Las barricadas

La pregunta por resolver ha sido formulada sobre las tomas de carreteras. La cuestión es si pueden o no ser reconocidas como una manifestación del derecho a la protesta, establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al otro extremo la pregunta supone establecer si las tomas de carreteras, las que hemos visto desplegarse en la Panamericana Sur y la Norte en diciembre, deben ser consideradas y sancionadas como un delito o no, considerando que el Código Penal, en términos literales, sanciona la obstrucción de toda vía pública sin más diferencias. 

 Tal vez la complejidad de la pregunta provenga de un error en su formulación. Tomar una carretera puede ser algo semejante a tomar una vía de alto tránsito, en tanto implique concentrarse en ella o desplazarse por ella. Tal vez las cosas sean más claras si nos concentramos en algo que los sucesos de diciembre incorporaron y no tuvieron los de noviembre: la construcción de barricadas. 

 Por mi parte no encuentro que los colectivos tengan derecho a instalar barricadas en las carreteras. Reconocer un tipo de actividad como ejercicio de un derecho importa establecer el deber de las entidades del Estado de proteger su desenvolvimiento. Creo que los manifestantes que se reúnen a protestar en una plaza pública y se concentran o desplazan por calles adyacentes o incluso por las carreteras deben ser protegidos por las autoridades. Pero no encuentro manera de pretender que se proteja barricadas o se impida a la policía desmontarlas si puede intervenir en ellas a tiempo y con el mínimo de violencia física posible. Por eso no encuentro que tenga sentido tratar las tomas de carreteras, por sí mismas, como delitos. Las tomas de carreteras o de vías públicas son el punto de explosión de procesos de marginación institucional sostenidos por demasiado tiempo con el aval del Estado. Entonces las responsabilidades por el origen del evento deben reconocerse como compartidas. A partir de este reconocimiento, el discurso de la criminalización debería ser excluido del debate. O instalado en el uso de dispositivos prohibidos. Porque está más que claro que el derecho a la protesta no incluye el uso de armas, el ataque a la propiedad privada o pública y tampoco la instalación de barricadas. 

 Las protestas necesitan protocolos que incluyan límites. Remoción de las barricadas en un plazo determinado cuando la policía llega tarde y no pueda desmontarlas sin violencia; espacios de circulación de ambulancias y de protección para personas vulnerables; treguas para desentrampar la circulación por la vía; protocolos para que los manifestantes mismos reconozcan en su verdadero significado y eviten desbordes vandálicos; mesas de negociación que hagan visibles a los dirigentes de la protesta cuando ello sea posible; procedimientos de generación de representaciones espontáneas allí donde nos las haya establecidas; reflejos inteligentes y símbolos de respeto y reconocimiento. En fin, un lenguaje nuevo de relación que reconozca que la política ha salido de los pasillos del Congreso para instalarse en el mapa de conflictos sociales que ensamblan la Defensoría del Pueblo y la PCM. 

 La quema de una ambulancia en la Panamericana Sur, absurda e innecesaria, justifica notar que las protestas sobre carreteras, por definición, pueden incluir niveles mayores de riesgo que las protestas urbanas. Pero por eso es imprescindible impregnar de responsabilidad las manifestaciones. No es posible exigir el cumplimiento de deberes a quienes no reconocemos al mismo tiempo como sujetos de derechos. 

 Quienes han sido marginados por demasiado tiempo se impregnan también de la exclusión a la que los redujimos. Por eso el proceso será largo. Sin embargo solo puede ser completado si decidimos iniciarlo.

Publicado en La República el 27 de diciembre de 2020.

Cuando el error se convierte en un estorbo

El gobierno del presidente Sagasti se inauguró con una promesa sobre el modo de manejar las secuelas de las marchas del 14 de noviembre. Mañana habrá pasado un mes desde entonces. Y hasta ahora el gobierno no ha avanzado ni siquiera en la indemnización a las víctimas y a los heridos. No encuentro explicación a esto. Si encuentro sencillo describir, no explicar, por qué el gobierno no ha podido avanzar en investigaciones que, por lo que le toca, solo requieren una rápida confirmación pública de tres cosas básicas: de dónde salieron los proyectiles de canicas y plomo que se lanzaron sobre el cuerpo de las víctimas; quién autorizó que se portaran y quién ordenó disparar.

El gobierno se entrampó a sí mismo con la destitución impulsiva de 18 generales de la policía. Había que publicar a tiempo el nombre de quienes determinaron que el 14 de noviembre tuviera la forma específica que tuvo. Había que separarlos; no ofrecerle la absurda coartada de esconderse detrás de un colectivo purgado sin fundamentos objetivos.

La purga se ha convertido en un estorbo. Nos ha impedido generar un nuevo protocolo de actuación de la policía frente a manifestaciones. El derecho a la protesta está definido o está en pleno proceso de definición al menos. Impulsado su reconocimiento por las marchas del 14 de noviembre, deberíamos estar modificando ahora mismo los códigos de referencia con los que se organiza la reacción de la policía cuando un grupo organizado o un colectivo espontáneo se lanza a las calles o a las plazas o a las vías para hacerse escuchar.

Los protocolos aplicables a estos casos deberían abandonar ya el eje de la contención y el ataque para pasar a definirse sobre un perfil de protección a las personas que protestan. Basta una comunicación pública previa para hacer explícitos los límites que no deben transgredirse en una marcha o en una concentración pública o al interrumpir una autopista. Basta con publicar los procedimientos que deben respetarse para contener el bloqueo a ambulancias o la exposición de niños y mujeres embarazadas o personas vulnerables a situaciones de peligro.  Basta con marcar plazos y treguas obligatorias.

No es complejo. Pasa solo que la purga nos estorba. La purga ha vuelto el proceso de construcción de la memoria de noviembre de este año un asunto confrontacional, no dialógico. Bastaba un gesto público; algo como lo que hizo la policía de Florida con ocasión de las movilizaciones por la muerte de George Floyd: hincarse de una rodilla ante todas y todos. Tendríamos que haber forjado un espacio que permita a los manifestantes de nueva generación y a la policía encontrarse, reconciliarse. Pero en lugar de eso la purga ha abierto el espacio por el que transitan cosas como el ataque al mural pintado en homenaje a Bryan e Inti y el atrevimiento de siete congresistas, liderados por Merino, que pretendieron poco menos que vetar la exposición de fotografías de las protestas abierta esta semana en el LUM.

