Por infracción a la Constitución

Llamemos ceguera a esto que padece Castillo. Podríamos llamarle también negación o silencio pertinaz. En cualquier caso lo encuentro intolerable. Difícilmente sostenible en el tiempo. Toda persona tiene derecho a guardar silencio cuando se le acusa como responsable de un delito. Pero los silencios son definitivamente distintos cuando se trata de un mandatario. Un mandatario no es solo un ciudadano. Es quien ejerce la más alta magistratura de un país. No puede quedarse simplemente en silencio en casos como los que estamos discutiendo. Tampoco limitarse a repetir lugares comunes.

La lista de casos por explicar es extensa para menos de seis meses: las reuniones en Breña, los casos Puente Tarata y Biodiésel, los intentos de intromisión en los ascensos militares y policiales, los mensajes enviados al superintendente de impuestos y su inexplicada proximidad con Karelim López. Es aún una lista sin evidencias penales concluyentes; en eso estoy de acuerdo. Pero los asuntos vinculados a la responsabilidad de un mandatario no dependen solo de las reglas sobre delitos. Incluyen consideraciones de índole constitucional construidas en base a los deberes mínimos que un mandatario debe cumplir.

Entre nosotros quien más ha escrito sobre esto es Francisco Eguiguren. Sus trabajos muestran que la Constitución de 1993 no funciona bien para regular la responsabilidad del mandatario. Habría que cambiarla. El texto literal de la carta dispone que el presidente solo sea destituido por traición a la patria, por obstruir elecciones o por cerrar intempestivamente el Congreso. Los debates previos a la aprobación de la carta muestran que para sus autores los casos por delitos comunes podían proponerse como causales de vacancia. Aunque la vacancia corresponde en realidad a cosas como la muerte, la fuga o un coma irreversible, Fujimori y Vizcarra fueron destituidos por esta vía. Imposible entonces hacer juicios categóricos que pretendan su inconstitucionalidad. Sin embargo, el caso Vizcarra tiene como contraparte el caso Merino. Noviembre 20 muestra que este procedimiento puede producir más estragos que ventajas. Entonces su uso no puede ser categóricamente tachado como inconstitucional. Pero si deberíamos asumir que resulta por completo contra indicado para estos casos.

Omar Cairo ha propuesto una alternativa a la vacancia. A partir de sus comentarios, si llega a ser necesario, podríamos usar el procedimiento por infracción a la Constitución. Para Omar el presidente solo puede ser acusado por la fiscalía ante un tribunal penal por traición a la patria, por cerrar intempestivamente el Congreso o por obstruir elecciones. Pero puede ser acusado por la Comisión Permanente ante el pleno del Parlamento, sin el uso de reglas de derecho penal, por infracción a la Constitución.

Encuentro que esta ruta permite pensar en un sistema de responsabilidades distinto, más completo, construido a partir de las principales obligaciones que el Estado ha asumido al suscribir tratados sobre corrupción, pero también sobre derechos humanos, narcotráfico, lavado de activos y trata de personas, que no fueron considerados en los debates del 93. Por esa vía podemos además caracterizar mejor lo que ocurre: aún no tenemos evidencias concluyentes que nos permitan considerar a Castillo como probable autor de un delito. Pero podemos dar por confirmada su aquiescencia y su absoluta indiferencia frente a los deberes relacionados con la transparencia y la prevención de prácticas corruptas y clientelistas en el gobierno.

La propuesta de Omar es por cierto discutible, como son discutibles todas las ideas que merecen ser tomadas en serio.

Pero me parece imposible mantener la pasividad como alternativa.

El tercio al centro

El primer intento de vacancia deja, es innegable, un clima de incertidumbre del que debemos hacernos cargo. Los procesos que condujeron a la renuncia de PPK y a la destitución de Vizcarra tomaron cuatro y dos meses. En ambos casos el ciclo se definió en el segundo intento por la aparición de una evidencia concluyente sobre la conducta del mandatario. Ahora ignoramos si esa evidencia aparecerá. El burlesco ensayo de Cuarto Poder el domingo pasado demuestra que estos procesos no conceden espacio para reemplazos artificiales, improvisados en base a imitaciones. La evidencia resulta de una imagen, una grabación, un testimonio o un documento que representa un hecho sin que agreguemos nada a su propio contenido. No hay espacio para zonas grises: una evidencia se tiene o no se tiene.

