Publicado en La República el 12/11/23
La suspensión que las fiscalías acaban de imponer al fiscal Vela representa un portazo. Es alejarlo del cargo por 8 meses. Son los 8 meses en los que se definirá el final de uno de los juicios más difíciles de esta saga, el que se sigue contra Ollanta Humala y su entorno. Son además los 8 meses en los que debe empezar el juicio contra Keiko Fujimori y otros, un caso aún más complejo que el primero. Son 8 meses clave para estos dos casos. Pero son además los 8 meses en los que deben definirse las condiciones en que se desarrollará el que debería ser el último periodo del complejo proceso anticorrupción que Vela inició en julio de 2018, cuando tomó la dirección de los casos Odebrecht.
Ese último periodo debe empezar cuando terminen estos juicios. La suspensión es entonces absolutamente inoportuna, salvo que la Fiscalía haya decidido obsequiarle ventajas injustificadas a la defensa. Desarmar el equipo en un momento clave como este representa una abdicación. Es como cambiar de piloto a mitad de una curva acelerada. No hay manera de encontrar en esto una decisión útil para la lucha anticorrupción. Le sirve a la defensa. Encuentro eso indiscutible y sumamente grave.
Pero además esta suspensión contiene un detalle adicional. Tiene la forma de un capricho. Nadie podrá convencerme de que una declaración pública hecha hace años sobre un caso en particular puede justificar que se castigue a un fiscal; menos a uno que tiene un encargo tan delicado como el que tiene Rafael Vela. Castigarlo de esta manera por haber criticado un fallo judicial en un caso en el que trabajó su equipo es un acto de censura. Y la censura es intolerable en magistraturas autónomas como las que se encargan de perseguir delitos.
Solo por haber aprobado esta suspensión, su autor, el señor Fernández Jerí, debería ser removido del cargo de inmediato.
La cuestión es que por simple capricho se procedió ya contra la fiscal Ávalos, inhabilitada por el Congreso. También por capricho el Congreso intenta intervenir a la JNJ. Y por un capricho el Minjus ha suspendido al procurador Soria. El capricho ya no parece ser solo resultado de un exabrupto que podríamos corregir con un amparo. Se está convirtiendo en un procedimiento de uso frecuente que releva algo muy grave: La instalación de un dispositivo que confirma el poder de quien lo usa exhibiendo deliberadamente la falta de fundamentos de sus decisiones.
En teoría una decisión pública debe fundamentarse; debe ser el resultado de un proceso reflexivo que se hace legítimo por la manera en que se conecta con buenas razones. Las decisiones que se imponen sin apoyarse en verdaderos fundamentos contienen un mensaje perverso. Muestran que su autor no quiere mostrarse como una autoridad legítima, sino como un personaje con poder y punto. Quien toma decisiones como estas elige asuntos banales como una declaración antigua solo para que quede claro que hace lo que hace porque quiere hacerlo, no por que esté cumpliendo con algún deber o alguna regla o intentando alcanzar un objetivo de interés público. Hablamos de decisiones privadas disfrazadas de públicas.
Imposible dejar de notar que cuando se consolidan, las maquinarias basadas en el capricho no se detienen, se expanden, mutan de dirección sin que haya control alguno que pueda detenerlas. Ayer fue la fiscal Ávalos, hoy es el fiscal Vela, mañana puede ser el presidente del BCR o el contralor general o el superintendente de Banca y Seguros; cualquiera.
Si aceptamos lo que está ocurriendo ahora dejaremos que ese dispositivo termine de instalarse entre nosotros. Permitirlo nos expone irremediablemente. También a quienes ahora mismo están aplaudiendo la suspensión.
El capricho se comporta como un péndulo. Uno que necesitamos detener con urgencia, antes que termine devorándonos.
