PRÓXIMOS A LAS CUARTAS ELECCIONES
GENERALES CONSECUTIVAS
Notas
para un acuerdo institucional
Por
César Azabache Caracciolo
Los últimos 45 años de nuestra historia muestran un
proceso limitado de creación de reglas fundamentales de verdadera vigencia
práctica en la formación de nuestro tejido institucional. Así, la libertad de
prensa emergió como respuesta normativa a la dictadura de la década de 1970.
La conservación del equilibrio macroeconómico y la
primacía de la libre competencia fueron resultado del final de la crisis de la
segunda mitad de la década de 1980, pero el proceso de formación de reglas
verdaderamente aceptadas por todos concluye allí.
La transición iniciada a fines del 2000 no
transformó el cierre de la década de 1990 en plataforma para verdaderos
consensos prácticos sobre derechos humanos y la lucha anticorrupción. Los
últimos 15 años de nuestra historia muestran una parálisis institucional
sorprendente, si tomamos en cuenta que estamos por entrar, por primera vez en
todo el período, a las cuartas elecciones generales consecutivas.
Vamos entonces atrasados en el proceso de formación
de consensos prácticos. Y esto es grave. Los acuerdos institucionales no se
imponen al azar. Se cimientan unos sobre otros.
La imposición de reglas de transparencia en el
financiamiento de la política, la cuestión institucionalmente más importante
que ha surgido en este último año, requiere claridad sobre el alcance de las
prohibiciones asociadas con la lucha anticorrupción. Y la expansión del sistema
judicial hasta niveles municipales, condición imprescindible para estabilizar
nuestra crisis de seguridad ciudadana, necesita una plataforma clara sobre el alcance
de los derechos humanos.
Estamos exhibiendo una cuota alta de incapacidad
para desarrollar nuestro sistema institucional. En lugar de aprovechar el poco
tiempo que nos queda antes de las elecciones, estamos sobreconcentrados en las
consecuencias judiciales de los últimos escándalos que se han acumulado sobre
la mesa.
Sin duda, los casos en discusión (‘Petroaudios’,
Facundo Chinguel, Ecoteva, Daniel Urresti y Nadine Heredia, especialmente)
tendrán algún final con alguna cuota de polémica. Sin embargo, las condiciones
institucionales que han provocado estos casos no serán restablecidas por los
tribunales. Tienen que ser establecidas por la comunidad en un proceso aún
pendiente de revisión de los fundamentos institucionales de nuestra
coexistencia.
No creo, honestamente, que esa especie de guerra
desatada entre “buenos” y “malos” en la que estamos cayendo contribuya en
absoluto a fijar fundamentos institucionales útiles para salir del
entrampamiento en el que estamos. Pienso que ayuda más un acuerdo amplio en
favor de la estabilidad del sistema que fije la manera de cerrar las cuestiones
pendientes en materia de derechos humanos sin excluir a nadie.
Además, que liste los compromisos anticorrupción
que deben poner fin a olas de casos como las que resultaron de la intervención
a los gobiernos regionales y a la organización de Rodolfo Orellana. También que
defina de manera clara los términos en que de aquí en adelante se relacionarán
el dinero y la política, y ofrezca las explicaciones y pedidos de perdón que
necesitamos para despejar las enormes dudas generadas en el último año de este
ciclo.
Necesitamos pasar la página en que estamos
atorados, no con un borrón y cuenta nueva, sino con una actitud que quiebre ese
clima de cinismo y agresión que se está impregnando en nuestra comunicación
institucional. Lo que tenemos entre manos es una crisis de dimensiones
impresionantes. Los tribunales no sirven para resolver crisis de este tipo.
Para eso se ha inventado la política.
Publicado en El Comercio el lunes 28 de septiembre del 2015
Publicado en El Comercio el lunes 28 de septiembre del 2015
