lunes, 28 de diciembre de 2015

Al margen de las elecciones



RESOLVER LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS

Al margen de las elecciones

Por César Azabache Caracciolo

Pese al modo en que se ha hecho frívola nuestra política, mantenemos en economía una relación de acuerdos básicos que se han sostenido como fundamento de la actividad pública durante prácticamente 25 años.

Estos acuerdos han soportado embates tan dramáticos como el de la transición de fines del 2000-2001 y la retracción de la inversión pública y privada de estos últimos años. Problemas al margen, y salvando diferencias, la agenda de asuntos pendientes, la relación de expertos a consultar y la lista de medidas posibles está clara entre nosotros y trasciende las preferencias de partidos y grupos.

De hecho, las muestras de frivolidad que han abundado desde que se presentaron las planchas presidenciales han mantenido prácticamente intactos estos fundamentos. Y si funciona en economía, no tendría por qué no funcionar en otros ámbitos igualmente importantes para la estabilización del sistema institucional.

El primer asunto en la lista de temas que deberían replicar la intensidad de estos acuerdos es, desde mi punto de vista, la seguridad ciudadana. Aunque el tema haya llegado tarde a nuestra agenda colectiva, los debates desarrollados en estos últimos años han formado ya el embrión de una política mínima común basada en la atención al ciudadano.

También en la articulación de los cuerpos municipales de serenazgo, la profesionalización de la policía y el uso efectivo, oportuno y visible de los castigos penales en toda clase de delitos, especialmente en aquellos que afectan a las personas en su vida cotidiana, el robo y las formas de violencia urbana.

En esta área, más allá de cualquier ajuste necesario, el uso intensivo de procedimientos rápidos en casos de agresiones a policías, del que todos hemos sido testigos en estos días, debe marcar un punto de no retorno al que deberá seguir un debate amplio y no necesariamente electoral sobre la necesidad de municipalizar los tribunales y el sistema de castigo de delitos.

La instauración de fiscalías de ámbito municipal es un gran paso en esta dirección. Hay todavía problemas operativos por resolver, especialmente relacionados con el incremento de la inversión pública que requiere este sector. Sin embargo, las ideas básicas parecen estar ya puestas sobre la mesa.

Se trata, en adelante, de sostener el proceso independientemente de las elecciones y de la identidad individual de la agrupación que quede a cargo del gobierno. 

Muy cerca de la seguridad ciudadana están la corrupción, el lavado de activos y el tráfico de predios, en que las soluciones dependen de duplicar los procedimientos que ya emplea la policía de narcóticos y terminar de entender que enfrentar con eficiencia estos delitos supone elevar la tasa de intervenciones policiales en flagrancia.

Asimismo en el momento en que se pagan los sobornos, en el que se entregan fondos de origen incierto para ser lavados y cuando se compra y vende tierras invadidas. El éxito de la persecución en estos casos se obtiene interviniendo en cada caso en tiempo real. Eso exige concentrarnos en el financiamiento de complejas investigaciones policiales y fiscales.


Podemos adoptar acuerdos básicos en todas estas materias y exigir su cumplimiento a quien gane las elecciones. Por cierto, generar políticas públicas desde fuera de la escena oficial no es lo óptimo, pero debemos comenzar por alguna parte.

Libertad para los presos políticos en Venezuela.

Publicado en El Comercio el lunes 28 de diciembre del 2015

lunes, 23 de noviembre de 2015

Los electores



EL ESCÁNDALO EN EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Los electores

Por César Azabache Caracciolo

Hace algunos días registramos un escándalo de proporciones mayores en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pero temo que no hemos tomado el asunto en su exacta dimensión. El presidente del cuerpo que elige a nuestros jueces y fiscales, Pablo Talavera Elguera, uno de los magistrados de mejor trayectoria en nuestro medio, renunció. Y no lo hizo por razones personales.

Renunció después de que el pleno del consejo decidió, sobre bases deleznables, perdonarle la vida al señor Alfredo Quispe Pariona, elegido representante ante el CNM por los colegios profesionales. Quispe Pariona debe enfrentar una investigación por corrupción en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Parece sencillo entender que en esas condiciones, sea inocente o culpable, no puede actuar como elector de magistrados. Quispe Pariona debió renunciar por su propia iniciativa, pero en lugar de hacerlo defendió el cargo y el pleno acordó respaldarlo. Talavera Elguera se apartó por esto. Para neutralizar las consecuencias de su renuncia, el CNM revisó su decisión y vacó a quien en realidad nunca debió postular al cargo.

Hay casos que admiten una disculpa para volver las cosas al equilibrio. Hay otros en los que un despropósito evidencia la inhabilidad de una persona o de un colectivo entero para cumplir una función encomendada. El Caso Quispe Pariona pertenece al segundo grupo, de manera que, ocurridas ya las cosas, la única solución posible supone recomponer al CNM por completo.

Entiendo que José Rogelio Gonzales, llamado a reemplazar a Talavera Elguera, ha renunciado al cargo como expresión de su molestia con esta situación. Creo que la Junta de Fiscales Supremos deberá secundarlo y promover la renuncia de sus propios representantes al CNM. Si esto ocurre, el CNM quedaría reducido a cuatro miembros y no podría tomar decisiones hasta que sea reorganizado. Así, la crisis justifica una intervención urgente como esta.

Comprendo que cueste entender la complejidad del asunto. El CNM no es, como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo, una entidad cuyas competencias o funciones sean fácilmente comprensibles por los ciudadanos.

Lo instauramos como un cuerpo de electores a quienes entregamos la designación de jueces y fiscales de la República, pero no hemos logrado que la comunidad se comprometa activamente en este proceso. En consecuencia, la actividad del CNM se mantiene casi invisible a los ojos de los ciudadanos. Y la invisibilidad es el mejor ambiente para la corrupción de las autoridades públicas de todo tipo.

No es sencillo elegir a las autoridades que deben resolver nuestras controversias. Necesitamos jueces y fiscales a quienes podamos reconocer como autoridades morales independientes, magistrados que no ingresen a sus cargos hipotecados por ningún compromiso adquirido en el proceso que les designa.

Para ello, necesitamos un colectivo de electores que llegue al CNM por el honor que representa el cargo, personalidades intachables, fuertes moralmente, de cuyo origen e intenciones no tengamos dudas. No me corresponde juzgar al señor Quispe Pariona, pero una persona sujeta a investigación no puede ser elector de magistrados.

Si el pleno no ha podido entender esto, entonces debemos cambiarlo. Hay que advertir, de paso, que estamos descuidando –y no debemos hacerlo– uno de los procesos de designación de autoridades públicas más importantes de nuestro medio.


Publicado en el diario El Comercio el lunes 23 de noviembre del 2015

viernes, 20 de noviembre de 2015

Entrevista en Buenos Días Perú sobre la pericia grafotécnica a Nadine Heredia


Hoy la primera dama, Nadine Heredia, llegaba al Ministerio Público para rendir la prueba grafotécnica y saber si las agendas del reportaje del programa "Panorama" eran suyas o no, aunque la semana pasada, ella declaró que sí eran sus agendas.

Por este tema, en la mañana fue entrevistado el doctor César Azabache en el programa "Buenos Días Perú" de Panamericana TV.

