En Prensa - De César Azabache Caracciolo: 8/1/17

lunes, 9 de enero de 2017

Entrevistas Caso Lava Jato

César Azabache, abogado que integró el equipo de la Procuraduría Anticorrupción que investigó a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, consideró que los sobornos que Odebrecht pagó a funcionarios de los últimos tres gobiernos constituyen “un terremoto institucional” que tendrá “consecuencias impactantes”.

—¿Fue un error de la fiscalía iniciar la investigación del Caso Lava Jato en noviembre último, cuando en Brasil ya se había comenzado una pesquisa hace más de dos años?

¿Por qué habría que comenzar en el mismo ritmo de Brasil o por qué habría que considerar que las situaciones son comparables? […] El caso brasileño está organizado en función a delaciones, a investigaciones por vigilancia electrónica, a intervenciones de teléfono y a registros bancarios. Cuenta con insumos que la justicia peruana no ha tenido y todavía no tiene. Para el Perú, el Caso Lava Jato comienza desde el momento en que llegan a nuestros oídos las revelaciones de Odebrecht en el punto de que pagó sobornos por US$29 millones. A partir de ese momento surge la verdadera pregunta de un caso de corrupción: quién recibió ese dinero, en qué condiciones, a través de qué vehículos y cómo podemos probar que eso ha ocurrido. Antes de ese momento, lo único que teníamos eran sospechas fundadas.

—¿Qué gana Odebrecht firmando un acuerdo de colaboración con la fiscalía?

Odebrecht ha lanzado en Brasil, Estados Unidos y ahora en el Perú una rendición prácticamente incondicional. De modo que el acuerdo es antes que nada un acto mínimo esperado. Hay muchos comentarios sobre las ventajas que Odebrecht quiere obtener en base a su posición, la mayoría de ellos se refiere al esfuerzo por lograr un esquema en que la responsabilidad penal derivada de los sobornos no implique una liquidación de su proyecto corporativo y la empresa pueda continuar con las obras que tiene. Esta decisión la tiene que tomar el Ejecutivo, que ya anunció que no habrá nuevos contratos. Lo que falta saber es si habrá cambios o giros en los contratos [vigentes].

—Las obras que Odebrecht obtuvo en el Perú en los últimos tres gobiernos fueron por US$12.534 millones. ¿El pago de S/30 millones como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas no es insuficiente?

Es un gesto institucional positivo. En lo personal, me parece que S/30 millones es una cantidad baja para la revelación de los sobornos de US$29 millones. Pero un acuerdo adoptado en las condiciones de necesidad y apremio que tiene este caso en este momento supone una negociación en términos y con flexibilidades que no conocemos y que la fiscalía ha manejado. Así que de primera impresión debemos recibir este primer resultado como positivo, no definitivo y que no clausura la posibilidad de nuevas ampliaciones una vez que el Ejecutivo pueda informar cuál es la lista en limpio de cartas-fianza que pueda ejecutar en corto plazo y cuáles son las facturas que el Estado aún no paga a Odebrecht. Otro punto, la referencia que hay que utilizar para medir el impacto económico de este caso de corrupción es lo que Odebrecht reveló en EE.UU., en el sentido de que obtuvo una ganancia de US$143 millones por sus proyectos. Lo que queda por establecer es si los US$143 millones corresponden al margen de ganancia real, y eso lo tiene que evaluar el Ejecutivo.

—¿La coima fue parte del costo del proyecto?

Sí, a nadie se le va a ocurrir que para pagar sobornos una compañía como Odebrecht ha metido la mano a su bolsillo. Si hay US$29 millones de manera provisional como monto pagado por sobornos, entonces ese dinero debe haber sido trasladado de alguna manera a los contratos que firmó con el Estado. No de manera mecánica, ni contrato por contrato, pero sí en cuotas asimétricas en función al valor total de los márgenes de ganancia total […] Lo que está claro hasta ahora es que hay US$29 millones que el Estado ha pagado de más y eso son los que tienen que ser recuperados.

— ¿Por qué no se piden medidas limitativas como el embargo de los bienes de Odebrecht?

