“El consenso del 2000 se agotó y ya no alumbra”. Tomo la frase de una columna que publicó Mauricio Zavaleta en EC en junio 2021. Mauricio se refiere al colapso del sistema institucional que se instaló entre nosotros con las disputas Gobierno-Congreso del periodo 2016-2020. Pone en evidencia que el ciclo de deterioro institucional iniciado entonces solo puede romperse formando un nuevo consenso.
El consenso del 2000 adoptó la Constitución del 93 como propia. Al adoptarla en el momento en que más fácilmente podría reemplazarla, la transición la resignificó. La convirtió en el marco de referencia de su propio orden económico. Y en el marco en que se instalaron la Comisión de la Verdad, el Acuerdo Nacional y la regionalización. El mismo marco que fue usado para redefinir el papel de la Defensoría del Pueblo, de las fiscalías, del judicial y del Tribunal Constitucional, entre otras cosas.
El agotamiento al que se refiere Mauricio sugiere que algo falló en los fundamentos de ese consenso, el del 2000. Las revelaciones de Odebrecht nos mostraron a partir de diciembre del 2016 cuánto nos habíamos engañado al imaginar que logramos adquirir un dispositivo que impediría reproducir la corrupción de finales de los 90. En los hechos la organización de Montesinos fue desactivada. Pero el soborno como factor en la toma de decisiones públicas se movió a otra parte al inicio mismo del periodo.
Bagua debió representar un punto de quiebre. Y lo pasamos por alto. La masacre de Bagua, que incluye la muerte de 23 policías, nos mostró en junio de 2009 que la estabilidad económica se estaba sosteniendo sobre las espaldas de sectores enteros de la ciudadanía a los que sencillamente nadie estaba representando. Y mostró también que esa falta de representación podía expresarse en muertes que hemos hecho relativamente invisibles todo este tiempo. A las 33 muertes de Bagua debemos agregar otras 133 registradas en conflictos sociales por la Coordinadora de DDHH en todo el periodo.
Ya eran 166 muertes cuando comenzó la violencia en que ahora vivimos. Pero las habíamos hecho casi invisibles.
Alberto Vergara ha sostenido que en estos 20 años tratamos de sostener el sistema institucional imaginando que bastaba con gestionar el Gobierno, invisibilizando la necesidad de ser representados. Y ni siquiera nos representamos como problema que el sistema estuviera lastrando muertes como si fueran un costo marginal tolerable; muertes de las que no nos hemos hecho cargo.
Hemos instalado en el sistema válvulas de innegable valor práctico en el manejo de la economía
