lunes, 26 de diciembre de 2016

Los socios clandestinos



EL PAGO DE SOBORNOS DE ODEBRECHT EN EL PERÚ
Los socios clandestinos

Las personas que reciben la confianza de otro para cuidar su patrimonio adquieren al mismo tiempo el deber de mantenerse leales a quien los nombra y revelarle todo conflicto de intereses del que puedan ser portadores. La corrupción comienza cuando quien recibió un encargo como este oculta vínculos de interés antagónicos, y se consolida cuando los hace prevalecer sobre lo que debe custodiar, sin importarle las consecuencias.
El soborno es el pago que se obtiene por violar los deberes derivados de esta confianza en casos específicos. En el derecho comparado, quien procede de esta forma puede ser sancionado como autor de un delito, sea que actúe en el ámbito privado o en el público. En nuestro caso, por razones históricas y no teóricas, solo castigamos los sobornos que cobran los segundos. Ya entenderemos que eso es un error y que también puede sobornarse a un empresario o a un curador. 
Pero ahora quiero llamar la atención sobre otro aspecto: recortar la sanción a funcionarios en ejercicio –o al menos elegidos– genera limitaciones absurdas. Para eludir la regla basta con reclutar al objetivo antes que sea elegido para el cargo, cuando aún no ‘es’ funcionario o autoridad electa. Y para esto, por cierto, la falta de control que mantenemos sobre el financiamiento de campañas políticas (que no han sido puestas al alcance del radar de la UIF ni siquiera con la última reforma) ofrece un enorme punto ciego de acción libre y clandestina, fácil de explotar.
El soborno, usualmente, es un pago por servicios ilegales específicos prestados por quien se corrompe. Pero es sencillo remplazar el soborno convencional por una participación en las ganancias esperadas en el negocio que se pone en marcha. El personaje que así se recluta puede percibir estos fondos, al menos en parte, antes de ser elegido (aunque con esto se asume el riesgo que resultaría de una derrota electoral). Puede, asimismo, comprometerse sin especificar los actos en concreto en los que deberá intervenir. Entonces, deja de ser un simple prestador de servicios específicos para convertirse en un socio clandestino de la empresa.   
Una cosa es ser sobornado por una violación específica a los deberes del cargo que se ejerce y otra, mucho más grave y compleja, es convertirse en socio clandestino de un negocio definido sobre fundamentos corruptos para participar en sus ganancias.
Propongo introducir estos matices en las construcciones que empleamos usualmente para estos casos, porque las cifras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha difundido no corresponden, desde mi punto de vista, a una historia sobre sobornos convencionales. Indican que Odebrecht podría haber reclutado como socios clandestinos a personajes de la política calculando cuotas encubiertas que los comprometieron con los resultados de proyectos y no solo con servicios particulares o prestaciones concretas.   
Quiero explicarme. La facturación anual de Odebrecht en el Perú alcanzaba los US$1.000 millones anuales hacia el 2012. De acuerdo al Departamento de Estado estadounidense, las ganancias obtenidas entre el 2005 y el 2014 habrían alcanzado los US$143 millones. Los US$29 millones destinados a corromper funcionarios en el país sugieren una cuota de inversión equivalente a poco más del 20% de las ganancias del período. Entonces, el tamaño de la cuota no parece relacionado con el precio de servicios ilegales específicos recibidos, sino con el resultado del negocio. Y esto convierte a quienes hayan recibido estas ganancias (al menos las cuotas más importantes) en socios clandestinos, no solo en vendedores de servicios específicos.
El socio clandestino puede ser reclutado antes de asumir el cargo. Adquiere una posición de interés que no revela y que oculta deliberadamente durante el tiempo en que ejerce funciones. Pero además presta su influencia en situaciones imposibles de relacionar con los fondos que ha percibido. Esto impide usar las reglas del cohecho, tal como están definidas, para sancionarlo. Pero no impide hacerlo por haber alterado la verdad en sus declaraciones tributarias y electorales, y por lavar las ganancias que obtuvo. Tampoco impide inhabilitarlo políticamente por haber escondido una situación objetiva de conflicto de intereses que traiciona la confianza depositada cuando se le encomendó el cargo.
En general, US$778 millones distribuidos clandestinamente en 12 países ponen en evidencia el despliegue de una maquinaria de lavado de ganancias sin precedentes en el hemisferio. El negocio perverso, cegado por su propio éxito temporal, ha estallado. Ahora nos queda ver cómo hace añicos los cuadros de alianzas temporales que constituyó.
Publicado en El Comercio el lunes 26 de diciembre de 2016

domingo, 25 de diciembre de 2016

Entrevistas sobre el caso Lava Jato




El caso Lava Jato en Perú empieza a consolidarse con el reconocimiento del pago de sobornos por US$29 millones de parte de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios de alto nivel. El ex procurador César Azabache analiza la situación y plantea algunas medidas de urgencia que deben realizar las autoridades peruanas.

Tras el escándalo de Odebrecht, la Fiscalía ha dado a conocer una serie de diligencias que está adoptando…El Estado debe tomar acciones inmediatas, no necesariamente penales pero sí estrictamente civiles para asegurar los montos involucrados en esos actos de corrupción.

¿A qué se refiere?El Estado peruano debe asegurar la indemnización que debe recibir y la recuperación de los US$29 millones que están inmersos en prácticas de corrupción. Los sobornos tienen que ser devueltos al Perú.

En la práctica pareciera una diligencia inmediata, pero a veces en la teoría la figura se complica…Lo único necesario es saber cuáles son las cuentas que el Estado tiene en este momento con los consorcios de Odebrecht, qué ha formado, auspiciado o promovido, de manera que esos saldos por pagar puedan ser intervenidos sin necesidad de esperar a acopiar el conjunto de información que tiene que llegar, o los fiscales obtener, de las autoridades americanas y brasileras.

¿No cree que se tiene que cumplir con una serie de procedimientos? ¿La Fiscalía pedirá información a EE.UU. sobre el mencionado caso?Hay que asegurar la reparación patrimonial antes de que la información de EE.UU. y Brasil llegue. Los procedimientos en el Perú no se van a cerrar mientras toda la información sea recibida, pero no veo razones para que tengamos que esperar a que la información de los mencionados países llegue al país, entre 6 y 8 meses más para empezar a realizar las cosas básicas porque ya hay un reconocimiento muy claro.

Odebrecht se ha comprometido a colaborar con las pesquisas…Se debe aprovechar ese compromiso de la empresa en cuestión para obtener información. Tiene que haber un reconocimiento público de Odebrecht y eso tiene que traducirse en una revelación de información sobre los detalles de pagos que se han hecho y de las personas que han recibido.