No me convence la imagen de un Pacheco actuando por su propia cuenta. Pero no encuentro admisible especular cuando no tenemos la pieza que falta en el rompecabezas. La fiscalía está investigando y tiene su propio ritmo. El presidente calla y se refugia en sus protecciones institucionales. Las investigaciones en curso sobre Pacheco pueden producir un hallazgo decisivo. O no. Ahí el dilema.

Cuando una incertidumbre depende de una variable que es completamente independiente, que escapa a nuestras manos, hacer planes se hace imposible. ¿Cómo organizarnos entonces?

La indiferencia no es una opción. No solamente porque la pandemia nos enfrenta a desafíos que hacen impostergable la acción pública. También porque la acción pública es siempre impostergable. Más aún cuando tenemos todo lo que tenemos por hacer. Nos guste o no, tenemos que actuar “como si” el régimen fuera a sostenerse, incluso aunque creamos que no puede o no merece sostenerse.

Las mayores desventajas para abordar de esta forma las cosas están acumuladas en el tercio a la derecha, que ha venido desperdiciando sus energías en el intento por provocar la muerte súbita del régimen, sin articular una narrativa propia sobre la cuestión pública. A la izquierda, a los bolivarianos de PL les ha ido peor: perdieron el espacio que jamás pudieron ocupar en el gobierno. La izquierda que viene del FA del 2016 tiene abierta la posibilidad de hacer política desde el gabinete, pero tiene muy poca presencia en el Congreso. Entonces queda mirar el papel que jugará el tercio al centro. Ese es el sector que ha salido reforzado del primer movimiento de este periodo. Es un centro populista y clientelista, pero ha logrado diferenciarse del tercio a la derecha y ha mostrado su capacidad para formar mayorías, aunque sea solo de manera reactiva. Es un centro que no se ha molestado en definir una sola idea colectiva convocante. Parece indiferente a propuestas de mediano o largo alcance. Contuvo el último ensayo de destitución por vacancia, pero no ha agregado a la escena ningún dispositivo que permita hacer más equilibradas las relaciones del gobierno con el Parlamento.

Sin embargo este centro puede adquirir forma en el corto plazo si asume el desafío de contener los ataques contra la reforma universitaria que han regresado a la agenda del Parlamento. Puede ordenar los debates sobre la delegación de facultades que ha solicitado el gobierno en materia tributaria. Puede darle forma al proceso de designación de nuevos magistrados para el Constitucional y quizá apalancar algunos cambios en el gabinete que den a la primera ministra el espacio que necesita para superar la crisis del discurso sobre la minería.

Tenemos delante un régimen que, en el tiempo intermedio, tiene que aprender a vivir más allá del presidente y de su incierto destino. El equilibrio parece incluir a este centro en la ecuación.

Razones para mirar con atención lo que sigue.

“El presidente puede no contestar por la casa de Breña y el Congreso igual decidir vacarlo”

Existe una controversia sobre si el presidente Pedro Castillo, de ser citado al Congreso, debe o no responder por las reuniones clandestinas en la casa de Breña, pese a que este tema no está incluido en la moción de vacancia presidencial. En esta entrevista, el abogado y exprocurador César Azabache nos da luces al respecto.

¿Cómo complica la citación del Ministerio Público al presidente Pedro Castillo por el caso de los ascensos en las FFAA ante este pedido de vacancia?

Entiendo que esta citación guarda relación con el caso de los ascensos de oficiales de las FFAA y de la Policía. Es uno de los elementos que están en debate. El otro es el hallazgo de los US$ 20 mil en las oficinas del señor Bruno Pacheco. El tercero es de los contratos públicos obtenidos o asignados a este grupo empresarial, que parece haber tenido una gestora de intereses reuniéndose con él. Son tres asuntos diferenciables. En los tres, el presidente no mostró tener una versión de las cosas, que le permita deslindar.

¿A qué se expone Castillo?

Se expone a que lo que diga sea confrontado con las evidencias. No sabemos qué opciones va a elegir. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en estos días ha quedado claro, con base en declaraciones de la primera ministra Mirtha Vásquez, que eventualmente si fuera citado al Congreso con ocasión al pedido de vacancia, aparentemente va a optar por no responder preguntas no incluidas en el texto. Eso es legalmente posible, pero institucionalmente incorrecto. Institucionalmente, el silencio del presidente de la República es fuertemente regresivo en esta crisis.

