Se debe definir la ruta por seguir
César Azabache Caracciolo
La lista de problemas que afectan
el desempeño de la judicatura es impresionante. Impresiona además la
importancia de todos ellos. Está el presupuesto del judicial, las remuneraciones
de los magistrados, la consolidación del sistema de control interno y tantos
otros. Sin embargo la gravedad de todas estas cosas no debe cegarnos ni debe
hacernos olvidar que los problemas complejos sólo pueden enfrentarse de una
manera: Estableciendo prioridades en función a objetivos.
En lo que toca
a las maneras de establecer prioridades hay dos opciones básicas entre las que
es preciso elegir. La primera, quizá políticamente más atractiva, pero en mi
opinión altamente ineficiente, consiste en concentrar la mirada en lo que
ocurre en las áreas políticamente más expuestas del sistema (la Corte Suprema y
el Consejo de la Magistratura, por ejemplo) y tratar de imprimir cambios en la
imagen global de la judicatura a partir de modificaciones en la composición o
en las reglas de organización de estas instancias. La segunda, políticamente
menos visible, pero entiendo que más útil en términos institucionales, consiste
en lograr que la mirada se concentre principalmente en el servicio de justicia
que reciben los ciudadanos promedio, la mayoría de los cuales nunca discutirán
ni tienen porqué discutir sus conflictos legales en el máximo tribunal de la
república, y modificar las condiciones en que se resuelven las disputas que nos
preocupan diariamente.
Reformar
no significa nada si no se hacen explícitos los objetivos que se persiguen.
Quien quiera elevar su cuota de influencia dentro del sistema, sean buenas o
malas sus razones, buscará intuitivamente un espacio de injerencia sobre la
toma de las principales decisiones públicas. Pero quien busque que el sistema opere
de manera razonable deberá preguntarse primero por la justicia verdaderamente
existente, y reclamar una cuota de injerencia sobre las decisiones del sistema
sólo en la medida en que sea necesario para imprimir los cambios que se definan
como prioritarios.
Las
prioridades no son entonces jamás un asunto de segundo orden. Saber por dónde
empezar es decisivo si se quiere llegar realmente a alguna parte.
Abundan,
por ejemplo, los estudio sobre el sistema judicial ¿Pero sabe alguien cuál es
el promedio de indemnizaciones concedidas, por ejemplo, por lesiones derivadas
de accidentes de tránsito? ¿Y alguien ha medido en qué porcentaje de casos las
indemnizaciones ordenadas por el judicial
han sido efectivamente pagadas a las víctimas de estos
accidentes?¿Alguien puede explicar de manera clara porqué no ha sido posible,
en más de 15 años, lograr que las penas de prestación de servicios comunitarios
tengan un verdadero impacto social en la prevención de delitos?¿Alguien cree
que el sistema es capaz de impedir verdaderamente la fuga de los infractores si
en Lima prácticamente no existen centros transitorios de detención? ¿Alguien
cree que puede modificarse la tasa de desaprobación ciudadana sobre el sistema
si los jueces siguen siendo personajes casi anónimos, que no interactúan con
las personas como lo hace el Alcalde, el Párroco y el Comisario del distrito?
¿Nos sirve acaso resolver los grandes problemas de organización de las
instancias máximas del sistema si no se resuelven estos asuntos puntuales, que
son los que nos afectan día a día y determinan nuestras reacciones personales
frente a la violencia?
¿Por
dónde comenzar entonces? He insistido antes en que el sistema no marchará,
hagamos los cambios que hagamos, si no modificamos de raíz las reglas de
relación entre jueces y población ¿Significa que debemos dirigirnos hacia un
sistema de jueces municipales? Sí. Pero no sólo de jueces. También necesitamos
fiscales, necesitamos centros transitorios de detención y necesitamos la
colaboración de las municipalidades para asegurar el cumplimiento de las penas
de prestación de servicios comunitarios. ¿Necesitamos más jueces y fiscales? No
lo creo. Pero necesitamos redistribuirlos. ¿Necesitamos más recursos? Probablemente
menos de los que empleamos en la construcción de los cuerpos de Serenazgo.
La justicia no es sólo una
organización política. Es, antes que eso, un servicio que se presta a los
ciudadanos y qué sólo funciona si interactúa con ellos. La justicia debe
representar la conciencia moral sobre lo debido y lo correcto conforme a ley. Y
como la salud y la educación, no dependen en su efectividad sólo del modo en
que se organiza la cúpula del Estado. Antes que eso, depende del modo en que se
sostiene el rostro que el sistema muestra, día a día, a las personas que viven
en la comunidad
