Este espacio reúne artículos y entrevistas sobre temas legales e institucionales cuyas ideas espero poder seguir discutiendo.
jueves, 24 de diciembre de 2020
Las barricadas
domingo, 13 de diciembre de 2020
Cuando el error se convierte en un estorbo
El gobierno del presidente Sagasti se inauguró con una promesa sobre el modo de manejar las secuelas de las marchas del 14 de noviembre. Mañana habrá pasado un mes desde entonces. Y hasta ahora el gobierno no ha avanzado ni siquiera en la indemnización a las víctimas y a los heridos. No encuentro explicación a esto. Si encuentro sencillo describir, no explicar, por qué el gobierno no ha podido avanzar en investigaciones que, por lo que le toca, solo requieren una rápida confirmación pública de tres cosas básicas: de dónde salieron los proyectiles de canicas y plomo que se lanzaron sobre el cuerpo de las víctimas; quién autorizó que se portaran y quién ordenó disparar.
El gobierno se entrampó a sí mismo con la destitución impulsiva de 18 generales de la policía. Había que publicar a tiempo el nombre de quienes determinaron que el 14 de noviembre tuviera la forma específica que tuvo. Había que separarlos; no ofrecerle la absurda coartada de esconderse detrás de un colectivo purgado sin fundamentos objetivos.
La purga se ha convertido en un estorbo. Nos ha impedido generar un nuevo protocolo de actuación de la policía frente a manifestaciones. El derecho a la protesta está definido o está en pleno proceso de definición al menos. Impulsado su reconocimiento por las marchas del 14 de noviembre, deberíamos estar modificando ahora mismo los códigos de referencia con los que se organiza la reacción de la policía cuando un grupo organizado o un colectivo espontáneo se lanza a las calles o a las plazas o a las vías para hacerse escuchar.
Los protocolos aplicables a estos casos deberían abandonar ya el eje de la contención y el ataque para pasar a definirse sobre un perfil de protección a las personas que protestan. Basta una comunicación pública previa para hacer explícitos los límites que no deben transgredirse en una marcha o en una concentración pública o al interrumpir una autopista. Basta con publicar los procedimientos que deben respetarse para contener el bloqueo a ambulancias o la exposición de niños y mujeres embarazadas o personas vulnerables a situaciones de peligro. Basta con marcar plazos y treguas obligatorias.
No es complejo. Pasa solo que la purga nos estorba. La purga ha vuelto el proceso de construcción de la memoria de noviembre de este año un asunto confrontacional, no dialógico. Bastaba un gesto público; algo como lo que hizo la policía de Florida con ocasión de las movilizaciones por la muerte de George Floyd: hincarse de una rodilla ante todas y todos. Tendríamos que haber forjado un espacio que permita a los manifestantes de nueva generación y a la policía encontrarse, reconciliarse. Pero en lugar de eso la purga ha abierto el espacio por el que transitan cosas como el ataque al mural pintado en homenaje a Bryan e Inti y el atrevimiento de siete congresistas, liderados por Merino, que pretendieron poco menos que vetar la exposición de fotografías de las protestas abierta esta semana en el LUM.
Son demasiadas las voces que han dejado en claro que la remoción de la mayoría de los 18 generales purgados no ha tenido sentido. La lista de purgados no refleja una acción arreglada a facilitar las acciones de investigación sobre lo ocurrido el 14 de noviembre. Simplemente no tiene sentido.
Pero siempre está el reconocimiento como opción. La mejor manera de enfrentar un error es aceptarlo en su entidad. Disculparse, pedir perdón, hacerse responsable; los formatos son variados. En cualquiera de ellos se trata de asumir el peso que se genera cuando el error se convierte en un estorbo.
El presidente nos ha dicho que no le tiembla la mano cuando escribe, cuando acaricia ni cuando golpea.
Espero que tampoco le tiemble ahora, cuando le toca reconocer que se está equivocando.
