Lavado de Activos. La recognoscibilidad del otro.

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Las ganancias ilícitas reconocidas

EL MONTO DE LO QUE ODEBRECHT PUDO HABER GANADO EN EL PERÚ FRUTO DE LOS SOBORNOS

El tercer acuerdo firmado por el Estado con Odebrecht eleva la suma de las compensaciones pactadas de US$28 millones –que teníamos a octubre del 2018– a US$273 millones, considerando intereses. A esta, hay que agregar otros US$60 millones en embargos ya impuestos a terceros. E insisto, falta aún que Odebrecht renuncie a hacer efectivo cualquier cobro por laudos arbitrales en ejecución o pendientes de emitirse. Falta que el Estado reciba una compensación adicional por los sobornos que se haya pagado por arbitrajes. Y falta que se pague una compensación por haber filtrado fondos en el sistema político, sea que consideremos estos últimos como actos delictivos (lo son para mí) o no.

Todo esto aún sin contar los montos que habrá que sumar a la lista por el acuerdo con Josef Maiman, que ya ha sido anunciado, y los que a partir de ahora firmen las empresas acusadas de haberse consorciado con Odebrecht sabiendo de los sobornos que se pagaban. 

En estas condiciones, me habría gustado entonces concluir que la senda está ya trazada y que solo queda seguirla. Pero temo que no es así. Los números de este caso se siguen moviendo y estos nuevos movimientos deben traer nuevas consecuencias: acaso confirmatorias, acaso no.

En diciembre del 2016, Odebrecht reconoció haber pagado sobornos en el Perú por US$29 millones. Pero la contabilidad de pagos ilegales al momento de anunciarse el tercer acuerdo había sobrepasado ya los US$50 millones. Y con la primera rueda de declaraciones posteriores al tercer acuerdo, la cantidad reconocida en sobornos ha traspasado ya los US$81,76 millones, sin contar los fondos filtrados en campañas políticas.

Las cifras, evidentemente, han estallado. Y esto, sin duda, es perturbador.

En las matemáticas de la corrupción ha sido usual reconocer alguna relación entre los sobornos pagados y las ganancias ilícitas reconocidas por aquel que paga. Los coeficientes de rentabilidad de los sobornos son siempre relativos, pero los US$29 millones admitidos en diciembre del 2016 parecían guardar alguna relación con los US$143 millones que en la misma fecha Odebrecht admitió como ganancias ilícitas obtenidas en el Perú. Eran US$4,9 por cada dólar pagado en sobornos.

Pero ahora que los sobornos reconocidos sobrepasaron los US$81,76 millones, ¿a cuánto debemos asumir que ascienden las ganancias ilegales de Odebrecht? ¿Siguen siendo US$143 millones? ¿Debemos entonces aceptar que Odebrecht hizo lo que hizo para ganar menos de un dólar por cada dólar pagado en sobornos? No lo creo.

Nadie paga sobornos de manera sistemática si no es dentro de un esquema general organizado para ganar dinero. Por lo mismo, la compensación total que el Estado reciba al final de esta historia debe mantener alguna relación con el monto de las ganancias ilícitas que logren identificarse. Sea cual sea la teoría que adoptemos, las consecuencias de un acto ilegal deben compensar a quien sufre su perpetración y desestimar nuevas ofensas. El crimen debe ser más caro que el respeto a la ley. Por lo tanto, la compensación que paga el que cometió un crimen debe ser mayor a las ventajas que obtuvo al ejecutarlo.

Aunque nuestras normas actuales naveguen por trochas insondables, sigo creyendo que la compensación final que pague Odebrecht por estos casos debe aproximarse, pero no ser menor, al doble de las ganancias ilícitas que obtuvo.

El concepto es incierto, de modo que habría que revisarlo. Aunque esto todavía es una sospecha, me permito suponer que las ganancias ilícitas reconocidas por Odebrecht en la confesiones de diciembre del 2016 se referían a un excedente no declarado para fines de impuestos como utilidad que podría equivaler a la “cuota” que la “operación Perú” transfirió a ese bolsón de fondos por lavar que hemos convenido en llamar caja 2. ¿Cómo se formó ese excedente? ¿Incluye los fondos que Odebrecht aparentemente hizo devolver a las consorciadas como una especie de cupo impuesto por el lugar que tuvieron en sus principales proyectos? ¿Incluye falsos proveedores que puedan haberle permitido simular gastos para retirar del Perú fondos que, de otra manera, tendrían que haber engrosado la cifra de utilidades declaradas ante la Sunat? No lo sabemos aún, pero parece imperativo saberlo. Porque los US$143 millones que Odebrecht reconoció en diciembre del 2016 (cuando sostenía que solo había pagado en el Perú US$29 millones en sobornos) son insostenibles como referencia práctica a estas alturas.

La legitimidad final de los acuerdos que Odebrecht firme con el Estado (apenas vamos en el tercero) depende, entre otras cosas, de que podamos resolver esos dilemas.

Las cifras se han movido. Esto es innegable. Y en su vertiginoso movimiento se encuentran las claves del proceso que debe conducirnos a una compensación final que podamos reconocer colectivamente como algo aceptable.

Publicado en El Comercio, el 25 de febrero de 2019.