Son demasiadas las voces que han dejado en claro que la remoción de la mayoría de los 18 generales purgados no ha tenido sentido. La lista de purgados no refleja una acción arreglada a facilitar las acciones de investigación sobre lo ocurrido el 14 de noviembre. Simplemente no tiene sentido.

Pero siempre está el reconocimiento como opción. La mejor manera de enfrentar un error es aceptarlo en su entidad. Disculparse, pedir perdón, hacerse responsable; los formatos son variados. En cualquiera de ellos se trata de asumir el peso que se genera cuando el error se convierte en un estorbo.

El presidente nos ha dicho que no le tiembla la mano cuando escribe, cuando acaricia ni cuando golpea.

Espero que tampoco le tiemble ahora, cuando le toca reconocer que se está equivocando.

Publicado en La República el 13 de diciembre de 2020.

Antes de seguirnos destrozando

Escribo esta nota lamentando la confrontación que ha estallado entre este diario y la fiscalía especial que dirige Rafael Vela. La disputa se ha organizado alrededor de una versión sobre el comportamiento de la fiscalía en el caso Vizcarra que afirma que al menos uno de los delatores del caso Vizcarra habría sido inducido a declarar contra él por la propia fiscalía. Además la propia fiscalía habría filtrado a la prensa copias de las declaraciones contra Vizcarra con el propósito de provocar su vacancia y precipitar la imposición de Merino como presidente de la República. 

Hay muchas cosas por discutir aquí. Estimo que el caso Vizcarra no debe depender de las versiones de los delatores, sino de las evidencias que haya reunido ya y aún pueda obtener la fiscalía. Las evidencias no pueden ser inducidas; existen o no existen; se obtienen o no se obtienen, eso es todo. Sobre la cuestión de las filtraciones, he notado ya hasta qué punto es imprescindible que las fiscalías comiencen a usar procedimientos de apertura equilibrada de información a los medios basados en vocerías y ruedas de prensa que eliminen la sombra de dudas que se levanta cada vez que aparecen en los medios fotocopias de documentos de investigaciones penales reservadas (LR, 30/10/2020).  

Pero el asunto más importante a revisar proviene de la teoría sobre la conspiración contra Vizcarra. Imagino fácilmente a Merino conspirando. Pero no imagino a los fiscales Juárez ni Vela en medio de esa conspiración. Creo que una teoría así de concluyente, que si llegara a confirmarse descalificaría permanentemente a dos de los mejores fiscales del medio, requiere el apoyo de evidencias confiables e indiscutibles. Al momento de escribir estas líneas, debo decirlo, no veo evidencias que reúnan estas características.  

Encuentro en cambio imposible dejar de notar que somos nosotros mismos, como comunidad (me incluyo e incluyo a la propia fiscalía en esto), quienes hemos abierto el espacio que permite que teorías como la de la conspiración contra Vizcarra, basadas en impresiones legítimas pero puramente circunstanciales, adquieran ribetes categóricos o concluyentes y generen consecuencias drásticas sin controles estrictos sobre sus fundamentos.  

Digo esto porque encuentro en la teoría de la conspiración contra Vizcarra una estructura narrativa muy semejante a la que las propias fiscalías están usando para sostener que Fuerza Popular debe ser suspendida como si fuera una organización criminal constituida únicamente para lavar activos. Pero además encuentro una narrativa muy semejante en las disputas que hace poco pusieron en cuestión la cohesión de las fiscalías encargadas del caso de los llamados “Cuellos Blancos”. También la encuentro en los intercambios públicos que marcaron la contienda por las competencias fiscales para dirigir el caso Vizcarra. Y la encuentro en el anuncio de una posible querella de las fiscalías contra LR.  

Estamos usando esta manera de organizar nuestros discursos desde más de un lado y en más de una dirección. Admitimos con una condescendencia que ahora lamento teorías inclementes lanzadas contra otros y otras antes de haber confirmado la solidez de lo que estamos diciendo o de haber considerado con cuidado las consecuencias de decirlo.  

Debemos abandonar esta manera de agredirnos. Esta forma de tratar asuntos que requieren más calma ha mostrado ya ser por completo ineficiente. Nos está dividiendo en dos o en más pedazos. Nos está dejando incapacitados para encontrar soluciones equilibradas a problemas que merecen ser tomados bastante más en serio.  

Tenemos que salir de esta espiral, porque esta espiral nos está devorando. Salir sin un atisbo de impunidad. Pero salir; no quedarnos atrapados en esta enorme caja de disputas.

Publicado en La República el 29 de noviembre de 2020.

Demanda competencial en el TC

Entrevista en Canal N, el 19 de noviembre de 2020

 

Rutas de salida

En las calles se etiquetó la instalación del gobierno de Merino como un golpe de Estado. Hasta anoche la referencia apelaba a la forma en que el proceso iniciado el día lunes representaba una ruptura. Hoy expresa la indignación que producen al menos dos asesinatos perpetrados a mansalva. 

Esta crisis, hasta el cierre de estas líneas, nos viene costando ya dos muertes. Dos jóvenes asesinados por la absurda insistencia con que se ha intentado contener una protesta legítima contra una imposición absurda. Perpetradas estas dos muertes la única ruta admisible de salida de esta crisis es la renuncia inmediata de Merino y de los ministros de este gabinete.  

De todos. Porque Merino no debe gobernar.  

Hasta anoche pensaba que debíamos dirigir la protesta hacia el Congreso, para impulsar la negación de la confianza al gabinete de Florez Araoz. Cierro esta versión de mis comentarios a media noche, comenzando el día 15. Y en este momento pierde absolutamente todo sentido cualquier cosa distinta a que Merino y el gabinete en pleno se vayan de inmediato. Ahora la fiscalía debe iniciar una investigación penal dirigida a establecer quien autorizó que se use en la represión de estas movilizaciones armas letales, quien no lo evitó, quien quiso no enterarse.  

Ahora se trata de establecer la responsabilidad que resulta de al menos dos asesinatos.  

