Historia de una fuga narrativa

Antes de DIC7 Castillo enfrentaba un racimo de casos sobre corrupción distribuidos entre el Congreso y la fiscalía. Los dos últimos declarantes de esta historia, dos de casi una decena, el señor Marrufo y la señora Goray, estaban para entonces reconociendo sobornos pagados para Castillo, entre varias otras cosas. Los argumentos que reducían la importancia de estos testimonios a “solo dichos” empezaban a ceder: casi una decena de personas contando historias semejantes son una razón indiscutible para justificar un juicio. Aun así la oposición en el Congreso no tenía, nadie ha podido probar otra cosa, votos suficientes para destituirlo. El puesto de Castillo, la presidencia, no iba a ser declarado vacante en DIC7. Y, sin embargo, Castillo no quiso esperar el resultado de la votación en el pleno. Quiso anunciar que disolvería el Congreso antes que el Pleno desestime el tercer caso por vacancia presentado contra él. Mejor anticiparse que perder la oportunidad de proclamarse perseguido político, ¿verdad?

Después de DIC7 hemos insistido colectivamente en que Castillo debe ser condenado por el golpe de Estado que intentó ese día. La Corte Suprema ha confirmado ya que los hechos califican como un delito y que el proceso que ahora se sigue en su contra por ese hecho se justifica. Pero quizá deberíamos contar la historia de otra manera: Castillo quiso escapar de los casos por corrupción, sobre los que no había logrado tener control alguno, e intentó un golpe como parte de su plan de fuga. Insisto: el golpe es indiscutible y constituye un delito por sí mismo aunque no haya tenido éxito. Pero quizá la meta personal del autor, la subjetiva, la que da sentido a la historia, no haya sido sostenerse como dictador hasta el 2026. Quizá lo que Castillo quería era llegar a la embajada de México y asilarse en medio del golpe; adquirir artificialmente el perfil de un presidente de izquierda que intentó cerrar un Congreso dominado por la derecha.

López Obrador ha confirmado que Castillo había pedido asilo en México. No sabemos exactamente cuándo, pero cerró ese acuerdo. Y ahora sabemos que ese era el único acuerdo que tenía arreglado en DIC7. Dio el golpe sin tener un acuerdo con las fuerzas de seguridad para convertirse en dictador. Si reconstruimos las cosas desde esta evidencia, es simple notar que Castillo no fugó por que el golpe hubiera fracasado. Más bien usó el golpe como parte del escape. El golpe ocupa en esta historia el mismo papel que tienen los anaqueles que arroja al piso quien escapa por un estrecho corredor de los captores que le siguen.

Esta historia ha sido siempre una historia sobre corrupción. Sin embargo, casi 20 días después de DIC7, Castillo sigue en prisión solo por el golpe, no por los cargos por corrupción que provocaron tanto el golpe como su intento de fuga. Esta es la trampa en que hemos caído; la trampa que abre el espacio por el que se articula la artificial narrativa del perseguido que están reproduciendo seis países en la región. Si queremos contestarla, tenemos que equilibrar los soportes institucionales de esta historia: Debemos representar sin demora los cargos por corrupción que estamos dejando de lado en mandatos de detención independientes.

Las fugas por cierto no son solo físicas. También existen las fugas narrativas. Castillo ha escapado del caso sobre corrupción y se ha instalado a sí mismo en un espacio artificial ensamblado a la medida de la protección diplomática que anhela obtener. No parecería difícil reinstalarlo en el lugar que le corresponde, a no ser que acabe por cegarnos esa fascinación que parece estarnos concediendo presentarlo como golpista y olvidar que tenemos delante un Estado impregnado por corrupción.

Golpe y corrupción

Castillo fue detenido mientras intentaba escapar. Un caso policial en flagrancia sin duda. No imagino a nadie que pretenda que las autoridades tengan algún deber que les obligue a contemplar la fuga de un presidente pasivamente, sin ninguna reacción. Nada semejante puede deducirse de la Constitución para un caso de ese tipo.

En los hechos Castillo intentó dar un golpe de Estado el día que se discutiría su destitución por corrupción. Esta ha sido todo este tiempo, sigue siendo ahora, una historia sobre corrupción. Ninguna escisión que pretenda separar el intento de golpe de sus antecedentes inmediatos ayuda a entender las cosas. Tampoco ayuda a entenderlas dejarse deslumbrar por la espectacularidad del hecho ni por la enorme banalidad de sus formas. Este fue y sigue siendo un caso sobre corrupción presidencial.

Una versión del caso estaba registrada en el pedido original de destitución por vacancia. Otra está en la denuncia que la fiscal de la nación presentó al Congreso en octubre de este año. Puede no gustar a determinados observadores la identidad de los autores de estos documentos o sus trayectorias. Pero la identidad de los autores no invalida jamás los contenidos ni hace falsos los hechos. Lo contrario es sencillamente una forma de negacionismo.

Al momento de intentar fugarse Castillo acumulaba 9 testimonios que le incriminaban. Nueve. Salvo que las personas no nos importen, 9 testimonios convergentes son más que una buena razón para resolver esto en un juicio en forma. De modo que dejemos ya ese lugar vacío de contenido que pretende manipular el sentido que tienen las pruebas en casos reales. Los mitos sobre construcciones legales son eso, mitos. Y muestran absoluto cinismo cuando los usamos de manera distinta según simpaticemos o no con quien viene siendo acusado en base a ellos.

Destituido ya Castillo, las trabas que el 117 ponía para acusarle han quedado removidas. La comisión permanente del Congreso puede (y debe) acusarlo ante el pleno por corrupción. Aprobada la acusación, la fiscal de la nación podrá abrir en su contra un proceso en forma (la llamada “investigación preparatoria”) y solicitar, en el caso que mejor representa esta historia, se ponga a Castillo bajo prisión preventiva, una orden más fuerte que la detención preliminar que se le ha impuesto ahora, mientras se prepara el caso con el que será llevado a juicio.

La historia del golpe intentado aún no está completa. La fiscalía necesita establecer cuánto avanzó Castillo en el plan montado para alterar el orden constitucional. Conspiración o tentativa en el uso de las armas para sostener sus propósitos son las opciones bajo investigación. El golpe llegará a juicio cuando la Fiscalía esté lista para presentar acusación y libere el caso en un segundo antejuicio, que deberá comenzar en su momento. Pero eso tomará algún tiempo más. Pongamos entonces nuestras expectativas en el orden que a ellas corresponde.

Pero hay diferencias que hemos mantenido en estos años y ahora debemos empezar a resolver. Esto que hemos visto ha sido un golpe de Estado. El pleno del Congreso tendrá que calificarlo como tal en algunas semanas más. Mi voto porque al hacerlo el fujimorismo reconozca que, más allá de los resultados, no existe diferencia moral entre esto y lo que se hizo en abril del 92. Mi voto porque la izquierda no negacionista acepte que si condenó el golpe del 92 ahora debe condenar este, sin coartadas absurdas. Si alguna oportunidad existe para pedir finalmente perdón por lo que hemos hecho de un lado y del otro es esta. Un golpe es un golpe, sea quien sea el perpetrador. Y hasta aquí no hemos llegado si no es por responsabilidad de todos nuestros sesgos.

Los de todos los lados.

Nunca fue un pedido de confianza

 La única pregunta que queda en mi tintero es si Torres seguirá siendo el principal abogado de Castillo después de la semana que hoy termina. En su último movimiento, el penúltimo primer ministro parece haber creído que armaba una astuta plataforma para cerrar el Congreso al costo de su propia permanencia en el gabinete. Pero el ejercicio condujo a un grosero fiasco. Un flagrante papelón, sería mejor decir.

Quizá pasó por alto que Castillo no quiere cerrar este Congreso. Está demasiado cómodo con su inoperancia. No veo por qué querría reemplazarlo por uno nuevo que podría vacarlo al día siguiente de instalarse. Algo así le pasó a Vizcarra. Además, la Corte Suprema y el TC han confirmado, en las entrelíneas de sus dos últimas decisiones, que no admitirán que se pasen por alto los límites que impone el artículo 117 de la Constitución a la destitución del presidente en ejercicio por infracciones a la Constitución o por delitos, y que ni siquiera se le podrá llevar a investigación preparatoria mientras el 117 esté en vigencia. Caso cerrado. ¿Para qué entonces presionar al sistema?

Además de mantener el muro de votos que impide vacarlo, Castillo solo necesita ahora asegurarse de que el Congreso siga sin mover un dedo para suprimir el artículo 117 de la Constitución. Su tarea parece entonces sencilla.

En lo inmediato, el Congreso ya anunció que demandará al presidente por las declaraciones del jueves 24, en las que asumió que se había cumplido la primera de las dos denegaciones de confianza requeridas para cerrar el Congreso. Si la demanda se escribe sin las confusiones que hemos visto en otros casos (el caso por traición por ejemplo), el Tribunal Constitucional podrá descalificar su declaración muy fácilmente: para notar el abuso que representa la maniobra ensamblada por Torres basta con notar que solo en 6 días pasó de pedir, bajo cuestión de confianza, la derogación de la ley que regula las cuestiones de confianza (redundancia inevitable) a pedir la derogación de la ley sobre referéndum. El tema era claramente lo de menos; el objetivo era lanzar lo que sea.

En el primer caso, el Gobierno no había logrado que el TC declare que la ley en cuestión transgrede la Constitución. En el segundo caso, antes del pedido de confianza, el Gobierno había demandado ya la inconstitucionalidad, y perdió el caso el mismo jueves 24. Torres, en su último movimiento, estaba pidiendo que se deroguen leyes que había atacado sin éxito. Ni siquiera es necesario leer la ley que regula las cuestiones de confianza para notar que el ejercicio era desde el inicio un absoluto despropósito. Por vía de estas confianzas, Torres pedía al Congreso que le obsequie la derogatoria de dos leyes que no pudo hacer anular en el TC.

