REFORMAS PENDIENTES
Para
detener la erosión
Por
César Azabache Caracciolo
Algo está cambiando muy rápidamente entre nosotros.
Ese algo se está expresando en una ebullición sin precedentes de denuncias e
investigaciones sobre asuntos que antes resultaban invisibles o simplemente no
queríamos mirar. La expansión del mercado produce cambios en el modo en que se
valora la conducta de los demás. La desaceleración y la apertura de la sociedad
a informaciones de todo tipo también. En cualquier caso, el sistema de
circulación de dinero entre los sectores público y privado está en cuestión. Y
su crisis debe reflejarse, más temprano que tarde, en cambios drásticos en el
financiamiento (público) de proyectos de infraestructura y en el financiamiento
(privado) de actividades políticas.
El proceso ha generado una lista larga de casos que
se postulan como muestra de la corrupción que ha impregnado estos dos sectores.
Sin duda no todos los casos propuestos merecen este estatuto y no todos los
casos que lo merezcan terminarán igual. En el camino pueden modificarse los
roles asignados o asumidos por cada protagonista; pueden modificarse las
narraciones que portan y pueden modificarse las reglas de juego o nuestra
percepción sobre los hechos. En cualquier caso la cuestión por resolver en esta
crisis no depende solo de los casos propuestos. La cuestión supone abordar la
reforma de los circuitos de circulación de dinero que están en discusión de
modo que el proceso pueda adoptar una dimensión institucional constructiva,
independiente del efecto que en un tiempo más comenzarán a producir
absoluciones y condenas.
El proceso en marcha debería modificar, para bien,
la función de los límites que deben respetarse en el uso del dinero cuando se
trata de política y de decisiones públicas sobre infraestructura. En el primero
de estos sectores hemos ignorado que la dedicación a la política y la adhesión
que ella debe generar en otros son fuente de un complejo sistema de intercambio
de bienes y servicios. El principal factor de regulación del mercado formal son
los impuestos. Pero como la actividad política no genera precios de mercado ni
márgenes de ganancia (al menos no márgenes reconocidos), los impuestos (y el
control de ingresos que conlleva) han permanecido al margen del sistema. Una
manera de introducir el control de los intercambios en la política consiste en
convertir las donaciones a organizaciones políticas en un componente del gasto
deducible para fines tributarios. La otra consiste en promover el desarrollo de
fundaciones que intermedien entre donantes y perceptores de donaciones,
evitando el falso mecenazgo.
El financiamiento de obras públicas genera la
segunda cuestión por resolver. Aprendimos ya que las empresas públicas no son
una opción por diversas razones. Pero la asignación de proyectos por concurso
se ha mostrado insuficiente para evitar la corrupción en este sector. Creo que
es momento de cerrar las listas de proveedores a un sistema controlado por una
superintendencia que tenga facultades de fiscalización semejantes a las que
rigen en el sistema financiero. La vulnerabilidad de nuestro sistema a fondos
de origen incierto es demasiado grande para no pensar en opciones de este tipo.
Confiar en que los tribunales se encargarán de los
casos ahora en marcha y concentrarnos en un debate verdaderamente constructivo
sobre el sentido de las reformas que debemos abordar, parecen ser condiciones
indispensables para recuperar la estabilidad institucional que estamos poniendo
en riesgo.