Es muy probable que la moción de vacancia sea admitida y se cite al presidente. ¿Un abogado qué le debe recomendar? ¿Apegarse a lo jurídico y decirle que no responda por los hechos en Breña porque estos no figuran en la moción de vacancia? ¿O que responda por lo de Breña?

Hay dos tipos de grandes casos legales: los que se refieren exclusivamente a derechos privados, donde tiene todo el sentido del mundo que se empleen todos los recursos legales para asegurar los derechos individuales de una persona o empresa, y los casos de impacto institucional, en los que usar derechos individuales puede ser profundamente regresivo. Esto por una razón: casos de interés institucional comprometen a personas que no son individuos, son representantes, magistrados o tienen encargaturas públicas por elección. Eso significa que al tomar una elección sobre cómo encarar sus procesos, no solo están poniendo en juego sus intereses personales, sino también el rol público que han asumido.

Si el presidente apela al formalismo de no declarar sobre las reuniones en Breña, ¿está aumentando el riesgo de que lo vaquen?

Por supuesto, porque estaría tomando una decisión solamente basada en sus derechos individuales como persona física, sin tener en cuenta las consecuencias que esa decisión produzca sobre la condición del presidente de la República como autoridad de su institución.

El Congreso le va a increpar al presidente por los hechos en Breña. Si lo vacan por este caso, que no figura en la moción, ¿se habrá respetado el debido proceso?

Tenemos 21 años de actividades parlamentarias vinculadas a debates sobre responsabilidades políticas y penales. Esta práctica ha mostrado que el Congreso reivindica a su favor no utilizar determinadas garantías formales que son usuales en los procedimientos de investigación de la Fiscalía. Mejor dicho, el Congreso ha rechazado sistemática y exitosamente tener determinados límites de pregunta y respuesta en sus intervenciones. El único límite que le fue impuesto proviene del caso Alan García (con la Megacomisión).

¿Este caso es un precedente entonces?

Es cierto que el caso García podría instruirle al abogado del presidente a que le diga que no responda sobre ningún comentario que no esté incluido en la admisión de la moción de vacancia. Tiene derecho a decir que no responderá a la pregunta sobre el tema de Breña. Pero la cuestión del debate no es el caso Breña, es la capacidad moral del presidente. El concepto de incapacidad moral del presidente está vacío (...) El presidente puede no contestar por la casa de Breña, como espacio de reuniones, y el Congreso decidir, si reuniera los 87 votos, vacarlo por incapacidad moral permanente.

¿Qué opina sobre los siete argumentos que sí están en la moción de vacancia?

Respecto de la moción de vacancia es como un documento insostenible. No tiene ningún sentido. El problema no es ese. El problema es que la crisis detrás del texto se está volviendo insostenible. Y el mensaje del presidente Pedro Castillo sobre la crisis tampoco tiene ningún sentido. Lo que estamos mirando es la repetición de un ciclo de deterioro, que remeda lo que hizo Manuel Merino, cuando destituyeron a Martín Vizcarra; remeda el señor Pedro Castillo los errores de Vizcarra.

Con todo lo que se conoce, ¿hay indicios para que la Fiscalía inicie una investigación contra el jefe del Estado por presunto tráfico de influencias en el caso Karelim López?

Bueno, como sabes, las imputaciones contra el presidente deben ser diferidas al final de su mandato. Pero en la Fiscalía hay una investigación que incluye el evento de los US$ 20 mil en el armario del baño del exsecretario de Palacio y una que incluye la cuestión sobre los ascensos en las FFAA. Y el uso de los ambientes en la casa de Breña está ya vinculado a procesos que han comenzado en la Contraloría y la Fiscalía. De modo que es un evento que merece y está siendo investigado.

Vacancia

Creo que hay presidentes que no deben permanecer en el cargo. Castillo parece ser uno de ellos. Pero nuestra historia reciente muestra que los procesos de destitución basados en la llamada “incapacidad moral” causan estragos que exceden la medida de cualquier solución equilibrada para problemas de desgobierno.

Los pedidos de vacancia por incapacidad moral tienen un sentido claro. Nos guste o no, expresan la muy escasa resistencia que nuestro sistema institucional ofrece cuando un gobierno no tiene una mayoría propia en el Congreso o no puede, no quiere o no sabe cómo conformar una. No hemos tenido presidentes con alguna de estas mayorías desde el 2016 y han sido cinco en el periodo. En teoría un presidente sin mayoría podría compensar esa carencia incrementando intensamente su legitimidad “en la calle”. Pero las mayorías en el Congreso han aprendido a desengancharse de la ciudadanía. Entonces “la calle” tampoco basta, no en primera instancia, para sostener un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias.

