Fujimori y un nuevo escándalo
César Azabache
Caracciolo
Ayer Caretas publicó un informe sobre un caso que, a mi entender, sirve de
buen pretexto para fijar la pauta de lo que buscamos en asuntos que comprometen
la responsabilidad de Fujimori. Se trata de las donaciones del Japón.
Son hechos públicos que
Fujimori promovió donaciones de ciudadanos japoneses (y probablemente no sólo
japoneses) para obras sociales en el Perú. También es público que la
Presidencia, directamente o través de la Fundación para los Niños del Perú,
realizó realmente obras sociales en diferentes partes del país. Y sin duda
empleó cuentas en el Japón para colectar el dinero donado antes de nacionalizarlo.
Hasta ahí, nada sospechoso.
El informe anuncia el hallazgo de documentos que
demostrarían que las cuentas existían y que sobre ellas Fujimori y Aritomi
tenían derechos exclusivos. Pues bien, registrar a nombre personal instrumentos
financieros de una fundación es incorrecto conforme a las reglas del derecho
civil. Pero no es un delito, salvo que existan razones para pensar que alguien
usó esa ventaja formal para apropiarse del dinero recaudado. Y verificar o
descartar esa sospecha es tan sencillo como revisar las cuentas de ingresos y
gastos de la Fundación. Y esto implica revisar además las cuentas de los
depósitos obtenidos en Japón y las transferencias que debieron hacerse del
Japón al Perú, a fin de comprobar que todo el dinero colectado fue
efectivamente nacionalizado.
Aquí comienza el debate. Porque según entiendo, la
defensa de Fujimori ha sostenido que la Fundación empleó todo el dinero que
ingresó en proyectos y donaciones efectivamente ejecutadas. Pero hasta ahora la
defensa de Fujimori no ha mostrado los movimientos de las cuentas en el Japón.
Si la Fundación se manejó correctamente, entonces no sólo debe haberse gastado
todo lo que ingresó al Perú. También haberse nacionalizado todo el dinero que
se colectó. De lo contrario ¿dónde está el excedente?
Pero según entiendo la investigación original de
la Fiscalía fue más allá. Porque si los señores Fujimori y Aritomi se hubieran
apoderado de fondos colectados, entonces quizá habrían estafado a los donantes
y defraudado la confianza de la Fundación, pero nada más. Para que el caso
afecte al Estado debe involucrar fondos del Tesoro, no de un particular. Probablemente
por eso la Fiscalía buscó establecer si los fondos colectados por donaciones
fueron verdaderamente empleados en el Perú, o si en realidad, Fujimori reemplazó
estos fondos con parte del dinero que le habría entregado el SIN. Si esto fuera
cierto, entonces Fujimori no sólo se habría apoderado de las donaciones, sino
que además habría usado dinero del Tesoro para ocultar el forado, y ahí
entramos en el terreno de lo relevante para un juicio.
Las preguntas del caso son entonces: ¿Puede o no
probarse de manera clara que Montesinos entregó mes a mes fondos del SIN a Fujimori?
¿Puede probarse que Fujimori empleó esos fondos para financiar las obras que,
se suponía, eran sostenidas con donaciones del Japón? Hasta ahora, las evidencias
sobre las transferencias desde los Ministerios al SIN se muestran sólidas y convincentes.
Pero ¿las evidencias sobre las entregas de dinero del SIN a Fujimori son igual
de convincentes? Descontemos el testimonio de Montesinos, porque el principal acusado
no puede, aunque quiera, mudar su rol por el de un testigo: ¿Cuántas
declaraciones involucran a Fujimori? ¿Cuántas de ellas provienen de
arrepentidos y cuántas de verdaderos testigos? ¿Cuántos de estos testigos son
convincentes? ¿Hay además documentos que sirvan de evidencia?