Una información relevante…Se obtendría un material fuerte para poder realizar una segunda ronda de declaraciones y seguir con el interrogatorio. Todas las personas involucradas en el asunto y si es que no están involucradas que digan cómo pudo ocurrir sin que se dieran cuenta.

El ex fiscal Avelino Guillén considera que los US$29 millones no serían la única coima que se pagó a funcionarios peruanos…Probablemente ese monto no es la única cantidad. Hay indicios de que la suma es superior. Se tiene que seguir investigando.
La Fiscalía no ha descartado citar a los ex presidentes Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo… 
Sin duda, hay una serie de personajes que tendrán que ser citados en la Fiscalía a consecuencia de estas revelaciones pero, por ahora, lo más inteligente es recopilar información y sobre base la base de ello empezar con el interrogatorio.

Ninguno de los ex mandatarios asume algún tipo de responsabilidad…Las declaraciones de las autoridades de más alto nivel serán necesarias porque se requiere el detalle de la información. Deben colaborar con la investigación no solo los ex presidentes sino también ex funcionarios y trabajadores de Odebrecht para que se pueda contrastar la información y seguir con las indagaciones.

El procurador anticorrupción, Amado Enco, considera que se deben suspender los proyectos de Odebrecht. ¿Qué opina al respecto?¿Para qué? Lo que se tiene que hacer es recuperar los US$29 millones y no paralizar las obras públicas. Al final, los precios se pueden reajustar y favorecer al Estado, debido a los actos de corrupción que se han suscitado.

Pero, ¿considera que una empresa que ha cometido presuntos actos de corrupción deba seguir operando…?El patrón de corrupción que se está revelando no es uno en el que Odebrecht haya vendido al Estado proyectos basura o activos chatarra a cambio de sobreprecios. Este es un esquema sumamente complejo en el que hay obras públicas útiles en marcha a las que, adicionalmente, les ha rondado un esquema de corrupción que alteró sus precios.

Algunas autoridades han cuestionado el papel de la Fiscalía porque consideran que actúa con lentitud…En lo absoluto. La dinámica en el Perú es distinta a la del extranjero. No se puede comparar. Este no es un caso en que se puedan hacer deducciones mecánicas. Las evidencias sobre sobornos no se encuentran en los contratos. Los sobornos se pagan por fuera.

El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, y Guillén consideran que el Congreso debe abstenerse de investigar el caso Lava Jato para no politizarlo…A veces las investigaciones del Congreso dan pocos resultados; hay que pedirles que no interfieran en la investigación del Ministerio Público.


Publicado en Perú21 el domingo 25 de diciembre de 2016



Entrevista en Canal N con Jaime de Althaus *


26 de diciembre de 2016

* En el minuto 6:52 dice "413 millones de dólares", debe decir "143 millones de dólares"

lunes, 28 de noviembre de 2016

El retorno



LA INVESTIGACIÓN A NADINE HEREDIA Y LA ORDEN PARA QUE REGRESE AL PAÍS




Entrevista telefónica con Jaime Chincha del 25 de Noviembre de 2016



Entrevista en Primer Plano de Willax.tv del 28 de Noviembre de 2016




El retorno


La semana pasada la señora Nadine Heredia viajó a Ginebra sin anunciar fecha de retorno. Su viaje creó un clima altamente sugestivo, ambiguo al extremo y desafiante en varios aspectos. Viajó cómodamente, después de que las autoridades locales levantaron las restricciones que le impedían salir del país. El destino elegido fue Ginebra, no un lugar remoto o inaccesible. Y la razón, un contrato de trabajo con una entidad irreprochable como la FAO. Además, el viaje fue convenientemente rodeado de un silencio sin precedentes en quien siempre ha sido activa en redes. Se produjo pocos días después de que el juez Richard Concepción impusiera reglas de conducta a su esposo, el ex presidente Ollanta Humala. Y estuvo acompañado de suficientes filtraciones para justificar cualquier sospecha y gatillar, como gatilló, un escándalo explosivo, sonoro, lleno de protestas.
Indignación comprensible, desde varios puntos de vista. Pero probablemente inapropiada. En todo caso, debimos reaccionar hace unas semanas, cuando las autoridades dejaron caducar las restricciones que impedían viajar al personaje principal de esta historia. Con ocasión al viaje, la defensa pidió, sugestivamente, que se delegara la vigilancia sobre la señora Heredia al consulado en Ginebra. Y la fiscalía pidió su detención. En el medio exacto, el juez Concepción rechazó ambos pedidos y ordenó que la señora Heredia regrese en diez días. Si lo que tanto nos indignó fue que viajara, entonces lo razonable era ordenar su retorno. Y esto se ha hecho. Cualquier observador imparcial, ajeno a las particularidades emocionales de nuestra comunidad, habría encontrado absurdo que se ordene algo distinto. 
Al final, estupendo ejercicio de equilibrio. Pero aún falta resolver un detalle. 
La orden de retorno al país quedaría  vacía de todo contenido si la fiscalía no hace pronto un cambio en sus planes. El fiscal Germán Juárez Atoche debe demostrar ahora que la presencia de Heredia es necesaria en Lima al extremo que su vigilancia no puede ser delegada a Ginebra. Hasta ahora, la fiscalía había relajado los controles sobre la señora Heredia en un aparente intento por obtener más tiempo para desarrollar la segunda parte de su investigación, que comenzó con la inclusión al procedimiento del ex presidente Humala. 
Expliquémonos: aunque no haya una regla legal que lo determine, cada orden de prisión y cada impedimento de salida tienen un efecto innegable sobre el tiempo del que dispone un fiscal para terminar una investigación. Para decirlo en una frase: “Los plazos son siempre más flexibles si nadie está en prisión”. Un caso legal es también un ejercicio de manejo del tiempo. Y si necesitamos un ejemplo de lo que ocurre cuando se pierde esto de vista, observemos el caso de Gregorio Santos, liberado justo antes del juicio. Relajar las limitaciones impuestas a la señora Heredia para imponer nuevas al ex presidente Humala equivalía a anunciar un cambio temporal en el foco de atención de la investigación. Además concedía a la fiscalía una patente para tomarse algo más de tiempo antes de terminar las pesquisas. 
Ahora, con la orden de retorno ya librada, la fiscalía va a tener que recortar sus propios plazos, lanzar un nuevo rol de diligencias que vuelvan a poner la atención sobre la señora Heredia y anunciar públicamente cuándo espera estar lista para presentar acusación. 
Queda por resolver la cuestión de la FAO. La orden impartida el viernes 25 no implica que la señora Heredia deba renunciar a su nuevo puesto. Será incómodo instalarse en una posición como esta y tener que viajar continuamente a Lima. Pero este es un riesgo que ella y la FAO han asumido. Falta todavía ver cómo reaccionará la FAO a una acusación cuya preparación debe ser anunciada pronto. Y falta ver cómo reacciona si la señora Heredia, tomando la posta de las reacciones impulsivas, comete el enorme error de comenzar en el cargo desacatando una orden emitida por un juzgado que apenas ha dispuesto que se presente ante las autoridades en Lima, donde residía y era investigada antes de ser contratada. 
¿Volverá la señora Heredia? No creo que nadie en su sano juicio en el exterior le ofrezca protección diplomática solo porque las autoridades que la investigan le ordenan presentarse ante ellas. Menos si se obtienen nuevas evidencias.
Pero esperemos al siguiente movimiento de esta partida.
Publicado en el Comercio el lunes 28 de Noviembre de 2016

