miércoles, 2 de febrero de 2022

Los clientes

[Sobre el gabinete] 


Pensemos en el gabinete recién designado. El manejo de la pandemia se mantiene fuera de los avatares de la inestabilidad política. Cevallos aún en el MINSA. El MEF se entrega a la burocracia del MEF, lo que perfila una suerte de equilibrio conservador que puede sostener la continuidad del BCR. La Cancilleria es entregada a un profesor universitario de destacada trayectoria que sin duda aceptará Torre Tagle. Acaso también se controla daños en relaciones exteriores y se le “saca” de la escena contaminada por la coyuntura.

En los demás sectores las señales que se han dado tienen todas un signo por completo distinto. Castillo impone en interior a un personaje que lleva a sospechar que en adelante ninguna investigación sobre corrupción que lo involucre quedará fuera de su control. No más sorpresas en un país de allanamientos e inspecciones. A la vez Castillo y Torres sacan al procurador Soria luego que la Contraloría en un sorprendente y extrañamente oportuno descuido criticara su designación original. 

En estas condiciones las investigaciones penales sobre asuntos de impacto político deberían concentrarse en las fiscalías, y desarrollarse sin la intervención de la policía. Pero eso es imposible. No se puede armar procedimientos de vigilancia, escucha o delación sin la intervención de la policía. 

Entonces las llaves de todos los secretos están ahora en el sombrero de Castillo. 

La otra vía para romper el entrampamiento en los casos que involucran a Castillo es el Congreso, que tiene más de una alternativa para hacerse cargo al menos en un plazo cercano de los casos que involucran al presidente, usando de alguna forma las reglas sobre infracciones a la Constitución, que resultan la única opción posible después que el procedimiento por vacancia mostrara toda su potencia destructiva en noviembre de 2020. Pero el Congreso no puede hacerse cargo de un asunto de esta envergadura mientras petardea a la SUNEDU. No tiene sentido pretender reforzar la institucionalidad mientras se la ataca frontalmente. Y no puede pasarse por alto que el Congreso inició su último  ataque a la SUNEDU mientras Castillo elegía a sus nuevos ministros.  

Imposible dejar de notar que una de sus primeras declaraciones Valer, elegido premier en el lugar de Mirtha Vázquez, ha adelantado que el ejecutivo no observaría la ley promovida para desarmar a SUNEDU.

Mensaje recibido. Todo listo para que los manejadores de pasillos que han logrado que Perú Libre y la oposición de derecha voten igual cuando se trata de universidades no licenciadas, profesores que no aprueban evaluaciones, mineros ilegales, transportistas ilegales o cuestiones de género tomen también el control de buena parte del gabinete. 

Ortiz por cierto queda al frente de Transportes ¿verdad? 

¿Renunciará César Landa a la cancillería si el Ejecutivo llegará a promulgar esa ley?  No es sencillo pretender mantener el equilibrio entre tres aparentes islas de equilibrio y una pléyade de espacios canibalizados por el clientelismo.

Hace semanas Fenando Vivas, entre otros, venía anunciando que se venía un pacto por la estabilidad del sistema clientelista; ese que erosiona permanentemente la institucionalidad.

Ese pacto ha sido consumado.

lunes, 31 de enero de 2022

El derrame de Ventanilla

El derrame se produjo mientras se descargaba crudo hacia el terminal multi boyas 2 de Repsol desde los tanques del buque Mare Dormicum de Fratelli d’Amico Armatori S.p.A, operado por Teekay Tankers LTD, que llegó al punto de descarga el 14 de enero. El 15 se registraron en el Perú los efectos de la erupción del volcán de Tonga. Pero la información disponible hasta el momento no permite relacionar claramente el momento en que los cambios en la marea podrían haberse apreciado en el lugar y el momento en que comenzaron a soltarse las amarras que sujetaban al buque del terminal 2.  

Los tanques de ese buque transportaban casi un millón de barriles de crudo cargados en Sao Paulo. Aún no sabemos cuánto crudo debía descargarse en esta operación, a qué hora comenzó la descarga, cuánto crudo entró a la terminal. El capitán del More Dormicum ha hecho varias declaraciones, pero no me ha quedado claro si la primera señal de alarma se produjo por la forma en que se desataron las amarras o por el avistamiento de una iridiscencia. En todo caso si ha quedado claro que la historia de este derrame no comenzó por una anomalía en los registros de ingreso de combustible en la plataforma. El capitán del More Dormicum ha insistido en que pidió ver los registros y las bitácoras de la plataforma (los únicos que pueden haber mostrado que estaba ingresando allá menos combustible del que debía ingresar) y no se los entregaron. Tampoco encuentro clara aún la información sobre la cantidad de tiempo que medio entre la  alerta, sea que se haya producido por el desamarre de los cabos o por la visualización de una iridiscencia y el momento en que se paró el bombeo de crudo hacia la plataforma.

Los protocolos de reporte y reacción existen. Pero aún no sabemos al detalle cómo funcionaron ni qué los activó. La bitácora y los registros de ingreso de crudo en la plataforma además de las comunicaciones entre el buque y ella son fundamentales para establecer qué pasó y cuándo. Estos materiales aún no son públicos . En un caso de este tipo el cierre de válvulas debe hacerse en el buque, si la carga proviene de allí. Pero se hacen porque determinada información provoca una alerta. Cómo se genera esa alerta es la clave de este caso. aún una incógnita. 