Publicado en La República el 13 de diciembre de 2020.
domingo, 29 de noviembre de 2020
Antes de seguirnos destrozando
viernes, 20 de noviembre de 2020
domingo, 15 de noviembre de 2020
Rutas de salida
domingo, 1 de noviembre de 2020
Primicias y respaldos
En su última contribución titulada “Cuando de los fiscales depende tanto” (Ideele 294), Luis Pásara pone la mirada sobre la considerable cantidad de tiempo durante el que determinadas fiscalías retienen en sus manos casos que deberían ser expuestos a un juicio. Claro, un juicio siempre puede perderse o ganarse. Entonces, deliberada o no, la retención de casos en investigaciones inacabables crea una falsa imagen de influencia o poder que puede estar alterando el sentido de las cosas.
Pásara se detiene especialmente en dos casos: Pérez Miranda (41 meses en prisión sin acusación) y Martín Belaunde (60 meses). En ambos el retraso ha intentado ser cubierto por prisiones preventivas como falso reemplazo de verdaderas condenas. Un sustituto tan malo, por cierto, que termina desvaneciéndose en el tiempo. Pero 60 o 41 meses en prisión no son poco tiempo, si pueden alcanzar a personas que merecen ser protegidas institucionalmente.
La disfunción detrás del reemplazo es innegable. El deber del Ministerio Público supone presentar acusaciones, no legitimar su actividad en base a las estadísticas sobre prisiones preventivas y listados de casos que subsisten solo porque permanecen en las fiscalías. El reemplazo del que hablamos afecta la medición de resultados de una entidad que, es preciso no olvidarlo, tiene a su cargo la administración de un recurso tan sensible como la persecución del delito.
De hecho una distorsión como esta debería ser controlada y bloqueada por el judicial. Pero Pásara observa que para contener ese potencial bloqueo algunas fiscalías estarían acudiendo a los medios. Y lo estarían haciendo no en un formato abierto basado en conferencias de prensa y vocerías oficiales, sino en uno que él reconoce como basado en simples y puras filtraciones dirigidas y acaso respaldadas por alguna especie de canje; “primicias contra respaldos”. Como Pásara lo ve, ese canje persigue tejer corrientes de opinión que cerquen a la judicatura, que debería atajar estas prácticas. El resultado es el adelgazamiento del espacio por el que estos procedimientos podrían, y en muchos casos deberían, ser controlados por el judicial.
Creo que el judicial no debería permitirse el lujo de ser cercado de esta manera. No tiene sentido que lo permita. Es innegable que más de una vez ha roto el cerco. Lo hizo cuando, más allá de cualquier preferencia, revocó las detenciones preliminares del caso Swing. Pero la distancia de criterio que exhibió en ese caso no parece representar una tendencia dominante. El judicial debería distanciarse más de las fiscalías, porque en estos asuntos la unanimidad es sospechosa. Un judicial que acepta demasiadas veces los pedidos que le hace la fiscalía, en principio, podría no estar agregando a estos procesos el valor que ofrecen el balance y el control de la persecución penal basados en derechos.
Pásara tiene razón cuando observa que estamos tolerando colectivamente una práctica de filtraciones de hechos bajo investigación oficial como si fuera neutra en sus resultados. No lo es. Es más bien una distorsión cuyas consecuencias deberíamos comenzar a revisar seriamente. La información sobre investigaciones oficiales constituye un bien público que no debe ser asignado en atención a preferencias subjetivas. En las prácticas oficiales existen además una serie de procedimientos, como las ruedas de prensa, que permiten que una oficina pública abra su información al mismo tiempo a medios que representan distintas tendencias y que sin duda difundirán las cosas desde enfoques distintos.
Que la información salga al público no es el problema. El problema está en la carga subjetiva que impregna el formato de estas filtraciones que estamos tolerando.
Demasiado importante para pasarlo simplemente por alto.
