Exhibiciones

El sábado 24 de setiembre fue un día particularmente intenso en la producción de comentarios de fondo en medios. Comencemos por Carlos Basombrio, que en redes sociales se preguntaba ese día por qué el poder atrae a tantas personas con perfiles corruptos e historias violentas o abiertamente depravadas. Debo advertir que la respuesta a esta pregunta no conduce a buenas noticias. Para hallarla es preciso bucear en la compleja dinámica que mantienen la clandestinidad y la exhibición en los perfiles de determinados personajes. Ya decirlo es, por cierto, es alarmante.

El Dorian Grey de Óscar Wilde recuerda al Narciso de la mitología griega. Un mito usado por Freud para describir a quienes solo se satisfacen ante su propia imagen trazada en un lienzo o en el agua o en un espejo. Basta agregar al personaje una historia marcada por el crimen. Porque el crimen es siempre clandestinidad, y lo que se hace en escenarios cerrados no se refleja en el espejo. La mezcla del crimen con un personaje como los que describe el mito de Narciso o la novela de Wilde puede conducir a una enorme frustración que solo se alivia amplificando el espejo, multiplicando la propia exhibición. Que mejor ejercicio de reemplazo que transitar desde la clandestinidad a la política. La política, especialmente si no tiene filtros ni contenciones, se ofrece como enorme, borroso y enorme espejo alterno. El Jocker de Tim Burton quiere ser alcalde de Ciudad Gótica. Y si la ciudad no tiene filtros ni límites acaso pueda llegar a serlo.

Nuestra política no tiene filtros ni límites. Por eso  no sorprende que, como decía Carlos el 24 al proponer esa pregunta, haya tantos personajes perversos a los que “atrae la política como a las moscas la miel”. 

Pero estas escenas no tienen solo una explicación basada en perfiles. También están las cuestiones estructurales. El mismo 24 de setiembre Jaime de Althaus y Gonzalo Zegarra, por cosas del azar, nos ofrecieron dos respuestas distintas a la misma pregunta, aunque quizá sin saber que acaba de ser formulada. Digamos, a pocos días de las elecciones regionales y municipales, Carlos, Jaime y Gonzalo parecen estar preocupados por lo mismo, por simple convergencia, y pensando desde enfoques distintos. 

Jaime reeditó una lectura de las cosas que presentó originalmente en 2011: nuestra última regionalización, sostenida como está a partir del reparto del canon y de fondos del gobierno central y no de la gestión sobre fondos originados en impuestos recaudados en cada zona, no tiene como generar una ciudadanía organizada para fiscalizar a sus autoridades. Lo que genera son clientelas que sostienen candidatos a los que hacen visibles intentando captar votos y esperando que el ganador retribuya el apoyo recibido incluyéndoles en las redes de reparto de contratos y fondos que se firman en base a alianzas corruptas. Gonzalo nos ofrece en complemento: quienes juegan este juego no creen que la economía genere riqueza; creen que la economía se agota en la apropiación o el reparto de lo que ya ha sido puesto sobre la mesa, de modo que el objetivo del torneo es acaparar lo más que se pueda, no crear nada nuevo. Desde ambos lados, desde la conformación de una sociedad que no tributa y desde la “mentalidad de suma cero”, que solo piensa en repartir lo que ya existe, la política se convierte en un escaparate en el que determinados colocadores de candidatos conformarán la oferta electoral eligiendo personajes manejables, alienados, dependientes de quienes retienen en sus manos las llaves de todas las puertas a través del dinero que se sigue gastando en campañas que no hace más que levantar escaparates de exhibición a los que se suben demasiadas personas que solo buscan exhibición. El poder que se forma de la conjunción de estas tres entradas es el mismo: un poder que no agrega valor y que expone a la ciudadanía al copamiento de cargos públicos por personajes sin ideas o sin escrúpulos o acaso francamente y abiertamente pervertidos.  

El poder, en la versión que nos impregna, se forma con demasiada frecuencia desde las sombras de la clandestinidad. 