"Este caso no depende de las tomas de firmas actuales de la señora Heredia. El caso tiene como tema más importante, el modo en que se manejaron los fondos del partido que ahora ella dirige y la evidencia con la que en realidad se organiza un caso de ese tipo, es la evidencia bancaria, no las agendas. Este no es el caso de las tarjetas de crédito ni nada parecido", indicó Azabache, remarcando que el objeto de las investigaciones es establecer si se entrometió dinero negro o no en los fondos.

Sobre la importancia que tiene para el caso el hecho que Nadine Heredia haya declarado que esas sí son sus agendas, Azabache dijo que "las investigaciones penales no depende de los investigados o de lo que la defensa hace o no hace; no se acaba cuando se reconocen los hechos. Si el fiscal o los peritos pensaran que hay más de un puño gráfico en esa agenda, entonces el peritaje termina cuando se establezca cual de las anotaciones corresponde a cada persona que haya manipulado esa agenda".

Ante el cuestionamiento sobre la si las agendas podrían ser declaradas ilegales al haber sido robadas del domicilio de Nadine Heredia, tomando en cuenta lo que ha sucedido con otros casos, Azabache señaló que "no es lo mismo tener como evidencia documentos que ya están escritos por alguien, como tener como evidencia el resultado de escuchas ilegales de teléfonos. No aplica el Caso Petroaudios porque es de escuchas ilegales de teléfonos", indicando que el caso que aplica es el Caso Trinidad Becerra, que es el caso en el que llegaron en poder de la fiscalía las maletas de Montesinos que habían sido previamente robadas por Alberto Fujimori.

"¿Qué dijo la Corte Suprema en ese caso? Lo que dijo fue: cuando la evidencia preexiste, el hecho que lo que la haya robado un sospechoso de cometer delitos antes de que llegue a las manos de la fiscalía, es completamente irrelevante porque la fiscalía no se contamina por comportamientos de terceros que no están vinculados a poderes públicos", agregó Azabache.

"Si bien Las agendas pasaron de una mano a otra, no impide usarlas en absoluto", finalizó Azabache.

viernes, 6 de noviembre de 2015

Entrevista en No Hay Derecho sobre el Caso Nadine Heredia

La mañana de hoy, el Dr. César Azabache fue entrevistado por el programa “No Hay Derecho” de Ideele Radio sobre las diversas investigaciones a Nadine Heredia, indicando que es bien difícil que la Fiscalía logre probar un caso de lavado de activos.

Sobre la primera dama, Azabache señaló que “tiene las de ganar en la medida que tenga la habilidad de dar la vuelta al timón y producir un corte lo más pronto posible a ambos casos (lo de sus cuentas y financiamiento del Partido Nacionalista) porque ambos casos están entrampados por la reacción del otro”.

Azabache consideró que ha habido un exceso de soberbia respecto a la forma en cómo la primera dama ha enfrentado sus procesos, al querer bloquear las investigaciones en su contra.

“Tengo toda esta actitud se puede explicar, creo que ese abordaje en general solo puede caracterizarse como un exceso de soberbia. Hay un matiz muy arrogante de litigación que consiste en asumir que el bloqueo es una táctica. El bloqueo es el esquema que se abordó el caso de derechos humanos en los 80, pero exige una situación institucional muy desequilibrada y un sujeto político absolutamente empoderado”, agregó.

Azabache sostuvo que solo dos investigaciones le resultan viables

“Si vemos esto en abstracto yo solo veo dos casos, no importa cuál es el número de investigaciones, uno me parece más razonable que revisar desde el punto de una posible omisión, que es declaración de ingresos, y que junta los reportes de banco del 2006, los consumos cargados a la tarjeta de la señora Calderón. Algunas de las páginas de la agenda que se refieren a consumos personales y no descomunales de dinero”, sostuvo.

Sobre el Tribunal Constitucional, indicó que está fijando señales institucionales claras, al comentar la decisión que tomó sobre el Caso Nadine Heredia y sobre el Caso de Alejandro Toledo.

La entrevista, a continuación:

martes, 3 de noviembre de 2015

Entrevista en Redes y Poder sobre las investigaciones a Nadine Heredia


La noche del lunes 2 de noviembre, el doctor César Azabache fue entrevistado por  en el programa Redes y Poder de Willax TV, conducido por Alfonso Baella Herrera, sobre las investigaciones fiscales a la primera dama Nadine Heredia: lavado de activos, fallecimiento de Fasabi, usurpación de funciones, etc., en total ocho investigaciones en la fiscalía y dos más en el Congreso.

Azabache indicó que una investigación fiscal es una investigación preliminar o preparatoria, en donde se organizan hechos o evidencias, a partir del cual se construye un caso definitivo o final. Para Azabache, los ingresos bancarios de los años 2006-2009 correspondería a ingresos no declarados a la Sunat.

Para Azabache, hay un caso legal que merece ser investigado, sugiere que Nadine Heredia debe regularizar sus posibles ingresos no declarados para afrontar la investigación fiscal y señala que la investigación durará un año por lo menos.


lunes, 26 de octubre de 2015

Para caminar derecho...



LAS DONACIONES PERCIBIDAS EN LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL ANTERIOR

Para caminar derecho...

Por César Azabache Caracciolo

El Caso Nadine Heredia puede aún tener un desenlace más sencillo o menos tortuoso que el que ahora se insinúa para él.

He insistido en afirmar que, al menos hasta ahora, los registros bancarios de la señora Heredia y sus gastos de consumo corresponden con mayor claridad a un caso sobre ingresos no declarados (fraudes al sistema electoral y posiblemente al fisco) que a un caso sobre lavado de activos. Pero su insistencia en eludir las investigaciones ha convertido el caso en el fundamento de una crisis política que debió y pudo evitarse a tiempo.

A estas alturas, la única manera que encuentro de devolverle el equilibrio a las cosas pasa por el difícil expediente de apartar a la señora Heredia de toda actividad política y sincerar su línea de discurso. Aunque parece no tener ninguna intención de hacerlo, si la señora Heredia renunciara al partido que preside y anunciara que se abstendrá en adelante de ejercer los privilegios que le otorga ser la primera dama (que eso se llame renuncia o no es solo cuestión de palabras), su defensa podría reorganizarse sin interferencias de ningún tipo y con mayor espacio para estabilizar las consecuencias que un caso como este produce. La persistencia en la ilusión conduce a una investigación larga y tortuosa que aún puede evitarse.

Puede parecer demasiado, pero un caso constitucional como el que se acaba de perder, una vicepresidenta, dos ministros de Justicia y dos procuradores son un costo demasiado alto para no notar que se requiere un golpe de timón con absoluta urgencia.

Una nueva administración del nacionalismo podría iniciar la campaña reconociendo el enorme desorden que parecen mostrar las cuentas de donaciones percibidas en la campaña anterior. Podría aceptar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) revise el material que ahora tiene la fiscalía en relación con el Caso Nadine Heredia e imponga las multas que correspondan por no haber revelado con transparencia el verdadero origen de los fondos recaudados.