Publicado en La República, el primero de noviembre de 2020.
lunes, 19 de octubre de 2020
Diversas maneras de huir
Estamos empujando a los delatados a encubrirse, a escabullirse, a corromper a alguien, a negarlo todo obtusamente o incluso a escapar. Todas diversas maneras de huir
Odebrecht fue intervenida cuando el volumen de los activos que lavaba se hizo visible para los radares financieros de los EEUU y Suiza. Pedro Pablo Kuczynski perdió la presidencia por no transparentar a tiempo la cartera de negocios privados que ahora alimenta las investigaciones en su contra. El presidente Vizcarra ha tratado de ocultar la influencia que parece haber desplegado para que un amigo suyo obtenga remuneraciones del Estado, y parece ahora esforzarse por ocultar las relaciones que mantuvo con Obrainsa, una constructora con la que se vinculó antes de ser jefe del gobierno de Moquegua.
Aún considerando diferencias, no deja de ser sugestivo mirar estas historias en conjunto. Todas ellas se han movido en espacios marcados por la penumbra. Pero un importante sector de esa penumbra se ha resquebrajado recientemente. En diciembre de 2016 las autoridades norteamericanas, las suizas y las brasileñas anunciaron que elegían conceder a una empresa corrupta, Odebrecht, y a sus ejecutivos, inmunidades que le permitan contar la trama de los sobornos que pagaron. Sobre esa base las baterías de la justicia se han enfilado sobre los políticos y los oficiales de gobierno a los que lograron corromper. Habría sido posible elegir el camino inverso: ofrecer las mismas inmunidades a políticos y oficiales de gobierno. Pero la oferta fue recibida por la empresa y sus ejecutivos. Y fue replicada en el hemisferio, muy especialmente en el Perú, en la misma dirección.
Ahora el dispositivo está instalado y permite a quienes estaban a uno de los lados de la mesa, los ejecutivos, postular a clemencia con base en delaciones. A partir de allí nuevas delaciones expanden los alcances del sistema en direcciones aún imprevisibles. Mientras, quienes quedaron al otro lado de la mesa están fuera del juego. Oscilan entre apostar a que el paso del tiempo, eventualmente, mejore sus condiciones para litigar o se concentran en un esfuerzo torpe por recuperar la penumbra.
No hay una narrativa que proteja a los delatados. Piensen en el señor Chávarry involucrándose en el deslacrado de las oficinas intervenidas por el fiscal Pérez, en los sobornos pagados por el señor Hinostroza para escapar, en las influencias que buscaba el exgobernador Villanueva cuando fue detenido o en las dos últimas escenas del presidente Vizcarra en los casos Swing y Obrainsa.
La torpeza convertida en una práctica recurrente.
Pero de otro lado, ¿qué deberíamos esperar de quienes quedan arrinconados por estas delaciones? ¿Qué esperen pacientemente sus castigos?
Los procedimientos de delación suponen que habrá un grupo de delatados cuyo castigo no podrá negociarse. Jamás un jefe terrorista o genocida. Podemos por cierto discutir la extensión de esta lista. Pero ¿no hay acaso delatados que podrían recibir alguna forma de clemencia disminuida? ¿No tendría acaso más sentido que el sistema abra válvulas que permitan que algunos de ellos simplemente se rindan y cumplan un castigo menos intolerable pero efectivo a cambio de aceptar lo que han hecho públicamente?
Al otro lado de la delación debería haber un espacio para el reconocimiento de la propia culpabilidad.
Encuentro imprescindible establecer estímulos que permitan a quien sea capaz de hacerlo abandonar toda negación y reconocer en público lo que ha hecho. Como colectivo, necesitamos comenzar a cerrar esta historia. Y no lo vamos a lograr si mantenemos el enorme desequilibrio que representa tener procedimientos, demasiados procedimientos, que premian la delación sin ofrecer válvulas que equilibren las cosas de manea razonable.
