Las necesidades del tiempo presente
César Azabache Caracciolo
El tiempo ha dejado en evidencia
que ni la Fiscalía ni la Procuraduría (y yo fui parte de ella) tenían un caso
fuerte en contra del General. Y si un caso no convence a nadie, entonces lo
razonable es enviarlo al archivo, más allá de nuestras preferencias subjetivas
sobre lo justo o lo deseable. Nuestras opiniones personales sobre los
personajes del último tramo del gobierno de Fujimori o nuestras impresiones
sobre el significado de la lucha anticorrupción, para poner dos ejemplos, no
son razones suficientes para sostener un caso, si en nueve años no hemos
encontrado evidencias concluyentes para convencer a todos de la fuerza de la
acusación. Usualmente decimos que una idea que no puede ser explicada en pocas
palabras no ha sido concebida con claridad. Con la justicia ocurre lo mismo: Un
caso que en un tiempo razonable no puede ser expresado en una evidencia
convincente no es un caso bien fundado.
El
tiempo. Han pasado nueve años desde el inicio de la transición, si entendemos
por ella el proceso institucional que comenzó con el hallazgo de las cuentas de
Montesinos y la fuga de Fujimori. Como proceso, la transición concluyó con la segunda
elección de García Pérez. Y es que toda transición de este tipo termina cuando
se cierra un ciclo de cambios básicos en las instituciones que fueron
manipuladas o alteradas por el régimen que ha sido desmontado. El final de la
transición marca el momento en que las cosas se estabilizan en alguna medida
(no siempre óptima, por cierto). Probablemente todo o casi todo el sistema institucional
haya entendido así las cosas, salvo un núcleo duro que ha seguido regulando su
propio comportamiento con los estándares de la transición. Lamento decir que
veo ese núcleo instalado dentro del sistema anticorrupción.
El
sistema anticorrupción fue el estandarte de la transición y fue sin duda la
primera muestra palpable de la posibilidad de hacer justicia en nuestro medio
de manera independiente y desinteresada. Le siguió, claramente, la Sala
Nacional, que rehízo los juicios contra los acusados por terrorismo después de
la anulación de los procesos militares de los noventa. Pero la Sala Nacional se
estabilizó a sí misma concluyendo oportunamente los juicios más importantes por
terrorismo y tomando luego en sus manos los casos tributarios, los de
criminalidad organizada y los de violaciones a los derechos humanos. A
diferencia de ella, el sistema anticorrupción no pudo desarrollar la misma
capacidad para “cerrar” su ciclo fundacional, y quedó enganchado en una agenda
de casos pendientes que han retrasado su propia estabilización como sistema
permanente.
La
transición ha concluido, pero una parte de los casos judiciales que expresaban
esa transición, no. Los juicios que quedan ya no expresan, en términos
institucionales, lo mismo que expresaban a principios de la década. De alguna
manera, los casos pendientes se muestran disociados del conjunto institucional.
De ahí que sea explicable (aunque no siempre justo) que terminen de manera
abrupta, como ha tenido que terminar el caso Chacón.
Pero
además de este desajuste entre los tiempos internos del sistema anticorrupción
y los tiempos del conjunto institucional, el caso Chacón ha puesto en evidencia
algo más. Si comparamos la intensidad de esta crisis con la intensidad de los
debates que siguieron a la Sentencia del Tribunal Constitucional en el caso
Bedoya, por ejemplo, notamos un cambio. Cerrada la transición, el eje de la
atención colectiva parece estarse instalando en casos cotidianos que se
refieren a cuestiones como la muerte, la violencia, la cárcel y hasta la propia
reputación de una persona. Estas otras cuestiones han probado que pueden
ensanchar nuestra comprensión sobre lo justo a partir de nuestras propias
preferencias subjetivas tanto como lo hicieron, en el pasado reciente, los
casos sobre corrupción y derechos humanos. Por cierto, los grandes temas de la
justicia atraviesan, pero no se agotan en las secuelas de los casos Fujimori –
Montesinos, ni en los juicios pendientes sobre violaciones a los derechos
humanos.
Cerrado
el eje de la transición, tal vez sea el momento de encarar un sistema que pueda
responder, con el ejemplo que se dio en los tiempos más difíciles de la
transición, a las necesidades del tiempo presente.