La sostenibilidad no es un derecho que se adquiera automáticamente por haber ganado las elecciones.

Como si esto fuera poco, la incapacidad moral ha perdido en el camino toda referencia a fundamentos fuertes que delimiten su significado. La incapacidad moral, como construcción, ha sido vaciada casi por completo de contenido en este periodo. El Tribunal Constitucional perdió una oportunidad valiosa para revertir este proceso en noviembre 20, cuando decidió no revisar el primer proceso por vacancia de los dos que se plantearon contra Vizcarra. El intento del gobierno por reformar al mismo tiempo el proceso por vacancia y las condiciones que autorizan cerrar el Congreso no parece estar ahora en la agenda política.

En los hechos entre nosotros es posible destituir un presidente cuando la mayoría logra reunir, en el primer o en el segundo intento, 87 votos. O confrontarlo en el pleno cuando se logra 52.

La vacancia ha terminado siendo una simple cuestión de votos.

Sin embargo es imprescindible notar que la destitución de un presidente por mayoría no asegura que su reemplazante pueda sostenerse en el gobierno. El caso Merino y las movilizaciones de noviembre 20 lo demuestran. La erosión que causa este tipo de destitución puede llegar a ser tan grande que el simple cumplimiento de las formas del procedimiento de investidura del presidente de reemplazo no basta para asegurar su sostenibilidad. El sistema institucional en estos casos puede quedar convertido en un enorme agujero negro vaciado de referencias morales. Entonces no tiene sentido ingresar a un ciclo como este sin haber construido previamente una legitimidad alterna que convierta el ciclo completo en un proceso de transición en forma.

Merino creyó que para sostenerse bastaba con seguir las formas en su designación. Enorme error. Una presidencia de reemplazo debe construirse políticamente y con extremo cuidado. La construcción de una legitimidad alterna verdaderamente convocante debe ser reconocida como condición necesaria para encarar de manera equilibrada la destitución de un presidente en ejercicio.

Sin haber construido esa legitimidad alterna, aproximarse a una destitución carece de sentido.

Preferencias aparte, los periodos de Paniagua y Sagasti, aunque cortos en duración, muestran que el sistema institucional admite correcciones. Pero respaldadas en procesos de construcción institucionalmente equilibrados.

Enorme paradoja. El doble juego que permite cerrar el Congreso y vacar al presidente por simple acumulación de votos proviene de la Constitución de 1993. La misma que determinados sectores de nuestra comunidad pretenden presentarnos como si fuera un factor de estabilidad institucional.

Publicado en La República el 28 de noviembre de 2021

El impostor que imita

Jorge Bruce nos ha puesto sobre la mesa en estos días, en esta página (LR 8/11/21), cuán importante es esa propensión que impulsa a los impostores a quedar en evidencia públicamente. Un impulso guiado por la culpa escondida; un impulso que causa estragos. Estragos que son mayores cuando el impostor ejerce la presidencia de la república.

Parto de ahí. Los estragos que producen los impostores me parecen especialmente perturbadores cuando se organizan imitando a un predecesor, a alguien que hizo lo mismo, o casi lo mismo, antes. El impostor, dice Jorge, en esa paradoja que causa la culpa, puede crear la escena en que alcanza a ser descubierto y castigado por no-ser-lo-que-representa. Pero puede además crearla reproduciendo un comportamiento que le precede, y eso tiene su propia carga simbólica.

Las repeticiones que se organizan desde la imitación inconsciente me dejan en absoluto desconcierto. ¿Qué extrañas conexiones hacen que un impostor reproduzca la conducta de alguien que construyó su fracaso en el pasado? ¿Qué nos dice quien imita? ¿Acaso desprecia lo mismo que despreciaba el personaje al que reproduce? ¿Es un mensaje de rabia el que iguala ambos procesos?

Jorge ha encontrado en Castillo un impostor. Yo creo que, además, está originando su destino final por imitación. Las semejanzas entre el caso de los ascensos militares que ha intentado imponer su entorno y el caso Swing son demasiadas para pasarlas por alto.

