaba porque el 95% de personas detenidas en flagrancia
habían sido liberadas por las autoridades. Los cambios introducidos en el
procedimiento judicial parecen dirigidos a modificar esa tendencia.
Sin embargo, antes de los cambios, cada mes
ingresaban a las cárceles aproximadamente 350 personas. Con ese promedio, la
capacidad de albergue de las cárceles ya estaba desbordada por encima del 100%
(en promedio, más de 67 mil internos en penales diseñados para 31 mil
personas).
Aumentar en 200 los ingresos mensuales a cárceles
parece imposible, pero establecer seguridad en el país requiere un uso
intensivo de las prisiones. La principal señal de vigencia de la ley consiste
en que quienes cometen delitos vayan a prisión lo antes posible.
Entonces, la solución no estriba en ajustar la
dimensión del sistema para que coincida con la capacidad de albergue de las
prisiones, sino en expandirlas para que puedan corresponder a nuestras
necesidades. Y nuestras necesidades parecen requerir que reforcemos con
urgencia la inversión pública en centros de detención, al menos temporales,
pequeños, municipales y de bajo costo.
Por supuesto, hay otras alternativas que combinar
en este proceso. El sector Justicia tiene en carpeta un proyecto destinado a
introducir en nuestro medio grilletes electrónicos.
Muchos expertos en nuestro medio creen que los
grilletes podrían servir para despoblar las prisiones. Al contrario, pienso que
dadas las condiciones del sistema, los grilletes no reducirán el número de
personas recluidas.
Reforzarán la vigilancia sobre quienes no tienen
por qué ser llevados a la cárcel. Esto es distinto. Los grilletes incrementarán
los márgenes de vigilancia sobre las personas que deben ser conducidas a
juicio, lo que por cierto ayuda.
Estamos en un innegable momento de expansión del
sistema legal, entendido en sentido fuerte, y toda alternativa suma en el
arsenal de herramientas que necesitamos para equilibrar el sistema.
Paralelamente, deben revisarse las reglas sobre
condenas. Hace 25 años el Parlamento se dedica a aprobar reformas que han
incrementado las penas del código cada vez que se produce una alarma social
relacionada con asuntos de violencia o corrupción.
Por cierto, incrementar las penas funciona
relativamente bien si se trata de conseguir algo de atención en los medios en
contextos en los que las reglas no serán usadas nunca o lo serán de manera
imperceptible. No obstante, cuando se apunta a emplear condenas de manera intensa
y efectiva, no puede dejarse de atender a las consecuencias que se producirán.
El caso de la señora Silvana Buscaglia, condenada a
seis años de prisión por forcejear con un agente de policía que la intervino,
evidencia hasta qué punto la cuestión sobre los castigos deja de ser un juego
simbólico gratuito cuando tenemos que hacernos cargo de sus consecuencias.
Si usaremos las condenas penales para castigar y
contener delitos, entonces tenemos que contar con márgenes de pena razonables y
correctamente ponderados. Esto significa que, además de construir prisiones
adecuadas para estos casos, debemos revisar las leyes penales con urgencia.
Publicado en El Comercio el lunes 25 de enero del 2016
