[Publicado en LR 04/09/2022; una manera de explicar la presencia de Castillo en la escena]
Imposible pensarnos sin reparar en lo que representa que el 76% de nosotros viva en ambientes económicamente informales. La informalidad conforma entornos defensivos y de sobrevivencia, en los que el futuro puede limitarse a imaginar el final del día y el ahorro se percibe como una fantasía o un artículo de lujo. Contra lo que puede haberse pensado a mediados de los ochenta, la informalidad no representa una situación transitoria hacia la formalización de la propiedad o el acceso al sistema financiero. En todos los años que han pasado desde que la reconocimos como parte de nuestro ambiente la informalidad ha conformado un todo no diferenciado narrativamente que incluye emprendedores y organizaciones populares, sin duda, pero también un grueso contingente de personas que viven alrededor de la minería y la tala ilegal, el cultivo de coca y la venta de estupefacientes, el tráfico de personas, el transporte no registrado y otras tantas actividades no reguladas. Si en algo convergen todas estas informalidades es en reclamar que el Estado, al que se percibe ajeno, no intervenga ni pretenda regular sus procesos de acumulación y generación de ingresos. Ahí están las campañas por la eliminación de multas en transportes, por dejar pasar las prácticas de extracción ilegal de madera y oro, por no evaluar a los maestros, por no licenciar universidades y un largo etcétera que desemboca en el uso intensivo de la representación política como vehículo de defensa de intereses privados. La cuestión política en este país, marcado por estas informalidades se ha reducido a las campañas contra la expansión de procesos regulatorios y la desviación de fondos del Estado para, con el pretexto de obras y proyectos, alimentar clientelas que utilizan la corrupción para generarse ingresos.
Entonces Castillo no es una sorpresa. Castillo representa el último peldaño en una espiral que se mostró en todo su potencia expansiva a mediados del gobierno de Ollanta Humala, cuando estallaron los casos sobre corrupción en gobiernos regionales. Es la misma espiral que exhibió su despliegue sobre el Congreso con las grabaciones de Mamani, que mostraban un PPK dispuesto “desde arriba” a canjear votos contra acceso a los espacios de decisión sobre presupuestos, transferencias y proyectos públicos. En esta historia Castillo presenta la tercera estampa, una estampa que coloca el modelo del político-gestor de intereses privados en palacio de gobierno, desde donde entrega puestos y proyectos a “los compatriotas de Sarratea” mientras un colectivo de abogados personales vestidos con fajín de ministros ensaya una y otra vez coartadas y estratagemas diseñadas para mantenerle en el puesto por todo el tiempo que sea posible.
La tensión que produce esta manera de hacer las cosas resulta de su confrontación con los pocos espacios en los que, al modo de islas no perfectamente constituidas, se ha venido refugiando nuestra institucionalidad en estos años. El ciclo de intervenciones contra la corrupción en gobiernos regionales en tiempos de Humala fue liderado por fiscalías que consolidaron su auto imagen en los casos Orellana y Álvarez, para mencionar los más visibles. Aunque registre bemoles, esta auto imagen es la misma que sostuvo las intervenciones de las fiscalías en los casos Odebrecht. Y es la que ahora sostiene los casos contra Castillo, aunque también ahora haya desequilibrios por resolver.
Enorme paradoja: En el país de las informalidades galopantes la moralidad pública se estructura a partir de la ética del juicio y del castigo.
Pero escribo sobre una historia inacabada. Como toda historia, esta necesita un desenlace. Un final que sea, al mismo tiempo, un comienzo.
Queda en nuestras manos escribirlo.