Quizá Torres pensó que planteando las cosas así, en el extremo de lo inviable, la denegatoria sería inminente. Craso error. En realidad estaba ofreciendo a Castillo algo que solo él mismo quería: cerrar el Congreso. Acaso no notó que la poca seriedad del movimiento era evidente desde el primer acto. Torres intentó construir una crisis artificial provocándola. Un cierre que representa con absoluta precisión lo falaz de su paso por el Gobierno de Castillo.

El juego queda entonces estancado. Si nada cambia, Castillo se queda; los casos en su contra seguirán siendo solo investigaciones preliminares hasta agosto del 2026; la primera cuestión confianza será desmontada; el Congreso no tocará el 117 y Betssy Chávez probablemente obtenga, incluso de la oposición, el voto de confianza.

Un largo invierno se avecina. Salvo, por cierto, que el Congreso finalmente deje de quitar el cuerpo al debate de fondo: la vigencia o supresión definitiva del artículo 117 de la Constitución.

Los controladores de escaparates

 El sistema político coloca en puestos de gobierno y representación a personas clientelistas y corruptibles. No porque ellos correspondan a las preferencias de los electores. Los coloca porque son funcionales a una serie extensa de intermediarios que controlan las candidaturas de una manera que se asemeja a la que se usaría para controlar los escaparates de un mercado instalado en una zona poblada por mafias y carteles.

La idea no es mía. Me baso en un par de conversaciones que he aceptado mantener en reserva, pero que me han dejado convencido de que esos intermediarios han logrado instalar entre nosotros una oferta política sujeta a su control. Encuentro que estos intermediarios han encontrado la forma de desalentar alternativas que podrían resultarles inmanejables. Aunque de cuando en vez algunas cosas se les escapen de las manos, esos intermediarios tienen ahora el control de una escena canibalizada por el permanente recambio que impuso la absurda prohibición de reelección parlamentaria que instalamos con el referéndum de 2018. Los títeres que ahora se eligen, porque usualmente eligen títeres, siguen siendo títeres porque con cargos no renovables les es imposible adquirir cualquier cuota de poder o influencia que los convierta en agentes autónomos frente al sistema. Terminado su ciclo en el Congreso dependerán de los controladores de escaparates para reubicarse en algún gobierno regional, en una municipalidad o en alguna otra burocracia.

Algunos de estos intermediarios son reyezuelos locales o regionales que han cambiado de liga aprovechando las grietas generadas en el sistema por los barones de la construcción (“El Club”) a partir de los casos Odebrecht. Hay quienes controlan franquicias; otros tienen fortunas que pueden mover por debajo de los radares de las autoridades. Y no faltan quienes tienen ambas cosas.

No se trata de un monopolio como el que pretendió instalar Montesinos en los 90. Se trata más bien de un mercado en permanente ebullición, en agresiva competencia. Los agentes de este mercado pueden aglomerarse alrededor de puntos fijos de ataque (Sunedu y género por ejemplo); pero no están alineados en torno a ideas o planes que les conviertan en organizaciones sostenibles. Más que tribus forman redes inestables que pueden desarrollar fisuras conforme se expanden y consolidan las posiciones que tienen ahora, pero pueden perder mañana.

Los controladores de escaparates de este periodo tienen características particulares. Se muestran obsesionados por mostrar que las instituciones, las reglas y el lenguaje no les interesan; que son capaces de sostenerse en el agreste potro del poder haciendo casi ningún esfuerzo por hacer algo parecido a gobernar. Son depredadores indiscriminados. Se exhiben sin recubrimiento alguno. Muestran un nivel de resistencia que no tuvieron sus más recientes antecesores. Y multiplican la tensión que generan sin importarles que al hacerlo pueden hacer estallar el andamiaje que les sostiene.

Precario equilibrio. Como ocurre siempre en los mercados ilegales, aquí la curva de crecimiento caerá en algún momento de manera abrupta. En este ciclo de expansión las ganancias y la avidez aumentan. Del baño de Pacheco a la 4x4 y de ahí al primer millón en sobornos. Difícil llegar a 30, porque para entonces los actuales controladores de escaparates serán reemplazados por otros, acaso los dueños de los edificios en que esos escaparates están instalados. Habrá nuevas subastas; subirán los precios de la corrupción y ellos no podrán pujar y serán delatados; delatarán a otros, fugarán o irán presos. Una mafia reemplaza casi siempre a otra cuando cambian los términos de intercambio.

Si no reaccionamos a tiempo, por supuesto.

Lavado de activos - La teoría del retorno

Esta nota intenta poner algo de orden en el debate, por cierto complejo, sobre las reglas del delito por lavar activos que volverán a ser revisadas por la Corte Suprema con ocasión al caso Humala, otros y otras. 

Propongo para estos fines 6 proposiciones:

1. La primera cuestión se refiere al asunto que se discutirá en la audiencia programada por la Corte para el 16 de noviembre. En ella no se discutirá el fondo del caso, que corresponde a la pregunta sobre la inocencia o culpabilidad de los acusados. Se discutirá una excepción, esto es, una cuestión relacionada a las condiciones que deben cumplirse para que un caso pueda llegar a juicio. Las excepciones, en el lenguaje usual de los procedimientos judiciales, corresponden a lo que llamamos “cuestiones de previo pronunciamiento”. En ellas se discuten si un caso, tal como viene propuesto por la fiscalía, merece llegar a juicio o no. Para decirlo de una manera clara, cuando la Corte Suprema discute una cuestión sobre inocencia o culpabilidad el estándar para darle la razón a la fiscalía es el máximo imaginable: La Fiscalía debe haber probado su caso más allá de toda duda razonable. Cuando se discuten las condiciones para llegar al juicio el estándar es menor: La fiscalía debe poder mostrar que al menos teóricamente tiene en sus manos un caso que merece un debate público basado en pruebas. 

Esta diferencia es fundamental porque la Corte suprema no suele interrumpir juicios ya iniciados o por iniciar en atención a excepciones como la que aquí se ha propuesto. El asunto comienza entonces cuesta arriba para la defensa, aunque es imposible negar que la defensa ha planteado un debate difícil que merece ser tomado muy en serio y que está correctamente propuesto desde más de un punto de vista. Ocurre que la Corte Suprema es muy conservadora en estos asuntos y usualmente elige habilitar el juicio, no suspenderlo ni anularlo si la fiscalía muestra que el asunto merece una discusión razonablemente. De varias maneras la Corte Suprema ha mostrado una tendencia clara a interrumpir procesos en marcha en base a excepciones solo cuando la cuestión es muy clara, extremadamente clara a favor de una defensa que sostiene que el caso ni siquiera merece un debate. 

2. Los tribunales peruanos, no solo la Corte Suprema, suelen declarar que si los puntos en los que las partes discrepan dependen de pruebas, entonces el debate debe hacerse en un juicio público y no por separado, en un incidente o una audiencia previa sobre excepciones. En este caso, como en el caso de la señora Fujimori y otros, la fiscalía sostiene que puede probar en juicio que Odebrecht manejaba una lavandería. Y sostiene también que en las condiciones en que se hicieron las entregas de dinero con ocasión a las campañas, especialmente las del 2011, quienes recibieron los fondos debían saberlo y abstenerse de recibirlos y sin embargo los recibieron, acaso prefiriendo ignorar la posibilidad de que fondos entregados en efectivo y en reuniones privadas hubieran sido originados en una lavandería. Las defensas -todas, las de Humala y otros y las de la señora Fujimori y otros- sostienen que las entregas jamas ocurrieron. Jorge Barata y otros funcionarios de Odebrecht han dicho que sí, pero no aceptan que esa empresa manejara una lavandería. La fiscalía de hecho no tiene un caso contra Odebrecht ni contra sus funcionarios por cargos por lavar activos. El acuerdo de delación y premios que ha firmado Odebrecht con las autoridades peruanas no contiene ninguna referencia a lavado de activos y acaso esa es la mayor dificultad que enfrenta la fiscalía dada la forma en que ha organizado su caso. Pero la fiscalía sostiene que aún así puede probar todos los hechos que completan los elementos del delito, y sobre esa base pide llegar a juicio. La defensa sostiene que en estas condiciones el juicio es inútil; que basta con leer el relato de los hechos para constatar que ellos no contienen una historia sostenible sobre un caso por lavado de activos. Si la Corte Suprema encuentra que la cuestión no se puede resolver sin escuchar antes a los testigos y discutir los documentos que ha presentado la fiscalía en estos casos, desestimará la excepción. Pero eso no asegura que la fiscalía vaya a ganar el juicio. Para que el caso sea desestimado ahora la Corte debería concluir que el juicio es innecesario; que la historia está demasiado lejos de las reglas, y que el material acopiado por la fiscalía es por completo innecesario. Esto no es algo que suela hacer en casos de esta envergadura. 

3. Sin embargo varios de los principales observadores de esta historia han notado que es difícil que en el año 2011 alguien en el Perú haya “debido saber” que la lavandería de Odebrecht haya existido. Acaso las mejores opciones de la fiscalía vienen de la regla de la indiferencia, pero la Corte Suprema aún no ha emitido una decisión que confirme que la indiferencia puede ser suficiente para casos de este tipo. Y la fiscalía aún no ha explicado claramente, sin duda deberá hacerlo en la audiencia del 16 de noviembre, como pretende construir en el juicio un caso sobre lavado de activos basándose en la declaración de arrepentidos y delatores premiados que sostienen que jamás lavaron activos, cuando ella misma no ha presentado contra ellos cargos basados en las reglas de ese delito. 

