viernes, 20 de enero de 2012

Renuncia al cargo de agente del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Eduardo Cruz Sánchez


Lima, Enero 20 del año 2012

Señor
Juan Jimenez Mayor
Ministro de Justicia.

De mi mayor consideración,

He seguido con sumo interés todas las reacciones que se han generado a consecuencia de mi designación como agente del Estado peruano para el caso Cruz Sánchez y otros. He tomado nota, comprendiéndolas, de las dudas que genera el que parte de mi experiencia profesional provenga de mis trabajos sobre derechos humanos, que son precisamente los que me hacen conocer el modo de organizar casos ante la Corte y el modo de ganarlos. Me queda claro, por cierto, que el objetivo principal del gobierno en este asunto consiste en respaldar al país y respaldar a quienes poniendo en riesgo sus vidas tuvieron a su cargo la recuperación de la residencia y el rescate de los rehenes de manos terroristas. Y me queda claro que el primer resultado que debe ganarse en esta dirección consiste en ampliar al máximo posible la base de consenso que respalde la defensa del Estado ante la Corte.

He insistido en sostener que de acuerdo a las evidencias presentes en agosto del 2002 (fecha decisiva para el caso ante la Corte), ninguno de los comandos regulares de las fuerzas armadas que intervinieron en el rescate puede ser acusado por nada semejante a una violación a los derechos humanos ante ningún Tribunal. He insistido además en sostener que conforme a las evidencias existentes entonces, la decisión de la Corte Suprema de apartarlos del proceso por el que fueron incluso detenidos se justifica completamente. También he sostenido que esas evidencias justifican que la Suprema haya retenido en sus manos competencia para juzgar por lo menos uno de los tres casos que ahora están en juicio, no contra los Comandos por cierto.

Pero más allá de mis opiniones y de mi convicción sobre la manera de ganar este caso, en lo que hay que ganarlo, con las propias reglas de la Corte por cierto, me parece decisivo respaldar el proceso que el gobierno ha iniciado para ampliar al máximo posible la base de consenso alrededor de la defensa del Estado. Hoy, impedido como estoy por la naturaleza del encargo de salir al debate sobre los hechos que marcan nuestras diferencias, encuentro que la mejor manera de apoyar este proceso es apartarme de la defensa encomendada, permitir que el debate sobre lo que hay que hacer pueda volver a comenzar desde el principio y continuar opinando sobre estos asuntos desde mi propio punto de vista, como ciudadano independiente y como el abogado libre que soy.

Este tramo inicial, difícil por cierto para todos, ha servido al menos para que sepamos, como ya sabemos, quienes somos en este caso, qué pretendemos, qué aceptamos, en qué no estamos de acuerdo y qué estamos dispuestos a sacrificar en un camino que recién comienza a recorrerse.


A su entera disposición,

César Azabache Caracciolo