Por: César Azabache Caracciolo
Desde mi punto de vista,
la cuestión sobre la seguridad ciudadana, en lo que se refiere a Lima,
solo puede resolverse municipalizando el sistema completo de justicia. Y
quiero usar estas líneas para explicar esa conclusión.
La llamada seguridad ciudadana es una sensación colectiva y, como
tal, es inasible. Por lo general, la inseguridad colectiva no se
construye sobre la base de un incremento de las estadísticas sobre
delitos. Cualquier estudio serio puede confirmar que Lima tiene tasas de
delitos violentos inferiores a Ciudad de México o a Sao Paolo. Sin
embargo, esta revelación no calmará la inseguridad de nadie. Las
personas se sienten inseguras. Y esa sensación impulsa una demanda que
debe, como no, ser satisfecha aunque no corresponda a estadísticas
definidas.
Sin duda, los psicólogos sociales y los antropólogos puedan decirnos
muchas cosas sobre el modo en que se organizan sensaciones colectivas
como la inseguridad o el temor. Sin dejar de valorar estos aportes,
parece claro, desde el punto de vista institucional, que ambas tienen
que ver con ciertos desajustes en el sistema formal de reacción frente a
infracciones. No podemos evitar de manera definitiva que las personas
se sientan inseguras o sientan miedo, pero sí podemos compensar estas
sensaciones ofreciéndoles determinados procedimientos que les permitan
restablecer su confianza en el sistema. Estos procedimientos están
relacionados a la organización de reacciones consistentes frente a
eventos que llamamos infracciones, y que representan violaciones
expresas a las normas de convivencia. No hay, por cierto, una relación
directa o causal entre sensaciones como la inseguridad o el temor y
nuestras respuestas institucionales frente a las infracciones que puedan
cometerse. Pero sí hay entre ellas una relación de equilibrio que nos
permite suponer que el funcionamiento razonable del sistema de reacción
puede compensar el malestar que se expresa en inseguridad y temor, tanto
como podemos asumir que los defectos en la coordinación del sistema
pueden potenciar ambas sensaciones.
El sistema institucional de reacción frente a infracciones contiene
cuatro procedimientos: vigilancia, identificación de infractores,
juicios públicos y castigo a condenados.
Para funcionar de manera articulada, todos estos procedimientos
deben estar coordinados y su funcionamiento debe ser visible y
comprensible para la comunidad. Un sistema que opera sin que los
habitantes sepan con cierta precisión quiénes son sus jueces, dónde se
desarrollan sus juicios, para qué sirven o cómo se cumplen las condenas,
es un sistema poco apto para provocar la confianza de los ciudadanos.
Pues bien, en el caso de Lima, la falla en la articulación del
sistema es evidente. Desde los años 90, de manera intuitiva, hemos
expandido un sistema de vigilancia urbana basado en el serenazgo.
También hemos hecho determinados esfuerzos por profesionalizar a ciertos
cuerpos especializados de investigación policial. En materia de juicios
se ha trabajado intensamente en preparar la reforma de las reglas del
procedimiento. Sin embargo, no se ha logrado modificar el mapa de
distribución de fiscalías y juzgados de manera que guarde cierta
proporción con la distribución demográfica de la ciudad. Y esto es muy
grave.
En los hechos, la mayor cantidad de jueces de la ciudad se concentra
en Lima Metropolitana. Las zonas sur, norte y este de la ciudad no
tienen aún fiscales ni jueces en número ni ubicación que corresponda a
su densidad poblacional. Tampoco tienen centros de detención temporal ni
definitiva que ofrezcan una alternativa a la fuga de sospechosos. Estas
dos disfunciones demográficas significan, en lo concreto, que los
habitantes no interactúan en condiciones consistentes con fiscales y
jueces, menos aún con juicios y casi de ninguna manera con la prisión o
la ejecución de condenas. En estas condiciones, el sistema de reacción
frente a infracciones es prácticamente invisible, y la contención
institucional que ofrecemos a las sensaciones colectivas de inseguridad y
temor, mínima.
En las actuales condiciones, la energía que han acumulado las
municipalidades ofrece una oportunidad irreemplazable para corregir las
disfunciones demográficas del sistema, y los orientan al servicio de los
habitantes. Si con base en su esfuerzo se pudo desarrollar un sistema
tan complejo como el de serenazgo, con base a ese mismo esfuerzo puede
ahora estabilizarse un sistema que, de otra forma, seguirá siendo
incapaz de satisfacer nuestra legítima demanda de tranquilidad
colectiva.