El crudo derramado, calculado ahora en aproximadamente 11 mil barriles, debe ser igual al total almacenado en los tanques del buque al inicio de la operación, menos el que queda al final, menos lo que llegó a la plataforma. Las responsabilidades legales derivadas de un caso como este comienzan a construirse en los procedimientos efectivamente seguidos para controlar la cantidad de crudo que ingresa a las bodegas de la plataforma. Si la cantidad se reduce las alertas deben ser disparadas aunque no se vea iridiscencia alguna, se hayan desamarrado o no los cabos que sujetan a la operación. Si esa información se produce pero no se reacciona en consecuencia, comienzan las responsabilidades que deben ser establecidas. 

Tan sencillo como calcular cualquier faltante.

El faltante, considerando la velocidad con que el combustible estuvo pasando al inicio de la operación al terminal, permite calcular al menos por aproximación el tiempo que tomó interrumpir el proceso. Falta ahí introducir el momento de la alerta y la primera parte del caso legal está lista. Pero aunque los registros sean imprecisos o se alteren, el análisis de la velocidad de descarga y del tiempo que haya tomado reaccionar permiten controlar los cálculos sobre el crudo verdaderamente derramado.  

La segunda parte del caso legal se calcula sobre los valores económicos que están en juego. El costo del plan de recuperación del área afectada, aparentemente al menos equivalente a 174 hectáreas, tendrá que ser determinado por la autoridades. Por el desastre del Golfo de México BP aceptó pagar $ 16.8 miles de millones en 18 años. Se trataba de 5 millones de barriles,, de modo que el antecedente puede ofrecer una referencia del costo de este incidente. Un cálculo simple, que sin duda debe ser ajustado, produce una cantidad que podría ser útil tener como referencia: aproximadamente US$ 37 millones.

El segundo valor en juego corresponde a la posible estimación de ganancias y pérdidas que eventualmente podría haber sido tenida en cuenta en el proceso, al momento de decidir parar la operación o cuándo detenerla. No sabemos a qué precio se había acordado la descarga del crudo en la plataforma de Repsol. A US$ 83.57 por barril el total que se haya acordado descargar tiene un costo, que eventualmente era distinto, mayor al total efectivamente descargado. La pérdida o menor cantidad de crudo puede tener una penalidad o una póliza de seguros, y condiciones para ejecutarlas. 

Pero además un buque tanque con capacidad para un millón de barriles podría eventualmente haber tenido acordados otros puntos de descarga fijados en el itinerario como posteriores a este proceso. No lo sabemos. Será necesario establecer si la demora en la descarga o el costo de no hacerla fueron variables a considerar en la decisión de detener la operación o en qué momento hacerlo. Estos detalles pueden incidir en la manera de evaluar cualquier decisión que se haya tomado o dejado de tomar alrededor del incidente, y eventualmente, regular la gravedad del hecho, entre un asunto producido accidentalmente o  causado por un defecto en el valor asignado a los resultados colaterales de la decisión. 

En el extremo, no sabemos si aplica a este caso, una decisión tomada para controlar los resultados económicos de la paralización del proceso sin considerar en la ecuación las consecuencias ambientales que pueden generarse, insisto, en determinadas circunstancias, podría incluso hacer aplicables al caso las normas sobre delitos deliberados o dolosos. 

Los aproximadamente 11 mil barriles que se derramaron (es el estimado a la fecha conforme a la información que se ha hecho pública) alcanzan un valor aproximado a US$ 1 millón. El derrame desde el punto de vista del valor económico directo del crudo perdido podría haberle parecido insignificante a alguien que no haya considerado las consecuencias ambientales del vertido. 

Ahí una de las principales incógnitas por resolver. 

El ministerio ha pedido una fianza de $ 37.5 millones para permitir el zarpe del Mare Dormicum. Esa fianza representa varias veces el valor de los aproximadamente 11 mil barriles derramados. Y Desborda ahora apenas el valor inicial que podría asignarse a este caso considerando el antecedente del Golfo de México.

Pero los números se mueven. Al comenzar la última semana de enero la cantidades derrame estimada ascendía a 6 mil barriles. Terminando el mes la cantidad se ha duplicado. Que se haya incautado la nave y arraigado a los principales ejecutivos de Ropsol en tanto el caso se estabiliza tiene mucho sentido; como lo tendría comenzar a pensar en embargos para asegurar los ajustes que aún habrá que hacer para afrontar los daños derivados del hecho.  

De hecho la nave ha sido incautada y se ha ordenado la paralización de las actividades de Repsol con la posibilidad de hacer descargas previamente autorizadas. Dos medias severas que tendrán sentido si generan en un tiempo razonable un espacio de generación de las condiciones financieras que Repsol y quizá, aun no lo sabemos, la empresa a la que responde el buque, deberán asumir para reparar los daños en proceso. 

Estos hechos deben ser castigados, sin duda. Pero la reparación de las consecuencias ambientales de estos hechos debe estar en la primera línea de preocupaciones de las autoridades locales.