La campaña 20/21
El sábado, en la conferencia de Palacio de Gobierno, la señora Boluarte dijo dos cosas que están pasando desapercibidas. La primera, acaso la más importante, se refiere al informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que observa sus manejos en cuentas, en las propias y en las mancomunadas. El informe es de NOV22, de modo que hasta el sábado pasado la incógnita por despejar era dónde ha estado ese texto todo este tiempo. El sábado la señora Boluarte nos ha contado que el informe en cuestión fue entregado a la fiscalía con ocasión a las investigaciones que comenzaron en JUL21 sobre la forma en que se Perú Libre reunió los fondos con que sostuvo la campaña electoral 20/21.
El informe es entonces una pieza en un caso sobre el posible financiamiento ilegal de una campaña desarrollada antes que ella sea ministra y ante que asuma la presidencia.
El caso en cuestión además ha estado delante de nuestros ojos todo este tiempo. Se trata del mismo caso por el que Jaime Villanueva se atribuyó influencias suficientes para evitar que la situación legal de Boluarte se complique antes de asumir la presidencia. Las ínfulas de Villanueva deben ser matizadas después del hallazgo. El informe es de NOV22 y en MAR23 la fiscalía inició una investigación preliminar contra Boluarte, Castillo y Shimabukuro sobre este asunto. La carpeta está separada de la que reúne a los principales dirigentes de Perú Libre, pero por una razón que encuentro perfectamente explicable: El informe de la UIF no hace referencia a los principales dirigentes de Perú Libre. Además los dos factores que gatillaron el caso fueron las declaraciones del señor Shimabukuro, un aparente aportante oculto de todo registro y la denuncia sobre la existencia de un registro privado de las actividades de la señora Boluarte, la llamada “libreta amarilla” a la que se refirió la señora Sánchez, su asistente en la campaña.
No habíamos tenido noticias en todo este año sobre el avance de estas investigaciones. Pero sin duda los debates actuales, que puede verse, no se pueden limitar al caso Rolex, forzarán que los tiempos de estas indagaciones se aceleren.
La cuestión es particularmente importante porque este caso se refiere a hechos que ocurrieron antes a JUL21. En JUL21 la señora Boluarte adquirió las protecciones constitucionales que corresponden al gabinete de ministros y en DIC22 las que corresponde a quien ejerce la presidencia de la república. Ambas requieren distintas formas de autorización del Congreso que pueden detener las investigaciones en la estación que se denomina “investigación preliminar”, el primer peldaño de un caso penal. Desde el caso Castillo, a partir de la decisión de Pablo Sánchez de MAY22, ha quedado establecido entre nosotros que es posible investigar hasta este hito a quien ejerce la presidencia. Pero antes de eso, primero en JUN16, con ocasión al caso Humala y luego en OCT20, antes que Vizcarra fuera vacado, la fiscalía dejó asentada una teoría complementaria: Quien ejerce la presidencia puede ser investigado sin límites de ningún tipo, incluso sin protección constitucional alguna si los hechos en cuestión ocurrieron antes que asuma el cargo que le protege.
Durante la campaña de 20/21 la señora Boluarte era una ciudadana postulando a un cargo. No tenía protección alguna adquirida. Por ende las investigaciones sobre sus cuentas, en la parte que corresponde a ese periodo pueden avanzar hasta sus últimas consecuencias sin necesidad de recabar ninguna forma de autorización del Congreso, ni la que resulta del antejuicio ni la que resulta de la vacancia en el cargo.
Sobre esta base el caso sobre los fondos de campaña de 20/21, a diferencia del caso Rolex, puede proseguir sin intervención del Congreso.
Los 84 meses de la señora Boluarte
Pero además la señora Boluarte nos dijo el sábado pasado que manejó el Club Apurímac por 84 meses. Al referirse a estos 84 meses la señora Boluarte intentaba rebajar la imagen que proyecta el informe: de un millón a S/ 13 mil al mes.
La declaración aparece en un video visiblemente revisado y editado. Tiene todas las condiciones para ser considerada como una declaración seria, vinculante. Al margen del intento por bajar volumen a las cifras, en ella la señora Boluarte termina reconociendo que siguió manejando el club Apurímac, una entidad privada, entre JUL21 y NOV22, cuando ya era ministra del gobierno de Pedro Castillo y estaba prohibida de hacer gestiones privadas.
Ocurre que en JUN22 la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso abrió contra ella un proceso por patrocinar los intereses de ese club en ese periodo. En ese procedimiento su abogado, Alberto Otárola, alegó que las gestiones que se habían descubierto, una de ellas relacionada con las licencias del restaurante del local, habían sido promovidas por simple necesidad administrativa; porque los poderes que se modificaron al ser nombrada ministra habían tenido problemas de retraso en los registros públicos. Sobre esa base en NOV22, poco antes del intento de golpe de Pedro Castillo, la Sub Comisión propuso desestimar el caso.
Pero ahora resulta que el alegato ha sido contradicho por la propia señora Boluarte. La propia presidenta, intentando defenderse del caso sobre sus cuentas, nos ha entregado una declaración que fuerza a reabrir las investigaciones sobre patrocinio ilegal que se descartaron antes que ella asuma la presidencia.
El caso del patrocinio indebido del club esta en manos del Congreso. Difícil calcular si a pesar de la evidencia dentro del Congreso habrá ganas de reabrir este caso o no. Pero parece imprescindible anotar que al menos en la fiscalía esa reapertura se ha vuelto obligatoria por palabra propia.
Colofón
Es completamente explicable que en estos días hayamos quedado deslumbrados por la espectacularidad de una historia cada vez más plagada de joyas, rumores, desmentidos, fake news y quizá callejones sin salida: La historia de los Rolex. Pero no siempre las historias que mayor atención convocan son las que determinan el destino final de las cosas.
La historia de las cuentas de la señora Boluarte, las propias y las mancomunadas, puede ser menos llamativa, pero puede avanzar más a prisa, por una senda más segura y con menos obstáculos institucionales que la del caso Rolex. Especialmente si la fiscalía no comete esta vez el error de sobrecargarla de hechos y lastres que la paralicen en el tiempo.
Las reglas sobre financiamiento ilegal de campañas, vigentes desde AGO19 puede por ejemplo ser más útiles que las que se usan para casos sobre lavado de activos. Es cosa de revisarlo.
Aquí hay una serie de razones que le dan sentido a empezar a hacer girar nuestra mirada en una dirección distinta a la que ahora la absorbe.