domingo, 27 de noviembre de 2016

Seguridad y Poder Judicial



Seguridad y Poder Judicial

Cualquier revisión de datos sobre los recursos de los que disponen la policía y el INPE pone en evidencia que el sector reúne todos los elementos necesarios para ser considerado en emergencia. Pero estas líneas no buscan insistir en las razones por las que estamos en una situación semejante a una bancarrota. Estas líneas quieren que revisemos el modo en que organizamos la mesa que debe resolver estos problemas.

Los acuerdos sobre metas e inversión que es preciso adoptar en en este sector los deben tomar la Fiscalía de la Nación y los ministerios de Economía, Interior y Justicia. No encuentro asiento en esa mesa para el Poder Judicial. Al Poder Judicial no le toca intervenir en discusiones sobre políticas públicas de este tipo, ni siquiera en situaciones de emergencia. 

La Constitución requiere mantener la imparcialidad de los tribunales. Un tribunal deja de ser imparcial cuando se involucra cuando se involucra en las decisiones de planeamiento de otros órganos del Estado, si se compromete con metas -como elevar el promedio de detenidos que llegan a prisión- o prioriza el uso de las cárceles para delitos violentos. En un sistema que busca equilibrio, al Poder Judicial no le toca esto. Le toca fijar contrapesos a la acción pública, que es exactamente lo contrario. 

Los contrapesos judiciales funcionan limitando la actividad de las demás agencias públicas, fiscalías incluidas, caso por caso y conforme a reglas legales y constitucionales. Entonces la fiscalía y la policía pueden estar de acuerdo en desactivar los planes de toma violenta de carreteras antes que se ejecuten. Sobre esta base pueden definir planes de acción basados en casos legales. Si esto ocurre, los jueces deberán establecer, caso por caso, si las solicitudes que la fiscalía presente están suficientemente claras o no. Si no lo están, los jueces deben rechazar el pedido, aunque no nos guste. 

La cuestión consiste en impedir que los tribunales se conviertan en factores que multipliquen interferencias arbitrarias, burocráticas o incluso perversas. 

Este riesgo se previene convirtiendo a los jueces en magistrados visibles para la comunidad. Sólo la visibilidad puede reforzar la responsabilidad de los magistrados hasta el punto de prevenir decisiones absurdas, arbitrarias o caprichosas. Al mismo tiempo, la visibilidad puede reforzar la legitimidad de los magistrados hasta hacerla resistente a las críticas que origina toda decisión impopular. 

La visibilidad se obtiene: 1) municipalizando los juzgados, 2) haciendo accesibles a la comunidad todas las decisiones de jueces y tribunales, 3) concentrando los casos más graves en un solo distrito nacional y 4) limitando la cantidad de casos que debe recibir cada juzgado, cada tribunal y cada sala de la Corte Suprema. 

La meta urgente, entonces, es impregnar el sistema judicial de visibilidad. 

Publicado en Semana Económica el 27 de Noviembre de 2016 

jueves, 27 de octubre de 2016

Integridad


Más comentarios sobre la Comisión de Integridad.

Entrevista del 26 de octubre en la Hora N con Jaime de Althaus


miércoles, 26 de octubre de 2016

Integridad


Comentarios sobre la Comisión Presidencial de Integridad.


Entrevista del 25 de octubre en Edición Tarde de RPP Noticias


Entrevista del 25 de octubre en Primer Plano de Wilax TV


lunes, 24 de octubre de 2016

Integridad



LA LUCHA CONTRA EL SOBORNO

Integridad



El lanzamiento de la Comisión Presidencial de Integridad debe marcar un punto de no retorno en esta eterna lucha desarticulada –o a veces solo aparente– que mantenemos contra una corrupción que parece entrenada para corroernos inevitablemente. 
¿Qué aporta una comisión? Nada si solo se dedica a hacer estudios y diagnósticos o a consolidar las innumerables listas de planes y acciones acumuladas en los 16 años que han pasado desde que se lanzó la primera consigna anticorrupción, uno de los tantos ideales de la transición que no cuajaron en resultados sostenibles. Y mucho si en lugar de repetir experiencias fallidas, se encarga de generar una serie de pactos efectivos de contención de prácticas corruptas en cada sector de la actividad social y económica de nuestra comunidad.
¿Cuándo un pacto es efectivo? Cuando no se agota en declaraciones de principios y se proyecta hasta la implantación de mecanismos capaces de generar resultados susceptibles de medición. 
Necesitamos un pacto que justifique una renuncia colectiva a la protección extrema del secreto bancario. Un pacto que convierta en indebida la colecta de fondos no controlados con ocasión de las campañas políticas y que transparente las condiciones en que se concursan y ganan las licencias para obras públicas. Un pacto que resuelva el problema de las remuneraciones de la policía y elimine las sombras de sospecha que permanentemente se tejen sobre la manera en que esta interviene en casos legales.
Pero también necesitamos un pacto que establezca límites a la acción de los lobbies y a la gestión de intereses privados de las firmas legales. Un pacto que fije reglas claras que concentren la actividad de las agencias de investigación estatal de actos de corrupción en problemas reales (y no aparentes o solo sugestivos). Y necesitamos, por supuesto, un pacto que incremente visiblemente el margen de respaldo a iniciativas como el reforzamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, la extensión de los impedimentos para que personas condenadas por delitos dolosos graves no puedan volver a ejercer funciones públicas y la eliminación de límites como la prescripción para casos de sobornos y otros semejantes. 
Dentro de esta larga lista, desde mi punto de vista, el acuerdo más importante debe ser un pacto dirigido a impedir el pago impune de sobornos. El soborno es el núcleo esencial de la corrupción, su expresión más intensa, el modelo básico de lo prohibido. Pero si revisamos las principales estadísticas de nuestro sistema, notaremos que estamos más preocupados por investigar contratos públicos (sin duda un objetivo importante) que en investigar los sobornos que pueden esconderse detrás de ellos. Y esto crea una distorsión. Es como si, siendo el primer país exportador de cocaína, nos preocupáramos solo por los insumos (actividad sin duda importante) y no por el tráfico en sí mismo.
¿Qué tan difícil puede ser ponernos de acuerdo en financiar el equipamiento de una nueva policía anticorrupción y las ya existentes fiscalías anticorrupción de manera que puedan reaccionar inmediatamente ante casos de soborno como reaccionan la policía y la fiscalía antidrogas ante los actos de tráfico de estupefacientes? ¿Hemos notado que las fiscalías antidrogas pierden menos casos que las fiscalías anticorrupción? ¿No será porque las primeras tienen más recursos para intervenir en casos flagrantes que las segundas?
Pero claro, a una comisión como la de Integridad no le toca establecer los detalles con los que debería reorganizarse la política de persecución de delitos de corrupción. Para eso está el Ministerio Público, y su conducción está en uno de los mejores momentos, de modo que hacer virar el centro de atención del sistema no debería ser un problema. 
Lo que toca a la comisión es fijar las bases del acuerdo colectivo que debe sostener los objetivos y el volumen de asignación de recursos que un esfuerzo como este supone. 
La cuestión sobre los sobornos constituye una llave fuerte para dar un golpe de timón a la conducción del sistema. Encuentro en esto un factor más intenso y más útil que la propia concentración de las procuradurías en un solo organismo (idea, por cierto, nada mala). En este momento necesitamos ideas claras y sencillas. Concentrarnos en un foco visible de tráfico ilegal como son los sobornos me parece todavía más importante que otras cosas también importantes, como esperar que la contraloría multiplique sus revisiones sobre contratos públicos ya firmados.
Debemos grabar en piedra una idea eje: El soborno está verdaderamente prohibido. Sobornar debe tener consecuencias prácticas claras, concluyentes e ineludibles. Nos toca construirlas.

