Por la
falsa prensa
César
Azabache Caracciolo
El último juicio contra Alberto Fujimori, sobre los fondos empleados para crear la falsa prensa de los años noventa, habría tenido un desenlace distinto si se hubiera acumulado a tiempo con el caso original, en el que se discutió la compra de congresistas tránsfugas, las interceptaciones telefónicas, la indemnización a Montesinos y la compra de Cable Canal de Noticias y del diario Expreso. No es una cuestión que competa al tribunal que tiene el caso que llega a juicio con retraso, pero discutir las responsabilidades del ex presidente seis años después de su extradición cuando ya tiene impuesta una condena a 25 años resulta regresivo en términos institucionales. Sagas como esta deben tener un punto final, deben cerrarse en algún momento. Mantenerlas abiertas por tanto tiempo nos impone, como comunidad, el desgaste que provoca el retorno a debates irresolubles que ya han sido agotados. Como comunidad no ganamos nada con esta repetición. Al final, una absolución no devolvería la libertad al acusado y una nueva condena no modificaría los plazos del encierro que ya tiene impuestos.
En los años noventa, una ley creada para simplificar
los primeros casos contra Guzmán Reynoso permitía a la fiscalía abstenerse y no
acusar a quienes ya habían sido condenados a penas mayores a las que podían
proponerse para algún caso pendiente. Esa disposición ya no está en vigencia, y
por cierto tenía el defecto de ser obligatoria, sin alternativas que permitan a
las fiscalías y a los tribunales hacer excepciones en los casos en que los
debates resulten aún necesarios por alguna razón de interés público. Pero el
esquema básico que contenía esa disposición da una idea de la mejor manera de
cerrar sagas como la que protagoniza Fujimori.
La fiscalía debería tener
derecho a no llevar a juicio casos en los que la sociedad no va a ganar nada
con la exposición pública del acusado. De hecho, el caso de la falsa prensa de
los años 90 se refiere a reglas que ya están establecidas entre nosotros sobre
la responsabilidad de un mandatario por desviaciones masivas de fondos
públicos, y a una historia que ya ha sido suficientemente discutida ¿Para qué
reabrir los debates sin ningún efecto práctico posible? Por
cierto, Fujimori podría tener interés en que el nuevo juicio se desarrolle.
Aunque ya está condenado, podría intentar introducir cambios en nuestra memoria
sobre los hechos. También podría intentar provocar algún cambio en la
jurisprudencia de los tribunales sobre estos asuntos.
Si asignáramos a la
fiscalía el derecho a abstenerse en este tipo de casos, entonces habría que
reconocer además del derecho del acusado a oponerse a la abstención cuando
tenga interés en reivindicarse en un nuevo debate. Pero en el caso de la falsa
prensa la defensa no parece tener ningún interés en organizar una discusión seria
sobre estas cuestiones. De hecho, la defensa comenzó pidiendo, sin base legal,
que el saldo de condena impuesto a Fujimori se cumpla en su domicilio, para
pasar ahora a recusar al tribunal y pedir que el caso pase a la Corte Suprema
también sin base legal. En estas condiciones, ninguna discusión importante se
puede esperar de este caso.