Esto ya no es solo una cuestión de arbitrariedades. Es una cuestión referida a la perpetración de crímenes de violencia física directa.  

La tarea, además de la fiscalía, está entonces en el Congreso. El señor Merino debe renunciar y su gabinete completo también. Los crímenes perpetrados deben ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Y nadie debe reemplazar a los ministros de Merino hasta que Merino se vaya, para luego responder por lo que ha hecho o dejado hacer.  

El Congreso debe reemplazar de inmediato a la mesa directiva y elegir una segunda mesa que quede lista para establecer, en un procedimiento abierto ante todas y todos, quien ocupará la presidencia de la república. Todas las bancadas deben declarar que no concederán la confianza a nadie a quien Merino pretenda presentar como ministro. La Fiscalía de la Nación debe abrir investigación contra él por los asesinatos cometidos aunque deba suspenderla, en tanto se pretende presidente. Luego, cuando el Tribunal Constitucional resuelva que su posición como presidente fue producto de una forma inaceptable de usar las reglas sobre vacancia, y podría hacerlo esta semana, la fiscalía podrá levantar la suspensión para proceder contra él directamente. Porque lo que ha hecho o dejado hacer no lo hizo como congresista, y tampoco como presidente legítimo.  

Mañana en el Congreso debemos tener otra mesa directiva. Una organizada atendiendo a las demandas de la ciudadanía, de electoras y electores, a los que se supone que el Congreso representa. La nueva o el nuevo presidente del Congreso debe asumir la presidencia de la república en cuanto Merino renuncie. El nuevo gabinete debe ocupar ese espacio moral que el actual ni siquiera rozó. De modo que debe ser ensamblado de una manera enteramente distinta.  

El proceso constitucional sobre el significado de la incapacidad moral permanente sigue ocupando en este proceso una importante función. Lo que está en discusión allí es el alcance de una regla imprecisa que se empleó en la imposición de Merino como presidente. Hoy queda absolutamente claro que el Tribunal debe aceptar que la interpretación de esta confusa fórmula no puede justificar cosas como las que comenzaron el lunes que pasó.  

El equilibrio se obtiene si el Congreso hace lo que nunca debió dejar de hacer: Estructurar una salida política negociada en condiciones socialmente aceptables.  

Comencemos. No tenemos tiempo que perder.

Publicado en La República el 15 de noviembre de 2015.

Primicias y respaldos

En su última contribución titulada “Cuando de los fiscales depende tanto” (Ideele 294), Luis Pásara pone la mirada sobre la considerable cantidad de tiempo durante el que determinadas fiscalías retienen en sus manos casos que deberían ser expuestos a un juicio. Claro, un juicio siempre puede perderse o ganarse. Entonces, deliberada o no, la retención de casos en investigaciones inacabables crea una falsa imagen de influencia o poder que puede estar alterando el sentido de las cosas.

Pásara se detiene especialmente en dos casos: Pérez Miranda (41 meses en prisión sin acusación) y Martín Belaunde (60 meses). En ambos el retraso ha intentado ser cubierto por prisiones preventivas como falso reemplazo de verdaderas condenas. Un sustituto tan malo, por cierto, que termina desvaneciéndose en el tiempo. Pero 60 o 41 meses en prisión no son poco tiempo, si pueden alcanzar a personas que merecen ser protegidas institucionalmente.

La disfunción detrás del reemplazo es innegable. El deber del Ministerio Público supone presentar acusaciones, no legitimar su actividad en base a las estadísticas sobre prisiones preventivas y listados de casos que subsisten solo porque permanecen en las fiscalías. El reemplazo del que hablamos afecta la medición de resultados de una entidad que, es preciso no olvidarlo, tiene a su cargo la administración de un recurso tan sensible como la persecución del delito.

De hecho una distorsión como esta debería ser controlada y bloqueada por el judicial. Pero Pásara observa que para contener ese potencial bloqueo algunas fiscalías estarían acudiendo a los medios. Y lo estarían haciendo no en un formato abierto basado en conferencias de prensa y vocerías oficiales, sino en uno que él reconoce como basado en simples y puras filtraciones dirigidas y acaso respaldadas por alguna especie de canje; “primicias contra respaldos”. Como Pásara lo ve, ese canje persigue tejer corrientes de opinión que cerquen a la judicatura, que debería atajar estas prácticas. El resultado es el adelgazamiento del espacio por el que estos procedimientos podrían, y en muchos casos deberían, ser controlados por el judicial.

Creo que el judicial no debería permitirse el lujo de ser cercado de esta manera. No tiene sentido que lo permita. Es innegable que más de una vez ha roto el cerco. Lo hizo cuando, más allá de cualquier preferencia, revocó las detenciones preliminares del caso Swing. Pero la distancia de criterio que exhibió en ese caso no parece representar una tendencia dominante. El judicial debería distanciarse más de las fiscalías, porque en estos asuntos la unanimidad es sospechosa. Un judicial que acepta demasiadas veces los pedidos que le hace la fiscalía, en principio, podría no estar agregando a estos procesos el valor que ofrecen el balance y el control de la persecución penal basados en derechos.

Pásara tiene razón cuando observa que estamos tolerando colectivamente una práctica de filtraciones de hechos bajo investigación oficial como si fuera neutra en sus resultados. No lo es. Es más bien una distorsión cuyas consecuencias deberíamos comenzar a revisar seriamente. La información sobre investigaciones oficiales constituye un bien público que no debe ser asignado en atención a preferencias subjetivas. En las prácticas oficiales existen además una serie de procedimientos, como las ruedas de prensa, que permiten que una oficina pública abra su información al mismo tiempo a medios que representan distintas tendencias y que sin duda difundirán las cosas desde enfoques distintos.

Que la información salga al público no es el problema. El problema está en la carga subjetiva que impregna el formato de estas filtraciones que estamos tolerando.

Demasiado importante para pasarlo simplemente por alto.

Publicado en La República, el primero de noviembre de 2020.