En ambos casos un presidente muestra su desprecio a las funciones públicas usándolas como obsequio clientelista a una o más personas. En ambos casos la maniobra es tan torpe y descarada que queda en evidencia rápidamente. En ambos el perpetrador se rehúsa a aceptar las consecuencias de lo que ha hecho; calla o miente. En ambos hay al menos un o una cómplice que camino al cadalso pretende que, de acuerdo a su consciencia, “no hizo nada”. Imposible dejar de notar la pista que deja quien cree que el evento es ajeno porque fue ordenado por alguien más. En ambos casos el causante cree que solo necesita tiempo. En su fantasía el tiempo asociado al silencio o el engaño sostenido diluyen las crisis de alguna manera mágica e inexplicable, aunque no sea cierto.

Lo que más me impresiona: en ambos casos hay al menos una mujer que, en el fondo de la escena, siendo ministra, intenta construir un espacio público, un verdadero gobierno. Respecto a ella, el sabotaje del impostor representa una agresión encubierta, una perversa inmolación basada en una aparente misoginia encubierta. ¿Detesta Castillo tanto depender de una premier que es mujer que prefiere echar todo por la borda y simplemente dejarse caer sin puntos de referencia?

Nuestro impostor en estos días no fue solo el zorro al que impusieron una identidad ajena. Ese zorro no fue culpable de la impostura. Y no imitó a nadie en su propia huida.

En la entrega que nos sirve de referencia Jorge puso además en evidencia el mensaje inconsciente que nos envió Castillo y no advertimos cuando intentó no instalarse en Palacio y mantenerse a resguardo en una casa privada en Breña. El impostor actúa siempre en un espacio que puede reconocerse como “privado” no en tanto exclusivo o personal, sino en cuanto carente de recursos. En este caso carente de recursos que le permitan comprender la dimensión pública de su rol. Es quizá ese espacio privado el que reproduce las confusiones que determinan su conducta.

Sin más recursos que su instinto y su necesidad de tener a mano alguna ruta de salida, así sea copiada.

Publicado en La República el 14 de noviembre de 2021

Cambio de ritmo

Jamás he creído en el pensamiento binario, ese que pretende que el mundo puede ser arbitrariamente dividido en dos partes, enemigos y aliados; buenos y malos. Lo digo porque estamos saliendo, o deberíamos estar saliendo, de un ciclo establecido en la segunda vuelta de las elecciones generales que ha reducido la mirada de muchas personas a esquemas de este tipo. Las consecuencias de su predominio se hicieron visibles hace solo unos días en toda su inaceptable violencia en los bochornosos incidentes de la librería Book Vivant de San Isidro y en la presentación de Sagasti y Roncagliolo en Barranco. Pero venían anunciadas desde la proclamación de falsas cruzadas apocalípticas como la del fraude en mesa o la nulidad de las elecciones.

El pensamiento binario es el origen de la ceguera y el negacionismo. No permite adoptar posiciones prácticas constructivas, que son las que ahora nos hacen falta.

Al cierre de este ciclo Cerrón y Bellido han quedado parcialmente desplazados de la escena. No pudieron soportar la presión que resultó de su incapacidad: ninguno de ellos sabe cómo definir políticas públicas propiamente dichas. No sé si entendiendo esto en su exacta dimensión, pero PL parece haberse replegado a las elecciones de 2022. Esto abre una serie de cuestiones por resolver, sin duda. Pero forma parte de un proceso totalmente distinto al que comenzó en julio de este año.

Mientras tanto las nuevas interferencias en la escena pública provienen de un Castillo que parece no haber aprendido a lidiar con los matices narrativos que supone ejercer la presidencia. Nadie pretende que una persona se transforme en alguien distinto cuando resulta elegido. Pero saltar de una candidatura al ejercicio de una magistratura como esta supone desprenderse de esa “definición basada en las diferencias” que se ensaya en las elecciones para asumir, desde su propia perspectiva por cierto, nuevas definiciones basadas en políticas por sectores que sean capaces de formar nuevas mayorías, mayorías que pueden construirse desde los electores originales de quien ganó, pero que no pueden limitarse a esos colectivos.

Sin embargo, Castillo parece no estar dispuesto a abandonar el papel que asumió como candidato. Se mantiene en la plaza y se refugia en el lenguaje radicalizado de las elecciones. El incidente que provocó por el uso de las voces “estatización” y “nacionalización”, ninguna cargada de más contenidos que los puramente simbólicos, lo acaba de poner en evidencia. Ese aferrarse a la narrativa de la campaña explica que haya impuesto dos ministros, Barranzuela y Gallardo, que parecen tener por única consigna clientelizar los procesos de erradicación de sembríos informales de hoja de coca y el gobierno del magisterio; dos áreas en las que se mueve un sector importante de sus electores originales. Nada más lejano a lo que se supone que debe hacerse desde el gobierno.

