La entrevista posible
César Azabache Caracciolo
Hace unos días el INPE negó a
Fujimori autorización para ser entrevistado por Raúl Vargas, sin duda uno de
los periodistas más importantes del medio.
Las reglas legales aplicables al caso se agotan en entregar al INPE la
facultad de autorizar o no actividades de este tipo, sin más control que la
posibilidad de pedir la intervención de un Juez si se detecta en la
administración un comportamiento arbitrario o abusivo de cualquier clase. En este caso, más de una semana después del
rechazo, Fujimori no ha pedido ni anunciado pedir la intervención de Juez
alguno. Aún no sabemos si intentará
hacerlo, pero la falta de una protesta legal contra a decisión del INPE sugiere
que tampoco para el ex mandatario el incidente representa (al menos ya no
representa) una cuestión sobre sus propios derechos, entendidos en sentido
fuerte.
Los hechos
sugieren que el cambio puede interpretarse como consecuencia de la decisión de
la Corte Suprema de Chile en el caso por las subvenciones a la llamada “prensa
chicha”. Si bien la primera sentencia de
este caso se difundió en setiembre de este año, todos pensamos que, apelada por
la defensa de Fujimori, la cuestión demoraría todavía algún tiempo más y no
interferiría con los debates sobre el indulto.
Nos equivocamos. Nos deben haber
cometido este error en cambio quienes intervenían en el caso a nombre de Fujimori
y a nombre del Estado. Por eso tiene sentido
suponer que los promotores del indulto intentaron acelerar el indulto para que Fujimori
pueda afrontar cualquier nuevo juicio en libertad. Y por eso suena también consistente que el Ejecutivo
haya, simultáneamente, decidido no acelerar demasiado el trámite de la
solicitud de indulto y no autorizar expresiones públicas del interno antes que
la Corte de Chile cerrara el procedimiento.
Si las
cosas son así, entonces los promotores del indulto necesitan ahora ensamblar
una teoría legal que independice la cuestión sobre el indulto de las
condiciones en que debe desarrollarse el juicio por las subvenciones. Y no van a llevarla bien en este
esfuerzo. De hecho, desde el punto de
vista legal, los procedimientos sobre indultos se refieren a personas que
cumplen condenas ya dictadas. Fujimori
es ahora, nuevamente, un acusado. Y esta
condición impide indultarlo. Si Fujimori
está verdaderamente mal, pues entonces habrá que trasladarlo a una clínica en
tanto se cierra el caso sobre subvenciones.
Y su defensa tendrá que usar una de dos vías para concluir con ese caso
lo antes posible: Ganar la cuestión sobre su incapacidad para ser juzgado (que
ya fue anunciada) o aceptar los cargos y pedir una conclusión anticipada del
procedimiento. La primera de estas
opciones traslada el debate sobre la verdadera condición de salud de Fujimori a
los tribunales. Y arriesga que una junta
médica, ahora a través de un peritaje, anticipe el fracaso definitivo del
pedido de indulto por una vía corta.
En estas
condiciones ¿insistirá Fujimori en exponerse a una entrevista imparcial? ¿Aceptará
discutir públicamente la cuestión sobre las subvenciones? Confieso que mi interés por escucharlo ahora es
mayor que hace una semana.