Diversas maneras de huir

Estamos empujando a los delatados a encubrirse, a escabullirse, a corromper a alguien, a negarlo todo obtusamente o incluso a escapar. Todas diversas maneras de huir

Odebrecht fue intervenida cuando el volumen de los activos que lavaba se hizo visible para los radares financieros de los EEUU y Suiza. Pedro Pablo Kuczynski perdió la presidencia por no transparentar a tiempo la cartera de negocios privados que ahora alimenta las investigaciones en su contra. El presidente Vizcarra ha tratado de ocultar la influencia que parece haber desplegado para que un amigo suyo obtenga remuneraciones del Estado, y parece ahora esforzarse por ocultar las relaciones que mantuvo con Obrainsa, una constructora con la que se vinculó antes de ser jefe del gobierno de Moquegua.

Aún considerando diferencias, no deja de ser sugestivo mirar estas historias en conjunto. Todas ellas se han movido en espacios marcados por la penumbra. Pero un importante sector de esa penumbra se ha resquebrajado recientemente. En diciembre de 2016 las autoridades norteamericanas, las suizas y las brasileñas anunciaron que elegían conceder a una empresa corrupta, Odebrecht, y a sus ejecutivos, inmunidades que le permitan contar la trama de los sobornos que pagaron. Sobre esa base las baterías de la justicia se han enfilado sobre los políticos y los oficiales de gobierno a los que lograron corromper. Habría sido posible elegir el camino inverso: ofrecer las mismas inmunidades a políticos y oficiales de gobierno. Pero la oferta fue recibida por la empresa y sus ejecutivos. Y fue replicada en el hemisferio, muy especialmente en el Perú, en la misma dirección.

Ahora el dispositivo está instalado y permite a quienes estaban a uno de los lados de la mesa, los ejecutivos, postular a clemencia con base en delaciones. A partir de allí nuevas delaciones expanden los alcances del sistema en direcciones aún imprevisibles. Mientras, quienes quedaron al otro lado de la mesa están fuera del juego. Oscilan entre apostar a que el paso del tiempo, eventualmente, mejore sus condiciones para litigar o se concentran en un esfuerzo torpe por recuperar la penumbra.

No hay una narrativa que proteja a los delatados. Piensen en el señor Chávarry involucrándose en el deslacrado de las oficinas intervenidas por el fiscal Pérez, en los sobornos pagados por el señor Hinostroza para escapar, en las influencias que buscaba el exgobernador Villanueva cuando fue detenido o en las dos últimas escenas del presidente Vizcarra en los casos Swing y Obrainsa.

La torpeza convertida en una práctica recurrente.

Pero de otro lado, ¿qué deberíamos esperar de quienes quedan arrinconados por estas delaciones? ¿Qué esperen pacientemente sus castigos?

Los procedimientos de delación suponen que habrá un grupo de delatados cuyo castigo no podrá negociarse. Jamás un jefe terrorista o genocida. Podemos por cierto discutir la extensión de esta lista. Pero ¿no hay acaso delatados que podrían recibir alguna forma de clemencia disminuida? ¿No tendría acaso más sentido que el sistema abra válvulas que permitan que algunos de ellos simplemente se rindan y cumplan un castigo menos intolerable pero efectivo a cambio de aceptar lo que han hecho públicamente?

Al otro lado de la delación debería haber un espacio para el reconocimiento de la propia culpabilidad.

Encuentro imprescindible establecer estímulos que permitan a quien sea capaz de hacerlo abandonar toda negación y reconocer en público lo que ha hecho. Como colectivo, necesitamos comenzar a cerrar esta historia. Y no lo vamos a lograr si mantenemos el enorme desequilibrio que representa tener procedimientos, demasiados procedimientos, que premian la delación sin ofrecer válvulas que equilibren las cosas de manea razonable.

Estamos empujando a los delatados a encubrirse, a escabullirse, a corromper a alguien, a negarlo todo obtusamente o incluso a escapar.

Todas diversas maneras de huir.

Publicado en La República, el 19 de octubre de 2020

Obrainsa

Entrevista en Radio Santa Rosa, el 22 de octubre de 2020

Entrevista en Radio Santa Rosa, el 22 de octubre de 2020

Entrevista en RPP, el 21 de octubre de 2020

Entrevista en RTV, el 18 de octubre de 2020

Entrevista enCanal N, el 18 de octubre de 2020

Entrevista en Panamericana, el 13 de octubre de 2020

Entrevista en RPP, el 12 de octubre de 2020

Inhabilitados

Para desfacer entuertos

El juego de los espejos

 

Caso Cisneros

 Entrevista en IDL sobre el Caso Cisneros, el 23 de setiembre del 2020

Nuestros sesgos

LOS SESGOS OPERAN COMO VÁLVULAS QUE CONTROLAN EL SENTIDO QUE ASIGNAMOS O DEJAMOS DE ASIGNAR A EVENTOS, EVIDENCIAS Y TESTIMONIO

Construimos narraciones que suponen a alguien más que las reciba o al menos las escuche alguna vez.  Contamos nuestras historias pensando en esos auditorios, en las consecuencias que el relato producirá en quien le escuche, en cómo nos veremos al contarlas, en cómo seremos recordados mientras recordamos. 

De eso trata la memoria.

Al otro extremo de la construcción de la memoria está la negación, no el engaño.  El engaño y el autoengaño aparecen a la mitad del camino, donde se esconden los sesgos, esos esquemas mentales rígidos que fueron reconocidos por Kahneman y Tversky en 1972 como motores de reacciones muchas veces precipitadas, que sin embargo pretenden hacer pasar estereotipos por verdades para entonces actuar. La mayoría de las veces los sesgos distorsionan la percepción de las cosas y la forma en que narramos nuestras historias. Y producen verdaderas injusticias cuando impregnan decisiones públicas.

Hablando del lenguaje de los tribunales L´Hereaux-Dubé (“Detrás de los mitos…”, 2001) ha afirmado que cualquier sesgo alojado en la jurisprudencia viola la imparcialidad, esa forma especial de neutralidad que se exige a jueces, juezas y órganos colegiados.  La actividad judicial ha dicho. requiere siempre “un constante y consciente esfuerzo por impedir los sesgos que surgen de un razonamiento basado en estereotipos”.  

