Caso Heredia

Reportaje de CNN del 1 de Noviembre de 2016

El retorno

LA INVESTIGACIÓN A NADINE HEREDIA Y LA ORDEN PARA QUE REGRESE AL PAÍS

Entrevista telefónica con Jaime Chincha del 25 de Noviembre de 2016

Entrevista en Primer Plano de Willax.tv del 28 de Noviembre de 2016

El retorno

La semana pasada la señora Nadine Heredia viajó a Ginebra sin anunciar fecha de retorno. Su viaje creó un clima altamente sugestivo, ambiguo al extremo y desafiante en varios aspectos. Viajó cómodamente, después de que las autoridades locales levantaron las restricciones que le impedían salir del país. El destino elegido fue Ginebra, no un lugar remoto o inaccesible. Y la razón, un contrato de trabajo con una entidad irreprochable como la FAO. Además, el viaje fue convenientemente rodeado de un silencio sin precedentes en quien siempre ha sido activa en redes. Se produjo pocos días después de que el juez Richard Concepción impusiera reglas de conducta a su esposo, el ex presidente Ollanta Humala. Y estuvo acompañado de suficientes filtraciones para justificar cualquier sospecha y gatillar, como gatilló, un escándalo explosivo, sonoro, lleno de protestas.

Indignación comprensible, desde varios puntos de vista. Pero probablemente inapropiada. En todo caso, debimos reaccionar hace unas semanas, cuando las autoridades dejaron caducar las restricciones que impedían viajar al personaje principal de esta historia. Con ocasión al viaje, la defensa pidió, sugestivamente, que se delegara la vigilancia sobre la señora Heredia al consulado en Ginebra. Y la fiscalía pidió su detención. En el medio exacto, el juez Concepción rechazó ambos pedidos y ordenó que la señora Heredia regrese en diez días. Si lo que tanto nos indignó fue que viajara, entonces lo razonable era ordenar su retorno. Y esto se ha hecho. Cualquier observador imparcial, ajeno a las particularidades emocionales de nuestra comunidad, habría encontrado absurdo que se ordene algo distinto. 

Al final, estupendo ejercicio de equilibrio. Pero aún falta resolver un detalle. 

La orden de retorno al país quedaría  vacía de todo contenido si la fiscalía no hace pronto un cambio en sus planes. El fiscal Germán Juárez Atoche debe demostrar ahora que la presencia de Heredia es necesaria en Lima al extremo que su vigilancia no puede ser delegada a Ginebra. Hasta ahora, la fiscalía había relajado los controles sobre la señora Heredia en un aparente intento por obtener más tiempo para desarrollar la segunda parte de su investigación, que comenzó con la inclusión al procedimiento del ex presidente Humala. 

Expliquémonos: aunque no haya una regla legal que lo determine, cada orden de prisión y cada impedimento de salida tienen un efecto innegable sobre el tiempo del que dispone un fiscal para terminar una investigación. Para decirlo en una frase: “Los plazos son siempre más flexibles si nadie está en prisión”. Un caso legal es también un ejercicio de manejo del tiempo. Y si necesitamos un ejemplo de lo que ocurre cuando se pierde esto de vista, observemos el caso de Gregorio Santos, liberado justo antes del juicio. Relajar las limitaciones impuestas a la señora Heredia para imponer nuevas al ex presidente Humala equivalía a anunciar un cambio temporal en el foco de atención de la investigación. Además concedía a la fiscalía una patente para tomarse algo más de tiempo antes de terminar las pesquisas. 

Ahora, con la orden de retorno ya librada, la fiscalía va a tener que recortar sus propios plazos, lanzar un nuevo rol de diligencias que vuelvan a poner la atención sobre la señora Heredia y anunciar públicamente cuándo espera estar lista para presentar acusación. 