Publicado en el Comercio el lunes 24 de Octubre de 2016

miércoles, 28 de septiembre de 2016

Pizango




-¿Por qué considera errónea a la sentencia que absuelve a 52 nativos que participaron en el ‘Baguazo’ de 2009, donde murieron 12 efectivos policiales?
Los sucesos de violencia del ‘Ba­guazo’ tienen dos eventos sucesi­vos. El enfrentamiento en la Curva del Diablo, donde murieron 12 po­licías, y el secuestro y asesinato de otros nueve policías en la Estación 6 del oleoducto en Imacita, más un policía desaparecido. Sobre este segundo suceso se lo descri­be como una suerte de represalia ante el modo en que se abordó el incidente de la Curva del Diablo. Pero lo real es que ambos sucesos producen muertes en las fuerzas de seguridad en su intento de recuperar el orden. Más allá del juicio que se pueda hacer sobre la falta de trabajo de inteligencia en la reacción del Estado, hay 12 poli­cías muertos en la Curva del Dia­blo, y nueve policías secuestrados y asesinados, más un desapareci­do en la citada Estación 6.
-¿Considera que este secuestro y posterior muerte de nueve po­licías no ha sido visto con minu­ciosidad por la justicia?
Este segundo evento –en la esta­ción 6– impregna de sentido toda la historia en el modo en que se organizó la movilización y la can­tidad de violencia que se introdujo y se desplegó. En el repaso de la cronología de movilizaciones en la zona se observa incluso la uti­lización del secuestro como una constante. Esa variable no puede ser desconocida y la sentencia del 22 de septiembre la descono­ce. Hay un solo fragmento de las 400 páginas en que la sentencia menciona ligeramente que hay incidentes donde habrían muer­to varios policías, pero no regis­tra ni precisa cuántos y lo pone en supuesto o en condicional. Dice: en circunstancias “no esclarecidas”. Este es el evento que la sentencia pasa por alto como si fuera poco rele­vante, sin embargo es central.
-¿Qué es lo que más le parece inaceptable en este fallo?
La investigación ha tomado dos años, y en los dos años de debate se refleja claramente que no se puso ninguna atención a un even­to que, independien­temente de ser in­aceptable, se le señala en condicional como un supuesto, cuando es un hecho real sumamente violento. Pues se trata de nueve policías secuestrados y luego asesinados. La sentencia deja en claro que los organizadores de la movilización no tuvieron intención de evitar muertes y da a entender que los secuestros a trabajadores y fun­cionarios públicos son actos de protesta legítimos.
-¿Cómo ve la absolución de los 52 nativos? ¿Le parece justa la sentencia?
Hay que ver la revisión de este tema en dos partes. La parte de los homicidios, de modo que el despliegue de toda esta violencia marca el sentido con el que se organizó el even­to, y el tipo de responsabilidad que se debe exigir a quie­nes lo organiza­ron. Veo claro que intervenir en la movilización en la Curva del Diablo, por sí mismo, hace a una persona responsable de toda la gravedad de los suce­sos, desde el hecho de movilizar­se sobre una vía pública. Es muy probable que no sea injusta la ab­solución de los 52 nativos, pero la absolución de los dirigentes que estuvieron en ese grupo disperso es imperdonable.
-¿Cree que la actuación del señor Pizango como azuzador no tiene justificación para haber sido ab­suelto?
Lamento decirlo, pero no cabe justificación. Es más, en estas condiciones el señor Pizango y los demás dirigentes llevados a juicio debieron ser condenados. En un caso de este tipo, la única forma de organizar un evento violento y ser absuelto, es decir, no merecer ninguna condena por ello, supone un expediente muy complejo. Su­pone a un dirigente que organiza una movilización que, al mismo tiempo, adopta dispositivos ex­presos, objetivos, reconocibles como para contener la cantidad de violencia que se despliega. Un dirigente que convoca a una mo­vilización y advierte a los organi­zadores, a los asistentes y demás que no deben tener armas punzo­cortantes ni armas de fuego, sino que la movilización debe ser pací­fica... Pero invadir vías públicas y mucho más es de por sí un delito y fue lo que sucedió.
Culturalismos que no vienen al caso
“Es difícil entender que –sobre todo en un caso que trata sobre homici­dios– no se visibilicen los asesinatos de la Estación 6 del oleoducto de Imacita en Bagua; y que una senten­cia que discute una acusación tan seria como esta tenga casi la mitad del texto de las casi 400 páginas, meras reflexiones culturalistas so­bre los derechos de los pueblos in­dígenas, cuando este es un caso de homicidio. No es pues de variables culturales ni antropológicas”, reite­ra Azabache.
Publicado en Expreso el miércoles 28 de setiembre de 2016