Para fijar la protección de los intereses del Estado se requiere un plan, en el que hay que definir el papel específico que cumple cada decisión. No hay un manual a rajatabla que obligue a comenzar [una investigación] con un embargo. En este caso, por ejemplo, la fiscalía ha hecho algo que también pudo hacer la procuraduría y que aún debe hacer, que es sentarse en una mesa y exigir que Odebrecht cumpla la palabra que ha empeñado. Odebrecht ha dicho que va a cooperar con las autoridades peruanas, eso tiene que significar primero el garantizar el pago de la reparación civil.

— ¿El congelamiento de cuentas se puede negociar directamente con Odebrecht?

Por supuesto, Odebrecht ha reconocido que pagó sobornos por US$29 millones. Si ha reconocido que pagó sobornos, tiene que reconocer que sus cuentas pueden ser afectadas, especialmente sus cuentas por cobrar. Odebrecht tendrá que aceptar que las cartas-fianza, que el Ejecutivo tendrá que enumerar, sean ejecutadas en lo que corresponda. Un caso que comienza con una confesión no tiene que ser sobrelitigado, tiene que ser conducido en base a los acuerdos.

—El Congreso también ha abierto una investigación del Caso Lava Jato. ¿No puede afectar la estabilidad de la investigación si el Parlamento accede a información reservada de la fiscalía?

Siempre que hay un procedimiento de este tipo y se abren comisiones investigadoras, se presenta este dilema, se presentó en el 2001, cuando se formaron las comisiones originales que investigaron a Fujimori y Montesinos y se seguirá presentando a lo largo del tiempo. Tenemos un sistema que permite que el Congreso abra comisiones investigadoras para asuntos de interés público sin ponerle la Constitución ningún límite a las prerrogativas que tiene respecto a las prerrogativas que al mismo tiempo tiene el Ministerio Público. Aspiro a que exista un acuerdo institucional entre la fiscalía y el Congreso […] El Congreso debe establecer las responsabilidades políticas [del Caso Lava Jato] que no son necesariamente penales, en eso debería concentrarse con mayor énfasis.

—Durante el gobierno de Alan García, Odebrecht le regaló al Perú una réplica del Cristo del Corcovado, valorizada en US$833 mil. ¿Se debe devolver?

Desde mi punto de vista, es ofensivo que ese monumento siga depositado al frente de todos los peruanos recordándonos lo que Odebrecht ha hecho. El Ejecutivo tiene que tomar una decisión urgente, rápida y creo que ya está retardada respecto a ese monumento.

—Usted fue parte de la procuraduría para los casos Fujimori y Montesinos. ¿Lava Jato tiene una dimensión mayor?

Comparar dos cosas de diferente envergadura y tiempo es muy difícil y creo que inapropiado, son momentos y estructuras de corrupción distintas. El Caso Lava Jato llega al Perú en una expansión de un esquema de corrupción que tiene su centro en Brasil, no en el Perú. Los US$29 millones que se han revelado en sobornos [dados por Odebrecht], corresponden al primer hallazgo contra Montesinos, en las primeras cuentas suizas. En términos de impacto económico, el Caso Montesinos y Fujimori era inmensamente más importante que el Caso Odebrecht. Institucionalmente que, 15 años después del hallazgo de las cuentas de Montesinos, encontremos que la principal constructora que opera en el Perú reconozca pagos por US$29 millones es gravísimo, es un terremoto institucional de consecuencias impactantes.

—¿El Caso Lava Jato marca un hito de corrupción como lo marcó el Caso Montesinos y Fujimori?

Exactamente, este es un hito de corrupción y pone a prueba nuestra capacidad como sociedad para reaccionar y recuperarnos.

—Una de las sucursales de Odebrecht ganó obras por más de US$449 millones durante el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Cree que la pesquisa debe incluir al fujimorato?

Debe ser incluido todo, la pesquisa debe incluir todo el alcance que pudo tener el patrón de corrupción [de Odebrecht] que se pueda reconstruir y revisar. Pero hay que tener muchísimo cuidado con creer que los actos de corrupción se pueden descubrir leyendo papeles, memorias o un presupuesto, porque eso no es así. Ni la corrupción ni los fraudes se leen en balances, la corrupción se descubre en función a la revelación de patrones de comportamiento ocultos y desarrollados en la clandestinidad. No es lo mismo investigar actos de corrupción en el presente, cuando se puede intervenir teléfonos y detener a personas en el momento en que se pagan sobornos, que descubrir actos de corrupción en el pasado.