Llegué a L´Hereaux-Dubé por un texto de Rocío Villanueva  (“Una mirada preliminar.. ”, 2019).  Rocío usa esta misma aproximación para abordar tres decisiones judiciales adoptadas en casos sobre violencia sexual.  En los textos que analiza, entre frases y líneas, Rocio encuentra estereotipos explícitos empleados para abordar las cosas que una mujer acepta cuando elige un trabajo o una pareja y los límites que no deben traspasar sus jefes o acompañantes.  Rocío encuentra como esos estereotipos fueron usados por los tribunales en el lugar que debieron ocupar los principios o las reglas de derecho para justificar las decisiones inaceptables que analiza.  

La aproximación funciona para todo sesgo.  En múltiples conferencias Raquel Yrigoyen usa un abordaje semejante para identificar como “colonialistas” las coartadas seudo legales con las que los tribunales formales recortan permanentemente el ámbito de jurisdicción que deberían reconocer a favor de los pueblos indígenas. 

Los sesgos operan como válvulas que controlan, de la manera más arbitraria imaginable, el sentido que asignamos o dejamos de asignar a eventos, evidencias y testimonios.  Las narrativas distorsionadas que producen solo se sostienen si jamás una evidencia las confronta cara a cara. 

Pero además de los sesgos machistas y colonialistas, esta el “sesgo épico”.  El sesgo épico aparece cuando intentamos adscribir nuestros relatos a uno más amplio, usualmente ya establecido como glorioso o salvífico, como una epopeya.  A partir del momento en que alguien adscribe su relato al universo de la epopeya cree volverse incontestable.  Cualquier cuestionamiento debe ser minimizado en su significado o en sus consecuencias.  Cualquier interlocutor agredido.  El portador del sesgo cree que las cosas que le contradigan deben ser “puestas en su exacta dimensión”, es decir, debajo de su relato.

Una de las epopeyas más difíciles de abordar entre nosotros corresponde a la épica de la derrota terrorista. Imposible dejar de valorar lo que hizo nuestra corporación militar en esos tiempos.  Pero inaceptable usar ese reconocimiento para eludir las consecuencias de los crímenes que también se cometieron.  

Volvemos hacia allí la mirada porque el ahora Congresista Urresti ha sido llamado nuevamente a juicio por el asesinato del periodista Bustíos Saavedra, acribillado y destrozado por una granada por un destacamento militar en las inmediaciones del cuartel de Huanta en noviembre de 1988.  Urresti era entonces oficial de inteligencia en la zona.  Y ha sido señalado como uno de los responsables del hecho por Vidal Sanbento, uno de los dos condenaos por el crimen, y también por Isabel Rodriguez, mujer, testigo de los hechos, que, además de reconocerlo, lo acusa de haberla violado.

No encuentro de qué manera pueda impedirse a estas alturas que otorguemos al juicio del caso Bustíos la centralidad que le corresponde.  En el panorama completo, el juicio transitará en paralelo al de la masacre de Cayara, de mayo de 1988, y sigue en línea al caso de Sina Muñoz Vega de Yangali, la encargada del telégrafo de Churcampa que fue abandonada al borde de un camino en mayo de ese mismo año cuando los agentes de seguridad que la torturaron la creyeron muerta.  En este ultimo caso una sentencia dictada en diciembre de 2017 absolvió a los acusados porque la fiscalía no pudo presentar en juicio testigos directos de los hechos.  Pero el caso debe comenzar también en este periodo, porque la Suprema anuló esa absolución.  En el caso Bustíos Alejandro Ortiz, uno de los primeros testigos de los hechos, fue asesinado.  En Cayara, entre junio y diciembre de 1988, al menos 12 testigos de los hechos fueron también asesinados. 

¿Podremos continuar sesgado la mirada?

Caso Fuerza Popular

Entrevista en Canal N, el 23 de julio de 2020

El tiempo, los procedimientos digitales y las cosas de las que somos responsables

Cárceles - COVID 19

Al día siguiente

LOS EVENTOS QUE CARACTERIZAN ESTA HISTORIA CONSTITUYEN VIOLACIONES A LAS LEYES PERUANAS Y EXPRESIONES CLARAS DE MALA FE

A estas alturas, parece haber menguado el temporal creado por la demanda de los US$1.200 millones que Odebrecht anunció a finales de enero de este año. Ha quedado claro que la demanda, a la larga, no puede tener éxito. También que la entrega de las evidencias que Odebrecht debe a la fiscalía no está en riesgo. Lo que sigue está enteramente en manos de la procuraduría. Y no tenemos más espacio para nuevos errores ni apresuramientos o distracciones como los que nos han traído hasta aquí.
Odebrecht pretende tener derecho a ir al Ciadi a reclamar una compensación por la resolución del contrato del gasoducto, registrada en enero del 2017. Dice, entre otras cosas, que su derecho de acceso a tribunales internacionales está vigente porque, en este caso, no sobornó a ningún representante del Gobierno. Indica que en el verano del 2017 en el Perú se mezclaron cosas que debían mantenerse separadas y que el Gobierno trató sus inversiones en este proyecto (básicamente la compra de los tubos) como si estuvieran conectadas con los hechos de corrupción que ha reconocido. Señala que esa conexión no existe, y que por eso la constructora debe ser compensada.

Sobre esto, hay que precisar hasta dos cosas. Odebrecht podría, como indica, no haber entregado dinero directamente a ninguno de los representantes del Gobierno que estuvieron a cargo del proyecto gasoducto. Pero eso no hace que la historia de este caso deje de ser una historia sobre corrupción. Antes del concurso, Odebrecht filtró US$4 millones en las campañas de los dos candidatos a la presidencia que pasaron a segunda vuelta. Después de eso tuvo, afirma la fiscalía, nada menos que a la señora Heredia como promotora o gestora de sus intereses. Además, sobornó a uno de los apoderados de la competencia para conocer los márgenes de precios que su rival lanzaría al concurso y sobornó también a uno de los consultores de Pro Inversión antes de la firma del contrato. Calificar estos hechos bajo las reglas del Código Penal puede ser complejo. Pero reconocer la historia como una historia sobre corrupción no lo es.

Las historias sobre corrupción aparecen cuando se trafica con posiciones o decisiones que no deberían haberse puesto en el mercado. Y son historias sobre corrupción sean cuales fueren las reglas legales que deban emplearse caso por caso. No tiene sentido pretender que una historia como la del gasoducto no sea una historia sobre corrupción porque no aplique al caso algún artículo específico del Código Penal (el del cohecho, un caso específico de soborno). Las leyes no se han aprobado para interpretar la realidad ni para caracterizarla, sino para establecer y limitar responsabilidades y sanciones, que es una cosa distinta.