lunes, 26 de septiembre de 2016

No, señor Pizango



LA SENTENCIA QUE ABSOLVIÓ A LOS PROCESADOS EN EL CASO CURVA DEL DIABLO EN BAGUA

No, señor Pizango


No puedo entender cómo más de 40 años después de los debates sobre la masacre del fundo Huayanay y 35 años después de la masacre de Accomarca, todavía podemos equivocarnos tanto. 
Para comenzar no tiene sentido haber acumulado cargos contra 53 personas, muchas elegidas casi al azar, para llevarlas a juicio a la vez, como una muchedumbre no delimitada con precisión. Tampoco tiene sentido que el juicio se haya concentrado en la toma violenta de la carretera Fernando Belaunde, en el tramo denominado Curva del Diablo, que produjo la muerte de 12 policías, y que al mismo tiempo se haya hecho invisible el asesinato de otros nueve policías secuestrados en la estación 6 del oleoducto en Imacita. Si el primer hecho es grave, el segundo es aberrante. No puedo entender cómo un juicio que tomó dos años no fue interrumpido en algún momento para revisar en detalle las circunstancias de esos asesinatos.
Los hechos sin duda están conectados. Aparentemente en el imaginario de los autores del segundo crimen, el asesinato de los policías secuestrados en Imacita era algo así como una represalia a la violencia (la real y la imaginaria) desplegada por las autoridades en la represión de la toma de la Curva del Diablo. No haber reparado en la manera en que este segundo crimen carga de sentido el caso por completo muestra hasta qué punto la sentencia difundida el jueves 22 yerra.
El asesinato de la estación 6 y las muertes en la Curva del Diablo son crímenes reprochables al menos por la enorme irresponsabilidad con que los organizadores de la movilización (el principal de ellos el señor Pizango) desplegaron y promovieron el uso de la violencia física directa como si fuera una forma de lenguaje social reivindicativo.
No lo es. La violencia física directa es sencillamente el fundamento de una larga lista de crímenes posibles, en este caso, cometidos. Desatarla promoviendo su uso multitudinario hace al organizador responsable. Y el tribunal ha pasado esta regla por alto, en medio de un texto cargado de un culturalismo totalmente fuera de lugar en un caso sobre homicidios. Quienes organizan un evento especialmente violento, por el solo hecho de organizarlo, son responsables de las consecuencias extremas que ocasionan, siempre que pueda demostrarse que eran previsibles y les fueron indiferentes. 
Cuando alguien lanza ácido o una roca sobre un campo vacío tiene la obligación de evitar que se ocasionen daños que no pueda controlar. Imaginen cuánta responsabilidad tiene si en el lugar en que lanza el ácido o la roca hay una escuela de niños, un hospital o una comisaría. Quien distribuye materiales de este tipo es tan responsable por las muertes que ocasiona como quienes lo emplean, incluso aunque estos últimos no puedan ser identificados personalmente. ¿Cuál es la diferencia si el organizador de movilizaciones masivas admite el secuestro como instrumento? 
La mezcla de los sucesos de la curva con los asesinatos ha hecho que todos, también el tribunal, pierdan de vista la especificidad de cada evento. No estamos hablando de un caso de muertes provocadas en un enfrentamiento. Se trata de asesinatos representados como una represalia y eso es enteramente distinto.
Pertenezcan a la comunidad intermedia a la que pertenezcan (el señor Pizango es un importante dirigente nativo) y hayan enfrentado el nivel de represión y abuso histórico que hayan enfrentado, quienes deciden organizar reacciones violentas a escala masiva son responsables por sus consecuencias, cualquiera que sea la entidad autora de los abusos que hayan padecido.
Cuando alguien organiza un despliegue de violencia como el que contienen los sucesos de junio del 2009 solo puede exonerarse de responsabilidad por las consecuencias si prueba, y sin duda le toca probar, que también desplegó esfuerzos serios y consistentes por imponer verdaderos límites a las personas que movilizó. Difícil cirugía, por cierto, desplegar violencia e intentar contenerla al mismo tiempo. Pero no es imposible. Sin embargo, no encuentro en la sentencia que la defensa del señor Pizango haya hecho el menor esfuerzo por probar que al organizar el evento se haya adoptado alguna previsión seria para impedir que la violencia se desborde. En estas condiciones, concluyo, el señor Pizango y los demás dirigentes llevados a juicio debieron ser condenados.

Publicado en El Comercio el lunes 26 de setiembre de 2016

lunes, 29 de agosto de 2016

La absolución de Fujimori

Entrevista del 24 de agosto en el programa No hay Derecho de Ideele Radio comentando el artículo "La absolución de Fujimori" sobre los antecedentes que explican la sentencia de la Corte Suprema a favor de Fujimori.








Publicado en Lampadia el miércoles 24 de agosto de 2016

martes, 23 de agosto de 2016

Escuadrones de la muerte

Entrevista del día de hoy en la Rotativa del Aire de RPP comentando el informe del grupo de trabajo del Ministerio del Interior sobre los escuadrones de la muerte.

Sobre la falsa prensa

Entrevista del 22 de agosto en la Hora N comentando junto a Carlos Caro la sentencia de la Corte Suprema en el caso contra Fujimori por el financiamiento de la prensa amarilla de finales de los años 90.



lunes, 22 de agosto de 2016

Escuadrones de la muerte



LAS PRESUNTAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES COMETIDAS POR MIEMBROS DE LA PNP

Escuadrones de la muerte


El ministro del Interior debe anunciar en cualquier momento las conclusiones del grupo de trabajo al que encargó estudiar las denuncias sobre ejecuciones sumarias atribuidas al supuesto escuadrón liderado por el comandante Prado Ravines. La cuestión es polémica porque los principales investigadores sobre hechos de violencia del medio están divididos acerca de la verosimilitud de cada uno de los casos que han sido puestos en discusión hasta el momento. Nuestro antecedente más reciente, el caso contra el coronel Elidio Espinoza y nueve agentes de policía por los sucesos de octubre del 2007 (Trujillo) concluyó con una absolución en julio del 2013. En enero del 2016 también fue absuelto el coronel Zamudio, principal acusado por las condiciones en que fue abatido el terrorista Cruz Sánchez en abril de 1997.

Los casos de este tipo no son sencillos. Dependen de cuestiones complejas sobre la credibilidad y suficiencia de evidencias, antecedentes y testimonios que a veces resultan incompletos, sesgados o simplemente ambiguos. La necesidad simultánea de asegurar el debido proceso a los acusados y de impedir la impunidad crea en estos casos situaciones de absoluta tensión que solo pueden ser resueltas mediante investigaciones profundas y juicios públicos desarrollados en condiciones especialmente equilibradas.

