EL ACUERDO CON ODEBRECHT
ES LA JUSTICIA LA QUE DEBE HACERSE CARGO DE ASUNTOS DEL PASADO. ALA POLÍTICA LE TOCA EL TIEMPO FUTURO.
La semana anterior estuvo impregnada por un debate de dos días desarrollado en el Congreso sobre el tercero de los acuerdos firmados por el Estado con Odebrecht. Mirando ese debate en retrospectiva es preciso notar la ausencia de comentarios de fondo sobre el sentido y el destino final de esta historia. Hemos presenciado una discusión en la que no se ha echado una mínima mirada, ni por asomo, al futuro de las cosas, que es el terreno en que se definen las políticas públicas, el terreno en que se toman decisiones constructivas y se ensamblan metas, alianzas y acuerdos. Sobre esto, sobre la forma de describir el presente para obtener y crear equilibrios al menos transitorios, hemos escuchado en estos días muy poco o simplemente nada.
El Congreso se ha limitado a discutir si el Ejecutivo (procuraduría incluida) “lo hizo bien” en el tercer acuerdo (no en el primero, no en el segundo). Encerrado en este cuadrante, el Congreso convirtió una cuestión sobre políticas públicas en un remedo de discusión legal sobre responsabilidades derivadas de eventos ya ocurridos. Y de eventos que, además, tienen un significado que se ha mantenido en absoluta penumbra.
La escena, entonces, se perfila como una muestra palmaria de la enorme fuerza absorbente que ha adquirido entre nosotros el lenguaje que se escribe en tiempo pasado. El 2018 comenzó con el debate sobre el indulto ya anulado que Kuczynski entregó a Fujimori, pasó por la destitución del propio Kuczynski, el retiro de Kenji Fujimori del Congreso y la detención de Keiko y cerró con la crisis del Judicial y el referéndum. En un entorno político vaciado de contenido propio, el lenguaje de las responsabilidades ha instalado entre nosotros una suerte de agujero negro que se lleva cualquier oportunidad de iniciar una discusión mínimamente constructiva. Estamos entrampados en la cuestión sobre los culpables; inhabilitados por nosotros mismos para crear escenas conjuntas en que podamos organizar algo distinto a un linchamiento. Hemos perdido la brújula que nos permite organizar acciones conjuntas mirando hacia adelante.
Es la justicia la que debe hacerse cargo de asuntos del pasado. A la política le toca el tiempo futuro. Pero el tiempo futuro está ausente de nuestro horizonte verbal.
La política es evanescente cuando se ancla en el lenguaje de los culpables. Pierde todo contenido práctico. Y ahí es exactamente donde estamos entrampados.
Si cambiamos el eje de referencia, la cuestión a resolver sobre los acuerdos firmados con Odebrecht es cómo pasamos de los aproximadamente S/ 1.000 millones que la procuraduría ha comprometido o está embargando (separados los impuestos) a los S/1.200 millones por daños que, hasta ahora, ha estimado la contraloría deben ser cobrados en reparaciones. Por supuesto, deben revisarse las bases del tercer acuerdo. Pero eso le toca ahora al Judicial. El Judicial deberá establecer por ejemplo si los cálculos hechos con ocasión de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (de ahí vienen los fondos del tercer acuerdo) han sido correctos. Será además el Judicial el que confirme que el tercer acuerdo no contiene candado alguno que impida al Estado firmar un cuarto, un quinto o un sexto acuerdo sobre otros proyectos destinados a elevar el monto de las reparaciones (los números de la contraloría son, además, provisionales). Toca a la fiscalía afinar las evidencias de los siguientes casos (Odebrecht va aceptando ser responsable en 5 de 23 casos posibles, considerando Chacas). Toca al Ejecutivo bloquear toda reclamación posible de Odebrecht por vía arbitral para evitar que las reparaciones que está obteniendo se reduzcan por estratagemas indirectas.
Pero más importante aún: toca al Ejecutivo afinar los planes necesarios para reactivar la venta de los otros dos grandes proyectos de los que Odebrecht debe salir: Olmos y Chavimochic. La más importante fuente de fondos para alcanzar la meta de S/1.200 millones en reparaciones es la venta de esos proyectos, anunciada desde finales del 2016 pero congelada durante todo este tiempo.
En términos de políticas públicas la meta en ese caso es el incremento de las cifras de la reparación. Esta meta se alcanza en la combinación de un proceso intenso de obtención de nuevas evidencias asociadas a los casos pendientes y una acción pública específicamente dirigida a cambiar al controlador de la explotación de dos megaproyectos que aún están en manos de Odebrecht.
La discusión sobre los hechos del pasado no debe detenerse. Pero le toca a los tribunales de justicia. La discusión que conforma la política en sentido propio es la que involucra la organización del futuro por construir. El futuro práctico, no el soñado o fantaseado, se construye en presente progresivo, día a día, en el desarrollo de actividades dirigidas a metas concretas, susceptibles de ser medidas.
Afinemos entonces nuestra mirada. Necesitamos nuevos ejes de referencia de una vez por todas.
Publicado en El Comercio el 25 de marzo de 2019