De otro lado, están las reglas del Ciadi sobre arbitrajes. Los expertos a los que he consultado me explicaron que a estos procedimientos solo pueden acceder empresas que son capaces de mostrar que han hecho “inversiones protegidas”. Una “inversión protegida” bajo las reglas del Ciadi es aquella que ha sido realizada de buena fe y respetando las leyes del país donde se aloja la inversión. Una historia como la del gasoducto no tiene cómo ser considerada conforme a estos dos estándares. Los cuatro eventos que caracterizan esta historia constituyen al mismo tiempo violaciones a leyes peruanas y expresiones claras de mala fe, cualesquiera que sean las normas específicas que sean aplicables.

Por eso, Odebrecht no tiene derecho a acceder al Ciadi.

Sin embargo, el anuncio de la demanda es un hecho de importancia y ha producido consecuencias. Y las seguirá produciendo si la procuraduría no lo evita a tiempo. La sola existencia del anuncio ha creado un desequilibrio visible en los aspectos civiles del acuerdo de colaboración del verano del 2019. Odebrecht no puede pretender que debe al Estado solo S/610 millones, que solo le es posible pagarlos en 15 años; sin embargo, el Estado debe pagarle US$1.200 millones. Odebrecht reconoce ser una empresa corrupta, pero pretende realizar los créditos que dice haber obtenido mientras corrompía a las autoridades. No tiene ningún sentido.

Odebrecht simuló que sus pretensiones sobre los tubos eran solo una expectativa, mientras obtenía el cronograma de 15 años y la liberación de los S/524 millones del saldo de la venta de Chaglla. Puso en valor esas expectativas solo después de obtener ambas ventajas y eso también forma un caso de mala fe, que debería ser suficiente para modificar el cronograma, imponer garantías sólidas que aseguren su cumplimiento, alcanzar una renuncia a nuevas pretensiones y ampliar el acuerdo sobre reparaciones, para que, por lo pronto, se reparen los daños causados por los sobornos pagados en San José de Sisa, por la filtración de fondos en la política y por el modo en que encaró el proyecto del gasoducto.

La procuraduría tiene ahora la palabra.

Publicado en El Comercio el 24 de febrero de 2020.

Día octavo

EL SISTEMA INSTITUCIONAL ESTÁ SUFICIENTEMENTE REZAGADO COMO PARA ARRIESGARNOS A POSTERGARLO POR MÁS TIEMPO.

No puede ser simple para nadie enfrentar la incertidumbre que representa que de pronto cambien nuestras rutinas y nuestro abordaje al futuro inmediato. Puede entenderse el desconcierto que ha predominado en nuestras reacciones colectivas durante toda la semana pasada. Incluso, puede entenderse la negación, tantas veces expresada en formas absurdas de desobediencia. Pero no tendría sentido que en el día octavo mantengamos la relativa parálisis que ha seguido al inicio de la cuarentena. No me refiero, por cierto, a los sectores vinculados a las áreas de abastecimientos, energía, salud y seguridad pública, todos ellos ejemplarmente activos en estos días. Me refiero a las áreas de discusión y organización institucional, que se mantienen relativamente inmovilizadas aún.

Sin duda hay algunas señales positivas: el día dos, el Congreso, ya instalado, se concedió a sí mismo seis meses para revisar las reformas políticas que deberán aplicarse a las elecciones del 2021. Los expertos en regulaciones electorales han coincidido en que la medida puede requerir mayores precisiones, pero en todo caso la decisión anuncia el inicio de un debate que no puede seguir aplazándose. El mismo día, asimismo, se presentó un nuevo proyecto de ley para reformar el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Además del texto, propuesto por Somos Perú, otras bancadas anunciaron que están preparando sus propias opciones para reformar el procedimiento de elección de nuevos magistrados.

No hay, en cambio, señales que muestren que la Junta Nacional de Justicia esté en posición de superar los efectos de la cuarentena y encuentre la manera de sesionar por medios virtuales. Tampoco hubo señales que muestren que el sector Justicia o la Corte Suprema están en posición de retomar el debate sobre la reforma de los tribunales. Y no hay señales de que las organizaciones civiles que observan estos procesos estén tratando de abrir foros públicos de debate sobre los fundamentos de las reformas pendientes de ser discutidas.

Mi punto es el siguiente: no existen razones que impidan que el Congreso, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia o las organizaciones de la sociedad civil que vienen observando estos procesos abran foros digitales que permitan comenzar a organizar debates que no tienen por qué paralizarse por la cuarentena. Nada impide que usemos las vías digitales a nuestra disposición para iniciar intercambios sobre las propuestas que ya están puestas en la mesa.

En teoría, la cuarentena tendría que levantarse en una semana. Pero aunque esto ocurra, el distanciamiento social deberá prologarse hasta que el virus haya remitido completamente entre nosotros. No tiene sentido, entonces, sentarse a esperar. El sistema institucional es un espacio suficientemente denso y está suficientemente rezagado como para arriesgarnos a postergarlo por más tiempo.

Tal vez toque aprender que los espacios digitales sirven también para tomar decisiones sobre asuntos de políticas públicas, aunque haya que hacer cierto esfuerzo para aprender a usarlos eficientemente.

Necesitamos pensar y necesitamos aprender a ensamblar debates. Tal vez sea el momento de generar espacios de intercambio más intensos que los que se logran desarrollar a través del contacto físico y de las redes sociales. Tal vez nuestra forma de contacto físico y nuestra forma de usar las redes sociales hayan sido en este último tiempo factores contributivos a la formación de la densa neblina que nos ha impedido reconocernos. Y tal vez necesitamos ahora cambiar el sentido de nuestras vías de encuentro para avanzar en lo que a la formación de espacios de debate se refiere.