Las denuncias actuales sostienen que, en los últimos años, un escuadrón de agentes de la policía ha simulado enfrentamientos para encubrir la ejecución de personas a las que ha presentado públicamente como criminales peligrosos. Por cierto, la cuestión a resolver en dichas investigaciones no pasa por confirmar si la asignación de esta etiqueta a los objetivos de esas operaciones era adecuada o no. Calificar a alguien en concreto como un delincuente peligroso siempre es equívoco, pero es muchísimo más equívoco si es un destacamento clandestino el que se arroga la atribución de hacer la diferencia conforme a su propio criterio, sin ningún control institucional. 

Hay además denuncias que indican que algunos objetivos ni siquiera eran delincuentes conforme a los propios registros de inteligencia. Si esto se llegara a confirmar, la historia resultaría especialmente horrenda. Asesinar delincuentes peligrosos selectivamente es inaceptable. Pero elegir objetivos al azar, por capricho o por razones absolutamente subjetivas o arbitrarias para crear escenas absolutamente falsas de efectividad policial está más allá de lo imaginable.

Las investigaciones deberán establecer si los hechos denunciados se produjeron o no en el marco de verdaderos enfrentamientos o en el marco de verdaderas situaciones de peligro para víctimas concretas previamente identificadas. El uso de las armas de una unidad regular de la policía en situaciones de este tipo es absolutamente legítimo, sin necesidad de hacer ejercicios ilusorios como comparar la cantidad de armas que hay de un lado o del otro o tratar de adivinar quién podría haber disparado primero. Pero constituye un crimen proceder fuera de estas condiciones o simularlas para encubrir verdaderos asesinatos.

Además está prohibido hacer trampas. Son trampas las maniobras por las que se induce a alguien, criminal o no, a cometer un delito que no había planeado por sí mismo, solo para lograr que se coloque ante la mira de quien espera intervenirlo o ejecutarlo. También son trampas los engaños que pueden ser generados para hacer que un agente de policía proceda creyendo que está impidiendo un crimen cuando la información que ha recibido es falsa. Si las investigaciones producen informaciones que describan este tipo de hechos, entonces quizá no tengamos delante un verdadero escuadrón de la muerte, pero sí un equipo absolutamente perverso, capaz de manipular incluso a agentes de la policía para generar resultados falsos, y esto es igualmente inaceptable.

El país de este siglo no es el país de los años 80. Esta vez debemos tomar todas las previsiones posibles para impedir que la muerte innecesaria se convierta en un falso instrumento de seguridad. Protocolos tan simples como incluir en el atuendo de las unidades regulares de la policía brazaletes de ubicación y cámaras livianas, puede facilitar la separación de casos serios de infundados. Aún no sabemos si las denuncias son ciertas o no. Pero sabemos qué es lo que hay que impedir. 

Publicado en El Comercio el lunes 22 de agosto de 2016

lunes, 25 de julio de 2016

La suprema provisionalidad



LA NECESIDAD DE REAFIRMAR LA PRINCIPAL MAGISTRATURA DEL PAÍS

La suprema provisionalidad


Aprendí hace mucho que los problemas del Poder Judicial deben abordarse usando indicadores que describan el servicio que reciben las personas. Una lista corta incluye entre ellos la ubicación de los juzgados (que debería definirse desde los distritos, que es donde viven los usuarios del sistema), la visibilidad de los jueces (que deberían ser tan conocidos como los alcaldes distritales), la prontitud con que se castigan crímenes cotidianos (aquí vamos algo mejor); la conservación de niveles razonables de habitabilidad en las cárceles (aquí estamos desbordados) y la atención efectiva a las víctimas de toda forma de abuso (aquí la falla del sistema es clamorosa).
Estos son los asuntos que deben mantenerse en el primer lugar en la lista de prioridades de la política judicial. Pero no puedo dejar de notar que actualmente los temas que involucran el equilibrio entre poderes públicos, por más abstractos que parezcan, se convierten también en inaplazables. Con las distancias que separan al presidente electo de la mayoría en el Parlamento, estamos entrando al primer ciclo de divergencia entre el Ejecutivo y el Legislativo registrado en nuestra historia reciente. La tensión que anuncia esta situación tendrá que estabilizarse en algún momento, pero mientras se recomponen las cosas, las principales magistraturas de la República, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema (a falta de un Senado de urgente reinstalación), se convertirán, probablemente, en factores indispensables para equilibrar el sistema. 
Entonces, es urgente remover todos los obstáculos que puedan deteriorar el peso específico de ambas magistraturas. Como conjunto, el Tribunal Constitucional está en un muy buen momento. Su nueva conformación se ha presentado en el medio con una línea de jurisprudencia moderada, sólida y clara. La Corte Suprema, por su parte, ha alcanzado un nivel que la convierte, desde mi punto de vista, en la más sólida desde la transición de 1978. Pero su consolidación plena, imprescindible en el presente, requiere eliminar en ella un problema que a estas alturas resulta intolerable: la provisionalidad de parte de sus jueces.
Un juez debe estar en posición de resistir toda forma de interferencia. Un juez debe sostenerse a sí mismo como referente moral de la comunidad en la que actúa. Debe mantener el respeto de todos, incluso cuando adopta decisiones impopulares. Para lograr este nivel de resistencia, todo juez debe ser inamovible. La provisionalidad, que lo sujeta y hace depender de decisiones de terceros, constituye la negación de la independencia. La inamovilidad de los jueces, como la inmunidad de congresistas y diplomáticos, es la primera condición institucional para el adecuado desempeño de la judicatura.
A principios de este siglo creímos –y fue un error– que la Corte Suprema podía operar con 18 jueces. En los hechos, durante más de 15 años, hemos necesitado al menos 33. Varios de los 15 jueces que han completado la corte “provisionalmente” se han convertido ya en imprescindibles. Algunos tienen cerca o más de diez años en la misma posición, pero todavía tienen que confirmar todos los años si al siguiente seguirán teniendo asiento en sus salas. Esto es absurdo.
Toca hacer lo más sensato: ampliar el número de jueces de la corte y nombrar como miembros plenos a quienes prácticamente lo son de hecho.
No estamos en tiempos en los que quepa darnos el lujo de seguir horadando la solidez de una de las principales magistraturas del país. 
Publicado en El Comercio el lunes 25 de julio de 2016

jueves, 30 de junio de 2016

Proyecciones

Entrevista final en Ideele Radio sobre el caso de Nadine Heredia tras el impedimento de salida del país.



