lunes, 26 de marzo de 2018

Caso Kuczynski

Entrevista en ATV  con Milagros Leiva, 29 de marzo de 2018


Entrevista en Buenos Días Perú con Paco Flores y Pame Acosta, 28 de marzo de 2018


Entrevista en Canal N con Mávila Huertas, 26 de marzo de 2018





A PEDIDO DE LA FISCALÍA, EL PODER JUDICIAL ORDENÓ HOY UN PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS CONTRA PPK POR 18 MESES, TAMBIÉN EL ALLANAMIETO DE TRES INMUEBLES A SU NOMBRE.

PPK: ¿Son proporcionales las medidas contra el ex presidente?

Un día después de que el Congreso aceptó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la presidencia, el Poder Judicial dictó dos medidas en su contra: un impedimento de salida del país de 18 meses y el allanamiento a tres inmuebles a su nombre ubicados en San Isidro y Cieneguilla.

Y PPK tuvo dos reacciones. Una a través de su abogado, César Nakazaki, quien dijo que se allanaban a cualquier decisión para contribuir con las autoridades. La otra fue más política y confrontacional a través de sus redes sociales.

"Daré todas las facilidades del caso [...] Dejemos atrás el show mediático y no sigamos dañando la imagen del país. Que la persecución y la venganza política no se instalen en nuestro país", escribió vía Twitter.

Consultado por El Comercio, el abogado penalista Yván Montoya consideró que, más allá de las críticas del ex presidente, ambas decisiones odernadas por el Poder Judicial son proporcionales, tomando en cuenta que PPK es investigado por un delito común, que es lavado de activos.

"Al día siguiente de su renuncia, el ex presidente ya no goza de ninguna protección. A PPK no se le está imputando algo que no sea lavado de activos. Si hubiera sido por actos dentro de su función, quizá sí hubiera tenido algún tipo de protección, pero ante un delito común no hay ninguna consideración", manifestó.

Montoya señaló también que el impedimento de salida del país es la medida cautelar menos invasiva del sistema y la que menos derechos afecta.

"El estándar es que esta restricción es la más simple de todas y lo único que busca es que el ex presidente no salga del país, por lo que es proporcional al estado de la investigación, a la presunta vinculación de PPK con los delitos investigados y a los indicios que tiene Hamilton Castro", señaló.

"Con relación al allanamiento, solo cabría conocer los motivos de la urgencia, las razones por las cuales el fiscal consideró necesario llevarlas a cabo el mismo día que se decidía el impedimento de salir del país. Pero aún así, se justifica porque los allanamientos por delitos graves deben ser sorpresivos e inesperados", indicó.

–Entre la política y la justicia–
Una opinión contraria tuvo Enrique Ghersi, quien calificó como desproporcionadas ambas medidas restrictivas contra PPK.

Específicamente sobre el impedimento de salir del país, cuestionó que el fiscal Castro haya incluido en su sustentación los ingresos del ex presidente PPK como elemento para un posible peligro de fuga.

"Se supone que todos somos iguales ante la ley. Es irrelevante que una persona sea rica o no, o que tenga más o menos relaciones sociales. Para la ley eso es irrelevante, lo que importa es la comisión del delito. Esos argumentos son más políticos, y eso hay que dejarlo de lado", comentó.

Con relación al allanamiento, consideró que prematuro el accionar de la fiscalía. "Hay otras personas a las que también se investiga y contra quienes no se ha dictado un allanamiento como este", resaltó.

Por eso, sugirió "natural moderación" a jueces y fiscales. "Que se investigue si hay que investigar, pero dejar que la gente piense que la justicia es una herramienta de venganzas políticas solo deslegitima sus decisiones. Que sea severa, pero no por eso que deje de actuar con equilibrio y moderación", comentó.

–Un camino cuestionable –
El abogado penalista y ex procurador anticorrupción César Azabache consideró adecuado que la fiscalía busque que PPK permanezca en el Perú y solicite el impedimento de salir del país, pero cuestionó que use el presunto delito de lavado de activos, algo que no considera que exista en las indagaciones por los pagos a Westfield y First Capital.

"Estos pagos, como un caso en sí mismo y en mi opinión, son eventos prescritos, por más desagradable que sea. Desde mi punto de vista, las investigaciones adquieren sentido en el marco del Caso Odebrecht y con el proceso por la Interoceánica Sur. Habría tenido más sentido que la fiscalía reaccione a la renuncia de PPK incluyéndolo en el caso de las IIRCSA", comentó.

Agregó que el delito de lavado de activos como tal, un intento de percibir y ocultar dinero clandestino, no tiene elementos. Eso, expresó, puede poner en peligro el caso que busca estructurar la fiscalía.

"La cuestión de Westfield no es lavado de activos. Puede ser negociación incompatible, ventaja de privados, pero no hay circulación de fondos clandestinos", señaló César Azabache al recordar que, a diferencia del proceso contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, no hay elementos que vinculen los pagos a las empresas vinculadas a PPK con los fondos ilícitos de Odebrecht.

"PPK merece ser investigado y con todo el rigor, pero no con este tipo de procedimientos", concluyó el penalista.

