¿Dónde juzgar a Zevallos?
César Azabache Caracciolo
No estoy en posición de asumir ninguna conclusión sobre la probable
responsabilidad penal del señor Fernando Zevallos en el nuevo caso que está
siendo investigado en Maynas. Pero quiero comentar el rechazo emitido por las
autoridades judiciales a la solicitud de la Señora Jueza Hernández, que pidió
se le conceda competencia nacional para poder conducir en Lima al menos parte
del caso iniciado en su localidad. El pedido de la Jueza, cuya valentía ha
quedado hace mucho en evidencia, afirmaba que la competencia local constituye
un límite infranqueable para poder conducir y llevar con transparencia un caso
como éste, cuyas ramificaciones son todavía impredecibles. Formulado de este modo,
el rechazo del pedido parecería a primera vista una descalificación a los
esfuerzos de la Jueza. En efecto, llevar un caso como el de Fernando Zevallos a
Maynas resulta riesgoso para todos. Para el sistema por la incapacidad de las instalaciones
penitenciarias de la zona para contener algún eventual intento de fuga. Pero
también para Zevallos, porque su vida e integridad no pueden ser aseguradas por
completo en las condiciones del lugar. Entonces hay que buscar un camino para
reorientar el rumbo de las cosas. Y en mi opinión, ese camino debe tener en
cuenta tanto la mejor manera de asegurar a todos los personajes de esta
historia como la mejor manera de consolidar la autoridad del judicial y de las
fiscalías.
Se ha citado, como antecedente, la decisión del
caso de Antauro Humala y otros, investigados ahora en Lima por el levantamiento
violento de Andahuaylas de Diciembre 2004. Pero la regla del caso Antauro
Humala no es la misma que se ha intentado usar en el caso Zevallos. En el caso de
Antauro Humala de hubo un pedido al órgano de gobierno del judicial. El proceso
comenzó en Andahuaylas, luego fue abierto un segundo proceso en Lima y la Corte
Suprema, actuando como tribunal de justicia y no como órgano de gobierno,
decidió a favor de Lima por razones de seguridad semejantes a las que afectan
el caso Zevallos. El Tribunal Constitucional, además, declaró antes que la
Corte Suprema tiene derecho a decidir en un caso de este tipo (Sentencia de
Julio 21, 2005). Entonces el camino que abre el caso Antauro Humala, y que aún
no ha sido recorrido en el caso Zevallos es otro: Abrir un segundo proceso en
Lima, trabar la competencia de un Juzgado en Lima y luego discutirla empleando
el procedimiento de contiendas que la ley prevé para casos de este tipo.
La alternativa propuesta por la Jueza Hernández
habría dado realce a un trabajo minucioso, iniciado por la Fiscal Loayza y continuado luego con tesón a pesar de todos
los riesgos que entraña un caso de estas dimensiones. Habría también sentado un
precedente importante a favor de todos los jueces de la república, que podrían
contar con una herramienta decisiva en casos de grandes dimensiones. Pero
adoptada la decisión que ha adoptado el órgano de gobierno, lo que queda es
buscar soluciones que nos permitan seguir creciendo institucionalmente y al
mismo tiempo pongan en evidencia que la conducción de casos de esta importancia
tiene habilidades suficientes para adaptarse a las contingencias que impone el
sistema institucional. Después de todos, la organización y conducción de casos
legales supone asumir que también las buenas causas pueden perderse algunas
veces, y que en esos casos, el desafío institucional consiste en encontrar, lo
antes posible, la solución que mejor se aproxime al ideal de la justicia
perfecta.
El Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc tienen la palabra.