lunes, 27 de junio de 2016

Capítulo inicial




LA INVESTIGACIÓN A LA PAREJA PRESIDENCIAL



Capítulo inicial


Entre otras cosas, la fiscalía ha presentado un caso que muestra a la pareja Humala-Heredia introduciendo al sistema, a través de las elecciones del 2011, fondos de origen incierto de manera encubierta y en volúmenes alarmantes. Con esto basta y sobra para llevar el caso a juicio. Mentir a las autoridades electorales es suficientemente grave para sostener un caso penal. Más si el engaño parece dirigido a mantener en el anonimato a donantes inapropiados, entre ellos, aparentemente, empresas que contratan o contrataban con el Estado y que debían haberse mantenido al margen del proceso. 
Pero la opción por el encubrimiento es aun más grave si, como sostiene la fiscalía, el esquema fue organizado para mantener en las sombras la verdadera cantidad de dinero acopiada y permitir que se genere un fondo clandestino dirigido a sostener el estándar de vida de la pareja sin revelar al fisco la verdadera cantidad de ingresos que tenía a su disposición. Las diferencias entre las anotaciones de las agendas y los gastos electorales efectivamente declarados a la administración electoral abonan en esa dirección. La evidencia conduce entonces claramente a un fraude electoral por falsedad y a un fraude tributario por encubrimiento. Y esto basta para tener un caso grave, incluso aunque al cabo de los cuatro meses que durarán las restricciones impuestas hasta ahora no se complete el caso por lavado de activos. 
El caso por lavado requiere que la lista de aportantes incluya a “mafiosos a tiempo completo” o que se establezca con precisión una ruta específica de inversiones encubiertas organizadas para hacer rentables o mantener ocultos los fondos acopiados que han provocado esta investigación. Por cierto, un caso por lavado debería desembocar en la incautación de los saldos que se conserven sin gastar, pero para eso es preciso aún ubicarlos. En esta parte la historia parece estar todavía en reconstrucción y es probable que cuatro meses no sean suficientes para terminar de escribirla. Pero que queden aspectos pendientes no significa que el caso vaya a desmoronarse. La fiscalía tiene herramientas suficientes para “desenganchar” el caso de las incógnitas que no puedan despejarse cuando sea oportuno hacerlo. 
Especialmente las preguntas asociadas a la llamada “ruta de Venezuela” pueden contestarse luego, cuando las condiciones políticas en Caracas hagan posible establecer si el humalismo del 2006 se financió o no con base en un desfalco. Mientras, cuando concluyan los cuatro meses que siguen, será posible proseguir con lo que ya está probado sin necesidad de enredos innecesarios provocados por una sana pero poco productiva ambición por preparar el caso perfecto.
Si las comprensiblemente ambiciosas metas que se ha puesto la fiscalía no se alcanzaran en este período, nada impide que el caso se reorganice y algún tiempo después se regrese sobre los aspectos que puedan quedar incompletos en primer momento.
Es posible que un caso parcial, limitado a los cargos por defraudación tributaria y falsas declaraciones a la autoridad electoral, nos resulte insuficientemente para expresar el fastidio que todos sentimos ante lo que parece haber ocurrido con ocasión a las dos últimas elecciones. Pero el sacrificio provisional de una parte de esta historia es un buen precio a pagar a cambio de tener una primera respuesta institucional sin demoras o retrasos innecesarios. A fin de cuentas, esta historia no tiene por qué acabar en su capítulo inicial.
Publicado en El Comercio el lunes 27 de junio del 2016

martes, 21 de junio de 2016

lunes, 20 de junio de 2016

Caso Heredia


En la entrevista de esta mañana en Buenos Días Perú, César Azabache actualizó sus comentarios sobre el caso Heredia, conforme a las consecuencias del impedimento de salida recientemente impuesto y los resultados posibles de las investigaciones de la Fiscalía.


miércoles, 8 de junio de 2016

Actualización sobre el caso Heredia


Esta mañana César Azabache fue entrevistado por Albina Ruiz del programa Noticias a las 10 de Canal N donde comentó la evolución del caso Heredia a propósito de la solicitud del Ministerio Público de impedir su salida del país.



viernes, 27 de mayo de 2016

Sobre Flagrancia

César Azabache comentó en el programa la Hora N, la noche del 26 de mayo, los últimos incidentes que provocaron la liberación innecesaria de miembros de organizaciones criminales detenidos por la Policía.



martes, 24 de mayo de 2016

Sobre necesidad de retomar el Senado para reforzar el Sistema Institucional


La mañana del 24 de mayo César Azabache fue entrevistado en el programa D6a9 de Canal N donde reafirmó la necesidad de contar con un Senado ahora que enfrentamos un Congreso con mayoría absoluta predefinida.






lunes, 23 de mayo de 2016

Alegato por la reinserción del Senado



PROPUESTA SOBRE EL RETORNO DE LA BICAMERALIDAD EN EL PERÚ


Alegato por la reinserción del Senado

¿Quiere Fuerza Popular probarnos que está inmunizado de las tentaciones autoritarias de los años 90? Pues entonces comprométase públicamente a impulsar una reforma constitucional que restablezca el Senado. Una primera elección de senadores para el año 2018 o 2019 puede ayudarnos a resolver los enormes desafíos institucionales que imponen las condiciones con las que abordamos el cuarto período electoral consecutivo de nuestra historia reciente. Y puede lograr que esa mayoría absoluta que ahora detenta Fuerza Popular no se convierta en el fundamento de una nueva desviación autoritaria del sistema político. 

El Senado puede ser clave en el reforzamiento de un sistema institucional tan erosionado como el nuestro. Un Senado, aun más si se establece en un ciclo distinto a la elección de los congresistas, puede ayudar a formar una manera de hacer la política basada en el prestigio, la sostenibilidad de los acuerdos y la primacía de la negociación institucional. Esas son cosas de las que actualmente carecemos y que necesitamos si queremos resolver nuestro entrampamiento institucional.

De hecho las ventajas de restablecerlo son mayores al supuesto “alto costo económico” asociado a implementarlo. Un Senado ofrece un espacio que modifica las reglas de designación de las más altas magistraturas, Tribunal Constitucional, Corte Suprema, BCR y Defensoría del Pueblo incluidos. Un Senado conforma un cuerpo de menor tamaño y mayor experiencia política que una cámara de Diputados y concentra mayor peso político que el Consejo de la Magistratura, por ejemplo. La existencia del Senado además ofrece una perspectiva distinta a la carrera política de los congresistas, algunos de los cuales podrían dejar de actuar como si hubiera que aprovechar los únicos 5 años que tendrán de carrera política si tuvieran un estímulo mayor de ascenso.