Abrir foros y audiencias públicas administradas por vías digitales, desde el Estado y desde la sociedad civil, parece entonces urgente. Avanzar. Desengancharnos. Y aprovechar este momento en el que la interacción física se ha convertido en una actividad contraindicada para generar ideas que requieran ser meditadas para poder ser escritas, y escritas para poder ser entonces discutidas. Y discutidas sin las etiquetas que aparecen cuando nos confrontamos físicamente, sin intermediación semántica alguna, en un cara a cara que se ha vuelto propenso al insulto, a la descalificación y a la condena.

Tal vez la tensión que produce la supresión de los espacios de encuentro físico nos ofrezca la mejor oportunidad imaginable para instalar la palabra como vehículo de intermediación entre personas que se reconozcan una a otra como tales, en espacios meditados reflexivamente.

Tal vez nos hacía falta este silencio abrumador para descubrir el verdadero sentido de comunicarnos. Tal vez nos hacía falta esta distancia para poder reconocernos.

Toca cambiar el eje desde el que abordamos los problemas de nuestra fragilidad institucional. Abandonar construcciones abstractas que usamos para rechazar al otro y comenzar a construir desde esa solidaridad que hemos visto actuar en detalles simples, cotidianos.

Puerta por puerta. Persona por persona. Palabra por palabra. Para que podamos reconocernos como personas distintas cuando las puertas se abran.

Publicado en El Comercio el 23 de marzo de 2020

Las prisiones

DEPENDE DE LAS FISCALÍAS PODER SACAR DE  PRISIÓN AL MENOS A BUENA PARTE DE LAS APROXIMADAMENTE 36 MIL PERSONAS QUE ESTAN BAJO PRISION PREVENTIVA

El miércoles 22, el ministro Fernando Castañeda anunció que el programa de indultos del Ejecutivo alcanzaría a tres mil personas. Es un anuncio importante si tenemos en cuenta que los programas de indultos de la Comisión Lanssier y de la Comisión Especial de 1991 anduvieron por debajo de 500 beneficiados, y que los beneficiarios de esos programas fueron elegidos en plazos bastante menos apremiantes que los que tenemos ahora. Pero aun siendo evidente el esfuerzo, la medida tiene un alcance limitado si atendemos a las dimensiones del problema de hacinamiento que exhiben las cárceles.

Hablamos de 90 mil personas en prisiones que tienen una capacidad

de albergue medida para tiempos normales para 35 mil. Son más de 50 mil personas en exceso, midiendo la capacidad de las prisiones sin considerar las reglas sobre distancia obligatoria. Esas condiciones equivalen a que encerráramos a 100 mil personas en dos estadios del tamaño del Estadio Nacional en este momento, a casi mes y medio del inicio de la cuarentena.

Estamos perdiendo un tiempo valioso y no alcanzaremos resultados mínimos si no generamos un programa complementario que, con medidas distintas al indulto, alcance al menos a 15 mil beneficiarios.

Excarcelar a tres mil personas por medio de indultos es un buen comienzo. Pero los indultos no pueden ser la única medida por adoptar en este momento.

Para elevar la cifra de beneficiarios de 3 mil a 15 mil necesitamos un actor adicional: el Ministerio Público. Depende de las fiscalías poder sacar de prisión al menos a buena parte de las aproximadamente 36 mil personas que están bajo prisión preventiva o parte de las seis mil condenadas a prisión por períodos de corta duración (cifras a diciembre del 2018). Nuestras prácticas procesales no han previsto con claridad que las fiscalías puedan retirar pedidos que ya han ganado en los tribunales sobre estos asuntos, pero no encuentro obstáculos serios que impidan hacerlo. Menos en medio de una emergencia como la que tenemos ahora. De hecho, en el caso de las prisiones preventivas que se levanten, los procedimientos de fondo van a continuar. Y en cualquier caso los listados de la fiscalía deberán ser controlados por el judicial, incluso aunque sean presentados en bloque.

Si las fiscalías aceptaran levantar el 30% de las prisionespreventivas que han ganado y de la mitad de las condenas efectivas cortas obtenidas, el programa completo podría alcanzar un impacto cinco veces más alto que el trazado por el Gobierno.

Un programa de este tipo daría otro marco de referencia a los pedidos “caso por caso” que se están haciendo ahora desde las defensas. Con un plan que alcance 15 mil beneficiados, las defensas mantendrían el derecho a cuestionar la no inclusión en las listas de determinadas personas. Los tribunales podrían revisar correcciones puntuales a un programa en marcha, pero esto es muy distinto a intentar manejar la crisis “caso por caso”.

El actor principal de este proceso, además, pasaría a ser el Ministerio Público.

En los últimos días, la fiscalía anticorrupción anunció que no atendería la audiencia de uno de los casos individuales que se han planteado en este último tiempo porque no podía acceder a sus archivos físicos. La alerta debe ser tomada en serio. Debemos reconocerlo: las fiscalías y los juzgados dependen para operar de archivos de papel. Esto pone en evidencia un nivel de retraso tecnológico que hemos tolerado pasivamente como si no fuera importante. Pero tendremos que volver sobre eso luego. En este momento, lo urgente es contener las consecuencias del hacinamiento en cárceles antes que se multiplique el nivel de tragedia que está adquiriendo el manejo de la pandemia entre nosotros. Y si eso implica que los fiscales hagan una revisión de los casos a los que nos referimos “papel por papel” para generar soluciones con rendimiento sobre el sistema, pues entonces deberemos proceder “papel por papel”.

Son aproximadamente 42 mil personas sobre las que deben decidir entre 250 y 300 fiscalías en todo el país. Lima concentra probablemente el 30% de estos casos. ¿Cuánto tiempo puede tomar que esos fiscales accedan a sus despachos, con un solo asistente, en horarios escalonados que impidan la aglomeración; que tomen contacto con la defensa por correo electrónico o mensajes de texto cuando sea necesario, que preparen las listas de los casos de los que pueden desistirse y las presenten a tribunales autorizados a resolver usando decisiones sumarias? ¿Tres semanas? ¿Quizá seis?

Un esquema de este tipo puede producir resultados inmediatos a una velocidad razonablemente alta. Habrá que preparar campamentos transitorios para asegurarnos de que no se resuelva el problema enviando simplemente 15 mil personas a morir en casa o a contagiar a más personas. El programa entonces exige campamentos de apoyo. Y exige voluntarios para atenderlos.