Fuera del centro de la escena política, la señora Heredia podría regularizar los impuestos por ingresos no declarados como lo haría cualquier otro ciudadano. Alguna responsabilidad habrá que asumir por haber mentido en estas materias a la administración electoral y tributaria. Pero una línea de discurso honesta y un final rápido resultaría infinitamente mejor para todos que una investigación inacabable destinada a establecer si entre los donantes del nacionalismo se colaron o no traficantes de drogas, tierras, oro, dinero o personas.

Si no se está escondiendo un monstruo dentro del clóset que nadie quiere abrir, entonces el caso requiere un abordaje basado en el sinceramiento de sus personajes y una pronta conclusión. El silencio de Ilán Heredia sugiere que no existe explicación para el origen de los más de S/.7 millones que parece haber inyectado al nacionalismo desde sus propias cuentas.

La ausencia de un peritaje claro y concluyente promovido por la propia señora Heredia sugiere que no hay nada más que decir sobre la autoría de las agendas. Entonces, las cartas están echadas. Pero no contienen, no hasta ahora y esperamos que nunca contengan, vestigios de relación con traficantes. Las evidencias se mantienen en el marco de un caso de fraudes comunes. Confiemos en que no haya más.

Demos a los personajes el beneficio de la duda, solo en tanto no haya más hallazgos por valorar.


Publicado en el diario El Comercio el lunes 26 de octubre del 2015

miércoles, 21 de octubre de 2015

Entrevista en La Hora N sobre la procuradora Julia Príncipe


La noche del martes 20 de octubre, el doctor César Azabache fue entrevistado por Jaime de Althaus en el programa La Hora N sobre el sorpresivo cese de funciones de la procuradora de Lavado de Activos Julia Príncipe y sobre la primera dama Nadine Heredia.

Azabache indicó que Julia Príncipe fue cesada por un falso caso de infracciones administrativas.

En la entrevista, Azabache señaló que no debe usarse la Procuraduría para atacar al gobierno anterior. 

"Es innegable que hay dos personas en el equipo de defensa del Estado que son referentes de lo que deben hacer estas oficinas. Una es la doctora Príncipe y la otra es la doctora Medina”, indicó Azabache, quien explicó que las Procuradurías representan un canal de comunicación pública sobre casos emblemáticos.

"Por su propio bien, ella (Nadine Heredia) debería dar un paso al costado de los cargos públicos o designaciones que tiene y concentrase en un caso legal que debe tomarse en serio", señaló Azabache sobre los problemas legales que tiene la primera dama.



lunes, 28 de septiembre de 2015

Notas para un acuerdo institucional



PRÓXIMOS A LAS CUARTAS ELECCIONES GENERALES CONSECUTIVAS

Notas para un acuerdo institucional

Por César Azabache Caracciolo

Los últimos 45 años de nuestra historia muestran un proceso limitado de creación de reglas fundamentales de verdadera vigencia práctica en la formación de nuestro tejido institucional. Así, la libertad de prensa emergió como respuesta normativa a la dictadura de la década de 1970.

La conservación del equilibrio macroeconómico y la primacía de la libre competencia fueron resultado del final de la crisis de la segunda mitad de la década de 1980, pero el proceso de formación de reglas verdaderamente aceptadas por todos concluye allí.

La transición iniciada a fines del 2000 no transformó el cierre de la década de 1990 en plataforma para verdaderos consensos prácticos sobre derechos humanos y la lucha anticorrupción. Los últimos 15 años de nuestra historia muestran una parálisis institucional sorprendente, si tomamos en cuenta que estamos por entrar, por primera vez en todo el período, a las cuartas elecciones generales consecutivas.

Vamos entonces atrasados en el proceso de formación de consensos prácticos. Y esto es grave. Los acuerdos institucionales no se imponen al azar. Se cimientan unos sobre otros.

La imposición de reglas de transparencia en el financiamiento de la política, la cuestión institucionalmente más importante que ha surgido en este último año, requiere claridad sobre el alcance de las prohibiciones asociadas con la lucha anticorrupción. Y la expansión del sistema judicial hasta niveles municipales, condición imprescindible para estabilizar nuestra crisis de seguridad ciudadana, necesita una plataforma clara sobre el alcance de los derechos humanos.

Estamos exhibiendo una cuota alta de incapacidad para desarrollar nuestro sistema institucional. En lugar de aprovechar el poco tiempo que nos queda antes de las elecciones, estamos sobreconcentrados en las consecuencias judiciales de los últimos escándalos que se han acumulado sobre la mesa.

Sin duda, los casos en discusión (‘Petroaudios’, Facundo Chinguel, Ecoteva, Daniel Urresti y Nadine Heredia, especialmente) tendrán algún final con alguna cuota de polémica. Sin embargo, las condiciones institucionales que han provocado estos casos no serán restablecidas por los tribunales. Tienen que ser establecidas por la comunidad en un proceso aún pendiente de revisión de los fundamentos institucionales de nuestra coexistencia.

No creo, honestamente, que esa especie de guerra desatada entre “buenos” y “malos” en la que estamos cayendo contribuya en absoluto a fijar fundamentos institucionales útiles para salir del entrampamiento en el que estamos. Pienso que ayuda más un acuerdo amplio en favor de la estabilidad del sistema que fije la manera de cerrar las cuestiones pendientes en materia de derechos humanos sin excluir a nadie.

Además, que liste los compromisos anticorrupción que deben poner fin a olas de casos como las que resultaron de la intervención a los gobiernos regionales y a la organización de Rodolfo Orellana. También que defina de manera clara los términos en que de aquí en adelante se relacionarán el dinero y la política, y ofrezca las explicaciones y pedidos de perdón que necesitamos para despejar las enormes dudas generadas en el último año de este ciclo.

Necesitamos pasar la página en que estamos atorados, no con un borrón y cuenta nueva, sino con una actitud que quiebre ese clima de cinismo y agresión que se está impregnando en nuestra comunicación institucional. Lo que tenemos entre manos es una crisis de dimensiones impresionantes. Los tribunales no sirven para resolver crisis de este tipo. Para eso se ha inventado la política.


Publicado en El Comercio el lunes 28 de septiembre del 2015

viernes, 28 de agosto de 2015

Entrevista en Mira Quien Habla sobre las agendas de Nadine Heredia



La noche de ayer jueves 27, el abogado César Azabache fue entrevistado por Cecilia Valenzuela en el programa "Mira Quien Habla" de Willax TV sobre las agendas de la primera dama Nadine Heredia, las cuales mostrarían usos de fondos de financiamiento partidaria.

"Cuando las cantidades se hacen exorbitantes, hablar solo de defraudación tributaria puede quedar corto, porque cantidades exorbitantes suponen alguien que está dando muchísimo dinero y hay que identificarlo antes de establecer si es lícito o no", señaló Azabache.

"¿Quién está donando es un evasor tributario, quién lava su dinero metiéndolo en el mercado político? ", se preguntó Azabache.

"La investigación tiene que girar sobre cuales fueron sus orígenes", indicó Azabache

martes, 25 de agosto de 2015

Entrevista en La Hora N sobre las agendas de Nadine Heredia


La noche del lunes 24 de agosto, el doctor César Azabache fue entrevistado por Jaime de Althaus en el programa La Hora N.

“Yo tengo la impresión de que la señora Heredia está muy segura que, por lo menos los primeros peritajes judiciales, van a decir que la letra no es suya. Eso es lo que noto conforme se van acumulando las declaraciones. Yo no quiero creer que alguien tiene preparada la escena de los peritajes que vienen”, señaló Azabache.