La necesidad de contar con un Senado lo antes que sea posible se hace además evidente ahora que enfrentamos -la primera vez desde 1995- un Congreso con mayoría absoluta predefinida. Excluyendo toda suspicacia, parece imposible dejar de observar que el Congreso de 1995 formó parte del marco institucional que hizo posible la historia de finales de los 90. De hecho, muy buena parte de los casos por corrupción que marcaron la transición del 2001 corresponden a ese período.

No pretendo con esto hacer cargos contra nadie en particular ni lanzar ninguna sugerencia específica. De hecho creo que cualquier agrupación que hubiera controlado un Congreso unicameral en condiciones semejantes a las de 1995 habría generado alguna versión propia del colapso en que se puso al sistema entre los años 1998 y 2000.

Entonces, el Senado es en realidad necesario porque los congresos unicamerales funcionan bastante mal. O la dispersión del voto los paraliza (observen cuánto nos cuesta cada elección de magistraturas que debe pasar por sus manos) o la concentración en ellos de mayorías sin contrapeso hace prácticamente imposible sostener cualquier forma de equilibrio institucional incluyente. Por cierto, en la mayoría de sistemas parlamentarios el equilibrio no se obtiene apostando a una sola Cámara, sino a las renovaciones por tercios y al juego de contrapesos entre dos, una de representantes y otra de senadores.

La posibilidad de tener ahora un Senado que nos ponga en orden depende de un acuerdo político fundamental que requiere renuncias concretas ¿Podemos obtenerlo de Fuerza Popular que controla ahora la mayoría del próximo Congreso?


Publicado en El Comercio el lunes 23 de mayo del 2016

lunes, 2 de mayo de 2016

Sobre corrupción


Entrevista en Canal N

La noche del 30 de abril César Azabache fue entrevistado por Enrique Castillo en el programa Agenda Política junto a Yvan Montoya sobre el estado de la lucha contra la corrupción en el Perú y las alternativas posibles para un próximo gobierno.



martes, 26 de abril de 2016

Sobre el caso Heredia


Entrevista en La Hora N

La noche del lunes 25 de abril, César Azabache fue entrevistado por Jaime de Althaus en el programa La Hora N para analizar el Nadine Heredia ante la declaración del Presidente Ollanta Humala, quien se atribuyó la responsabilidad por el contenido de las agendas de la Primera Dama.

"Esta declaración cierra el círculo de investigaciones pendientes", comentó Azabache.

Sobre el dinero que se menciona en las agendas, Azabache indicó que hay un fraude tributario por su uso en gastos personales y sugirió que "se deben sentar en una mesa, cerrar sus cuentas en sus saldos netos, devolver al Estado lo que no se haya declarado, pagar las multas que haya que pagar y ya empezar a abordar la difícil tarea de asumir las responsabilidades penales que se han vuelto evidentes".

Desde el punto de vista de Azabache, están claros los casos de la defraudación tributaria y la falsa declaración a organismos electorales, pero hay una incógnita a despejar en el caso lavado de activos.

"¿Cuándo se pasa la vara del caso de lavado de activos? Si los fondos provienen de organización criminales y si los saldos se hubieran reinvertido en otras actividades clandestinas. Yo creo que ninguna de estas cosas pasa", agregó Azabache.

"En el modo en que están planteadas las cosas, el presidente debería considerar, seriamente, en renunciar a su inmunidad y encarar sus consecuencias en la Fiscalía, con un acuerdo que le ponga punto final a estas cosas", finalizó Azabache.

lunes, 25 de abril de 2016

Debe ser cierto



LAS RESPONSABILIDADES QUE OLLANTA HUMALA ASUME SOBRE EL CONTENIDO DE LAS AGENDAS

Debe ser cierto

Por César Azabache

En determinadas condiciones, el comportamiento irracional se convierte en algo absolutamente convincente. Por eso, tiendo a pensar que el presidente Ollanta Humala dice la verdad cuando se reconoce el responsable por el contenido de las agendas ya reconocidas como propias por su esposa, Nadine Heredia.

De hecho, esta declaración no ayuda a nadie, ni a la defensa de la señora Heredia ni a la de su entorno. Al contrario, con estas afirmaciones el presidente acaba de confirmar los cargos contra su esposa y de crear un caso legal que antes no existía: el suyo propio.

Revisemos las consecuencias. Quien admite ser responsable por determinados hechos puede confirmarlos si su declaración es creíble, pero no adquiere el derecho a determinar las consecuencias de su propio reconocimiento.

Por supuesto, no adquiere el derecho a canjear su confesión por la exoneración de otros. Menos con una admisión parcial y tardía. Entonces, el caso contra la señora Heredia no se detendrá por esto.

Al contrario, el reconocimiento de responsabilidad del presidente confirma que las agendas contienen referencias a fondos que la cúpula del nacionalismo ha manejado. Asimismo decisiones adoptadas de manera consciente y compartida sobre el modo de asignarlos a determinados fines.

Además, la evidencia indica que los fondos han sido asignados en algún porcentaje al sostenimiento de gastos personales, en algún otro (no está claro cuánto) al sostenimiento de gastos políticos y en alguno (esto parece ser lo nuevo, a partir de las conclusiones de fiscalización) a formar fondo de reserva, sin declaraciones a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ni a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) de por medio y con varias simulaciones en el camino.

En estas condiciones, ya estamos ante un caso legal en forma. Y el caso ya es grave, pero puede serlo más si los saldos obtenidos en estos procesos han sido encubiertos para esconderlos o reinvertirlos, o si han sido mantenidos fuera del sistema para obtener ganancias adicionales en negocios ilícitos, como la explotación clandestina de minerales.

La evidencia reunida parece seguir, todavía, lejos de esto. Sin embargo, las cosas pueden cambiar de manera dramática en poco tiempo. Y cambiarían más drásticamente si resultara (espero que esto no ocurra) que los fondos o parte de los fondos se originaron en negocios visiblemente clandestinos.

Siempre pensé que este no era un caso sobre lavado de activos. Los hallazgos recientes no me han llevado a cambiar de opinión aún, pero me dejan ver que nuevas investigaciones y más hechos pueden cambiar el eje de las cosas.

Así, creo que sería recomendable que el presidente y su esposa consideraran optar por el camino más corto y útil institucionalmente que el sistema legal ofrece para este tipo de circunstancias. Es decir, clausurar la escena plagada de incertidumbres que ahora tenemos con un acuerdo con la fiscalía que despeje toda duda y, a base de un reconocimiento conjunto de las responsabilidades que ya parece inevitable reconocer, pongan punto final a una historia que parece conducir al despeñadero de un juicio extenso y desgastante.


Un juicio para llegar al mismo lugar o a uno peor parece innecesario.


Publicado en El Comercio el lunes 25 de abril del 2016