jueves, 11 de agosto de 2022

Cuando las cosas se definen como reales…

Alrededor de la situación actual de las fiscalías veo dos posiciones: por una parte están quienes se están preocupando legítimamente por el significado ambiguo de algunas de las decisiones tomadas por la Fiscal de la Nación alrededor de algunos casos emblemáticos, como el Sánchez Paredes, el de la juez Emma Benavides o el de los llamados Cuellos Blancos. Pero por la otra está la de quienes intentan utilizar estas preocupaciones y dudas para generar objeciones sobre la solidez y cautela con que, encuentro, la Fiscal de la Nación y el equipo que lidera la fiscal Barreto están manejando los casos Castillo. 

Ensayando un resumen debo decir que la escena que surge de la combinación o sobre posición de estos escarnios no es óptima. En una conversación reciente, hecha en público, Rosa María Palacios me decía que ella habría preferido que la Fiscal de la Nación arme una agenda progresiva, una en la que aborde las cosas punto por punto y no todas a la vez, de manera que cosas como reorganizar a los fiscales especializados en los casos contra los Cuellos Blancos (no olvidar que dentro de este equipo ha habido más de una disputa seria en tiempos recientes) se hicieran cuando la posición de la fiscalía quede consolidada definitivamente.

Yo estoy de acuerdo con Rosa María. Jamás es buena idea mover más de una crisis fundamental a la vez. Pero en cuestión de estilos las preferencias mandan. Y lo que la Fiscal de la Nación está haciendo, mover varios escenarios críticos al mismo tiempo, supone riesgos de imagen y reputación que ella ha decidido tomar y que por ende deberá estabilizar. 

En todo caso encuentro que el golpe más duro que ha provocado la forma en que se están manejando estos temas ha sido la renuncia de Victor Cubas, un profesor universitario que encuentro representa parte de lo mejor que ha tenido el Ministerio Público desde los años 90, a la oficina técnica que coordinaba dentro de esta entidad. Encuentro dura esta decisión porque Victor ha dejado muy en claro, entre otros espacios, en una entrevista que concedió a Glatzer Tuesta que se ha ido en señal de protesta por lo que encuentra ha sido una forma, por decir lo menos, tosca de hacer los reemplazos. Voy a publicar este sábado, En Coyuntura, el programa que conduzco en los espacios digitales de La Ley una conversación en el que el me confirma que, sin embargo, prefiere pensar que la Fiscalía de la Nación entenderá el mensaje y hará correcciones que dejen en claro qué pretende exactamente lograr en estos espacios. 

De hecho Victor cuenta que alguno de los cambios que hizo y que causaron reclamos ha sido ya corregido. 

Desde mis propios espacios hago votos por que así sea. Los recelos que han provocado los cambios hechos en espacios sensibles dentro de las fiscalías no son cosa menor. Creo que no se mueven en el mismo plano en que se mueven los casos que se siguen contra Pedro Castillo. Pero eso no los hace asuntos irrelevantes en absoluto. De varias maneras las disputas que está asumiendo la Fiscalía de la Nación en los casos Castillo contienen una dosis alta de cuestiones de ética pública que requieren un ambiente libre de dudas, uno que contenga en todo lo que sea posible disputas internas, o uno que explique con suficiencia por qué se producen ellas en una línea de discurso que no se agote en exigir el merecido respeto a la autonomía de quien tiene en sus manos el difícil encargo de dirigir a una entidad que, nos lo contará Victor esté sábado, tiene además una extensa agenda de temas por resolver. 

Entonces abrir un poco más las puertas al equilibrio interno puede ser imprescindible. 

Pero en medio de todo encuentro importante también ir con cuidado cuando se miran estos asuntos. Estamos atrapados en un entorno que binarisa las cosas, o como se dice en estos días, las polariza adscribiendo  toda disputa a uno de dos bandos irreconciliables que sin embargo comparten una serie de intereses clientelistas: vacadores fraudistas (los que sostienen que la vacancia que no alcanzan es la única salida a la crisis y que las elecciones fueron un fraude) y Castillocerronistas (aquí no hace falta explicación). Asumir antes de tiempo que las innegables incertidumbres que produce la cuestión sobre las designaciones en la fiscalía expresa una adhesión de la Fiscal de la Nación expresa su automática adscripción. A los vacadores fraudistas es un error. Implica empujar a una magistrada que encuentro lejos muy lejos de la manipulación política a un bando al que no corresponde. Espero al otro extremo, asumir que porque las decisiones que está tomando la fiscalía en el caso Castillo vienen siendo las mejores imaginables, entonces debemos hacer oídos sordos a objeciones como las que ha hecho públicas Victor Cubas es un error igual de grande. Podemos sin duda estar de acuerdo con su gestión en parte, y reclamar más claridad en la cuestión de los cambios que ha hecho en días recientes también, porque en contra de lo que piensan los dos sectores que clientelistas que polarizan todo lo que toca, la política no es cuestión de adhesiones absolutas, sino un ejercicio crítico que combina distintas posturas ante distintos problemas, y sobre esa base, abre espacio para el diálogo adulto. 