A esto se agregan las opiniones de algunos de nuestros principales expertos: Percy García Cavero ha sostenido más de una vez que el deber vinculado al “saber” de dónde viene el dinero que se recibe es algo que depende de normas de derecho positivo que en el 2011 no existían para quienes se dedicaban a la política. Carlos Caro ha puesto en duda que la forma en que Odebrecht juntó el dinero que empleó en el pago de sobornos en América Latina corresponda propiamente a la organización de una lavandería. Yván Montoya e Iván  Meini discrepan con ambos en los dos puntos que acabo de mencionar. Y estamos hablando de cuatro de los más importantes profesores universitarios en derecho penal material del medio. Difícil aceptar que un debate de esta envergadura pueda resolverse de plano, en una excepción, sin un juicio, sin escuchar a los testigos y sin debatir el alcance de los documentos que se han puesto a debate. Pero es igualmente difícil negar solidez y seriedad al debate que ha planteado la defensa en este caso. 

4. Los casos difíciles son exactamente eso: Casos en los que podemos reconocer una respuesta como correcta, pero en los que estamos también obligados a aceptar que las respuestas que no elegimos, las que no corresponden a nuestras perspectivas y preferencias, son también respuestas que merecen ser tomadas en serio. 

5. A este complejo panorama debo agregar una cuestión final: En la audiencia del 16 de noviembre la defensa pedirá a la Corte Suprema que reciba como propia una teoría sumamente compleja y discutible sobre las reglas del delito relacionado a lavar activos. Se trata de la teoría del retorno, que sostiene que solo lava activos quien organiza un evento destinado a que los fondos que inyecta en la economía regresen a sus manos convertidos en fondos “limpios”. La teoría por cierto existe en el derecho comparado y no tiene nada de insensata. Pero no encuentro claro que ella corresponda a la forma en que se han escrito las normas sobre lavado de activos en nuestro país. Aquí las cuestiones a resolver dependen de la forma específica en que se organiza cada catálogo de delitos en la ley, no de la forma en que nos gustaría que la ley esté escrita. Hay países en los que determinados delitos complejos como los fraudes en contratos públicos solo se sancionan cuando incluyen documentos falsos o engaños, o perjuicios efectivos impuestos al patrimonio del Estado. En el Perú las cosas no son así: Los casos por colusión se sancionan también cuando no se causan daños al patrimonio del Estado; basta que un funcionario se ponga de acuerdo con un particular para violar las reglas de contratación pública. Los ejemplos pueden multiplicarse: Hay países en los que solo se sanciona como malversación de fondos públicos las operaciones de determinada envergadura; en nuestro caso el monto no importa. Pues bien. Es perfectamente posible imaginar un país en el que solo se sancione como delito lavar activos para que los fondos retornen “inmediatamente” o casi inmediatamente a las manos del lavador, de modo que el “lavador ingenioso” el que invierte fondos delictivos apostando a un retorno posterior, no inmediato o casualmente vinculado a la escena quede impune. Creo que este no es nuestro caso. Las normas sobre lavado de activos sancionan la conversión o transferencia de fondos de origen delictivo realizada en condiciones organizadas para ocultar la fuente. No incluyen el retorno como elemento del delito. No en el texto de las normas. Encuentro por eso difícil, aunque no imposible, que la Corte Suprema, en el estado en que se encuentra su jurisprudencia, decida interpretar las leyes vigentes para introducir un elemento que recortaría el alcance de las reglas sobre este delito. La jurisprudencia y la ley han ido a lo largo de esto este siglo ampliando su alcance, no recortándolo. 

6. No dudo que en el plan subjetivo de quien lava dinero pueda reconocerse “el retorno” como una disposición subjetiva, como un objetivo final, como un motivo del crimen. Pero que los fondos lavados retornen “de inmediato” a las manos del lavador que los ha originado no es un asunto que aparezca mencionado en nuestras leyes como necesario para la consumación de este delito. De hecho el retorno, cuando sea que ocurra, pronto o después, es un asunto que corresponde a lo que en el lenguaje del derecho se llama “agotamiento”; la realización en los hechos de propósitos o móviles subjetivos que están en la mente del autor, pero de los que la ley se desinteresa. 

Por cierto Odebrecht es uno de esos autores que manejan el modo de perpetrar sus delitos “en el borde” del texto de la ley: los sobornos se pagan después de los hechos, no antes, y el dinero se lava para que retorne en ganancias lícitas de proyectos futuros en condiciones inciertas que le permitieron apostar a financiar elecciones para luego “dejar de pagar por cada contrato ganado”. A partir de determinado momento Odebrecht invirtió en su propio posicionamiento considerando eficiente apostar por un retorno diferido en contratos futuros . Si las leyes estuvieran escritas de otra forma tal vez sería difícil o acaso imposible alcanzar su comportamiento bajo estas reglas. Pero sería una concesión a la habilidad del autor, no una decisión basada en teorías infranqueables. Nuestras leyes describen la consumación como actos de filtración de fondos en la economía. El retorno, a mi entender, no aparece en los elementos del delito. Aparece solo como la constatación sociológica del plan teórico de un autor que, por ende, puede organizar las cosas para que se produzcan de inmediato o de manera diferida 

El debate de la audiencia que sigue será, como puede verse, muy complejo. Como en todo caso difícil no generará una decisión que sea aprobada por unanimidad. Por eso es tan importante que terminemos aceptando, sea cual sea el fallo y sean cuales sean nuestras objeciones, la decisión final que la Corte adopte, incluso aunque no nos agrade.

Los mínimos morales

 En otras condiciones el debate abierto sobre las alternativas para resolver el caso Castillo tendría que haber conducido a alguna decisión en el Congreso. Pero no ha producido ninguna. En el medio, el intento por filtrar una consulta al Constitucional en el ómnibus de una demanda sobre otros asuntos fue desestimado ya. La Comisión de Constitución no ha hecho ningún esfuerzo por definir como debe emplearse el artículo 117 de la Constitución. Ni la de Justicia por definir bajo qué condiciones puede la Fiscalía llevar un caso de este tipo a investigación preparatoria.

El silencio del Congreso parece haberse establecido para intentar, en tercera insistencia, llegar a los 87 votos que requiere la vacancia. Pero la oposición no los tiene. Por eso la insistencia resulta sospechosa.

En medio de este silencio, esta semana estalló la tensión incubada en el caso sobre los fondos para campañas políticas filtrados por Odebrecht. La Fiscalía no quiere tener al juez San Martín en la siguiente audiencia de este caso: ya se rechazó su pedido para separarle, pero insiste. Al mismo tiempo, la Junta Nacional de Justicia nos dejó saber que tiene una postura incriminatoria contra la presidenta del judicial que deberá ser resuelta antes que se discuta su ratificación, que acaba de ser dejada en suspenso.

La fiscal de la nación, a pesar del considerable capital que ha acumulado en este periodo, no ha hecho ningún comentario sobre estos impasses. Y con ese otro silencio ha abierto ella misma las puertas a una corriente que demanda soluciones a los problemas que arrastra por la forma en que manejó los primeros cambios en las fiscalías y el caso de la jueza Benavides, su hermana.

¿Cómo caracterizar la canibalización en que nos estamos metiendo? Nunca nos hemos caracterizado por sostener periodos de equilibrio institucional por demasiado tiempo. Y algunos de los que creíamos emblemáticos, la transición pos 90, por ejemplo, han quedado impregnados por el impacto de las revelaciones sobre corrupción, las que parten de los casos Odebrecht desde diciembre del 16. Hasta hace solo algunos meses parecía que podíamos apostar, con todo lo riesgoso que venía siendo, a construir mínimos morales a partir de la enorme autonomía que han construido para sí los tribunales y las fiscalías, especialmente después de la crisis del 19, cuando se descubrió la red de los llamados “Cuellos Blancos”. Sin embargo, nos está ocurriendo aquí lo mismo que ocurre en cualquier desbalance institucional: cuando un agente no encuentra contrapesos que le limiten, se desborda; pierde toda noción de prudencia y ataca impulsivamente todo lo que se le opone, sin reparar en que al hacerlo daña los propios fundamentos de su posición institucional.

Pasó con la mayoría absoluta del fujimorismo en el Congreso del 16. Pasa con los órganos del sistema de justicia, ahora mismo, ante nuestra mirada. La confrontación que está explotando entre las fiscalías, el judicial y la Junta Nacional de Justicia puede terminar de dejarnos sin refugio si no la detenemos de inmediato.

¿Qué hacer? Una tregua. No veo dificultad en que, dado el estado de cosas, la Junta suspenda las ratificaciones de supremos, la Fiscalía encargue el caso de la jueza Benavides a un fiscal ad hoc y acepte la conformación de la sala que verá el caso Humala y el judicial pase a ayudarnos a establecer cuál puede ser la mejor ruta equilibrada que puede permitirnos recuperar el orden en los casos Castillo.

Después de todo está por llegar una Misión de la OEA. Y el enorme desorden que se acaba de generar no corresponde en absoluto a lo que han representado nuestras instituciones legales en este último tiempo.

Más que nunca, es ahora cuando tenemos la palabra.

Diferencias

Como siempre una coyuntura compleja debe ser abordada considerando al mismo tiempo las cosas como separadas y entremezcladas, pero creo que tener un espacio para analizarlas por separado ayuda a formar decisiones sobre cómo proceder con más facilidad que omitiendo este paso.

Resumo las cosas que están en discusión por separado.

