jueves, 10 de mayo de 2018

Caso Humala-Heredia


                         

“La Fiscalía ha regalado una narrativa de la victimización a Ollanta Humala”

El exprocurador anticorrupción, César Azabache, comenta que la decisión de incautar la vivienda donde vivía la familia Humala-Heredia no tiene justificación legal. Cree que la Fiscalía buscó una opción alterna luego del revés que sufrió con el fallo del Tribunal Constitucional, que ordenó la liberación de la expareja presidencial. Pero, añade, decidió muy mal.

¿Cuáles considera que son las consecuencias de la incautación ordenada contra el inmueble de los Humala-Heredia?
Lo que se ha demostrado en este caso es que es capaz de pasar por alto consecuencias colaterales como afectar el normal desarrollo de niños. Esos no son detalles. En términos de moral pública, es una decisión lamentable, poco seria.

¿Y desde lo jurídico?
En ese plano debo decir que es la primera vez que estoy absolutamente de acuerdo con la defensa de Humala: no tiene ninguna justificación legal, se le mire por donde se le mire. Las incautaciones existen para intervenir, de urgencia, en situaciones en proceso. Si la Policía interviene un laboratorio clandestino de elaboración de estupefacientes, el local se incauta porque nadie se va a poner a leer los títulos de propiedad en ese momento. Esta Fiscalía (que lidera Germán Juárez) viene arrastrando un compromiso adoptado a mediados del año pasado para presentar una acusación. Bueno, no existe tal acusación. En vez de estar concentrada…

En armar su caso.
Claro, cuando debería demostrarnos que tiene un caso sólido, va a recibir todas las críticas por esta decisión.

¿Pero tiene un caso sólido, desde su punto de vista?
Yo había quedado convencido de que lo tenía. Eso fue en julio del año pasado (cuando se ordenó la prisión preventiva contra los Humala-Heredia).

Y desde ahí, se ha avanzado muy poco.
No tenemos ningún resultado. Entonces, una de dos: o la Fiscalía no estaba lista y nos vendió una imagen falsa, o sí estaba lista y se ha retrasado.

¿Es una decisión que afecta la lucha anticorrupción?
Sí, claro, en la medida que estamos ante un caso emblema y los mensajes ya empiezan a ser profundamente ambiguos.

¿Qué debería hacer la Fiscalía entonces?
Dar un paso que, creo, es necesario aprender como comunidad: se llama retroceder, reconocer una equivocación.

Es decir, retirar el pedido de incautación.
Antes de que esta discusión termine generando más confusión. Aprenderemos poco, institucionalmente, si no hay una rectificación.

¿Entiende la lógica detrás de la incautación?
Yo creo que cualquier teoría va a ser confirmada, porque la medida es tan absurda como para tener una explicación alterna defendible. La teoría de la venganza por el fallo adverso en el Tribunal Constitucional explica la escena. Todo lo que se diga se vuelve creíble de inmediato en un contexto así.

Claro. ¿Pero es posible entender el razonamiento de la Fiscalía y del juez?
Hay un manual no escrito de la litigación. Los abogados producimos comportamientos homogéneos…

Usos y costumbres.
Eso. Si una medida se revierte, se busca una alterna que, aunque no sea equivalente, por lo menos genere un efecto simbólico que llene el vacío, para decirlo de alguna manera. Frente al fallo del TC, la Fiscalía buscó su medida alterna, pero la decisión fue pésima. La detención de los Humala era discutible en términos conceptuales…

Era un debate legal, con posiciones a favor y en contra.
Era un debate razonable. ¿Pero esta incautación? No por Dios. Lo único que hace es ridiculizar la discusión que hemos tenido por casi un año sobre la detención preventiva de los Humala.

¿No hay responsabilidad en los periodistas, en los abogados, en los ciudadanos? No hemos sido capaces de percibir la transgresión de los límites.
Sí. Creo que la indignación por estos casos de corrupción ha sido tanta que, quizás, hemos fallado todos en no dejar claro a tiempo que existen límites que no se pueden traspasar. Y han sido traspasados. Creí que la sentencia del TC iba a servir para advertirnos a todos que el borde había sido tocado.

¿Pensaba que la Fiscalía acusaría recibo?
Sí. Y en lugar de que la Fiscalía percibiera que había tocado el borde y que tenía que reorganizarse…

¿Se enfrentó al TC?
¡Así es! Se ha puesto cara a cara con el TC, lo ha pechado. Hay que volver al núcleo del proceso, que resumo en estas tres preguntas: ¿Odebrecht va a indemnizarnos o no?; ¿va a haber juicios oportunos y contra quiénes?; ¿cuáles van a ser las reglas para no entrar a una historia sin final?