La cuestión pública aparece sin embargo ya en la agenda de la nueva mayoría del gabinete. Cevallos exhibe avances innegables en el calendario de vacunación. Francke logró dejar a salvo al BCR y ahora ha lanzado los fundamentos de una reforma tributaria anclada en recomendaciones de la OCDE y el FMI. Maúrtua parece haberse concentrado en contener excesos, como la conversión de Rojas en embajador y Vásquez, aún no investida por el Congreso, intenta consolidar desde estas bases el perfil de un gabinete predominantemente profesional. Gas, agricultura, trabajo e impuestos; cuatro sectores en los que hay ya una agenda que discutir con base en evidencias.

Mucho por hacer aún, sin duda. Pero es un comienzo. Un comienzo que es imposible de abordar desde un eje tan reduccionista como el eje antifujimorismo/anticomunismo, por cierto.

Publicado en La República el 31 de octubre del 2021.

Cerrón es Keiko

Tomo este título de un tuit que Cristina Quiñones publicó en estos días. De varias maneras las redes sociales son una fuente inagotable de intentos por sintetizar cosas que vemos a diario. Hay muchos aciertos en este permanente juego de métricas disminuidas. Creo que Cristina tuvo uno de esos aciertos.

Los desastres de Vizcarra (el caso Swing y las vacunas, especialmente) adelgazaron al centro político hasta extremos que nos dejaron expuestos a esta carnicería binaria de 70 días que han sostenido la extrema derecha y la extrema izquierda. Han sido muchas las voces que han reparado en las semejanzas que emparentan a estos dos polos en el lenguaje, en el machismo, en los gestos y en esa interdependencia apocalíptica y enfermiza que sostienen.

Parece una mala broma, pero ambos extremos intentan ahora que no se ratifique a Mirtha Vásquez como primera ministra. No creo que lo logren. Pero el esfuerzo era predecible. Los demonios del infierno necesitan reproducir permanentemente los bucles tortuosos que alimentan las llamas que los sostienen. Vásquez, una mujer de izquierda, no de centro, es sin embargo capaz de desactivar el infierno. Los demonios que lo habitan querrían sin duda impedirlo.

La épica instaurada por la teoría política clásica reemplazó al infierno, tal como fue definido en la Europa medieval, una suerte de caverna merecida, por el llamado “estado de la naturaleza”. Allí, en la fórmula de Thomas Hobbes, el “hombre es el lobo del hombre”; solo rige la violencia. La narrativa contractualista funda la civilización abandonando ese estadio, la segunda representación del infierno, para alcanzar una sociedad que se basa o se debe basar en la palabra, el acuerdo y en el respeto mutuo.

Creo que fue en una entrevista a Pablo Macera de los años ochenta donde me topé por primera vez con la fábula del cangrejo: de acuerdo a ella en el Perú nos portamos como cangrejos que están siendo cocidos en una olla a fuego lento. La olla no requiere ser tapada, porque cuando un crustáceo intenta escapar otro lo jala hacia abajo, al agua hirviendo.

Perversa misión la asumida por los cangrejos: devolvernos al infierno originario, a esa caverna en que solo rige la violencia que surge del desprecio.

Creo que la puerta de salida de esta vendetta narcisista en la que estamos atrapados se construye a partir de las manos de las mujeres. Aquí llegamos por la brutalidad machista de la peor derecha y la peor izquierda. Dos sectores emparentados en la contemplación de sus propios ombligos engordados por la autocomplacencia. Vásquez representa con la más humana exactitud la forma en que pueden encontrarse puntos de equilibrio dejando al margen preferencias subjetivas que sin embargo también son defendidas. Hace muy poco contuvo un Congreso enardecido por las torpezas de Merino. Recuerdo el abrazo de Salgado y Glave cuando se aprobó la ley de paridad. De eso precisamente se trata. Creo que ese abrazo dibujó la ventana que muestra el paisaje de una posible dinámica distinta.

Bellido siendo primer ministro amenazaba por el Twitter incluso al canciller y al propio presidente. Keiko Fujimori grita “Viva España” de la mano del racismo de Vox, en pleno bicentenario, olvidando que también hay afrodescendientes en su bancada. Cerrón dirigiendo a un partido que ganó las elecciones para perder el control del gabinete antes de 100 días, como la señora Fujimori perdió hace dos años el control del Congreso que tenía en sus manos.