1. Qué hacer con las investigaciones fiscales. Este no es un problema constitucional sino legal, y aquí es donde encuentro entra la cuestión de la convención de Naciones Unidas de la que tanto se ha hablado en estos días. El código procesal penal sigue una teoría que ya abandonamos, conforme a la cual el 117 de la Constitución no permite ni siquiera hacer investigaciones. Esa teoría ha sido abandonada en lo que refiere a investigaciones preliminares, pero no ha sido removida en lo que corresponde a las preparatorias porque para completar el ciclo se requiere una reforma legal que nadie está discutiendo. Se trata del artículo 450 del Código, que en lugar de pedir el antejuicio antes de acusar a un dignatario lo pide antes de comenzar esta etapa de la investigación. Todo el debate que ha originado la denuncia de la Fiscal de la Nación contra Castillo se debe a que aceptamos que “investigar no es acusar”, pero no extrajimos todas las consecuencias de esa nueva regla. El Código Procesal Penal no empataba con esta regla y por ello no empata con las obligaciones de investigación que contiene la Convención. Basados en una teoría que ya hemos abandonado los autores del Código convirtieron el Antejuicio (que es un procedimiento diseñado para aprobar acusaciones, no para aprobar investigaciones) en un “pase” de una investigación a otra. Poniendo la carrera antes del caballo, ordenaron que la fiscalía pida un antejuicio no para acusar sino para pasar a la preparatoria, cuando aún no tiene como saber si su caso terminará en un sobreseimiento. El estándar para pedir algo tan serio como un antejuicio es entonces incorrecto. Para resolver este problema basta una reforma legal: modificar el artículo 450 del Código para que la fiscalía sólo esté obligada a pedir un antejuicio antes de acusar, no en medio de las investigaciones. Para esto no necesitamos ninguna reforma constitucional ni ninguna reforma de la Constitución; solo cambiar un artículo del Código Procesal Penal. Con esto la fiscalía obtiene lo que necesita (un Juez de Investigación Preparatoria) y la denuncia pierde objeto. Equilibrio para todas las partes.

2. Los problemas que genera el 117 pueden ser abordados en sus propias coordenadas y en el ambiente que requieren: un amplio debate que debería ser convocado por la Comisión de Constitución del Congreso. Las opciones están todas puestas en la mesa: El 117 puede ser modificado, interpretado (de tal o cual manera; una de las opciones lo separa de los procesos por infracciones a la constitución) inaplicado (recién aquí aparece esta opción); retirado de la Constitución (esta es la opción por la que me inclino), o usarlo literalmente, como querrían los partidarios de Castillo. Lo que decidamos en este punto es un problema distinto al inmediatamente presente. Este es un tema que debería resolverse por cierto con una votación suficiente para reformar la Constitución incluso si para ello se requiere un referéndum, o por una decisión del Tribunal Constitucional si se forma una controversia en forma que lo justifique. O si otra reforma constitucional concede al Tribunal competencias consultivas que ahora no tiene.

Si el caso Castillo pasa a preparatoria esta discusión podrá desarrollarse en un ambiente más equilibrado que el que ahora la afecta tanto.

3. Un último problema, también distinto al anterior, y que también estamos entremezclando, es el que han generado las remociones en el Ministerio Público por decisión de la actual Fiscal de la Nación. Ahí hay reclamos más que atendibles sobre cuestiones que aún deben ser resueltas, como la forma de manejar el caso de la jueza Benavides. Aquí la Fiscalía de la Nación deben admitir que se apresuró y pasó por encima de estándares exigibles en el equilibrio de una entidad tan importante como la que dirige. El caso de la jueza Benavides, por cierto, puede estabilizarse entregándoselo públicamente a un fiscal Ad Hoc de reputación intachable. Pero hay aquí asuntos muy sensibles institucionalmente que requieren reconocimientos y retrocesos para ordenar la cosas a futuro, además del reconocimiento de daños que ya están hechos, pero cuyo alcance puede contenerse.

Tres asuntos distintos, tres temas que pueden y deben abordarse separadamente en el menor tiempo posible.

Investigar no es acusar

[Publicado el 16/10/2022 en LR] 

Como ocurre desde hace varios meses el centro de nuestros debates legales gira en torno a un artículo de la Constitución, el 117, que prohíbe acusar al presidente durante su mandato salvo traición o interferencias parlamentarias o electorales. Desde mayo de este año el fiscal Sánchez estableció, ya con aprobación judicial, que esta norma debe ser leída en su mínimo literal: Impide acusar al presidente, pero no investigarle. Investigar no es acusar y bajo la Convención ONU contra la corrupción investigar es un deber de todo Estado. 

Hasta aquí nadie ha derogado ni incumplido ninguna norma constitucional, ni impuesto ningún tratado sobre la carta del 93. Estamos en el marco del 117, aunque leído de otra manera.

Las confusiones comienzan porque nuestras investigaciones fiscales están divididas en dos etapas, llamadas “preliminar” y “preparatoria”. Las normas legales vigentes exigen una autorización del Congreso para pasar de una a otra cuando se trata de altas autoridades oficiales. Dada la forma en que ahora se entiende las cosas, la ley debería exigir esa autorización solo antes de acusar, no al pasar de una etapa a otra de las investigaciones. Aquí la ley sigue enganchada a la forma en que entendíamos las cosas antes de la decisión del fiscal Sánchez, cuando entendíamos que el 117 lo prohibía todo. 

Pero notemos que la cuestión a resolver está en la ley, no en la Constitución. 

Ahora veamos de nuevo los hechos: La fiscal Benavides terminó las investigaciones preliminares en sus primeros casos contra Castillo. Como está dicho, para pasar a la segunda etapa del procedimiento necesita autorización del Congreso. Y el reglamento del Congreso, que tampoco está ajustado al consenso actual sobre el alcance del 117, no tiene un procedimiento propio para otorgarle esa autorización. Solo tiene el antejuicio, que está hecho para otra cosa; para discutir acusaciones, no para autorizar cambios en las etapas de la investigación fiscal. Entonces la fiscal Benavides pide al Congreso que abra el antejuicio, porque necesita pasar a preparatoria y el Congreso no tiene otro procedimiento. Bajo la Convención ONU el Congreso no puede desestimar el pedido de plano, porque eso equivaldría a interferir con una investigación mas que relevante. Entonces el Congreso debe abrir el procedimiento de antejuicio porque es el único que tiene. Y mientras evalúa el contenido de la denuncia, debe optar por una de dos opciones: Modifica su reglamento para poder otorgar a la fiscalía la autorización que necesita o modifica el Código Procesal Penal para eliminar ese requisito, de manera que ella pueda proceder por su cuenta y regrese al parlamento solo cuando esté lista para acusar. 

Bajo la Convención ONU sobre corrupción la cuestión estriba en permitir que la fiscalía pase a la siguiente etapa de las investigaciones sin demoras innecesarias. Si investigar es un deber, debemos permitir que las investigaciones se desplieguen hasta sus últimas consecuencias.

Sin duda volveremos sobre el 117 en el ciclo que está comenzando. Pero la discusión sobre dejar de aplicarlo, reformarlo o derogarlo no es la que debemos enfrentar de inmediato. Esa es una discusión más larga que deberemos abordar cuando hayamos resuelto el primer impasse: El que impide a la fiscal continuar por razones legales, no constitucionales.

“¿Se va o se queda?” Mientras el Congreso no tenga mayoría suficiente para la vacar el cargo, para derogar el 117 o adelantar las elecciones generales, Castillo se seguirá quedando. Pero sujeto a una investigación preparatoria será un presidente vigilado, posiblemente cercado por prohibiciones judiciales y por el riesgo de ser suspendido en el cargo ¿Es así como quiere quedarse?

Vías posibles

La denuncia contra Castillo no es necesariamente un pedido para que no se aplique a Pedro Castillo el 117. Error: bajo la convención anticorrupción el congreso puede también autorizar que el caso pase a investigación preparatoria mientras discute la derogación del 117.

Derogado el 117 Pedro Castillo podrá ser acusado ante un tribunal penal y por ende suspendido. La ruta supone derogar el 117. Y esa derogación no tendría nombre propio: subsistiría a Castillo.

Además derogar el 117 no crea una situación de retroactividad ni nada semejante: el 117 contiene protecciones que no están grabadas en piedra, el Estado puede abandonarlas sin violar derechos fundamentales.

Sobre “compra y calla”, de Alberto Vergara

[Publicado origianlmente en La Mula, el 3 de octubre de 2022]

No me atrevo a pretender que escribir reseñas sea un género, pero sí me queda claro que toda reseña persigue alguno de estos objetivos: poner un texto sobre la mesa, sugerir una manera de leerlo o anunciar una polémica. En este caso reseño un texto que se coloca solo sobre la mesa, sin esfuerzo alguno. Se trata de uno de los politólogos más influyentes de nuestro medio ofreciéndonos una reconstrucción sintética del ciclo 1992-2021. El autor y el periodo simplifican la tarea de escribir una reseña porque, organizado desde estos cimientos, el ensayo reclama ya obligatoria lectura.

Alberto aterriza aquí una mirada que ya venía anunciada en el prólogo a la segunda edición de “Ciudadanos sin república” (Planeta, mayo de 2018). Desde la mirada de Alberto nuestra historia republicana está edificada sobre la aspiración a ser representados; una aspiración que, sin haberse convertido en más que eso, muta ansiosamente después del fracaso de los años 80’ hacia la necesidad de ser gobernados. “Ser gobernados” se convierte en la mirada de Alberto en el fundamento de un proceso que se ahoga en los resultados incompletos que produce. El ensayo repasada el periodo reparando en el sentido de esta secuencia.

