Esta semana, el 18 de abril, la JNJ debe discutir la recomendación presentada por la magistrada Tello, que persigue la destitución definitiva de las dos hermanas Benavides, la jueza y la fiscal.
La proposición de ambas destituciones en el mismo momento termina por confirmar que el caso eje de esta historia no es el operativo Valquiria ni las declaraciones de Jaime Villanueva. Es el caso de la jueza Enma Benavides, una historia que se refiere a las condiciones en que, alrededor del año 2015, fueron liberados dos narcotraficantes que fugaron del país.
Uno de esos dos narcotraficantes es Edison Ruiz Martínez, que volvió a ser detenido en Colombia en mayo del 2022 a raíz del asesinato en las playas de Barú del fiscal de Paraguay Marcelo Pecci, un magistrado especializado en narcotráfico y criminalidad organizada. En julio del 2022, la recién elegida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, removió de su cargo a la fiscal Revilla, jefa del equipo que investigaba a su hermana. En ese momento, el equipo que ella dirigía intentaba obtener una declaración de Ruiz Martínez. El fiscal que reemplazó a Revilla abandonó el procedimiento y pidió al Judicial autorización para desestimar el caso.
La investigación solo pudo ser retomada en enero, después de la suspensión de la fiscal Benavides. El plazo de la suspensión vence en junio del 2024; el de la investigación ampliada contra la jueza Benavides también.
La recomendación propuesta por la magistrada Tello no adelanta un juicio sobre la culpabilidad o la inocencia de las hermanas Benavides por los cargos por los que se le investiga en las fiscalías. Que ellas merezcan ser condenadas o ser absueltas al final de sus procesos es un asunto que deberá resolver el judicial en un juicio equilibrado, en su momento.
La propuesta de destitución que se discutirá esta semana en la JNJ no se entromete en esos asuntos. Está dentro, absolutamente ubicada dentro del ámbito de competencias de la JNJ. A ella le toca decidir quién debe mantenerse al frente a una fiscalía, un juzgado o un tribunal. Y la magistrada Tello está proponiendo que, dadas las interferencias registradas en esta historia, ninguna de las hermanas Benavides tenga a su cargo este tipo de mandatos.
TC: un caso pendiente
La competencia de la JNJ para ser la que decida en estos asuntos ha sido, sin embargo, puesta en cuestión por la propia fiscal Benavides ante el TC. En agosto del 2023, siendo ella aún fiscal de la Nación, pidió al TC, a nombre de las fiscalías, negar competencia a la JNJ para revisar cosas como la remoción de la fiscal Revilla, la llave de todas las interferencias perpetradas en el caso de su hermana. La fiscal Benavides pretende con esta demanda que el TC declare que haber hecho algo como entrometerse en el caso de su hermana es un simple acto de gobierno, no una interferencia en un caso sobre corrupción judicial ligada al narcotráfico.
El TC aún no ha adoptado una decisión sobre este pedido. Un fallo arreglado al sentido mínimo de las cosas debería denegarlo. Concederlo alinearía al TC en la lista de autores de las interferencias que vienen impidiendo hasta ahora terminar de establecer lo que sucedió en verdad cuando se produjeron las liberaciones por las que se investiga a la jueza Benavides.
Pero parecemos no estar notando que esta demanda pertenece a la Fiscalía de la Nación, no a la señora Benavides. Lo resalto porque el actual fiscal de la Nación, el señor Villena, que ha hecho esfuerzos importantes por estabilizar las fiscalías en medio del terremoto causado por la fiscal Benavides, no ha efectuado, hasta ahora, ninguna declaración sobre este proceso. Y debería hacer alguna. Las fiscalías deberían ser en este momento las primeras interesadas en que la fiscal Benavides se mantenga alejada de la Fiscalía de la Nación. Si el TC recortara la competencia a la JNJ para intervenir ante cosas como la remoción de la fiscal Revilla, la señora Benavides regresaría a la Fiscalía de la Nación. Si eso ocurre, queda en riesgo inminente el caso que se sigue contra su hermana.
Esta semana, en la que se discute la propuesta de destitución de las hermanas Benavides, debería incluir una declaración de la Fiscalía de la Nación sobre el caso de las competencias de la JNJ. A fin de cuentas, la demanda de agosto del 2023 fue presentada por la fiscal Benavides, haciendo uso personal de las atribuciones que le correspondían como fiscal de la Nación. Esto es algo que las fiscalías no deberían permitir.
Un caso más ante el TC
Hasta hoy, el TC ha prohibido al Judicial inmiscuirse en deliberaciones sobre proyectos de ley y en procesos parlamentarios de elección de autoridades. Pero ha dejado intacto el derecho de cualquier persona investigada por el Congreso a pedir protección judicial si se atenta contra sus derechos. Sin embargo, hace solo unos días, la mayoría en el Congreso anunció que pedirá al TC negar competencia al Judicial para proteger a quienes sean sometidos a procesos ante el Pleno.
El anuncio regresa indirectamente sobre las competencias de la JNJ. Fue hecho después de que el Judicial ordenara mantener en sus puestos a la señora Tello y al señor Vásquez, inhabilitados por el Congreso en marzo del 2024. Si el TC anulara la decisión judicial que mantienen ahora mismo a la señora Tello y al señor Vásquez en sus cargos, dejaría lista la reposición de la señora Benavides en la Fiscalía de la Nación.
Las consecuencias son las mismas que causaría declarar fundado el pedido que la señora Benavides hizo en agosto del 2023: el caso de la jueza Benavides quedaría bloqueado nuevamente, con todo lo que esto implica, considerando las obligaciones que tenemos como parte en los tratados contra el narcotráfico, vigentes en la región.
Pero, además, al hacer esta petición, el Congreso está intentando que el TC anule todos los procedimientos de protección judicial que ahora están a disposición de cualquier persona que el Congreso decida investigar.
Importante notar que el pedido se hace mientras el Congreso se arroga atribuciones para iniciar juicios políticos contra las autoridades del sistema electoral.
Colofón
Las interferencias registradas en esta historia incluyen el canje de favores desarrollado entre quien tuvo en sus manos la Fiscalía de la Nación y un grupo de congresistas interesados en sus propios destinos legales.
Cosas de este tipo deben mantenerse en la lista de asuntos que no deben repetirse. Aunque, claro, esa crece cada día. La alimentan los relojes de la presidenta, sus respuestas, la forma en que ciertos congresistas cercenan los sueldos de sus trabajadores o usan los recursos del Estado, incluidas las leyes, en su propio beneficio.
Va a ser más que difícil mantener la atención enfocada en medio de la seguidilla de guerras legales que van a marcar este periodo.
Pero resulta imprescindible hacerlo.
La indiferencia forma el ambiente en que las arbitrariedades logran multiplicarse sin consecuencias.