Entonces regresamos al teorema de Thomas, del que, en una paráfrasis, tomé el título de estas nota: no empujemos a la Fiscal de la Nación a un bando en el que no queremos encontrarla, porque cuando las cosas se asumen reales, se vuelven reales en sus consecuencias.  

domingo, 7 de agosto de 2022

El destino de Pedro Castillo

La Corte Suprema admitió ya que la Fiscalía de la Nación puede investigar a un presidente de la república en ejercicio. Y dado que el Congreso no ha tenido el menor interés en definir las consecuencias legales de esta decisión, será también la Corte Suprema quien fije los límites y las herramientas legales con que cuenta la Fiscalía para hacerlo.

Por lo pronto, ha quedado establecido que esta puede disponer que la Policía organice a su pedido equipos especiales de investigación formados por los oficiales que ella escoja. Y, dejando al margen una ley que se aprobó en tiempos de la transición, la Corte ya estableció también que las detenciones preliminares son posibles en estos casos.

En estas últimas semanas entró en debate la posibilidad de suspender al presidente por decisión judicial. Esta alternativa entró en discusión luego que el propio Gobierno intentara desarticular de una manera u otra al equipo especial de la Policía que investiga al presidente en ejercicio. La salida del ministro González detonó la discusión. Y la negativa de la Fiscalía a aceptar los cambios que propuso el ministro Huerta cerró la escena al menos temporalmente.

La Corte Suprema admitió ya que la Fiscalía de la Nación puede investigar a un presidente de la república en ejercicio. Y dado que el Congreso no ha tenido el menor interés en definir las consecuencias legales de esta decisión, será también la Corte Suprema quien fije los límites y las herramientas legales con que cuenta la Fiscalía para hacerlo.

Por lo pronto, ha quedado establecido que esta puede disponer que la Policía organice a su pedido equipos especiales de investigación formados por los oficiales que ella escoja. Y, dejando al margen una ley que se aprobó en tiempos de la transición, la Corte ya estableció también que las detenciones preliminares son posibles en estos casos.

En estas últimas semanas entró en debate la posibilidad de suspender al presidente por decisión judicial. Esta alternativa entró en discusión luego que el propio Gobierno intentara desarticular de una manera u otra al equipo especial de la Policía que investiga al presidente en ejercicio. La salida del ministro González detonó la discusión. Y la negativa de la Fiscalía a aceptar los cambios que propuso el ministro Huerta cerró la escena al menos temporalmente.

La posibilidad de suspender al presidente por orden judicial ha tenido en estos días adhesiones y detracciones. Pero ha quedado instalada en el medio como una posibilidad si resulta necesaria. Por ahora el equipo especial de la Policía que investiga a Castillo se mantiene, aunque en medio de un equilibrio que aún es precario.

En todo caso la escena nos ha recordado que Castillo no tiene en la Corte Suprema la misma capacidad de maniobra que ha mostrado tener en el Congreso. Podrá bloquear procedimientos por vacancia, pero no tendría manera de impedir que la Corte le suspenda en base a una solicitud planteada por la Fiscalía en caso de necesidad y urgencia.

Castillo no puede ya interferir con las investigaciones de la Fiscalía sin exponerse a que ella pida su suspensión judicial a la Corte Suprema. Si las investigaciones continúan libres de toda interferencia, la Fiscalía puede terminar dando con el paradero de Silva y Vásquez, su sobrino, a quienes parece haber estado protegiendo, o más bien escondiendo.

En todo caso, si lo estaba haciendo, no puede hacerlo más. No sin exponerse a ser descubierto en flagrancia y a provocar su propia suspensión judicial o incluso su detención.

Quizá cuando ambos aparezcan el círculo se termine de cerrar. Pero entre tanto, la intensidad de las investigaciones solo puede multiplicarse y multiplicarse exponencialmente.

En una entrevista que publicamos ayer desde La Ley, Iván Meini, profesor de derecho penal y uno de los más destacados miembros del equipo de procuradores anticorrupción de la transición, notó que además de los prófugos de su entorno, los casos sobre corrupción que se están investigando tienen actores privados que aún no han tomado la palabra.

Para quienes no gozan de investiduras puede resultar más atractivo delatar a sus contrapartes públicas que exponerse a ser descubiertos e incluso detenidos. No debería sorprendernos entonces que la Fiscalía haya comenzado ya a ofrecer ventajas concretas a particulares que puedan entregar evidencias contra Castillo o quienes han formado su entorno, sea sobre corrupción o sobre interferencias.

Las posibilidades de desarrollo de las investigaciones puestas en manos de la Fiscalía de la Nación son aún enormes. De hecho, la única forma que tiene Castillo de librarse del rigor que representan estos casos es renunciar al cargo. Creo que no lo ha notado, pero su renuncia provocaría que la fiscal de la nación pierda competencia sobre él y quede obligada a entregar las investigaciones a una fiscalía provincial.

Por favor, no se lo digan.


Publicado en La República el 7 de agosto de 2022