Alberto fija el punto de quiebre entre la aspiración a ser representados y la demanda a ser gobernados en 1992, con el inicio de un periodo que alcanza una expresión diría yo “normativa” en la Constitución unicameral del 93. Alberto se detiene con cuidado para mostrar lo que esa unicameralidad significa: Es una unicameralidad que reduce al Congreso a la mitad del tamaño que tenía al comenzar 1992, y que con ello pretende anunciar un esquema subordinado al dictado del gobierno. El modelo penetra los ocho meses en que Alberto encuentra desplegarse la narrativa republicana de un Paniagua transicional, post fujimorista. Alberto reconoce en perspectiva en Paniagua “un esfuerzo efímero”: El modelo traspasa la transición del 2000 y se adapta con facilidad a sus condiciones no autoritarias. Cumplidos los 8 meses de la transición “nadie retomó aquellos principios políticos” que Paniagua intentó posicionar como base de un plan nacional al sumir el gobierno trasitorio (18). Nos guste o no, la primavera republicana de Paniagua tranzó sin cortapisas con el modelo economicista instalado en los 90’. De hecho, para equilibrar el ambiente post fujimorista, con todo lo que implica, con la conservación del economicismo que estaba en la base del modelo, en la transición se retiró la firma de Fujimori de la Constitución, pero se conservó al Congreso unicameral que constituía uno de sus fundamentos.

“Los peruanos fuimos invitados a comprar y callar. Y acudimos a la cita” (401). Alberto reconstruye la forma en que el modelo, readaptado a un entorno no autoritario, pero tampoco republicano, se convierte en el punto de cohesión del sistema político. Es el “consenso del 2000” al que se refirió Mauricio Zavaleta como eso que “se agotó y ya no alumbra” (EC, 08/08/2021). Alberto encuentra también ese agotamiento, pero en el medio del proceso encuentra la conformación narrativa de ese proyecto “El perro del hortelano” de García: “No es que García inventara este horizonte modernizador, pero tuvo el interés y la capacidad para ponerlo en blanco y negro y hacerlo público. Y triunfó… Lo que ha gobernado efectivamente el Perú durante estos últimos diecisiete años es el proyecto hortelano” (19 y 20)

“El proyecto hortelano”. Encuentro esta construcción más gráfica en los detalles de lo que aceptamos que se haga entre nosotros que el genérico “neoliberalismo” que forma su clase. Aquí no solo hay un economicismo que se desentiende del entorno institucional en que se mueve. El ciudadano puede ser “un perro”, literalmente; un animal que puede ser pateado. Se trata entonces de una narrativa que más que distancia exhibe desprecio hacia la ciudadanía y representa el desencuentro que conduce a Bagua, a un Humala que más allá de las preferencias pasa del “Conga no va” al “Conga va”, al agotamiento de un esquema de gobierno que con PPK termina no sabiendo cómo gobernar y, enredado en sus propias trampas, sucumbe, en el medio de la crisis de Odrebrecht, ante un Congreso que en el diseño original tendrá que haberse mantenido subordinado al esquema y sin embargo comienza a atacar ministros, incluyendo a uno de Economía; un puesto virtualmente endiosado en el periodo que comenzó con la transición.

Para Alberto lo “alucinante” es que “ante toda la evidencia intelectual, de datos y resultados políticos” que mostraban sus fisuras “el hortelanismo no haya sido abandonado” (25). La crisis actual, concluye Alberto, “está hecha de todo aquello que el proyecto hortelano deliberadamente consideró insignificante para el progreso del país: instituciones, Estado de derecho y ciudadanos” (22).

La aceleración del proceso de debilitamiento del modelo hortelano se produce en una pandemia que también Alberto compara con una guerra que sirve de antesala a las elecciones que confrontaron a Fujimori con Castillo.

En la introducción del 2013 a la primera edición de “Ciudadanos…” Alberto recordó una construcción que acuñó Alfredo Torres intentando describir el inicio del desánimo que entonces ya se podía percibir en el ambiente: “La paradoja del crecimiento infeliz”. Decodificando los términos de la paradoja, Alberto nos decía entonces que “El contrapunto peruano contemporáneo está dado por el éxito de la promesa neoliberal y por el fracaso de la republicana”. “Lo primero [concluía] es responsable de nuestro crecimiento. Lo segundo produce la infelicidad” (“Ciudadanos…”, 37 y 38). Páginas más adelante había anotado: “en veinte años el neoliberalismo cumplió con sus promesas [aunque esas promesas, anuncia, no originan un sistema institucionalmente sostenible], el republicanismo se apresta a cumplir doscientos y nos sigue fallando” (43). Alberto encontró entonces que la amargura se expresó en el ambiente en que fue elegido Humala en 2011 (433). En el epílogo a “Ni amnésicos ni irracionales”, escrito en el 2018, Alberto nos dice, no libre de esa amargura, que García, luego de integrar narrativamente el espíritu del modelo hortelano “nos dejó con una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala” (203). Tal vez habría que decir que el ciclo de desencuentros finales que el modelo hortelano impuso entre 2016 y 2019 y luego la Pandemia nos dejaron en una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

Entre el falaz entusiasmo (“optimismo desbordante” le llama en la página 429) del crecimiento de la primera década del siglo y el presente Alberto pone el acento en un proceso que comenzó a intentar ser abordado en los ochenta, pero que se despliega invisiblemente hasta penetrar todos lo nichos que el modelo hortelano desatiende: La informalidad. Alberto recuerda que José Matos Mar, Hernando de Soto y Carlos Franco intentaron, desde diferentes miradas, teorizar sobre ella, sin producir una teoría de referencia que comprendiera sus riesgos. Pero “a pesar de ser portador[a] de nuestros males, la informalidad fue tratada como una virtud: más que conceptualizarse desde la ausencia de ley, se le interpretó como manifestación de un mercado libre, espontáneo y creativo” (419). Más que usar las referencias asociadas al mercado laboral Alberto cita a Arevalo y Fort para mostrar que una informalidad medida por la expansión urbana alcanza al 2018 al 93% de la población. La confrontación con el despliegue de ese proceso que acumula sectores y energías no diferenciadas conduce a una de las pistas más importantes para leer el presente: “Esta debacle representativa, sin organizaciones y regida por oportunistas, se convirtió en una puerta abierta para que intereses informales e ilegales introdujeran a sus gestores particulares en la gran mayoría de bancadas parlamentarias y gobiernos nacionales” (430 y 431). “Hoy tenemos [continua Alberto] jefes de extorsionadores que son alcaldes para asegurar su impunidad, gobernadores regionales que son cabecillas de las actividades ilegales más lucrativas de su región, y un congreso infiltrado de representantes de diversas actividades particulares: legisladores que no están ahí de sea representar el interés general sino para conseguir una excepción tributaria para su compañía de transportes, asegurar que no se regule su universidad, negociar un mejor trato para las azucareras que representan, impedir que niñas y niños en el Perú sean educados en la convicción de la igualdad de oportunidades, etc.” (27 y 28).

Aquí se detiene el relato. Alberto termina de escribir esta historia cuando se instala el régimen (¿es un régimen en forma?) de Castillo. Informalidad e ilegalidad han pasado ya de las municipalidades a los gobiernos regionales, de los regionales al Congreso y del Congreso a Palacio de Gobierno. Al cerrar las páginas me pregunto si podemos verdaderamente construir desde estos restos un proyecto republicano. En la introducción a “Ciudadanos….”, en 2013, Alberto ya había anticipado la duda: “¿Será gobernable el Perú cuando escasee de esteroides del crecimiento y las instituciones sean las de siempre?” (45). Pues bien, la esteroides del crecimiento escasean ahora mismo y las instituciones son las de siempre. Alberto nota que “Se extingue una época y nadie puede entrever como será la que le sucederá” (402). Agrega que “Como en una suerte de bucle histórico, la época del gobierno sin representación termina haciéndose añicos, y el péndulo parece anunciar el regreso de la representación sin capacidad de gobierno” (469). Por eso estamos viviendo ahora mismo “En el borde, en la zozobra, en la incertidumbre, en vilo… Como quien insiste o se ve obligado a construir una casa en la quebrada por la cual pasan los huaicos cada año y solo le queda vivir rogando que la próxima temporada de lluvias no sea de las peores” (462).

Tenemos la descripción. El libro entero, desde la introducción y la carátula (la piedra, leída en las referencias al mito de Sísifo que contiene la presentación) invitan a pensar nuestra historia haciéndonos cargo del peso del absurdo. Entonces la pregunta merece un giro. No se trata, al menos no aún, de saber si esta vez sí podemos lograrlo. Se trata ahora de establecer la ruta para intentarlo “haciéndonos cargo” (aquí encuentro el núcleo del libro entero, también de este ensayo) del peso que implica ser más que compradores silenciosos: ser ciudadanos libres no condenados.

En contra de la amargura

Terminado el segundo gobierno de Alan García vivíamos en “la paradoja del crecimiento infeliz”. La frase es de Alfredo Torres y la cita de Alberto Vergara (“Ciudadanos….”, 2013). La imagen trata sobre el desánimo que empezó a impregnarnos entonces, cuando descubrimos que el piloto automático era un mito: No es verdad que el crecimiento pueda encargarse de la sociedad entera. Tampoco que sea capaz de sostenerse a sí mismo.

Alberto ensaya una forma de decodificar la paradoja: “El contrapunto peruano contemporáneo está dado por el éxito de la promesa neoliberal y por el fracaso de la republicana”. “Lo primero [concluye] es responsable de nuestro crecimiento. Lo segundo produce la infelicidad”.

“Amargura”. Alberto introdujo esta construcción para darle contenido a la infelicidad a la que se refería Alfredo. Nuestra amargura se aloja en la memoria de Bagua, en los Petroaudios y en los narcoindultos para llegar a Espinar, al impacto que causaron los gobernadores detenidos hacia el 2014. También en las agendas de Nadine, en las revelaciones de Odebrecht, en las grabaciones de los “Cuellos Blancos”, en la imposición de Merino en NOV20 y en el toque de queda de ABR22.