“En la parte que es realmente importante en esas libretas, si en verdad se comprueba que es su letra, es esa página con tres millones de dólares que salió en Panorama. Es demasiado dinero para que su circulación en efectivo no sea una buena base para comenzar, ahí sí, una investigación por lavado de activos”, agregó Azabache.


lunes, 24 de agosto de 2015

El juego de las sombras



LA CLARIDAD PARA LLEGAR A LO CORRECTO

El juego de las sombras

Por César Azabache Caracciolo

¿Cómo aprendemos a diferenciar verdad y mentira en una sociedad organizada sobre el engaño? Somos el primer productor de coca del mundo y traficamos con oro en dimensiones aún no establecidas. El 70% no bancarizado de nuestra economía forma el agujero por el que se filtran fondos de origen absolutamente incierto. Traficamos con predios adquiridos por invasiones y mentimos sistemáticamente sobre el modo en que financiamos nuestra política oficial.

Empujamos a nuestros servidores públicos a convertirse en empleados de empresas privadas y no nos importa el destino final del combustible asignado a nuestras principales dependencias públicas. Creamos y multiplicamos esquemas basados en el clientelismo y el falso mecenazgo y lo disfrazamos de servicios profesionales. ¿Qué nos impide crear anónimos, falsos colaboradores, agentes encubiertos informales, trampas o documentos falsos? ¿Acaso bastan suspicacias y desconfianzas intuitivas para establecer diferencias en medio del juego de sombras en que nos estamos moviendo?

Hemos cultivado la habilidad de desarrollar cruzadas parciales y, en algunos casos, imprecisas. Nos lanzamos a la persecución del terrorismo en las décadas de 1980 y 1990, pero acumulamos tal margen de inocentes avasallados por el sistema que el propio Alberto Fujimori tuvo que formar una comisión especial para liberarlos (la Comisión Lanssiers). Desmontamos la organización de Vladimiro Montesinos en la transición, pero en el camino cometimos más de un error y más de un abuso que aún esperan reconocimiento y reivindicación pública.

Con estos antecedentes abordamos la cuestión sobre corrupción en los gobiernos regionales y estamos ahora a las puertas de iniciar una revisión quizá muy intensa sobre la relación entre los márgenes de ganancia privada en obras públicas y posibles sobornos. Hacerlo es inevitable y, de hecho, útil, ¿pero cómo prevenimos engaños y cómo nos protegemos de nuestra obstinada tendencia a organizar linchamientos colectivos de manera totalmente irreflexiva y predecible a la primera aparición de un falso as de espadas?

Declaro mi desconfianza ante cualquier apresuramiento en asuntos de relevancia legal. No admito condenas a priori cuando navegamos en un mar de mentiras elevado a su máxima potencia por nuestra adicción a la intriga y al uso de anónimos, colaboradores, grabaciones y filtraciones de todo tipo de información privada.

Si en algún momento necesitamos procedimientos equilibrados para tomar decisiones sobre lo justo, ese momento es ahora. No necesitamos más cruzadas, pero requerimos de más procesos equilibrados que nos permitan tomar decisiones maduradas de manera reflexiva en los asuntos sobre corrupción y justicia que ahora tenemos entre manos.

Algo está cambiando muy rápidamente en las expectativas de los ciudadanos de la región sobre el alcance de las limitaciones a la circulación de dinero entre el sector privado, la política y el Estado. Y eso es positivo. En las décadas de 1980 y 1990 aprendimos que la vida humana no es un recurso que pueda ser sacrificado en nombre de la seguridad nacional.

En este siglo tendremos que aprender que los sobornos son verdadera y no solo teóricamente inaceptables. Paguemos las consecuencias que haya que pagar durante este aprendizaje. Pero si debemos hacer ajustes, no perdamos de vista la imperativa necesidad de mantener el equilibrio, de dudar permanentemente de nuestras primeras impresiones sobre cada asunto que debamos discutir en adelante. Si hay algo ambiguo entre nosotros, es el modo en que manejamos la palabra, la verdad y los nombres en medio de las sombras.


Publicado en El Comercio el lunes 24 de agosto del 2015

martes, 18 de agosto de 2015

Entrevista en La Hora N sobre las libretas de Nadine Heredia


La noche del lunes 17, Jaime de Althaus entrevistó a César Azabache sobre el caso de las cuatro libretas que pertenecerían a la primera dama, Nadine Heredia, en donde muestran diversos gastos e ingresos de dinero para diversas actividades.

César Azabache indicó que las libretas de Nadine Heredia ha pasado por tres peritajes, dos italianos y uno peruano, en el programa de televisión Panorama, pero señaló que solo muy preliminarmente se puede comparar las libretas con la fotocopia de una firma de Nadine Heredia.

“Es probable que terminemos discutiendo por mucho tiempo quienes van a realizar el peritaje de estas libretas. Los peritos usuales para estos asuntos son de la Policía Nacional que dependen del Ejecutivo”, indicó Azabache.

"Debemos dejar de depender de fuentes oscuras porque está contaminando nuestro sistema. Temo, y es una de mis principales preocupaciones, estamos empezando a iniciar un juego de sombra, donde roles y pruebas se distorsionen. Temo que empiecen a aparecer casos falsos", agregó Azabache.


lunes, 27 de julio de 2015

Para detener la erosión



REFORMAS PENDIENTES

Para detener la erosión

Por César Azabache Caracciolo

Algo está cambiando muy rápidamente entre nosotros. Ese algo se está expresando en una ebullición sin precedentes de denuncias e investigaciones sobre asuntos que antes resultaban invisibles o simplemente no queríamos mirar. La expansión del mercado produce cambios en el modo en que se valora la conducta de los demás. La desaceleración y la apertura de la sociedad a informaciones de todo tipo también. En cualquier caso, el sistema de circulación de dinero entre los sectores público y privado está en cuestión. Y su crisis debe reflejarse, más temprano que tarde, en cambios drásticos en el financiamiento (público) de proyectos de infraestructura y en el financiamiento (privado) de actividades políticas.

El proceso ha generado una lista larga de casos que se postulan como muestra de la corrupción que ha impregnado estos dos sectores. Sin duda no todos los casos propuestos merecen este estatuto y no todos los casos que lo merezcan terminarán igual. En el camino pueden modificarse los roles asignados o asumidos por cada protagonista; pueden modificarse las narraciones que portan y pueden modificarse las reglas de juego o nuestra percepción sobre los hechos. En cualquier caso la cuestión por resolver en esta crisis no depende solo de los casos propuestos. La cuestión supone abordar la reforma de los circuitos de circulación de dinero que están en discusión de modo que el proceso pueda adoptar una dimensión institucional constructiva, independiente del efecto que en un tiempo más comenzarán a producir absoluciones y condenas.