Estamos empujando a los delatados a encubrirse, a escabullirse, a corromper a alguien, a negarlo todo obtusamente o incluso a escapar.
Todas diversas maneras de huir.
Publicado en La República, el 19 de octubre de 2020
lunes, 12 de octubre de 2020
Obrainsa
miércoles, 7 de octubre de 2020
martes, 29 de septiembre de 2020
miércoles, 23 de septiembre de 2020
martes, 25 de agosto de 2020
Nuestros sesgos
Construimos narraciones que suponen a alguien más que las reciba o al menos las escuche alguna vez. Contamos nuestras historias pensando en esos auditorios, en las consecuencias que el relato producirá en quien le escuche, en cómo nos veremos al contarlas, en cómo seremos recordados mientras recordamos.
De eso trata la memoria.
Al otro extremo de la construcción de la memoria está la negación, no el engaño. El engaño y el autoengaño aparecen a la mitad del camino, donde se esconden los sesgos, esos esquemas mentales rígidos que fueron reconocidos por Kahneman y Tversky en 1972 como motores de reacciones muchas veces precipitadas, que sin embargo pretenden hacer pasar estereotipos por verdades para entonces actuar. La mayoría de las veces los sesgos distorsionan la percepción de las cosas y la forma en que narramos nuestras historias. Y producen verdaderas injusticias cuando impregnan decisiones públicas.
Hablando del lenguaje de los tribunales L´Hereaux-Dubé (“Detrás de los mitos…”, 2001) ha afirmado que cualquier sesgo alojado en la jurisprudencia viola la imparcialidad, esa forma especial de neutralidad que se exige a jueces, juezas y órganos colegiados. La actividad judicial ha dicho. requiere siempre “un constante y consciente esfuerzo por impedir los sesgos que surgen de un razonamiento basado en estereotipos”.
Llegué a L´Hereaux-Dubé por un texto de Rocío Villanueva (“Una mirada preliminar.. ”, 2019). Rocío usa esta misma aproximación para abordar tres decisiones judiciales adoptadas en casos sobre violencia sexual. En los textos que analiza, entre frases y líneas, Rocio encuentra estereotipos explícitos empleados para abordar las cosas que una mujer acepta cuando elige un trabajo o una pareja y los límites que no deben traspasar sus jefes o acompañantes. Rocío encuentra como esos estereotipos fueron usados por los tribunales en el lugar que debieron ocupar los principios o las reglas de derecho para justificar las decisiones inaceptables que analiza.
La aproximación funciona para todo sesgo. En múltiples conferencias Raquel Yrigoyen usa un abordaje semejante para identificar como “colonialistas” las coartadas seudo legales con las que los tribunales formales recortan permanentemente el ámbito de jurisdicción que deberían reconocer a favor de los pueblos indígenas.
Los sesgos operan como válvulas que controlan, de la manera más arbitraria imaginable, el sentido que asignamos o dejamos de asignar a eventos, evidencias y testimonios. Las narrativas distorsionadas que producen solo se sostienen si jamás una evidencia las confronta cara a cara.
Pero además de los sesgos machistas y colonialistas, esta el “sesgo épico”. El sesgo épico aparece cuando intentamos adscribir nuestros relatos a uno más amplio, usualmente ya establecido como glorioso o salvífico, como una epopeya. A partir del momento en que alguien adscribe su relato al universo de la epopeya cree volverse incontestable. Cualquier cuestionamiento debe ser minimizado en su significado o en sus consecuencias. Cualquier interlocutor agredido. El portador del sesgo cree que las cosas que le contradigan deben ser “puestas en su exacta dimensión”, es decir, debajo de su relato.
Una de las epopeyas más difíciles de abordar entre nosotros corresponde a la épica de la derrota terrorista. Imposible dejar de valorar lo que hizo nuestra corporación militar en esos tiempos. Pero inaceptable usar ese reconocimiento para eludir las consecuencias de los crímenes que también se cometieron.