Queda por resolver la cuestión de la FAO. La orden impartida el viernes 25 no implica que la señora Heredia deba renunciar a su nuevo puesto. Será incómodo instalarse en una posición como esta y tener que viajar continuamente a Lima. Pero este es un riesgo que ella y la FAO han asumido. Falta todavía ver cómo reaccionará la FAO a una acusación cuya preparación debe ser anunciada pronto. Y falta ver cómo reacciona si la señora Heredia, tomando la posta de las reacciones impulsivas, comete el enorme error de comenzar en el cargo desacatando una orden emitida por un juzgado que apenas ha dispuesto que se presente ante las autoridades en Lima, donde residía y era investigada antes de ser contratada. 

¿Volverá la señora Heredia? No creo que nadie en su sano juicio en el exterior le ofrezca protección diplomática solo porque las autoridades que la investigan le ordenan presentarse ante ellas. Menos si se obtienen nuevas evidencias.

Pero esperemos al siguiente movimiento de esta partida.

Publicado en el Comercio el lunes 28 de Noviembre de 2016

Seguridad y Poder Judicial

Seguridad y Poder Judicial

Cualquier revisión de datos sobre los recursos de los que disponen la policía y el INPE pone en evidencia que el sector reúne todos los elementos necesarios para ser considerado en emergencia. Pero estas líneas no buscan insistir en las razones por las que estamos en una situación semejante a una bancarrota. Estas líneas quieren que revisemos el modo en que organizamos la mesa que debe resolver estos problemas.

Los acuerdos sobre metas e inversión que es preciso adoptar en en este sector los deben tomar la Fiscalía de la Nación y los ministerios de Economía, Interior y Justicia. No encuentro asiento en esa mesa para el Poder Judicial. Al Poder Judicial no le toca intervenir en discusiones sobre políticas públicas de este tipo, ni siquiera en situaciones de emergencia. 

La Constitución requiere mantener la imparcialidad de los tribunales. Un tribunal deja de ser imparcial cuando se involucra cuando se involucra en las decisiones de planeamiento de otros órganos del Estado, si se compromete con metas -como elevar el promedio de detenidos que llegan a prisión- o prioriza el uso de las cárceles para delitos violentos. En un sistema que busca equilibrio, al Poder Judicial no le toca esto. Le toca fijar contrapesos a la acción pública, que es exactamente lo contrario. 

Los contrapesos judiciales funcionan limitando la actividad de las demás agencias públicas, fiscalías incluidas, caso por caso y conforme a reglas legales y constitucionales. Entonces la fiscalía y la policía pueden estar de acuerdo en desactivar los planes de toma violenta de carreteras antes que se ejecuten. Sobre esta base pueden definir planes de acción basados en casos legales. Si esto ocurre, los jueces deberán establecer, caso por caso, si las solicitudes que la fiscalía presente están suficientemente claras o no. Si no lo están, los jueces deben rechazar el pedido, aunque no nos guste. 

La cuestión consiste en impedir que los tribunales se conviertan en factores que multipliquen interferencias arbitrarias, burocráticas o incluso perversas. 

Este riesgo se previene convirtiendo a los jueces en magistrados visibles para la comunidad. Sólo la visibilidad puede reforzar la responsabilidad de los magistrados hasta el punto de prevenir decisiones absurdas, arbitrarias o caprichosas. Al mismo tiempo, la visibilidad puede reforzar la legitimidad de los magistrados hasta hacerla resistente a las críticas que origina toda decisión impopular. 

La visibilidad se obtiene: 1) municipalizando los juzgados, 2) haciendo accesibles a la comunidad todas las decisiones de jueces y tribunales, 3) concentrando los casos más graves en un solo distrito nacional y 4) limitando la cantidad de casos que debe recibir cada juzgado, cada tribunal y cada sala de la Corte Suprema. 

La meta urgente, entonces, es impregnar el sistema judicial de visibilidad. 

Publicado en Semana Económica el 27 de Noviembre de 2016