El proceso en marcha debería modificar, para bien, la función de los límites que deben respetarse en el uso del dinero cuando se trata de política y de decisiones públicas sobre infraestructura. En el primero de estos sectores hemos ignorado que la dedicación a la política y la adhesión que ella debe generar en otros son fuente de un complejo sistema de intercambio de bienes y servicios. El principal factor de regulación del mercado formal son los impuestos. Pero como la actividad política no genera precios de mercado ni márgenes de ganancia (al menos no márgenes reconocidos), los impuestos (y el control de ingresos que conlleva) han permanecido al margen del sistema. Una manera de introducir el control de los intercambios en la política consiste en convertir las donaciones a organizaciones políticas en un componente del gasto deducible para fines tributarios. La otra consiste en promover el desarrollo de fundaciones que intermedien entre donantes y perceptores de donaciones, evitando el falso mecenazgo.

El financiamiento de obras públicas genera la segunda cuestión por resolver. Aprendimos ya que las empresas públicas no son una opción por diversas razones. Pero la asignación de proyectos por concurso se ha mostrado insuficiente para evitar la corrupción en este sector. Creo que es momento de cerrar las listas de proveedores a un sistema controlado por una superintendencia que tenga facultades de fiscalización semejantes a las que rigen en el sistema financiero. La vulnerabilidad de nuestro sistema a fondos de origen incierto es demasiado grande para no pensar en opciones de este tipo.


Confiar en que los tribunales se encargarán de los casos ahora en marcha y concentrarnos en un debate verdaderamente constructivo sobre el sentido de las reformas que debemos abordar, parecen ser condiciones indispensables para recuperar la estabilidad institucional que estamos poniendo en riesgo.

sábado, 11 de julio de 2015

Entrevista en La Hora N sobre demanda de hábeas corpus de Alberto Fujimori


La noche del jueves 9 de julio, el programa La Hora N, conducido por Jaime de Althaus, entrevistó al Dr. César Azabache sobre la demanda de hábeas corpus de Alberto Fujimori para anular su sentencia de 25 años por los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos porque el juez San Martín no había actuado con parcialidad.

“Desde que la pena contra Fujimori se dictó, ha habido por los menos cinco intentos registrados, de producir cambios o nulidades, sobre más o menos el mismo eje de razones, y todos estos han sido rechazados por tribunales. Si hay alguien con ideas distintas sobre interpretar leyes penales a las que tiene el juez San Martín es el juez Villa Stein y sin embargo, también la Sala Permanente ha desestimado este tipo de pedidos”, indicó Azabache.

Azabache explicó que la demanda se sustenta en correos electrónicos del juez San Martín de origen no establecido que aparecieron el año 2010. “Se está lanzando al mercado una señal que estimula la circulación de correos robados o producto de espionaje”, señaló Azabache.

“Los casos legales no se pueden discutir en función a productos de espionaje de ningún tipo, ni correos tuyos, ni míos, ni de San Martín, porque la regla principal en este asunto está en que el sistema legal no puede depender, menos en asuntos de esta envergadura, en productos de crímenes como las interceptaciones telefónicas implican”, agregó Azabache, quien también cree que la pena de 25 años es excesiva

jueves, 9 de julio de 2015

César Azabache: Fallo sobre Chavín de Huántar demuestra que la Corte IDH no es el monstruo que nos pintaron

Entrevista a César Azabache realizada por Alejandro Castro Backus

Editor general de LaMula.pe

Leer el comportamiento de un tribunal en base a prejuicios es un mal negocio. Esa es la principal conclusión a la que llegó el abogado César Azabache sobre el caso del emerretista Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, 'Tito',  versus el Estado peruano.

"La Corte Interamericana ha demostrado que es un tribunal de verdad", nos dice en su oficina, donde lo buscamos para conocer su opinión sobre el fallo que pide investigar la muerte de 'Tito' y concluye que no hay razones suficientes para pensar que otros dos emerretistas, Herma Meléndez Cueva y Víctor Peceros Pedraza, hayan sido abatidos fuera del enfrentamiento ocurrido durante la operación militar que puso fin al cautiverio de 72 rehenes, tras 126 días en manos de miembros del MRTA  en la residencia del embajador de Japón en Lima, en 1997.

Porque si hay alguien que conoce bien este proceso es él: fue agente del Estado peruano ante la Corte de San José en los albores de este caso.

Azabache sostiene que para esclarecer la muerte de 'Tito' hay un nombre clave: el coronel (r) José Zamudio, un exoficial de la Policía Nacional del SIN de Vladimiro Montesinos. Para empezar a cumplir el mandato de la Corte, el Estado debe primero ubicarlo y luego ponerlo en manos de la justicia.

¿Cuáles son sus impresiones del fallo de la Corte Interamericana sobre el caso Cruz Sánchez versus el Estado peruano?
En su decisión, la Corte concluye que no hay razones para pensar que Peceros Pedraza y Meléndez Cueva hayan sido abatidos fuera del conflicto, y reconoce que un conflicto de la intensidad del de la embajada puede producir decesos que no son susceptibles a ser vistos bajo las reglas de violaciones a derechos humanos, es decir, la parte más dura del caso está resuelta a favor del Estado.

¿Y el otro extremo del fallo, el de Cruz Sánchez?
Ese extremo de la sentencia no se refiere a los comandos, se refiere a las intervenciones post recuperación de la embajada y fueron la base desde el primer día sobre los que se organizaron los cargos contra una persona en especial, que era el coronel Zamudio, jefe del grupo Júpiter del SIN. Esa parte de la sentencia de la Corte Interamericana es la misma que subsiste en la sentencia del tribunal ordinario y de la Corte Suprema, de modo que es una sentencia que dice que hay incógnitas no resueltas, como las condiciones en que se produjo el deceso de Cruz Sánchez en concreto, no contiene ningún juicio negativo contra el operativo.

Si el escenario que plantea la Corte IDH es el mismo que planteaba la decisión que emitió el Poder Judicial peruano, ¿qué posibilidades hay de que los comandos Chavín de Huántar vuelvan a ser investigados?
Ninguna. Este no ha sido un caso contra los comandos, es un caso sobre las condiciones en que murió Cruz Sánchez. La falta de claridad con que tocamos la muerte de Peceros Pedraza y Meléndez Cueva desde el principio es una de las grandes fuentes de confusión que se han arrastrado a los largo de todos estos años. De hecho, el tema de los comandos fue el gran factor disociador, creo que no está totalmente claro entre nosotros que el operativo y la historia legal de los comandos con este caso no tiene conexión con la investigación sobre el deceso de 'Tito' y la fuga del coronel Zamudio, quien es el que no ha estado presente en el procedimiento y no nos ha explicado qué cosa es lo que puede haber pasado. Ese el cabo que está pendiente, no tiene nada que ver con los comandos.