Publicado en El Comercio el sábado 24 de marzo. 

El destino inminente


OTRAS CONSECUENCIAS DE LAS GRABACIONES DEL CONGRESISTA MAMANI

El destino inminente

Tenía planeado escribir un artículo sobre las reglas del lavado de activos. Hay en esta área muchas advertencias que hacer y muchas construcciones legales que terminar de perfilar en sus alcances. Y el allanamiento el sábado de la casa del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski deja demasiadas cosas en duda. Sin embargo, existen cuestiones previas que requieren respuestas claras y concluyentes.  

Hace poco más de un año descubrimos que después de dirigir la Marcha de los Cuatro Suyos y recibir de Valentín Paniagua la posta para organizar la transición, Alejandro Toledo habría pedido a Jorge Barata en Brasil un soborno que evoca simbólicamente, en su exorbitante dimensión, al primer monto que la fiscal Cornelia Cova descubrió en Suiza, en poder de Vladimiro Montesinos: US$30 millones. En el año se han descubierto además los no menos graves US$3 millones que Humala y Heredia habrían aceptado en secreto de Odebrecht y los otros US$3 millones que destrozarían el recuerdo esquivo de la perfecta honestidad de Susana Villarán.  

Un aficionado a navegar entre el significado de los números podría reparar en la oscura insistencia con que el número tres aparece en estas escenas macabras. Pero no es la numerología la cuestión a revisar. Es el letargo que produce entre nosotros contemplar todas las repeticiones. El frío refugio en la indiferencia y la desesperanza encierra el enorme peligro de instalar entre nosotros el abandono como estilo de acción pública. 

Es este el ambiente en el que tres congresistas y un grupo de traficantes políticos (a muchos de los cuales aún habrá que identificar) aparecen en la escena canjeando votos (al menos el del congresista Mamani) por la oportunidad mezquina de traficar contactos en el gobierno que permitirían al sobornado saquear futuros proyectos públicos: “De una obra de S/100 millones que te caiga 5%”. 

La vacancia de diciembre no era entonces una simple cuestión de votos. Tendría que haber sido la escena en que fijáramos los límites morales de la actividad pública. Pero fue la escena en que se denigraron los difíciles debates que ya estaban en curso sobre el final de la condena impuesta a Alberto Fujimori hace más de 10 años.  

La torpeza del procedimiento que en ese momento se adoptó terminó contaminando una cuestión que debió discutirse de otra forma. Ahora, con la exhibición de su bajeza, los personajes que detuvieron la vacancia en diciembre han puesto en riesgo, no tengo duda alguna, la sostenibilidad del indulto. Y, además, han abierto un nuevo capítulo de cuestiones penales destinado a saturar al extremo nuestra agenda en plazo inmediato. 

En condiciones institucionalmente estables, las grabaciones del congresista Mamani tendrían que haber generado un procedimiento de intervención en flagrancia dirigido por la fiscalía. Esta intervención habría provocado la entrega inmediata de los personajes de esta historia perversa al Parlamento, me refiero a los que tienen inmunidades, para su desafuero. En condiciones estables algunos de ellos habrían ido a prisión de inmediato.  

Sin embargo, comprendo que las cosas hayan adoptado otro rumbo. Por desgracia, las relaciones entre el Ministerio Público y la mayoría en el Congreso no fueron buenas el año pasado. La falta de confianza, que supongo es mutua, explica que se haya optado por una forma de hacer las cosas, por cierto lícita, pero distinta, menos perfecta y más arriesgada.  

Convertir al congresista Mamani en un improvisado pero aparentemente bien entrenado agente encubierto supone haber adoptado muchísimos riesgos prácticos. Hasta donde ahora parece, todos ellos han sido sorteados con éxito. El congresista Mamani, nos gusten o no sus antecedentes, su perfil o el modo en que hizo las cosas, al parecer actuó con la enorme precaución de no contaminar sus registros con frases o expresiones impropias que pudieran afectar la utilidad legal de la evidencia construida.  

Y la evidencia deja listo el caso a presentar. Podría faltar, pero no es imprescindible, saber qué ocurrió en esa reunión en casa de Kuczynski, a la que se hace referencia al menos dos veces en los registros. También podría faltar, pero no es un obstáculo, completar la lista de las personas que organizaron esta vulgar conspiración. Habrá que escuchar a los personajes. Pero no puedo imaginar qué puedan decirnos que impida que la cárcel sea ahora su destino inminente. 

Ignoro cuánto tiempo planea tomar el Congreso para procesar esto, pero debo advertir que para un caso así de completo no pueden necesitarse más de 15 o 20 días (el tiempo necesario para proceder apropiadamente). Además, el tiempo que probablemente tomará que la fiscalía pueda ampliar los cargos contra el ex presidente Kuczynski para incorporarlo en el caso de las IIRSA, sin duda una investigación más sostenible que la de Westfield y First Capital.  
De hecho, solo, el caso de Westfield y First Capital está destinado al archivo, si el Congreso no decide pronto declarar imprescriptible este tipo de asuntos.

Publicado en El Comercio el lunes 26 de marzo.