Sí, Cerrón es Keiko. Me pregunto si el “no a Keiko” es un movimiento organizado contra una persona o contra una forma de hacer política. O de deshacerla. Porque si es así, el nombre debería cambiar hacia algo semejante a “ni Keiko ni Cerrón”, ahora mismo.

Publicado en La República el 17 de octubre del 2021.

 

Después de las cenizas

La muerte de Guzmán parece abrir un ciclo de reemplazos en las representaciones políticas de quienes han heredado o pretende heredar el imaginario del senderismo, en la versión corregida por Guzmán después de su captura. 

Conare no existía en tiempos del Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas, que fracasó en su intento de desarrollar un frente sindical senderista basado en el recurso a paros armados. Conare fue impulsada originalmente por Puka Llacta (los llamados “Pukas”), una escision maoísta de Patria Roja asentada en el sur andino que decidió respaldar al senderismo. Conare recibió en su seno a cuadros que venían de Movadef y de su entorno, pero ahora está siendo reemplazado por el Fenate. Movadef fue creado de varias maneras como sucesor del antiguo Movimiento de Defensa de los Derechos del Pueblo que surgió como periferia del senderismo después del congreso de 1988, en tiempos del Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas. Pero Movadef fracasó en su intento por inscribirse como partido en 2012; fracaso en su intento por construir un mausoleo como símbolo de permanencia del ideario original de Guzmán y fracasó en el intento de construir un mito a partir de sus restos, ahora convertidos en cenizas dispersas. 

No es imposible que ahora, dispersadas como están las cenizas de Guzmán, Movadef desaparezca y sus militantes migren a la organización en formación que Maraví respalda o representa, el Partido Magisterial y Popular. Si esto ocurre, la aparente fractura de la banda de PL será en realidad la partida de nacimiento de una nueva versión del senderismo, la de los herederos de la primera generación, que habrán alcanzado el objetivo trazado por Guzmán después de su caída en 1992: Lograr la permanencia de su ideario en una versión sostenible dentro del sistema político.

Difícil sin duda seguir las siglas que marcan la ruta de esta historia. Su confusa sucesión forma una suerte de Macondo que parte del senderismo e intenta instalarse en la extrema izquierda, conservando sin embargo el legado que pretendió haber originado Guzman, simplemente la memoria del terrorismo. Quienes organizan estas variantes y mutaciones cuentan con que no podamos rastrear sus orígenes. 

De hecho, en su narrativa aparecen cortes de historia como el que ensayó Maraví el jueves. Básicamente, “yo no he sido condenado por terrorismo”. También podría haber usado “yo no fui parte del Comité Central del senderismo” porque no lo fue o “yo o estuve en el Congreso de 1988”, porque tampoco estuvo. Pero esas no son las preguntas correctas. Las preguntas correctas, lo dijo Cecilia Cebreros en twitter, debían redactarse en tiempo presente “¿qué opina usted de la dispersión de las cenizas de Guzmán?” “¿Cree usted que los senderistas en prisión son presos políticos o no?” “¿Encuentra justificado que se haya demolido el mausoleo de Comas?” “¿Cree usted que el JNE debe exigir a quienes quieran anotarse en el registro de organizaciones políticas una declaración concluyente sobre estos temas o sobre su vinculación o falta de vinculación con las organizaciones derivadas del senderismo o del emerrerismo o con sus idearios originales o derivados?” 

La historia de la instalación del ideario del senderismo en nuestro imaginario se está construyendo por desvinculaciones sucesivas que sin embargo postulan a la permanencia de una narrativa que idealiza el terror, que niega o distorsiona al extremo su sentido histórico. 

Importante entonces tener a la mano algo con que escribir y una hoja de papel, para jamás perder la pistas que dan sentido a estas historias.

Los delegados

Maraví se ha convertido en el eje de las controversias políticas de esta semana. De varias maneras el procedimiento que ha seguido el Congreso sobre él ha intentado reproducir el caso Béjar, que renunció antes de la investidura de agosto. Pero Béjar renunció después de que la Marina hizo cuestión de estado sobre su permanencia. Esta vez la crisis no ha incluido ninguna entidad ajena al par Ejecutivo-Parlamento.