¿Por qué entonces cree que el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, dice que el Gobierno  ha hecho una defensa sin precedentes de los comandos en este caso? ¿Qué pretende con ello?
Quiero pensar que el ministro, que además estuvo involucrado en este caso como procurador del Ministerio de Defensa, está tratando de expresar el respaldo que la sociedad y el Estado le deben a los comandos en un entorno en que la preocupación por la suerte de estos ha existido, pero no creo que una declaración de ese tipo tenga más alcance que ese. Ahora, investigar las condiciones en que Cruz Sánchez pueda haber sido abatido, ni es una tarea compleja ni tiene porqué ser sobredimensionada. La escena es muy clara y se delimita a un momento posterior a la conclusión de la recuperación de la embajada. Cruz Sánchez se había 'colado' entre los rescatados, se 'disfrazó' como uno de ellos, pero es identificado y es devuelto al equipo que Zamudio dirigía después de la recuperación de la embajada. ¿Qué ocurrió luego? ¿Por qué 'Tito' tenía un tiro que provocó esta investigación? ¿Por qué su cuerpo estaba fuera del área de enfrentamiento? ¿por qué murió luego de que combate había acabado? Esas son cosas que justifican una investigación, que deben tener explicación, pero sobre las que no hemos tenido ninguna versión en 18 años, eso es lo produce esa suerte de entrampamiento. Es incómodo que el Estado no pueda dar cuenta del destino final de personas como Zamudio que tendrían que responder sobre este tema, que provocó un falso riesgo sobre muchos agentes de la Marina y el Ejército que no debían haber padecido las consecuencias de esta historia sin aclarar en todo este tiempo.

¿Quién o quiénes son los principales responsables en toda esta historia?
No entiendo por qué el señor Zamudio no se presenta y nos cuenta toda su historia. Algunas veces, en mesas o conferencia hice el ejercicio de preguntar a alumnos de Derecho cuál sería la máxima sanción posible si es que fuera cierto que Zamudio estuvo involucrado en las circunstancias post evento en las que muere Cruz Sánchez, y las conclusiones son seis años o cuatro años. La posibilidad de que el deceso de Cruz Sánchez corresponda a un exceso de un operativo militar conduce a un caso legal de intensidad mediana, de modo que no haber asumido el procedimiento que se debió asumir sobre el coronel Zamudio y sus subordinados desde el principio, nos  costó todo esto, habría sido mucho más sencillo aclarar las condiciones en que ocurrió este deceso desde el primer día, no entrampar los juicios y generar un caso ante la corte IDH que solo se explica porque nunca pudimos dar una respuesta a esta escena.

¿Ya con el caso en la Corte Interamericana, la defensa jurídica del Estado fue la adecuada? ¿Por qué le cuesta al Estado aceptar las circunstancias en que murió 'Tito', si ya internamente habían dos sentencias judiciales en ese sentido?
Yo la frase la cambiaría. Yo diría, ¿por qué es tan difícil aceptar un caso que merece una discusión? Creo que el problema es que no se comprende de qué se tratan estos casos internacionales. Y es probable que algunos resultados desfavorables, y algunos inexplicables como del caso del penal Castro Castro, hayan afectado mucho nuestra posibilidad de poder relacionarnos de manera adecuada con la jurisdicción internacional. Rescato la enorme coincidencia de contenido entre los fallos de la Corte Suprema y el de la Corte Internacional. Eso muestra que estamos ante un tribual en forma, es una prueba de que nuestros propios tribunales merecen la comparación. Fuera de eso, creo que tenemos una cuestión interna por terminar de resolver, que pasa por aclarar y reforzar los términos de solidaridad con los oficiales que expusieron su vida en ese rescate. Creo que no es necesario confundir la cosas para expresar esa solidaridad.

¿Fue correcta la lectura oficial que ha habido sobre este fallo? ¿Es un triunfo de este gobierno como se nos dice?
Creo que no es el triunfo de alguien en particular, es básicamente el triunfo del último tramo en que se asumió el procedimiento judicial por nuestros tribunales. Lo más importante para mí es confirmar de qué manera el fallo de un tribunal como la Corte Interamericana coincide y respeta la solvencia de la justicia local. La Corte dice prácticamente lo mismo que el tribunal de Carmen Rojjasi y la Corte Suprema dijeron al concluir el proceso. La sentencia no tiene una sola crítica a la forma en que esos dos tribunales locales se pronunciaron, y hay muchas sobre el modo al que, innecesariamente accidentado, el Estado peruano manejó el caso en este último tramo.

Llama la atención la insistencia en que voceros del gobierno y el propio presidente Humala decían que se ponía en entredicho a los comandos y a la operación ¿Qué hay detrás de todo eso?
Eso fue un gran error. Ahí es donde yo creo que tenemos confusiones por resolver, en la forma en que encaramos la solidaridad con los comandos.

¿Es solo una confusión o hay un tema político detrás?
No sé si la palabra político sea muy grande. Creo que junto a esa confusión, hay una necesidad desbordada de confirmar que protegemos a personas que no estaban expuestas, también hay errores serios en la percepción de lo que significa una Corte de Derechos Humanos. Nos hemos 'sobreideologizado' en nuestro modo de abordar el sistema interamericano. Tenemos un problema no resuelto sobre cómo percibimos las cuestiones de derechos humanos. Todavía creemos que esa cuestiones se resuelven con un eje que divide a los pro y anti, entre polos opuestos que tienen opiniones irreconciliables sobre, por ejemplo, las conclusiones del informe de la CVR. Creo que esta sentencia muestra que esa forma binaria se abordar este tipo de temas no corresponde ni a la realidad ni a una manera adulta de encarar desafíos que comprometen las cuestiones relativas a derechos humanos.

¿Cuál sería su lectura del fallo y de la Corte IDH?
Esta corte Interamericana ha demostrado que no es una reproducción del modo en el que, por ejemplo, la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) abordó este caso. Hay una distancia infinita, entre lo que las ONG y la propia comisión pueden hacer con este tipo de asuntos y lo que a corte es capaz de decir. Creo que la mejor muestra de imparcialidad y profesionalismo de esta corte esta expresada en esta sentencia, como lo expresó en su día la sentencia del caso Berenson. El fallo demuestra que esto de tratar de calcular lo que Corte va decir sobre la base de prejuicios solo lleve a enormes dislates, a tremendas confusiones que luego provocan dificultades para acomodar el discurso. Hay varias cosas que creo se han dicho en esta historia que han sido innecesarias. Hay temores que se han difundido y han perturbado el modo de comprender las cosas.

¿Cómo calmar el griterío que hay en contra de la Corte Interamericana?
Esta sentencia nos debe ensañar que la Corte no es ese monstruo que nos han pintado. Si la corte fuera todo eso que se dice de ella pues tendríamos una reproducción en esta sentencia de la cadena de confusiones que la Comisión Interamericana tenía en la demanda. Cuando la comisión presentó este caso decía que el operativo entero de rescate estaba afectado por un defecto en el planeamiento. La Comisión pretendía que en el diseño del operativo tenía que haber dispositivos que permitan que los terroristas que habían tomado la residencia sean arrestados y se les conduzca a calabozos ordinarios. Eso era no entender en absoluto de qué se trataba una operación militar de esta envergadura. La Corte tomó una distancia absoluta de ese enfoque, ha descartado toda esta teoría gruesa que la Comisión planteaba, según la cual los comandos tenían que entrar prácticamente con las manos amarradas y luego esposar a los emerretistas. Esa distancia nos debería empezar a enseñar mucho, porque no la estamos viendo. Creo que muchas de las personas que pretendían hacernos creer que esto era blanco o negro, es decir, o se ganaba todo o se perdía todo, deben empezar a notar que se equivocaron, que el sistema funciona de otra manera y que no se le puede predecir en base a prejuicios.