Si la Fiscalía quisiera continuar

Sobre la denuncia Constitucional contra Castillo

[Publicado en La Mula, 27/09/2022]

Quizá uno de los puntos más agotadores de esta crisis provenga del enorme muro que nos coloca el artículo 117 de la Constitución, el que limita las posibilidades de acusar al presidente durante su mandato a solo casos por traición, interferencias electorales y parlamentarias. Claro, está la cuestión de la vacancia, que frustra a quienes después de NOV20 no querríamos que vuelva a usarse y a quienes quieren usarla y deben constatar día a día que los congresistas que la reclaman no son capaces de montarla.

Entre tanto ya se estableció que es posible que la fiscalía investigue al presidente durante su mandato, así sea en este formato inicial que llamamos “investigación preliminar”. Y hace varias semanas, cuando se destituyó al ministro Gonzales, entró en debate la posibilidad de suspender judicialmente a Castillo si se extralimita en las interferencias que cada tanto ensaya.

De hecho, desde que la posibilidad de suspender judicialmente a Pedro Castillo entró en la escena su hija se escapó y se entregó, su abogado renunció y retornó y Colchado fue removido y repuesto en solo horas. La sola idea de un pedido de suspensión judicial parece haber surtido sobre Castillo el efecto que los ajos y las cruces de plata producían sobre los vampiros. Sin embargo subsisten al menos en las formas los dos casos que Castillo hizo o mandó a hacer intentando destituir a Colchado. Y la fiscalía decidió no ensayar la búsqueda de una primera orden judicial que las desactive estos casos como lo que son, casos de interferencia, quizá porque ella no se siente suficientemente cómoda con hacerlo desde la plataforma que le ofrece una investigación preliminar. Entonces la fiscalía necesita un upgrade para continuar.

Mientras pasan los días los hechos bajo investigación se multiplican y las evidencias se acumulan. El proceso, en franco crecimiento dentro de una habitación de techos bajos, porque el 117 impide llevar a Castillo ante los tribunales, eleva la tensión sin que nuestro sistema legal, el que nosotros mismos establecimos, ofrezca una válvula final de salida. Francia esperó 12 años para llevar a Jacques Chirac a juicio por cargos sobre corrupción, pero durante esos 12 años Francia siguió siendo gobernada. Aquí el Consejo de Ministros ha sido subordinado a la defensa de Castillo y eso hace de la crisis algo bastante menos soportable. Salvo por esfuerzos aislados, pequeñas islas construidas dentro del gabinete, el Perú no está siendo gobernado y eso cambia el sentido de la espera de manera definitiva.

En el intermedio que nos separa del muro que cierra un callejón sin salida hay aún opciones que nos permiten avanzar e intentar construir plataformas de equilibrio que si bien no serán definitivas al menos deberían servirnos de algo. En estos días por ejemplo ha comenzado a anunciarse que en solo semanas la fiscalía podría presentar un primer caso penal contra Castillo ante el Congreso. La pregunta que salta inmediato es la siguiente: ¿para qué, si la acusación es imposible? La respuesta contiene una alternativa.

Quien más claramente ha demostrado que una acusación es imposible es Víctor García Toma. La idea que provocó su comentario fue sugerida por Rosa María Palacios hace varias semanas: Si la convención de la ONU sobre corrupción obliga a recortar el ámbito de aplicación de las inmunidades en atención al deber de investigación que ella contiene, entonces también el artículo 117 debería ser recortado en su alcance. El argumento es seductor, pero la respuesta de Víctor, por lo simple, es concluyente: Contra la prohibición que contiene el 117, dice Víctor, no hay excepción ni tratado que valga: Un tratado como el anti corrupción puede alterar el alcance nominal de una ley, pero no puede hacerlo con una cláusula de la Constitución, salvo que se haya aprobado con un procedimiento especial que jamás ha sido empleado entre nosotros. Entonces el caso parece cerrado: Mientras la Constitución no cambie, y nadie en el Congreso parece tener interés en cambiarla, el presidente no podrá ser acusado salvo por muy pocos casos.

