Los
audios del caso Químper
César
Azabache Caracciolo
Creo
que el principal error en la organización del caso Químper está en el modo en
que depende de los audios que aparentemente grabó y difundió BTR. La prisión de
los principales promotores de esa empresa parece probar que la difusión de los
audios no tuvo, en su origen, una intensión institucional, sino estrictamente
privada. Es evidente que alguien, no sabemos quién, encargó interceptar las
comunicaciones de Químper y de León Alegría para sacarlos del mercado de
lobistas o para golpear a través de ellos a algún tercer objetivo que pudiera
sentirse amenazado por el ataque. Parece probable que BTR al mismo hubiera
querido incentivar la demanda de sus propios servicios, demostrando que el
espionaje empresarial puede ser letal. El origen de los audios, entonces,
ofrece fuertes razones morales para que resulte repudiable emplearlos ante un
tribunal, cuando lo que corresponde a los tribunales es confirmar la vigencia
de la legalidad institucional, no improvisar saltos pragmáticos para acabar a
prisa con un caso. Nunca he estado de acuerdo, en consecuencia, con el uso de
los audios en este procedimiento. Y no creo, ni siquiera, que sea necesario
entrar en las profundas estructuras de las teorías legales sobre las pruebas,
sobre las que he escrito y expuesto una buena cantidad de veces en medios
universitarios, para justificar la necesidad de desvincular el caso de ese
material que encuentro francamente espurio e inaceptable.
Sin embargo también es innegable que los
audios, ya revelados y accesibles para todos, insinúan que las relaciones entre
Químper y León Alegría rebasaron los borrosos límites de la gestión lícita de
intereses privados. Las transcripciones publicadas de los audios muestran a
Químper actuando como si fuera el asesor de cabecera de León Alegría. Para
entonces Químper era miembro del directorio de Petropéru y León Alegría asesor
de Discovery Petroleum. Ambas empresas estaban asociadas para un concurso que
debía definir Perupetro. ¿Era ilegal que se comunicaran en privado,
representando a dos socios? No. Pero sí era ilegal que Químper, asesor de la
petrolera estatal, se encargara de proteger los intereses de un socio
coyuntural y le cobrara por eso. El centro del caso, entonces, en lo que a su
versión legal se refiere, requiere confirmar si Discovery Petroleum, o alguien
por Discovery, decidió incluir dentro de su equipo de trabajo a un ejecutivo
del Estado que debió mantenerse del lado del estatal, no del lado del
particular. Incluir en un equipo de gestión de intereses privados a un
funcionario público está claramente prohibido por la ley. De probarse que esto
ocurrió, debe ser castigado.
Si hay algo que distorsiona nuestras
expectativas sobre el caso Químper es esa ciega insistencia en creer que la
investigación depende de las grabaciones clandestinas de sus conversaciones con
León Alegría. Esto es un error. El caso tiene dos posibilidades: 1) O el debate
entre los peritos arroja razones para pensar que hubo un fraude en el concurso
sobre los lotes, o 2) El debate entre los peritos arroja un resultado contrario
y entonces el caso que queda sólo trata sobre las relaciones entre Químper y
León Alegría. En ninguno de estos escenarios el caso depende, actualmente, de
esos audios. Los audios marcaron sin duda el origen de la noticia y el origen
de la sospecha. Marcaron además un quiebre institucional desproporcionado en el
momento de su difusión (recordemos que un gabinete entero cayó con ocasión a su
divulgación). Pero no son, ahora, la prueba concluyente que pondrá fin a este
juicio.
Para confirmar cargos por hechos como éstos
basta con revisar los ingresos de Químper, los movimientos de dinero de
Discovery Petroleum y su representante, y la correspondencia escrita entre las
partes. Todas estas evidencias deberían estar disponibles para la fiscalía y
para el Juzgado con solo hacer una serie de requerimientos que a estas alturas
ya son usuales. Y ninguno de estos requerimientos supone insistir en que se
escuchen (otra vez) los audios. Salvo, claro, para alguien piense que el
procedimiento judicial sólo sirve para reconfirmar los antecedentes de un caso
y dejarlos congelados en su origen, en lugar de construir verdaderas pruebas
sobre el hecho descubierto.
Sin embargo no hemos podido renunciar al mito representado
por esas grabaciones. Nos las hemos impuesto como si fueran un elemento
decisivo de la historia. A nuestros ojos, la validez del caso pareciera
depender de su subsistencia en el proceso. De alguna manera ellas nos permiten
sentir que tenemos entre manos un caso emblemático; un caso descubierto a
partir de una evidencia concluyente, semejante a aquellas que se usaron durante
la transición. La referencia a los “petroaudios” de alguna manera evoca o
intenta evocar la función que desempeñaron los “vladivideos” en la transición. Los
dos neologismos son innecesarios desde el punto de vista formal. Pero su
semejanza e incluso su fealdad expresan con bastante precisión el
deslumbramiento que hemos adquirido por el hallazgo de registros visuales y
auditivos, que pasan de inmediato a ser más importantes incluso que el problema
al que corresponden. La insistencia en audios y videos nos llevan a olvidar que
hay otras maneras, muchas veces más consistentes, de construir un caso legal y
de organizar las discusiones sobre lo justo. Pero aún más, nos obliga a
“amarrar”, y esto es un error, el destino de casos que pueden ser importantes a
los inciertos accidentes que puede producir este tipo de evidencias, que por
cierto no tienen mayor ventaja sobre otras tantas, especialmente las
testimoniales.
La cuestión del caso, entonces, no radica en
establecer el valor de audios que a estas alturas resultan prescindibles.
Radica en establecer qué obtendrá el procedimiento judicial a partir del
hallazgo original de esas grabaciones, tal que pueda decidirse si el caso
merecerá un juicio o no. Si no miramos más allá de los audios, acabaremos renunciando,
inconscientemente, a la posibilidad de establecer si estamos o no ante un caso
en sentido fuerte, un caso que nos diga algo sobre la brecha que se abrió para
violar la ley en esta historia. Y es esa renuncia, la que ahora no debemos aceptar.