Si hubiera seguido a cargo de la defensa jurídica del Estado, ¿habría hecho algo distinto a lo que se hizo?
Esa una pregunta que no querría contestar, creo que he dejado en claro qué pienso de este caso. Insisto, lo que quiero resaltar ahora es el modo en que esta sentencia valida el desempeño de los tribunales peruanos, que han dicho lo mismo que la Corte Interamericana, con algunos matices, pero el resultado del juicio interamericano es el mismo que se produjo aquí.

Como Estado, ¿debemos continuar y fortalecer el sistema interamericano o, como piden algunos sectores políticos, retirarnos?
Retirarnos de un espacio que es capaz de ratificar el carácter ejemplar de un un operativo como el de Chavín de Huántar, no parece ser sensato. Este caso demuestra que el sistema judicial peruano es capaz de reconocer las cosas correctas más allá de las distorsiones que el propio Estado imponga, yo estoy seguro que los que más criticaron al sistema interamericano, sobre todo los que más lo criticaron todo este tiempo, pueden prever que el sistema puede diferenciar cosas complejas como la Corte lo acaba de hacer. Eso nos enseña a todos que este sistema sí funciona y que sí podemos creer en él, y lo que es más importante, que si dejamos de lado nuestros prejuicios, sí vamos a poder calcular totalmente sus resultados. A lo tenemos que entrar es a una revisión profunda sobre qué estamos haciendo cuando enfrentamos un caso de derechos humanos, eso es lo que hay que hacer ahora.




miércoles, 1 de julio de 2015

Entrevista en La Hora N sobre el fallo del Caso Chavín de Huantar


La noche del martes 30 de junio, el programa La Hora N entrevistó al Dr. César Azabache sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa al Caso Cruz Sánchez y si afecta o no a los comandos Chavín de Huántar.

jueves, 25 de junio de 2015

Entrevista en Redes y Poder sobre el caso Nadine Heredia


El Dr. Azabache fue entrevistado el martes 23 en el programa Redes y Poder de Willax TV, conducido por Alfonso Baella, sobre el caso Nadine Heredia y el financiamiento de los partidos políticos.

Para Azabache, el comportamiento de la primera dama Nadine Heredia comprueba que existe una situación de vulnerabilidad.

“Lo peor que puede pasar a nivel de partidos políticos es que permite, y este sistema aparentemente lo tolera, es que sectores privados, o incluso mafias, puedan contratar políticos de manera simulada. Eso es intolerable”, señala Azabache.


“La política es parte de nuestra actividad social diaria y no puede estar fuera de las reglas y los mecanismos que todo el resto de actividades ya tenemos establecidos”, argumentó Azabache. 


lunes, 22 de junio de 2015

La agenda pendiente



LA INCLUSIÓN DE NADINE HEREDIA EN LA LISTA DE INVESTIGADOS POR LA COMISIÓN BELAUNDE LOSSIO

La agenda pendiente

Por César Azabache Caracciolo

La inclusión de Nadine Heredia en la lista de personas investigadas por la Comisión Belaunde Lossio confirma que los casos notables no admiten respuestas elusivas. Bloquear las investigaciones sobre las cuentas originales de la señora Heredia no ha sido útil para nadie. En los casos que tienen impacto institucional, no ofrecer explicaciones claras sugiere que ellas no existen.

Por cierto, los hechos que conocemos hasta ahora (los depósitos originales y los gastos más recientes) no tienen dimensión suficiente para justificar el modo en que están escalando las cosas, pero a veces los casos legales adquieren el tamaño de las reacciones de los involucrados, y no el de las evidencias que los soportan.

Para investigar el caso de la señora Heredia, bastan las reglas de los fraudes en impuestos. Estas reglas bastarían incluso si se confirmara que sus gastos provienen de fondos originalmente captados para financiar la actividad política del nacionalismo.

La enorme porosidad de las reglas sobre financiamiento de partidos políticos posibilita varias formas de fraude, desde el mecenazgo, que supone contratar políticos profesionales como si fueran empleados de empresas privadas, hasta la generación de remuneraciones ocultas sostenidas con fondos desviados de donaciones.

Por cierto, sea cual sea el destino final de las investigaciones sobre los gastos de la primera dama (hoy parcialmente paralizadas por una sentencia judicial), la sola existencia del caso debería ser suficiente para encarar ya una reforma intensa del sistema que imponga a los partidos el mismo estándar de deberes que tienen ahora los bancos para manejar fondos originados en terceros.

De hecho, no encuentro razón que impida que los partidos sean obligados a publicar balances, transparentar las remuneraciones de quienes se dedican a la política a tiempo completo y designar oficiales de cumplimiento.

Tampoco veo algo que impida que se encargue a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a fiscalizar sus ingresos y gastos, y a la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) fiscalizar las donaciones dirigidas al sostenimiento de actividades políticas y la regularidad de los ingresos de los políticos profesionales.

Por lo que toca al Caso Heredia, la historia no cambia si se confirma que Martín Belaunde Lossio intervino en la organización de la economía del primer nacionalismo. La historia solo cambiaría, de una manera trágica por cierto, si existiera evidencias que mostraran que algún intermediario empleó la porosidad del sistema para colar en el financiamiento del partido fondos de mafias organizadas. Cambiaría también si alguna parte importante de las donaciones percibidas por el partido hubiera sido desviada a un intermediario para financiar negocios clandestinos.

Espero sinceramente que ninguna de estas dos cosas haya ocurrido, pero las referencias muestran cuando estaríamos ante un verdadero caso sobre lavado de activos. Una cosa es apoderarse de fondos destinados a sostener las actividades de un partido para sostenerse a sí mismo y otra distinta contratar a un intermediario para captar fondos de mafias o para invertir fondos recibidos en donación en negocios clandestinos. La línea que separa ambos perfiles es muy clara, y para cruzarla se requiere evidencias y testimonios específicos, no solo sospechas.

En cualquier caso, la oscuridad del proceso es lo suficientemente intensa como para esperar que todos los involucrados admitan que las dudas actuales son perfectamente sensatas y merecen todas las explicaciones que sea posible ofrecer.

Publicado en El Comercio el lunes 22 de junio del 2015

martes, 9 de junio de 2015

Entrevista en La Hora N sobre las tarjetas de crédito que usaba Nadine Heredia


El Dr. Azabache fue entrevistado por Jaime de Althaus el lunes 8 de mayo en el programa La Hora N sobre el caso Nadine Heredia. 

"Si los ingresos y gastos no cuadran, hay que investigar si existen ingresos no declarados. Quien debiera tener la primera palabra es la SUNAT", señaló Azabache.

"Los fondos de Nadine Heredia tiene que ver con esos fondos que se organizan durante la campaña. Deben haber dos investigaciones: uno de los ingresos de Nadine Heredia y otra del financiamiento del Partido Nacionalista. Se debe dividir la investigación en tramos", indicó Azabache.