En el epílogo a “Ni amnésicos ni…” Alberto nos dice, no libre de esa amargura, que el segundo gobierno de García “nos dejó con una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala”. Tal vez habría que decir ahora que el ciclo de desencuentros finales que comenzó en el 16 nos dejó en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

Hoy es día de elecciones municipales y regionales y abordamos el proceso sin alegría, acaso con la misma amargura que describe Alberto. Pero quizá haya una diferencia en el ambiente. Ahora sabemos que esta amargura existe.

Podemos reconocerla; como podemos reconocer su relación con el tipo de clientelismo que ha impregnado nuestro régimen político. La distancia que media entre la forma actual de ser de la política y nuestra necesidad de ser representados, o al menos, incluso, mínimamente gobernados, está puesta sobre la mesa.

Nuestra oferta electoral se organiza sobre alianzas efímeras y franquicias electorales. Espacios vacíos que generan procesos como el que protagoniza Castillo. Estamos acaso en el punto más alto de penetración en el Estado de redes que manejan universidades no licenciadas, negocios de extracción ilegal de oro y tala no controladas, tráfico de tierras, transporte no autorizado y un largo etcétera.

El upgrade que estas redes han alcanzado en este microperiodo se ha construido a partir de los nichos que dejaron las contenciones legales ensayadas a partir de los casos Lava Jato: La ley que intenta contener el financiamiento ilegal de campañas políticas y las previsiones adoptadas en la contratación pública están hechas a la medida de las grandes constructoras. Las nuevas redes de influencia se mueven por debajo de sus radares.

Esta guerrilla de pasillos por contratos de mediana o baja envergadura que se refleja en la pugna entre Karelim López y Zamir Villaverde o en el protagonismo que pudieron adquirir los ministros Silva y Alvarado no estaban en la mira. No las imaginamos. Y ahora debemos hacernos cargo de su existencia.

Al presentar La condena de la libertad, Alberto y Paulo Drinot nos invitan a pensarnos desde el mito de Sísifo. Sísifo carga con el absurdo castigo de llevar hacia arriba una enorme piedra que siempre cae. Oposición a la desesperanza: Camus, al abordar el mito, cierra la historia dejando una ventana abierta: “No se descubre lo absurdo sin sentirse tentado a escribir algún manual de la felicidad”.

Saber qué nos está ocurriendo es un principio. La amargura, una reacción. Organizar la felicidad una tarea impostergable.

Exhibiciones

El sábado 24 de setiembre fue un día particularmente intenso en la producción de comentarios de fondo en medios. Comencemos por Carlos Basombrio, que en redes sociales se preguntaba ese día por qué el poder atrae a tantas personas con perfiles corruptos e historias violentas o abiertamente depravadas. Debo advertir que la respuesta a esta pregunta no conduce a buenas noticias. Para hallarla es preciso bucear en la compleja dinámica que mantienen la clandestinidad y la exhibición en los perfiles de determinados personajes. Ya decirlo es, por cierto, es alarmante.

El Dorian Grey de Óscar Wilde recuerda al Narciso de la mitología griega. Un mito usado por Freud para describir a quienes solo se satisfacen ante su propia imagen trazada en un lienzo o en el agua o en un espejo. Basta agregar al personaje una historia marcada por el crimen. Porque el crimen es siempre clandestinidad, y lo que se hace en escenarios cerrados no se refleja en el espejo. La mezcla del crimen con un personaje como los que describe el mito de Narciso o la novela de Wilde puede conducir a una enorme frustración que solo se alivia amplificando el espejo, multiplicando la propia exhibición. Que mejor ejercicio de reemplazo que transitar desde la clandestinidad a la política. La política, especialmente si no tiene filtros ni contenciones, se ofrece como enorme, borroso y enorme espejo alterno. El Jocker de Tim Burton quiere ser alcalde de Ciudad Gótica. Y si la ciudad no tiene filtros ni límites acaso pueda llegar a serlo.

Nuestra política no tiene filtros ni límites. Por eso  no sorprende que, como decía Carlos el 24 al proponer esa pregunta, haya tantos personajes perversos a los que “atrae la política como a las moscas la miel”. 

Pero estas escenas no tienen solo una explicación basada en perfiles. También están las cuestiones estructurales. El mismo 24 de setiembre Jaime de Althaus y Gonzalo Zegarra, por cosas del azar, nos ofrecieron dos respuestas distintas a la misma pregunta, aunque quizá sin saber que acaba de ser formulada. Digamos, a pocos días de las elecciones regionales y municipales, Carlos, Jaime y Gonzalo parecen estar preocupados por lo mismo, por simple convergencia, y pensando desde enfoques distintos. 

Jaime reeditó una lectura de las cosas que presentó originalmente en 2011: nuestra última regionalización, sostenida como está a partir del reparto del canon y de fondos del gobierno central y no de la gestión sobre fondos originados en impuestos recaudados en cada zona, no tiene como generar una ciudadanía organizada para fiscalizar a sus autoridades. Lo que genera son clientelas que sostienen candidatos a los que hacen visibles intentando captar votos y esperando que el ganador retribuya el apoyo recibido incluyéndoles en las redes de reparto de contratos y fondos que se firman en base a alianzas corruptas. Gonzalo nos ofrece en complemento: quienes juegan este juego no creen que la economía genere riqueza; creen que la economía se agota en la apropiación o el reparto de lo que ya ha sido puesto sobre la mesa, de modo que el objetivo del torneo es acaparar lo más que se pueda, no crear nada nuevo. Desde ambos lados, desde la conformación de una sociedad que no tributa y desde la “mentalidad de suma cero”, que solo piensa en repartir lo que ya existe, la política se convierte en un escaparate en el que determinados colocadores de candidatos conformarán la oferta electoral eligiendo personajes manejables, alienados, dependientes de quienes retienen en sus manos las llaves de todas las puertas a través del dinero que se sigue gastando en campañas que no hace más que levantar escaparates de exhibición a los que se suben demasiadas personas que solo buscan exhibición. El poder que se forma de la conjunción de estas tres entradas es el mismo: un poder que no agrega valor y que expone a la ciudadanía al copamiento de cargos públicos por personajes sin ideas o sin escrúpulos o acaso francamente y abiertamente pervertidos.  

El poder, en la versión que nos impregna, se forma con demasiada frecuencia desde las sombras de la clandestinidad. 

Si la Fiscalía quisiera continuar

Sobre la denuncia Constitucional contra Castillo

[Publicado en La Mula, 27/09/2022]

Quizá uno de los puntos más agotadores de esta crisis provenga del enorme muro que nos coloca el artículo 117 de la Constitución, el que limita las posibilidades de acusar al presidente durante su mandato a solo casos por traición, interferencias electorales y parlamentarias. Claro, está la cuestión de la vacancia, que frustra a quienes después de NOV20 no querríamos que vuelva a usarse y a quienes quieren usarla y deben constatar día a día que los congresistas que la reclaman no son capaces de montarla.

Entre tanto ya se estableció que es posible que la fiscalía investigue al presidente durante su mandato, así sea en este formato inicial que llamamos “investigación preliminar”. Y hace varias semanas, cuando se destituyó al ministro Gonzales, entró en debate la posibilidad de suspender judicialmente a Castillo si se extralimita en las interferencias que cada tanto ensaya.

De hecho, desde que la posibilidad de suspender judicialmente a Pedro Castillo entró en la escena su hija se escapó y se entregó, su abogado renunció y retornó y Colchado fue removido y repuesto en solo horas. La sola idea de un pedido de suspensión judicial parece haber surtido sobre Castillo el efecto que los ajos y las cruces de plata producían sobre los vampiros. Sin embargo subsisten al menos en las formas los dos casos que Castillo hizo o mandó a hacer intentando destituir a Colchado. Y la fiscalía decidió no ensayar la búsqueda de una primera orden judicial que las desactive estos casos como lo que son, casos de interferencia, quizá porque ella no se siente suficientemente cómoda con hacerlo desde la plataforma que le ofrece una investigación preliminar. Entonces la fiscalía necesita un upgrade para continuar.

Mientras pasan los días los hechos bajo investigación se multiplican y las evidencias se acumulan. El proceso, en franco crecimiento dentro de una habitación de techos bajos, porque el 117 impide llevar a Castillo ante los tribunales, eleva la tensión sin que nuestro sistema legal, el que nosotros mismos establecimos, ofrezca una válvula final de salida. Francia esperó 12 años para llevar a Jacques Chirac a juicio por cargos sobre corrupción, pero durante esos 12 años Francia siguió siendo gobernada. Aquí el Consejo de Ministros ha sido subordinado a la defensa de Castillo y eso hace de la crisis algo bastante menos soportable. Salvo por esfuerzos aislados, pequeñas islas construidas dentro del gabinete, el Perú no está siendo gobernado y eso cambia el sentido de la espera de manera definitiva.

En el intermedio que nos separa del muro que cierra un callejón sin salida hay aún opciones que nos permiten avanzar e intentar construir plataformas de equilibrio que si bien no serán definitivas al menos deberían servirnos de algo. En estos días por ejemplo ha comenzado a anunciarse que en solo semanas la fiscalía podría presentar un primer caso penal contra Castillo ante el Congreso. La pregunta que salta inmediato es la siguiente: ¿para qué, si la acusación es imposible? La respuesta contiene una alternativa.

