La agenda de temas legales tiene distractores y tiene asuntos en cuya atención debemos enfocarnos. Entre los distractores está ese pésimo proyecto de ley presentado esta vez por AP para acumular dos asuntos que están destinados al irremediable naufragio: nuestro retiro del sistema interamericano de DDHH y la restauración de la pena de muerte. Ni el fujimorismo en su mejor momento pudo hacer realidad estas ideaciones. No veo que las cosas sean distintas ahora, aunque en el absurdo este Congreso siempre parece capaz de sorprendernos.
Los asuntos que no deben descuidarse están al otro lado de la agenda. Quiero referirme ahora al caso del magistrado Salas Arenas. El presidente de nuestro Jurado Nacional de Elecciones ha tenido que pedir protección al sistema interamericano de DDHH; el mismo del que nos quiere apartar AP. La pidió originalmente después de las elecciones del 21, cuando la necia insistencia en el falso caso del fraude en mesa lo eligió como principal víctima propiciatoria de su fracaso. La ha vuelto a pedir ahora, porque el resto de autoridades del Estado parece decidido a ignorar que hay más de un grupo de acosadores permanentes atacándolo y amenazándolo sin pausa.
Evidencia que avergüenza: un alto magistrado de la república tiene que pedir protección en el exterior porque en el país lo mantenemos expuesto a las amenazas que padece. Me cuesta imaginar una mejor manera de probar cuánto necesitamos la jurisdicción de la Corte IDH. Las autoridades que hicieron un esfuerzo de indiscutible precisión para organizar el caso Castillo; las autoridades del país que vencieron al terrorismo, ellas mismas, parecen no tener interés alguno en proteger al principal magistrado de nuestro sistema electoral. No parecen tampoco estar interesadas en neutralizar las campañas públicas de acoso que la autodenominada ‘La Resistencia’ o sus satélites han desplegado con el evidente propósito de hostigarlo hasta el hartazgo.
En el país que mantiene en cuestión que la protesta sea un derecho, el acoso político se tolera con abrumadora indiferencia.
Me pregunto quién se hará responsable de lo que ocurra cuando los niveles de violencia que ya muestran los despliegues ‘La Resistencia’ y afines se descarrilen del todo. La cuestión es simple: toda organización genera disputas internas por el control y el liderazgo del colectivo que integra. En una organización violenta, la disputa se convierte fácilmente en una competencia por exhibir distintos niveles de agresividad. Las armas, las golpizas y el asesinato terminan usándose en estos contextos para posicionar a quienes son capaces de mostrar mayores niveles de crueldad.
Quienes les financian y quienes alimentan su rabia están jugando con fuego. Están ignorando hasta qué punto la adicción a la violencia termina inevitablemente escapándose de cualquier control.
El magistrado Salas Arenas es una persona de carne y hueso. Tiene una familia y tiene una historia de vida que merece contar. Protegerle equivale a proteger a una persona y a proteger una institución. El JNE es la entidad que gestiona la justicia en el sistema en que votamos. Es el tribunal del sistema político y del de elecciones. Nos guste o no la forma en que decide; tengamos la discrepancia que tengamos con el resultado de algún caso en particular, necesitamos su independencia.
El sistema político se nos ha salido de control. Abandonar al tribunal que lo regula a su suerte es la peor manera imaginable de abandonar todo intento por tener un sistema de elecciones y representación política mínimamente confiable.
Me vienen a la mente los nombres de muchas personas acosadas por ‘La Resistencia’ o afines. También por ellos y por ellas este acoso debe terminar ya.