Las compras de la primera dama

Por César Azabache Caracciolo


1. Lavar activos es algo bastante más complejo que no declarar ingresos o registrar algún deslabone patrimonial. Lavar activos supone que alguien ha establecido un punto de contacto consciente con una mafia en operación o con los frutos de un crimen evidente cometido con alguien. En un segundo momento, supone también agentes financieros o económicos que hacen negocios con lavadores relajando al menos negligentemente los controles que les corresponde mantener sobre el origen de los fondos que emplean en sus transacciones. El delito por lavado de activos se construye sobre la base de una prohibición general impuesta a todos los ciudadanos a prestar servicios o “ponerse a disposición” de quienes necesitan intermediarios para colar en el mercado fondos de origen criminal. Los casos por lavado de activos son formas de cooperación con organizaciones criminales o con criminales evidentes. La especialidad de las reglas que contiene se pierde de vista si confundimos los objetivos de estas prohibiciones con los que corresponden a otros paquetes de delitos, como el enriquecimiento ilícito, los fraudes tributarios o el encubrimiento.


Foto: USI

Puestas así las cosas parece sencillo notar que ni la información sobre los depósito en las cuentas de la señora Heredia que se difundieron en el 2,009 ni la cuestión sobre las compras suntuosas denunciadas al comenzar junio del 2,015 ofrecen un soporte concluyente para una investigación por lavado de activos. Pero no nos confundamos: La información de los depósitos difundida en el 2,009 y la información sobre las compras suntuosas que se ha difundido este mes son asuntos muy serios y merecen, sin duda explicaciones muy claras, vaciadas de cualquier coartada evasiva. Pero no son material para un caso por lavado de activos.

2. La SUNAT está en deuda en este caso. Salvo por algunas singularidades especiales, la información difundida en el 2,009 y la información sobre las compras de la Primera Dama sugiere que ella vive con bastante más comodidad que la que permitiría organizar la remuneración que le asigna el Partido Nacionalista: S/. 6 mil al mes. Por cierto, en este asunto hay una paradoja alarmante. Espero que nadie se ofenda, pero ni una Primera Dama, sin un Alto Magistrado de la Nación ni el jefe de un Partido Político podrían sostener el perfil de actividades e imagen personal que les corresponde desarrollar con una remuneración de esas dimensiones. Sería perfectamente natural entonces que la Primera Dama o la Presidenta del Partido en el gobierno gane bastante más de US$ 2 mil al mes. Y aunque pueda parecer frívolo, me parece absolutamente adecuado que un personaje público como la señora Heredia use accesorios de marca y proyecte una imagen apropiada a los ambientes en que debe moverse. Claro, la Primera Dama en zapatos Ferragamo no es más la bucólica jovencita de jeans y polo de las campañas presidenciales. Pero ese es un problema de imagen y de mensajes políticos. La cuestión es que no parece tener sentido que se pretenda, por un lado, mantener la imagen que concede una remuneración conservadora y por el otro que se asuma una imagen estéticamente adecuada pero evidentemente refinada en gustos que revela el acceso a fondos que sería mas elegante declarar como ingresos propios. La paradoja, por cierto, sólo se resuelve asumiendo las consecuencias tributarias que este desorden genera. Y por cierto, haciéndose cargo de las consecuencias institucionales de un error que proviene de la escasa consolidación que tienen entre nosotros, por desgracia, las buenas prácticas políticas.

3. El financiamiento de la actividad política, en nuestro medio, se mueve en una bruma del más absoluto desorden. Alguna vez conversé con una persona que había intervenido en campañas políticas y que tuvo el desenfado de comentar que el asunto era un excelente negocio: Los fondos para campaña, me dijo, suelen circular en efectivo, de modo que nadie se molesta si los organizadores reservan algo para sí. De hecho, a los organizadores no se les paga formalmente aunque se dediquen a la campaña a tiempo completo. Este esquema que espero sólo describa lo que ocurre en organizaciones de menor nivel, espero que no sea general, supone que el apoderamiento de fondos es una forma de remuneración y supone además lícito proceder sin hacer ninguna declaración en absoluto. Descritas las cosas de este modo, el financiamiento se parece más a los sobornos que a una forma institucionalmente estable de sostenimiento de la actividad política. La matriz entonces (fondos en efectivo sin rendición de cuentas y con tolerancia al apoderamiento individual) es fuertemente corrupta. Y espero firmemente que no sea sostenible en el tiempo. No existe ninguna razón por la cual el financiamiento de actividades políticas no pueda basarse en donaciones formales, susceptibles incluso de descuentos en impuestos, intermediadas por fundaciones que concentren el deber y la responsabilidad de aseguraron que estas actividades no se están empleando para lavar fondos de origen ilegal. Tampoco veo que esta razón alguna que impida que estas fundaciones se encarguen de las remuneraciones de los profesionales de la política mediante esquemas por cierto semejantes a los que mantienen las ONGs desde hace años: Proyectos, actividades docentes, actividades propiamente partidarias son asuntos que requieren dedicación a tiempo completo y por cierto retribuciones razonables. Las normas sobre secreto tributario deberían proteger las remuneraciones de los políticos profesionales, pero a cambio de eso la SUNAT debería controlar el funcionamiento del sistema. La actividad política se organiza como un mercado imperfecto, en la medida en que está basado en subvenciones. Pero en esto no ya nada distinto a lo que ocurre en la actividad humanitaria y social también o en la investigación universitaria.

La crisis que ha provocado el caso Heredia debería entonces servirnos al menos para racionalizar la dimensión económica del sistema político.

4. Las cosas sin embargo podrían mostrarse distintas según lo que la Fiscalía encuentre en sus investigaciones sobre el caso Belaúnde Lossio. La manera explosiva en que Belaúnde Lossio pasó de ser sólo un hombre del entorno del candidato a convertirse en un broker de contratos públicos; su presencia simultánea en Ancash, Chiclayo, Madre de Dios y Cuzco y la probable secuela de casos de fraude al fisco que parecen estar asociados a los proyectos en que estuvo involucrado, unidos a ciertos rasgos comunes que parecen mostrar los casos de desfalco en gobiernos regionales y locales detectados hasta ahora, justifican sospechar (pero ésta aún es sólo una sospecha) que Belaunde Lossio podría ser la bisagra visible de un complejo plan orquestado para un desfalco de dimensiones importantes. La Fiscalía y el Congreso están investigado esta historia, aún incompleta, con un nivel de profesionalismo y seriedad que debe alabarse. En su día, tal vez será necesario que el Informe que está preparando el Congreso se mantenga en reserva hasta que la Fiscalía tenga un caso completo ya organizado que presentar a los tribunales. Pero si las sospechas se confirman (espero sinceramente que esto no ocurra) las dos cuestiones finales que habrá que establecer son (1) Cómo se lavaron los fondos recaudados en ese (por ahora hipotético) esquema de acumulación de fondos basados en sobornos y (2) Si todo o parte de ese (aún supuesto) fondo fue concebido o empleado como fuente de financiamiento de alguna organización política o de algún agrupación de algún tipo en particular o si fue pura y simplemente el resultado de un negocio privado ilegal. Insisto en dejar en claro mi más profundo deseo de que las investigaciones confirmen que Belaúnde Lossio no es lo que parece y que la historia no corresponde a ninguna de nuestras sospechas. Pero mis esperanzas no me impiden observar la gravedad del asunto que tenemos entre manos.

5. La bruma, lo he dicho ya en otra parte, ha poblado la historia del caso Heredia de sospechas que se han acumulado y se han vuelto serias incluso antes de estar confirmadas. Sigo creyendo que la bruma sólo será despejada cuando tengamos ante nosotros todas las explicaciones que esta historia evidentemente exige.


En la revista Ideele N° 250