Quien más claramente ha demostrado que una acusación es imposible es Víctor García Toma. La idea que provocó su comentario fue sugerida por Rosa María Palacios hace varias semanas: Si la convención de la ONU sobre corrupción obliga a recortar el ámbito de aplicación de las inmunidades en atención al deber de investigación que ella contiene, entonces también el artículo 117 debería ser recortado en su alcance. El argumento es seductor, pero la respuesta de Víctor, por lo simple, es concluyente: Contra la prohibición que contiene el 117, dice Víctor, no hay excepción ni tratado que valga: Un tratado como el anti corrupción puede alterar el alcance nominal de una ley, pero no puede hacerlo con una cláusula de la Constitución, salvo que se haya aprobado con un procedimiento especial que jamás ha sido empleado entre nosotros. Entonces el caso parece cerrado: Mientras la Constitución no cambie, y nadie en el Congreso parece tener interés en cambiarla, el presidente no podrá ser acusado salvo por muy pocos casos.

Si esto es así presentar un caso contra el presidente ante el Congreso no puede implicar acusarle. Pero podemos elegir una ruta distinta. En el derecho contemporáneo la voz “acusación” tiene un peso distinto al que tenía en el siglo XIX, cuando se escribieron las fórmulas que aún hoy se emplean para definir las protecciones constitucionales. Entonces se empleaba incluso para describir las denuncias de particulares por asuntos privados. No es difícil reconocer que el desarrollo de las fiscalías, que entonces no eran ni por asomo lo que son ahora, permite afirmar que cuando de delitos se trata, ahora, quien acusa no es el Congreso sino ellas. Las competencias del Congreso son exclusivas y excluyentes cuando se trata de infracciones a la constitución, asuntos que por cierto son políticos. Pero no cuando se trata de delitos. De varias maneras cuando se trata de delitos, llamando a las cosas por su nombre, lo que la fiscalía pide al Congreso no es una acusación sino una autorización para llevar un caso a una segunda estación de investigación, la llamada entre nosotros “investigación preparatoria”, que resuelve todas las dudas que ahora parece tener la fiscalía sobre el alcance de sus atribuciones.

Entonces ¿para qué presentar el caso ante el Congreso? Para obtener una autorización formal que permita a la fiscalía hacer un upgrade: llevar el caso a la siguiente estación, la llamada “investigación preparatoria”, en la que sin duda puede hacer las cosas que ahora parece haberse sentido corta a hacer, por ejemplo pedir una orden judicial que anule cosas como los dos casos que han lanzado contra el Coronel Colchado.

¿Acaso puede el Congreso autorizar a la fiscalía a llevar al presidente a una segunda etapa de investigación, que entre nosotros se llama “investigación preparatoria”? Desde el modo en que entendemos ahora la Constitución sí, porque lo que está prohibido es acusarle y pasar a la siguiente etapa de investigación no equivale aún a acusarle ¿Necesita esta autorización la fiscalía? Sí, porque para proceder a hacer ese salto la ley requiere autorización parlamentaria y la fiscalía no parece haber quedado convencido de su competencia para pedir restricciones judiciales en el procedimiento preliminar ¿Puede el Congreso concederla? Sí, aunque necesita hacer un cambio en su reglamento, y debemos hacernos cargo de las dificultades, por llamarles de alguna forma, que tiene este Congreso para producir modificaciones eficientes a sus propias reglas.

El cambio al que nos referimos supone declarar que el procedimiento para atender una solicitud de la fiscalía para iniciar una investigación preparatoria es el mismo que se emplea ahora en la sub comisión de acusaciones constitucionales para acusarle, pero con una diferencia: En este caso la Comisión Permanente no tendrá porqué ensamblar una acusación sino tan sólo evaluar la solvencia del pedido y la necesidad de proceder. La Comisión Permanente no tiene aquí por qué acusar al presidente ante el pleno. Le basta con solicitar al pleno que apruebe la solicitud de la fiscalía, entendiendo que, en respeto al 117 ella no acusará al presidente, aunque podrá llevar el procedimiento hasta sus últimas consecuencias con el empleo de recursos judiciales que quedarán a su disposición ya sin duda alguna.

En estos casos, los que comienzan a pedido de la fiscalía, debe quedar claro que el Congreso no debe “probar un caso” sino apenas evaluar un pedido para proceder qué hacer otro organismo constitucional en base a competencias que también están en la Constitución. El Congreso, de hecho, no perdería nada si aceptara dejar de llamar “acusación” a lo que en los hechos no es una acusación en forma, y restringiera el uso de esa voz en el lenguaje de su reglamento a aquellos casos que, por tratarse de infracciones a la Constitución y no a delitos sí le corresponden entera y exclusivamente.

La reforma al reglamento que permitirá hacer este upgrade a las investigaciones contra Castillo, entonces, no contiene ninguna violencia contra el significado de las cosas, al contrario, actualiza nuestro lenguaje constitucional de una manera que, en lo intuitivo es bastante clara ¿O acaso no tiene sentido reconocer que en el derecho contemporáneo quien acusa cuando se trata de delitos es la fiscalía, ni el Congreso?

No es esta sin duda una solución definitiva. Pero es mejor solución que simplemente seguir esperando sin que nada más ocurra.

En busca de una patria andina y citadina

Sobre la última entrega de Carmen Mc Evoy y Gustavo Montoya

[Publicado el 21/09/2022 en La Mula]

Una primera enorme razón para disfrutar esta entrega se encuentra en todo lo que representa que dos personas portadoras de historias distintas converjan a escribir juntas en un lugar donde vamos perdiendo el intercambio, el encuentro, el café, el reconocimiento de quien está frente a nosotros y es en realidad una persona que porta una memoria que contar. Carmen y Gustavo, siendo ambos historiadores, responden a miradas distintas, que sin embargo armonizan en esta entrega hasta el extremo de haber logrado eliminar toda diferencia en el impulso del texto, que se lee entonces como si viniera de una sola mano escritora.

Importante símbolo para hablar de identidades, de historias de personas que quedaron olvidadas por la historia oficial en un ciclo, el que transita entre 1821 y 1829, que puede parecernos lejano, pero los autores usan como contexto para buscar claves en la composición de ese ADN de nuestro hacer político que, salvando las distancias que impone el tiempo, nos tiene atrapados en esta suerte de eterno retorno hacia la incertidumbre y la frustración.

Una de las escenas más fuertes que presenta el libro, una de las primeras, nos instala en el destierro de La Mar, apresado y destituido en 1829, en el camino hacia la instalación del primer gobierno del caudillismo que siguió al periodo de los ejércitos libertarios, solo una año después que se aprobara la Constitución de 1828, “la madre de todas”, como le llamó alguna vez Pareja Paz Soldán, y muy pocos antes del corto experimento que representó la Confederación peruano boliviana.

El libro se instala en la biografía de La Mar, un hombre que no aceptó las tierras que se le ofrecieron después del triunfo de Ayacucho y devolvió el costo de alguna celebración hecha en su honor porque las arcas de un Estado sin recursos no estaban para lujos; un hombre que murió un año después de un destierro al que fue condenado sin portar maletas ni artículos personales; un hombre que porta una vida desde la que los autores saltan a otras vidas de otros guerreros de la independencia que después de las juntas emancipadoras fueron asesinados o desterrados como La Mar, porque acaso nuestras guerras de la independencia no dejaron repúblicas establecidas, sino arcas vacías, espacios vacíos y un volumen importante de tropas que permanecieron deambulando, en nuestro caso, literalmente deambulando en busca de la siguiente conspiración que les permita colocar en el gobierno a alguien que resolviera el problema de fondo: el Perú se emancipó sin contar con un soporte financiero que permita sostener el ciclo que se iniciaba con equilibrio. El Perú se emancipó e intentó constituirse en un “permanente Estado de falencia fiscal” (282). La paga de los soldados, entonces, quedó convertida en cuestión política, en cuestión de sostenibilidad del gobierno. Y en medio de esa precariedad los modelos institucionales que por ejemplo portaba la Constitución de 1828 no tenían como hacerse viables.

La política de la época, nos dicen Carmen y Gustavo, se construye en una realidad virtual poblada por noticias no siempre ciertas y por ende rumores, que circulan en medio de las conspiraciones de facciones. Pero no sólo la política es virtual. También lo son las instituciones de la república naciente, porque más allá de las elecciones definidas en los textos firmados de las constituciones de 1823, 1826 o 1828, el gobierno en este ciclo, y aún en el que de inmediato le sigue, incluso después de Castilla y sus dos constituciones, se toma por golpes de Estado; a los presidentes se les destituye por golpes de Estado, no por los procesos constitucionales que se definen a partir de 1828 en complejas fórmulas que combinan cargos por infracciones a la constitución y debates sobre delitos políticos.

Es el “cambiamiento”. Una pesada construcción que los autores encuentran en una apología al destierro de La Mar, publicada en agosto de 1829 en Piura. Una construcción empleada entonces para presentar el destierro como resultado de una acción de salvaje a una patria que los autores de la nota presentan convertida en simple subordinación al vencedor. El “cambiamiento” como construcción es usado por los autores para representar, en los hechos y en el discurso de justificación del evento, la forma en que se concibió en la época el reemplazo de un presidente por la fuerza, no por una razón madurada reflexivamente, sino por la capacidad que dan las armas. La fealdad fonética de la construcción acaso represente además la manera precaria en que los autores de estos procesos de reemplazo político revisten sus acciones de un discurso aparatoso ensamblado sin pretensión alguna de representar compromisos morales de corte institucional.

Nadie intentó acusar a La Mar ante el Congreso antes de su expulsión en Piura, a pesar de la limpieza con que solo un año antes se había definido el andamiaje teórico para llevar a un presidente a proceso ante el Congreso durante su mandato, por razones políticas y por cualquier delito grave. El proceso político práctico no está encausado al inicio de la república ni lo está después, y quizá no termina de estarlo ahora.