Volvemos hacia allí la mirada porque el ahora Congresista Urresti ha sido llamado nuevamente a juicio por el asesinato del periodista Bustíos Saavedra, acribillado y destrozado por una granada por un destacamento militar en las inmediaciones del cuartel de Huanta en noviembre de 1988. Urresti era entonces oficial de inteligencia en la zona. Y ha sido señalado como uno de los responsables del hecho por Vidal Sanbento, uno de los dos condenaos por el crimen, y también por Isabel Rodriguez, mujer, testigo de los hechos, que, además de reconocerlo, lo acusa de haberla violado.
No encuentro de qué manera pueda impedirse a estas alturas que otorguemos al juicio del caso Bustíos la centralidad que le corresponde. En el panorama completo, el juicio transitará en paralelo al de la masacre de Cayara, de mayo de 1988, y sigue en línea al caso de Sina Muñoz Vega de Yangali, la encargada del telégrafo de Churcampa que fue abandonada al borde de un camino en mayo de ese mismo año cuando los agentes de seguridad que la torturaron la creyeron muerta. En este ultimo caso una sentencia dictada en diciembre de 2017 absolvió a los acusados porque la fiscalía no pudo presentar en juicio testigos directos de los hechos. Pero el caso debe comenzar también en este periodo, porque la Suprema anuló esa absolución. En el caso Bustíos Alejandro Ortiz, uno de los primeros testigos de los hechos, fue asesinado. En Cayara, entre junio y diciembre de 1988, al menos 12 testigos de los hechos fueron también asesinados.
¿Podremos continuar sesgado la mirada?
viernes, 24 de julio de 2020
sábado, 27 de junio de 2020
viernes, 29 de mayo de 2020
miércoles, 13 de mayo de 2020
Al día siguiente
LOS EVENTOS QUE CARACTERIZAN ESTA HISTORIA CONSTITUYEN VIOLACIONES A LAS LEYES PERUANAS Y EXPRESIONES CLARAS DE MALA FE
A estas alturas, parece haber menguado el temporal creado por la demanda de los US$1.200 millones que Odebrecht anunció a finales de enero de este año. Ha quedado claro que la demanda, a la larga, no puede tener éxito. También que la entrega de las evidencias que Odebrecht debe a la fiscalía no está en riesgo. Lo que sigue está enteramente en manos de la procuraduría. Y no tenemos más espacio para nuevos errores ni apresuramientos o distracciones como los que nos han traído hasta aquí.
Odebrecht pretende tener derecho a ir al Ciadi a reclamar una compensación por la resolución del contrato del gasoducto, registrada en enero del 2017. Dice, entre otras cosas, que su derecho de acceso a tribunales internacionales está vigente porque, en este caso, no sobornó a ningún representante del Gobierno. Indica que en el verano del 2017 en el Perú se mezclaron cosas que debían mantenerse separadas y que el Gobierno trató sus inversiones en este proyecto (básicamente la compra de los tubos) como si estuvieran conectadas con los hechos de corrupción que ha reconocido. Señala que esa conexión no existe, y que por eso la constructora debe ser compensada.
Sobre esto, hay que precisar hasta dos cosas. Odebrecht podría, como indica, no haber entregado dinero directamente a ninguno de los representantes del Gobierno que estuvieron a cargo del proyecto gasoducto. Pero eso no hace que la historia de este caso deje de ser una historia sobre corrupción. Antes del concurso, Odebrecht filtró US$4 millones en las campañas de los dos candidatos a la presidencia que pasaron a segunda vuelta. Después de eso tuvo, afirma la fiscalía, nada menos que a la señora Heredia como promotora o gestora de sus intereses. Además, sobornó a uno de los apoderados de la competencia para conocer los márgenes de precios que su rival lanzaría al concurso y sobornó también a uno de los consultores de Pro Inversión antes de la firma del contrato. Calificar estos hechos bajo las reglas del Código Penal puede ser complejo. Pero reconocer la historia como una historia sobre corrupción no lo es.