No será sencillo. Pero podemos lograrlo si comenzamos de inmediato

Publicado en El Comercio el 27 de abril del 2020

El tiempo y sus consecuencias

Los casos Odebrecht han impregnado la actividad pública durante un ciclo entero de nuestra vida institucional. El ciclo marcó su punto de inicio con los acuerdos que la compañía suscribió con las autoridades de los EEU, Suiza y Brasil en diciembre de 2016 y se cargó de contenido con una cadena de revelaciones sobre sobornos que ha provocado una revisión severa de la memoria de los últimos 20 años de nuestra historia.

En estos tres años los casos Odebrecht han estado en los cimientos de la caída final de Kuczynski, de la división del Ministerio Publico, del cierre del Congreso, del colapso del sector de obras públicas y del aplazamiento, por plazo indefinido, del proyecto de energía más importante del país, el gasoducto del sur. En el camino García se suicidó, Hinostroza y Toledo quedaron expuestos ante dos sólidos procesos por extradición y Humala, Heredia y Fujimori estuvieron en prisión. Esto para citar los efectos más visibles del proceso.

El ciclo ha estado marcado por la creación de un solo plano combinado en el que se mezclaron las investigaciones de la fiscalía y la actividad política. El punto mas visible de esta sobre posición lo generó el caso Fujimori, que entendido en sentido amplio incluye, además de la cuestión sobre los fondos manejados por su entorno, las investigaciones sobre las posibles relaciones de la señora Fujimori y el Fiscal Chávarry, el incidente de la violación de los precintos atribuido a este último, el intento de separar a los fiscales Vela y Pérez del equipo especial y el cierre del Congreso en setiembre del 2019.

La sobre posición de la política con investigaciones penales genera siempre una acumulación de tensión institucional de muy difícil manejo. Esta tensión está asociada a la mecánica de las investigaciones de la fiscalía: periodos extensos marcados por la incertidumbre sobre el destino de cada caso y explosiones coyunturales provocadas por allanamientos, detenciones, delaciones y confesiones. La tensión se completa con la enorme distorsión que provoca que los representantes de la política se conviertan en factores de defensa o acusación, casi en “parte”, en los casos en debate.
La única manera de administrar esta tensión consiste en romper las sobre posiciones lo antes posible. En los casos Odebrecht el vehículo para ensayar esa ruptura era y siguen siendo las acusaciones que faltan, las de los casos IIRSAs, Fujimori y Villarán. Unidas a las que ya se presentaron en los casos Humala, Heredia y otros y Metro de Lima, las acusaciones de la fiscalía deberían formar una narrativa convergente que nos ofrezca una respuesta clara, aunque sea opinable, sobre la forma en que se estructuró el espacio de corrupción más importante de este siglo, el de los proyectos y obras públicas. La presentación integrada de esa narrativa (pienso en una conferencia conjunta de fiscales y procuradores) debería permitirnos cerrar simbólicamente el ciclo y encapsular los debates que siguen en los espacios que ofrecen las audiencias públicas ante los tribunales de justicia, un ámbito que puede ser mejor protegido de interferencias políticas que las investigaciones fiscales.

Pero estamos retrasados. Hemos arrastrado los asuntos pendientes en los casos Odebrecht a este ciclo, que aún estando en formación se muestra claramente distinto al anterior. Al hacerlo, exponemos el significado y el alcance de los procesos anticorrupción. En noviembre de 2019 el Magistrado Ramos sostuvo que las interferencias que justificaron la detención de Fujimori resultaban imposibles después del cierre del Congreso. En abril de este año la Sala que ordenó liberar a Fujimori por segunda vez dijo que para prevenir nuevos riesgos bastaba con incomunicarla. El resultado fue la liberación en cascada de las demás personas investigadas junto a ella. Estas decisiones muestran de que manera los casos del ciclo anterior pueden producir resultados inversos en el ciclo actual, aunque esté en formación.

Nadie, tampoco la fiscalía, puede sostener equilibrios temporales indefinidamente.
El tiempo juega en contra siempre. A la firma del tercer acuerdo del Estado con Odebrecht siguió la devolución del saldo de la venta de Chaglla, la demanda al CIADI por el caso Gasoducto y la demanda que la compañía presentó contra Marcelo Odebrecht por chantajearla. A la segunda detención de Fujimori siguió el desmoronamiento de todas las órdenes de prisión preventiva que la fiscalía había ganado en ese caso. Y a la renuncia del señor Chávarry a la Fiscalía de la Nación ha seguido un proceso sostenido de interferencias que ahora se reabre con el pedido del Fiscal Galvez al Congreso para que investigue al Fiscal Sánchez, uno de los referentes más importantes de equilibrio institucional que conserva el Ministerio Público.

Una ola contra la impunidad puede convertirse luego en una campaña de negación. El factor que hace la diferencia es el tiempo. El error, no notar sus consecuencias corrosivas.

Publicado en El Comercio el 22 de abril de 2020.

Odebrecht - Fondos usados en campaña: Las transformaciones de los principales casos en marcha

Odebrecht demanda al Estado peruano

Entrevista en RPP, el 19 de febrero del 2020

Inversiones protegidas

Cinco razones por las que la demanda, además, no puede prosperar

Odebrecht, buscando alternativas

Buscando sentido al incidente de los $1,200 millones

Odebrecht demanda al Estado peruano

Acuerdo con Odebrecht

Entrevista en Canal N, el 5 de febrero de 2020

Entrevista en Canal N, el 5 de noviembre de 2019

Entrevista en RPP, el 26 de agosto  de 2019

Entrevista en Canal N, el 8 de agosto  de 2019

Entrevista en Radio Santa Rosa, el 3 de abril  de 2019

Entrevista en Ideele, el 27 de marzo de 2019

Entrevista en Canal N, el 22 de marzo de 2019

Entrevista en RPP, el 21 de marzo de 2019

Entrevista en Canal N, el 19 de marzo de 2019

Entrevista en RPP, el 5 de marzo de 2019

Entrevista en RPP, el 5 de marzo de 2019

Entrevista para Otra Mirada, el 7 de febrero de 2019

Entrevista en Canal N, el 7 de febrero de 2019

Entrevista en Canal N, el 24 de enero de 2019