Leyendo el libro imagino a los restos de las tropas extranjeras que tomaron parte en la emancipación deambulando en Lima en busca de paga y subsistencia. Y me pregunto si aún ahora tenemos cuerpos no articulados deambulando alrededor de un Estado insuficientemente asentado en busca de sus propias pagas: universidades no licenciadas, mineros ilegales, traficantes de terrenos, y un largo etcétera que persiste en mantener nuestros procesos políticos como resultado de simples vías de hecho organizadas en atención a simples intereses privados.

Pero el libro contiene además otras historias que muestran otros ADN. Carmen y Gustavo nos muestran aquí las historias de hombres y mujeres que intentaron impregnar nuestro ADN de componentes distintos: ilusión por la emancipación, por la construcción de una patria basada en la búsqueda de una identidad convocante sentida desde los pueblos, desde los lugares en que vivían. Historias de vida de personas honestas, algunas de las cuales terminaron ejecutadas por las masacres que Canterac perpetró a nombre del virreinato intentando responder a la proclamación de la independencia. Historias de heroicidad de ciudades del interior que convergieron en un espacio discursivo, nuestra ilustración, que no fue bastante para contener el pragmatismo faccionista de los generales de la guerra. Pero que estuvo presente, aunque no lograra impregnar la política práctica de su racionalidad humanista y humanizante.

El libro mira el XIX desde la barcaza que se llevó a un La Mar destituido al destierro para dejar el país que había cerrado el ciclo de los libertadores más desgarrado que establecido, más impregnado por el lenguaje de la guerra interior y el golpe de Estado que por el de las instituciones.

Pero los autores no sólo buscan el ADN que nos mantiene fuera de los espacios de búsqueda de equilibrios sostenibles. Buscan una ruta hacia la esperanza. Y nos proponen esa ruta en un cierre que, a través de Jorge Basadre, regresa a Ernest Bloch para buscar alguna forma de retorno a la esperanza como base del aliento.

La historia del libro transcurre entre 1821 y 1828; el texto busca esos elementos del ADN que nos impregnan desde el origen. Pero la trama transita por los colectivos que desde las ciudades del interior y desde la propia Lima intentaron hacer del ciclo el origen de una nación. Y nos alienta desde historias de vida de quienes alentaron ese intento.

Las historias de vida. Tal vez es ahí por donde, de nuevo, hay que empezar a buscar.

El ministro Burneo

[Publicado en La República el 18 de setiembre de 2022]

¿Puede el MEF convertirse en una autarquía de hecho? Mientras duró el ciclo 2000-2019 confiamos en que incluso un gobernante inepto podía sostenerse mientras la presidencia del Consejo de Ministros funcionara de manera consistente. Una lista mental de quienes ocuparon ese cargo y los principales ministerios en el periodo nos permitiría confirmar que incluso en el medio de las historias sobre corrupción que ya están documentadas (Odebrecht es solo una de ellas) tuvimos en el ciclo que cerró un régimen basado en un profesionalismo más que razonable instalado en el Consejo de Ministros.

Catástrofes las hubo. Bagua, la caída de Jorge del Castillo y la censura a Jaime Saavedra son tres ejemplos. Pero aún así el eje de este esquema se mantuvo. Siempre o casi siempre tuvimos al frente un primer ministro enfocado en articular políticas públicas propiamente tales.

Ahora no lo tenemos. El gabinete actual está liderado por uno de los voceros legales de Pedro Castillo, el señor Torres, que parece más interesado en sostener al presidente en el puesto que en gobernar el país. En sus manos el Ejecutivo ha renunciado a todo debate serio sobre políticas públicas propiamente tales y ha optado por reforzar sus relaciones con sus propias clientelas electorales. El ejercicio ha elevado su aprobación cuantitativa. Pero estamos huérfanos de espacios donde discutir la forma de sostener los colegios, la manera de reducir nuestro déficit de infraestructura o de elevar la calidad de los servicios legales que recibe o deberían recibir las personas. Esto para citar tres ejemplos entre muchos.

Nadie nos está gobernando. Alguien tiene que hacerse cargo de la sostenibilidad del país en el entre tanto. Eso es lo que me lleva a plantear la pregunta con que se abre esta columna ¿puede el ministro Burneo convertir al MEF en una autarquía de hecho y echarse el país al hombro para que Castillo no pueda destrozarlo tanto?

Tenemos islas de institucionalidad. No sin bemoles, por cierto. El judicial y las fiscalías (aunque tengan aún problemas internos por resolver) son dos de esas islas. El Tribunal Constitucional aún nos debe mostrar quien quiere ser en esta historia. Y contamos con un importante etcétera que incluye al BCR y la SBS.

Se puede sostener “islas desde fuera” del gobierno. La cuestión estriba en confirmar si es o no posible crearlas en su interior. El señor Cevallos logró hacerlo en Salud. Diana Miloslavich trató y no tuvo demasiado éxito en Mujer. César Landa, por segunda vez en el gabinete, parece dispuesto a intentarlo de nuevo. Pero ¿puede intentarlo también el señor Burneo?

Durante el ciclo que cerró en setiembre del 2019 el MEF fue siempre la cabeza de un mini gabinete. Por razones conceptuales el MEF determina el espacio que ocupan el MEM, Minagri, Produce y el MCE, especialmente. Si el señor Burneo pudiera consolidar su peso gravitacional sobre esta área podríamos tener un espacio para contener el daño que a Castillo no le importa hacer mientras subsiste en el cargo. Pero si además el señor Burneo lograra expandir su área de incidencia hacia Transportes y Vivienda, podríamos contener la corrupción que hace ahora metástasis sobre el gobierno entero.

La pelea contra mercados clandestinos —la corrupción es uno de ellos— se aborda solo de dos maneras: Se ataca la demanda o se ataca el espacio en que se estructura la oferta. En nuestro caso la oferta se estructura dentro de las paredes de Transportes y Vivienda. La intervención en ambos es urgente. Y la llave política para lograrla parece estar en el MEF.

Podría ser este MEF el que nos ofrezca una alternativa para sostenernos mientras tanto. Porque aunque Castillo siga cayendo, sigue cayendo demasiado despacio.

La tercera estampa

[Publicado en LR 04/09/2022; una manera de explicar la presencia de Castillo en la escena]

Imposible pensarnos sin reparar en lo que representa que el 76% de nosotros viva en ambientes económicamente informales. La informalidad conforma entornos defensivos y de sobrevivencia, en los que el futuro puede limitarse a imaginar el final del día y el ahorro se percibe como una fantasía o un artículo de lujo. Contra lo que puede haberse pensado a mediados de los ochenta, la informalidad no representa una situación transitoria hacia la formalización de la propiedad o el acceso al sistema financiero. En todos los años que han pasado desde que la reconocimos como parte de nuestro ambiente la informalidad ha conformado un todo no diferenciado narrativamente que incluye emprendedores y organizaciones populares, sin duda, pero también un grueso contingente de personas que viven alrededor de la minería y la tala ilegal, el cultivo de coca y la venta de estupefacientes, el tráfico de personas, el transporte no registrado y otras tantas actividades no reguladas. Si en algo convergen todas estas informalidades es en reclamar que el Estado, al que se percibe ajeno, no intervenga ni pretenda regular sus procesos de acumulación y generación de ingresos. Ahí están las campañas por la eliminación de multas en transportes, por dejar pasar las prácticas de extracción ilegal de madera y oro, por no evaluar a los maestros, por no licenciar universidades y un largo etcétera que desemboca en el uso intensivo de la representación política como vehículo de defensa de intereses privados. La cuestión política en este país, marcado por estas informalidades se ha reducido a las campañas contra la expansión de procesos regulatorios y la desviación de fondos del Estado para, con el pretexto de obras y proyectos, alimentar clientelas que utilizan la corrupción para generarse ingresos.

Entonces Castillo no es una sorpresa. Castillo representa el último peldaño en una espiral que se mostró en todo su potencia expansiva a mediados del gobierno de Ollanta Humala, cuando estallaron los casos sobre corrupción en gobiernos regionales. Es la misma espiral que exhibió su despliegue sobre el Congreso con las grabaciones de Mamani, que mostraban un PPK dispuesto “desde arriba” a canjear votos contra acceso a los espacios de decisión sobre presupuestos, transferencias y proyectos públicos. En esta historia Castillo presenta la tercera estampa, una estampa que coloca el modelo del político-gestor de intereses privados en palacio de gobierno, desde donde entrega puestos y proyectos a “los compatriotas de Sarratea” mientras un colectivo de abogados personales vestidos con fajín de ministros ensaya una y otra vez coartadas y estratagemas diseñadas para mantenerle en el puesto por todo el tiempo que sea posible.

La tensión que produce esta manera de hacer las cosas resulta de su confrontación con los pocos espacios en los que, al modo de islas no perfectamente constituidas, se ha venido refugiando nuestra institucionalidad en estos años. El ciclo de intervenciones contra la corrupción en gobiernos regionales en tiempos de Humala fue liderado por fiscalías que consolidaron su auto imagen en los casos Orellana y Álvarez, para mencionar los más visibles. Aunque registre bemoles, esta auto imagen es la misma que sostuvo las intervenciones de las fiscalías en los casos Odebrecht. Y es la que ahora sostiene los casos contra Castillo, aunque también ahora haya desequilibrios por resolver.

Enorme paradoja: En el país de las informalidades galopantes la moralidad pública se estructura a partir de la ética del juicio y del castigo.

Pero escribo sobre una historia inacabada. Como toda historia, esta necesita un desenlace. Un final que sea, al mismo tiempo, un comienzo.

Queda en nuestras manos escribirlo.