Las historias sobre corrupción aparecen cuando se trafica con posiciones o decisiones que no deberían haberse puesto en el mercado. Y son historias sobre corrupción sean cuales fueren las reglas legales que deban emplearse caso por caso. No tiene sentido pretender que una historia como la del gasoducto no sea una historia sobre corrupción porque no aplique al caso algún artículo específico del Código Penal (el del cohecho, un caso específico de soborno). Las leyes no se han aprobado para interpretar la realidad ni para caracterizarla, sino para establecer y limitar responsabilidades y sanciones, que es una cosa distinta.
De otro lado, están las reglas del Ciadi sobre arbitrajes. Los expertos a los que he consultado me explicaron que a estos procedimientos solo pueden acceder empresas que son capaces de mostrar que han hecho “inversiones protegidas”. Una “inversión protegida” bajo las reglas del Ciadi es aquella que ha sido realizada de buena fe y respetando las leyes del país donde se aloja la inversión. Una historia como la del gasoducto no tiene cómo ser considerada conforme a estos dos estándares. Los cuatro eventos que caracterizan esta historia constituyen al mismo tiempo violaciones a leyes peruanas y expresiones claras de mala fe, cualesquiera que sean las normas específicas que sean aplicables.
Por eso, Odebrecht no tiene derecho a acceder al Ciadi.
Sin embargo, el anuncio de la demanda es un hecho de importancia y ha producido consecuencias. Y las seguirá produciendo si la procuraduría no lo evita a tiempo. La sola existencia del anuncio ha creado un desequilibrio visible en los aspectos civiles del acuerdo de colaboración del verano del 2019. Odebrecht no puede pretender que debe al Estado solo S/610 millones, que solo le es posible pagarlos en 15 años; sin embargo, el Estado debe pagarle US$1.200 millones. Odebrecht reconoce ser una empresa corrupta, pero pretende realizar los créditos que dice haber obtenido mientras corrompía a las autoridades. No tiene ningún sentido.
Odebrecht simuló que sus pretensiones sobre los tubos eran solo una expectativa, mientras obtenía el cronograma de 15 años y la liberación de los S/524 millones del saldo de la venta de Chaglla. Puso en valor esas expectativas solo después de obtener ambas ventajas y eso también forma un caso de mala fe, que debería ser suficiente para modificar el cronograma, imponer garantías sólidas que aseguren su cumplimiento, alcanzar una renuncia a nuevas pretensiones y ampliar el acuerdo sobre reparaciones, para que, por lo pronto, se reparen los daños causados por los sobornos pagados en San José de Sisa, por la filtración de fondos en la política y por el modo en que encaró el proyecto del gasoducto.
La procuraduría tiene ahora la palabra.
Publicado en El Comercio el 24 de febrero de 2020.
Día octavo
Publicado en El Comercio el 23 de marzo de 2020
martes, 28 de abril de 2020
Las prisiones
miércoles, 22 de abril de 2020
El tiempo y sus consecuencias
Los casos Odebrecht han impregnado la actividad pública durante un ciclo entero de nuestra vida institucional. El ciclo marcó su punto de inicio con los acuerdos que la compañía suscribió con las autoridades de los EEU, Suiza y Brasil en diciembre de 2016 y se cargó de contenido con una cadena de revelaciones sobre sobornos que ha provocado una revisión severa de la memoria de los últimos 20 años de nuestra historia.
En estos tres años los casos Odebrecht han estado en los cimientos de la caída final de Kuczynski, de la división del Ministerio Publico, del cierre del Congreso, del colapso del sector de obras públicas y del aplazamiento, por plazo indefinido, del proyecto de energía más importante del país, el gasoducto del sur. En el camino García se suicidó, Hinostroza y Toledo quedaron expuestos ante dos sólidos procesos por extradición y Humala, Heredia y Fujimori estuvieron en prisión. Esto para citar los efectos más visibles del proceso.
