Las firmas, la
entrevista y el juicio pendiente
César Azabache
Si fueran ciertas
las denuncias, los casos de “Perú Posible” y “Perú al 2000” podrían demostrar
que después de la reforma a las leyes electorales de fines de los noventa se
abrió en Lima una considerable oferta de llenado masivo de planillones por
falsificación. La tan difundida diferencia entre el total de firmas presentadas
(14 millones) y el total de electores (sólo 8) justifica que como sociedad
pidamos aclaraciones.
Contra mi desconfianza a las tesis
conspirativas, en este caso debo reconocer que se justifica buscar una oculta
mano negra. Sólo tiene sentido que se haya elevado tanto el requisito de firmas
por dos razones: Que casi ninguna agrupación pueda inscribirse y que al menos algunas
de las que lo logren tengan que vincularse al submundo de traficantes. De esa
manera al menos algunas serían, en el futuro, políticamente vulnerables ¿No fue
algo así lo que ocurrió en el sistema judicial? ¿No se llegó a un punto en que
la mayoría de los grandes procesos tuvieron que acabar resolviéndose en la
salita del SIN, con o sin pagos ilegales? ¿No fue así como se obtuvieron la
mayoría de los videos de personas intachables reunidas para hablar con
Montesinos?
La fatal ambigüedad que reinó en
este país a finales de los noventa obliga a ser rigurosos, pero muy cautos en
el análisis de todos los casos de finales de los noventa. El que ahora se
pretenda involucrar al Congresista Rey Rey con casos de firmas falsas, al mismo
tiempo que se desplaza a segundo plano el debate sobre el caso “Perú al 2000”
(¿nadie recuerda ya cuán próximo está ese juicio?) y se concentra la polémica
pública en la posible declaración del Presidente, demuestra que los
fundamentalismos pueden ser tan o más confusos que las propias maniobras de
impunidad. Inocente o culpable, no es el Presidente Toledo quien va a aclarar
qué ocurrieron las cosas en la inscripción de su partido. Y, dicho con el mayor
respeto, tampoco es una Comisión del Congreso la que va a establecer la verdad
del caso. Si algo debe hacer el Congreso en un tema de este tipo es asegurarse
que las investigaciones de la fiscalía avancen razonablemente y sin
ambigüedades, que los testigos sean protegidos y que nada dificulte la labor
del Ministerio Público. Mal favor le hace a la justicia que el Congreso
persista en ocupar el lugar que una sociedad corresponde a los tribunales de
justicia..
No nos confundamos entonces. Más allá del protagonismo político que ha
adquirido en estos días el incidente de la audiencia en Palacio, el
descubrimiento de lo ocurrido no depende de lo que ocurra en esa hipotética
entrevista. Sería una lástima que por intentar lo espectacular perdamos de
vista lo decisivo. Si se trata de establecer la verdad, no nos paralicemos en
el debate sobre una entrevista y abordemos el juicio que está por venir en su
exacta dimensión.
¿Cuánto revelará el juicio por el caso “Perú al 2000”? ¿Logrará el proceso vincularse
de alguna manera con las investigaciones ahora abiertas sobre el caso “País
Posible”? No lo sabemos, dependerá del modo en que la Fiscalía y la
Procuraduría planteen sus defensas para el juicio. Y dependerá de la manera en
que, como sociedad, podamos exigir que, por una vez, los juicios sirvan para lo
que deben servir, que es debatir por una vez y ante todos los hechos y los
criterios con que debemos decidir colectivamente en asuntos morales que nos
atraviesan como comunidad.