Se ha levantado políticamente a Humala.
Le han regalado una narrativa que no tenía. Políticamente no existía, digamos. De alguna manera la sentencia del TC había logrado un equilibrio: no sostener por más tiempo la detención y no empoderarlo.

Aunque salió de la cárcel sin acusación.
De acuerdo, salió merecidamente ganador. Pero el TC dejó en claro, con cuidado, que Humala y Heredia salían por una falla en el modo de concebir la prisión preventiva. Luego de eso, la Fiscalía le acaba de regalar una narrativa de la victimización.

¿Hay diferencia en el trato en el caso de las investigaciones contra políticos?
No. Los casos legales no se presentan de acuerdo a las expectativas de cada quien. En los años de transición alguien tan serio como Javier Diez Canseco nos preguntaba por qué no habíamos empezado con el golpe de Estado como caso emblema en las investigaciones contra el régimen de los noventa si es que, desde cierta lectura que yo comparto, los desórdenes institucionales de esa época…

Empezaron el 5 de abril.
Efectivamente. Y le tuvimos que explicar que los casos legales no se organizan en perspectiva histórica sino sobre la base de resultados prácticos. Del mismo modo, un caso en concreto como el que tiene que ver con manejos de fondos de la familia Humala-Heredia no tiene que aspirar a recoger todo. Y lo que temo es que la Fiscalía se ha demorado por querer describir el caso perfecto, completo y universal.

Pero eso no existe.
Los casos perfectos no existen. Los casos legales no son para hacer historia, son para generar resultados prácticos. Ser expansivos es la peor decisión. Mi impresión es que donde más rápido se está avanzando es con Alejandro Toledo. Claro, es menos visible porque él está prófugo y los Humala estaban dentro. La Fiscalía nos debe mostrar a todos que es capaz de administrar, además de las evidencias, el tiempo que toma llegar a juicio.

Por Enrique Patriau, publicado en La República el 9 de mayo de 2018.





"Ni con la acusación estaba justificada una incautación"

Para el ex procurador anticorrupción  César Azabache , la orden de incautación contra los bienes del ex presidente  Ollanta Humala y de su esposa  Nadine Heredia es “desproporcionada”. A su juicio, hubo un exceso de parte del magistrado Richard Concepción Carhuancho de “dejar prácticamente en la calle” a personas que aún siguen siendo investigadas. “Sigo creyendo que el caso Humala-Heredia debe llegar a juicio cuanto antes. Pero estas incautaciones me parecen innecesarias”, sostiene. En esta entrevista, sustenta su postura.


¿Es adecuada la orden de incautación dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho?
Esta decisión es inaceptable, y lo es por dos razones. Primero, para asegurar que inmuebles sean decomisados al final de un proceso no es imprescindible incautarlos durante el mismo. Los inmuebles no se escapan. Y segundo, la incautación solo está recomendada para cuando hay presencia de testaferros o incertidumbre absoluta sobre títulos y documentos, pero no para inmuebles perfectamente registrados. 
¿Para qué casos, entonces, aplica este tipo de disposiciones judiciales?
Todas las medidas provisionales deben respetar tres principios: de necesidad, temporalidad y proporcionalidad. No es proporcional incautar un inmueble en el que vive un niño, y en este caso hay tres menores. 
¿El embargo de bienes hubiera sido suficiente en este caso?
El embargo no tiene nada que ver aquí, porque estamos ante delitos penales. Bastaba con prohibirle a la ex pareja presidencial vender los inmuebles y aplicarles prohibición a los registros. Jamás debe aplicarse una medida como esta en inmuebles en los que viven niños. 
Según la resolución, estas propiedades habrían sido adquiridas con fuentes ilícitas.
Eso no tiene ninguna relación con una medida de incautación. 
¿Qué puede haber interpretado el juez para emitir una disposición como esta?
No tengo la menor idea, pero esto no tiene ningún sentido. No puedo entender por qué lo ha hecho. Insisto, hubiera sido suficiente con prohibirles a los investigados transferir sus bienes, inscribir esa medida en los registros públicos y punto. 
¿En qué etapa de la investigación podía aplicarse esta medida?
En ninguna. Esto que acaba de pasar no ha existido antes. Ni siquiera presentando la acusación esta medida estaba justificada. 
¿Cree que la Fiscalía formuló la solicitud de incautación porque tiene claro que se cometieron los delitos que imputa a los investigados?
Este caso tiene que entrar ya a juicio, sin más dilaciones. La pregunta a contestar es: ¿la Fiscalía tiene un caso? Si es así, que presente ya la acusación, pero que no nos venga con estas cosas que son innecesarias.

Publicado en Perú 21 el 8 de mayo de 2018