El ciclo ha estado marcado por la creación de un solo plano combinado en el que se mezclaron las investigaciones de la fiscalía y la actividad política. El punto mas visible de esta sobre posición lo generó el caso Fujimori, que entendido en sentido amplio incluye, además de la cuestión sobre los fondos manejados por su entorno, las investigaciones sobre las posibles relaciones de la señora Fujimori y el Fiscal Chávarry, el incidente de la violación de los precintos atribuido a este último, el intento de separar a los fiscales Vela y Pérez del equipo especial y el cierre del Congreso en setiembre del 2019.
La sobre posición de la política con investigaciones penales genera siempre una acumulación de tensión institucional de muy difícil manejo. Esta tensión está asociada a la mecánica de las investigaciones de la fiscalía: periodos extensos marcados por la incertidumbre sobre el destino de cada caso y explosiones coyunturales provocadas por allanamientos, detenciones, delaciones y confesiones. La tensión se completa con la enorme distorsión que provoca que los representantes de la política se conviertan en factores de defensa o acusación, casi en “parte”, en los casos en debate.
La única manera de administrar esta tensión consiste en romper las sobre posiciones lo antes posible. En los casos Odebrecht el vehículo para ensayar esa ruptura era y siguen siendo las acusaciones que faltan, las de los casos IIRSAs, Fujimori y Villarán. Unidas a las que ya se presentaron en los casos Humala, Heredia y otros y Metro de Lima, las acusaciones de la fiscalía deberían formar una narrativa convergente que nos ofrezca una respuesta clara, aunque sea opinable, sobre la forma en que se estructuró el espacio de corrupción más importante de este siglo, el de los proyectos y obras públicas. La presentación integrada de esa narrativa (pienso en una conferencia conjunta de fiscales y procuradores) debería permitirnos cerrar simbólicamente el ciclo y encapsular los debates que siguen en los espacios que ofrecen las audiencias públicas ante los tribunales de justicia, un ámbito que puede ser mejor protegido de interferencias políticas que las investigaciones fiscales.
Pero estamos retrasados. Hemos arrastrado los asuntos pendientes en los casos Odebrecht a este ciclo, que aún estando en formación se muestra claramente distinto al anterior. Al hacerlo, exponemos el significado y el alcance de los procesos anticorrupción. En noviembre de 2019 el Magistrado Ramos sostuvo que las interferencias que justificaron la detención de Fujimori resultaban imposibles después del cierre del Congreso. En abril de este año la Sala que ordenó liberar a Fujimori por segunda vez dijo que para prevenir nuevos riesgos bastaba con incomunicarla. El resultado fue la liberación en cascada de las demás personas investigadas junto a ella. Estas decisiones muestran de que manera los casos del ciclo anterior pueden producir resultados inversos en el ciclo actual, aunque esté en formación.
Nadie, tampoco la fiscalía, puede sostener equilibrios temporales indefinidamente.
El tiempo juega en contra siempre. A la firma del tercer acuerdo del Estado con Odebrecht siguió la devolución del saldo de la venta de Chaglla, la demanda al CIADI por el caso Gasoducto y la demanda que la compañía presentó contra Marcelo Odebrecht por chantajearla. A la segunda detención de Fujimori siguió el desmoronamiento de todas las órdenes de prisión preventiva que la fiscalía había ganado en ese caso. Y a la renuncia del señor Chávarry a la Fiscalía de la Nación ha seguido un proceso sostenido de interferencias que ahora se reabre con el pedido del Fiscal Galvez al Congreso para que investigue al Fiscal Sánchez, uno de los referentes más importantes de equilibrio institucional que conserva el Ministerio Público.
Una ola contra la impunidad puede convertirse luego en una campaña de negación. El factor que hace la diferencia es el tiempo. El error, no notar sus consecuencias corrosivas.
Publicado en El Comercio el 22 de abril de 2020.