Si esto es así presentar un caso contra el presidente ante el Congreso no puede implicar acusarle. Pero podemos elegir una ruta distinta. En el derecho contemporáneo la voz “acusación” tiene un peso distinto al que tenía en el siglo XIX, cuando se escribieron las fórmulas que aún hoy se emplean para definir las protecciones constitucionales. Entonces se empleaba incluso para describir las denuncias de particulares por asuntos privados. No es difícil reconocer que el desarrollo de las fiscalías, que entonces no eran ni por asomo lo que son ahora, permite afirmar que cuando de delitos se trata, ahora, quien acusa no es el Congreso sino ellas. Las competencias del Congreso son exclusivas y excluyentes cuando se trata de infracciones a la constitución, asuntos que por cierto son políticos. Pero no cuando se trata de delitos. De varias maneras cuando se trata de delitos, llamando a las cosas por su nombre, lo que la fiscalía pide al Congreso no es una acusación sino una autorización para llevar un caso a una segunda estación de investigación, la llamada entre nosotros “investigación preparatoria”, que resuelve todas las dudas que ahora parece tener la fiscalía sobre el alcance de sus atribuciones.

Entonces ¿para qué presentar el caso ante el Congreso? Para obtener una autorización formal que permita a la fiscalía hacer un upgrade: llevar el caso a la siguiente estación, la llamada “investigación preparatoria”, en la que sin duda puede hacer las cosas que ahora parece haberse sentido corta a hacer, por ejemplo pedir una orden judicial que anule cosas como los dos casos que han lanzado contra el Coronel Colchado.

¿Acaso puede el Congreso autorizar a la fiscalía a llevar al presidente a una segunda etapa de investigación, que entre nosotros se llama “investigación preparatoria”? Desde el modo en que entendemos ahora la Constitución sí, porque lo que está prohibido es acusarle y pasar a la siguiente etapa de investigación no equivale aún a acusarle ¿Necesita esta autorización la fiscalía? Sí, porque para proceder a hacer ese salto la ley requiere autorización parlamentaria y la fiscalía no parece haber quedado convencido de su competencia para pedir restricciones judiciales en el procedimiento preliminar ¿Puede el Congreso concederla? Sí, aunque necesita hacer un cambio en su reglamento, y debemos hacernos cargo de las dificultades, por llamarles de alguna forma, que tiene este Congreso para producir modificaciones eficientes a sus propias reglas.

El cambio al que nos referimos supone declarar que el procedimiento para atender una solicitud de la fiscalía para iniciar una investigación preparatoria es el mismo que se emplea ahora en la sub comisión de acusaciones constitucionales para acusarle, pero con una diferencia: En este caso la Comisión Permanente no tendrá porqué ensamblar una acusación sino tan sólo evaluar la solvencia del pedido y la necesidad de proceder. La Comisión Permanente no tiene aquí por qué acusar al presidente ante el pleno. Le basta con solicitar al pleno que apruebe la solicitud de la fiscalía, entendiendo que, en respeto al 117 ella no acusará al presidente, aunque podrá llevar el procedimiento hasta sus últimas consecuencias con el empleo de recursos judiciales que quedarán a su disposición ya sin duda alguna.

En estos casos, los que comienzan a pedido de la fiscalía, debe quedar claro que el Congreso no debe “probar un caso” sino apenas evaluar un pedido para proceder qué hacer otro organismo constitucional en base a competencias que también están en la Constitución. El Congreso, de hecho, no perdería nada si aceptara dejar de llamar “acusación” a lo que en los hechos no es una acusación en forma, y restringiera el uso de esa voz en el lenguaje de su reglamento a aquellos casos que, por tratarse de infracciones a la Constitución y no a delitos sí le corresponden entera y exclusivamente.

La reforma al reglamento que permitirá hacer este upgrade a las investigaciones contra Castillo, entonces, no contiene ninguna violencia contra el significado de las cosas, al contrario, actualiza nuestro lenguaje constitucional de una manera que, en lo intuitivo es bastante clara ¿O acaso no tiene sentido reconocer que en el derecho contemporáneo quien acusa cuando se trata de delitos es la fiscalía, ni el Congreso?

No es esta sin duda una solución definitiva. Pero es mejor solución que simplemente seguir esperando sin que nada más ocurra.