sábado, 23 de septiembre de 2006

El dilema Judicial



La cuestión judicial
César Azabache Caracciolo

La sociedad tiene plena conciencia de la necesidad de reformar al judicial. Pero saber que un problema existe no es lo mismo que saber cómo resolverlo.
Confieso desconfiar profundamente de todas las teorías y planes sobre las cosas que no logran tener efectos en la realidad. Llevamos más de 30 años repitiendo que el judicial necesita ser reformado y discutiendo propuestas y planes que la mayor parte de las veces se parecen mucho entre sí y producen efectos igualmente limitados. No hemos encontrado la manera de resolver la cuestión judicial en todo este tiempo. Por eso creo que debemos desconfiar profundamente de las herramientas y discursos que empleamos para discutir sobre estos asuntos. Y es que no hay manera de equivocarse tanto y pretender aún que enfocamos las cosas correctamente. Cuando uno se equivoca permanentemente, entonces debe volver a empezar, tratando de entender dónde falló. No tiene sentido pretender que se hizo lo correcto y que el fracaso es culpa es de los demás, o de un sistema del que en realidad somos parte.
Por eso desconfío también de todas las coartadas que buscan en la “ausencia de voluntad política” o en la presencia eterna de conspiraciones la explicación al fracaso de todas las iniciativas ensayadas hasta ahora. Creo que conceptos como éstos representan sólo excusas para los errores que todos hemos cometido al diseñar las estrategias de cambio y reforma que hemos definido, promovido o respaldado. Para comenzar, ninguna transformación, en la sociedad o en la naturaleza, se produce sin resistencias. Precisamente la habilidad de quienes tienen a su cargo la ejecución de políticas públicas de reforma o de cambio social consiste en hacerse cargo de las resistencias que cada iniciativa puede provocar, controlar esas resistencias y lograr convertirla en una fuerza de estabilidad futura que consolida las propias reformas. Pretender que las cosas fracasan porque una organización se resiste al cambio es, por decir lo menos, poco serio. Toda organización se resiste al cambio. De eso se trata, precisamente, una reforma.
Pero quizá no hemos notado, y esto es lo más importante, que todos los cambios que se han intentado en estos 30 años han comenzado por asumir que el principal de los problemas está en la Corte Suprema. Sin duda hay muchísimas cosas que cambiar en la Corte Suprema. Pero el sistema judicial no es sólo la Corte Suprema. Y probablemente no es la Suprema el órgano más adecuado para atender la demanda directa de justicia de los pobladores. De hecho, se trata de que la Suprema conozca el menor número de asuntos posibles, no que se expanda.
Sorprende que después de 30 años de debates no hayamos notado que nuestros problemas pasan por la relación entre los juzgados y las personas. La organización judicial está retrasada años en su asentamiento frente a los ciudadanos, y esto no es un problema de número de jueces o de tribunales, sino de organización del sistema. En Lima, por ejemplo, nos parece natural que nuestras áreas de convivencia cotidiana tengan policías, escuelas, postas médicas y gobiernos locales, pero no jueces. Vivimos sin jueces, y por lo tanto vivimos sin referencias cotidianas a la vigencia de la ley. Padecemos de ausencia de jueces y tribunales en nuestra vida cotidiana. Y lo grave es que no notamos esta ausencia. En cualquier país del mundo el pilar básico del sistema es un juez que, ubicado cerca de los lugares en que viven las personas, puede tomar decisiones sobre delitos y daños. En el Perú no hay jueces municipales que puedan decidir sobre estas cosas, y nadie los reclama.
Insisto: La ausencia de Jueces y tribunales nunca significa, o no necesariamente significa, que no existan en el país suficientes jueces y tribunales. Significa que no están donde deben estar.
Finalmente, ¿no habrá alguna relación entre la ausencia de jueces y esa persistencia social a violar la ley o vivir como si ella no existiera?