Diferenciándose de Béjar, Maraví anunció desde el principio de la crisis que no renunciaría. Bellido, que había pedido su renuncia en la interna del gabinete, a finales de agosto, anunció que haría de su permanencia cuestión de confianza si el Parlamento intentaba censurarlo. Lanzado el desafío, la mayoría en el Congreso parece percibir que no le quedan reservas suficientes para eludir la confrontación una vez más. Mejor censurar a Maraví después de haber promulgado la ley de interpretación auténtica de la cuestión de confianza, que sin duda observará el gobierno en unos días. La ley, sostenible o no, puede servir como escudo temporal para derivar la controversia al TC.

Pasamos a un tiempo incierto sin solución a la vista.

Sin embargo, el caso Maraví representa problemas que le exceden. No es parte del entorno de Cerrón. Antes de las elecciones, Maraví rechazó una invitación de Castillo para sumarse a su cuota en la lista de PL al Parlamento. Su única acción política reconocida desde que es ministro ha estado instalada fuera de la agenda de Cerrón: conceder la inscripción como sindicato al Fenateperú, una agrupación formada por Castillo como segunda versión del Conare. El Conare, que Maraví ha aceptado ayudó a formar, ha sido señalado más de una vez como una de las últimas expresiones sindicales del Movadef. Los sectores que convergen alrededor del Fenateperú, nueva versión del Conare, pretenden lograr dos cosas que Movadef jamás logró: disputar al SUTEP la representación del magisterio e inscribir un partido ante el JNE. Entre tanto, PL y estos sectores parecen comportarse en el gabinete como aliados condicionales en un frente que también integran, pero con menos influencia y a cierta distancia, tres representantes de la izquierda progresista y cuatro independientes.

Desde estos antecedentes, la defensa que PL ha lanzado a favor de Maraví no parece concentrada en su persona. Parece arreglada a mantener los confusos procesos de esa asamblea de delegados en que han convertido al gabinete fuera de las manos de un Parlamento que fue diseñado en el 93 para no involucrarse en estas cosas más de dos veces.

Salvo excepciones, este gabinete, convertido en la asamblea de delegados, no gobierna, solo negocia y renegocia cuotas de influencia. A la larga esta manera de distorsionar su papel debería provocar el colapso del gobierno. Pero en lo inmediato ni siquiera estamos discutiendo la invalidez de su conformación interna. Sin notarlo, apenas discutimos si Maraví, instalado como delegado del sector que confluye en el Fenateperú, debe seguir ahí o no. En un manejo más perverso de las cosas, el propio Fenateperú podría promover su reemplazo sin alterar las cuotas de influencia que se han distribuido en el Ejecutivo. Para eso les bastaría con designar otro representante que responda a sus intereses. Invisibles como aún son podríamos ni siquiera percibir el reacomodo y la forma en que se reproducen las cuotas de representación en el gabinete. Acaso solo notemos que el nuevo delegado tampoco sería un especialista en políticas de empleo.

Tenemos al frente algo peor que solo un conjunto de malos ministros. Enfrentamos una deformación del gabinete que se desarrolla ante nuestros propios ojos, extraviados como están en una historia cuya magnitud no alcanzamos a entender.

Publicado en La República, el 3 de octubre del 2021.

La falsa Antígona

En el mito griego Antígona reclama a Creonte, rey de Tebas, el derecho a enterrar a su propio hermano, Polinice, muerto en una disputa por el trono de la ciudad. Para los griegos enterrar a los muertos era sagrado. Pero para Creonte Polinice murió como un traidor y por tanto no merecía sepultura. En resumen, Antígona se convierte en heroína en su insistencia por honrar los restos de su hermano a pesar de la ley de Creonte.

Eduardo Adrianzén propuso en estos días usar el mito de Antígona como referencia para asignarle sentido al caso sobre la disposición y destino final de los restos de Guzmán Reinoso. Para Adrianzén, hay que decirlo, el caso de Guzmán Reinoso contiene una versión “chicha” de la tragedia; un “esperpento gore”, dijo, ensamblado “sin héroes, ni épica, ni nobleza alguna”.

Adrianzén usa el mito para establecer una clara distancia entre su contenido, profundamente ético, y el reclamo de los restos de Guzmán Reinoso, que entonces encuentra anético. La idea es simple: Elena Iparraguirre es una falsa Antígona; es una impostora. En la narrativa que parece estar preparando su entorno probablemente será representada como mujer-esposa-en prisión cuyo derecho a enterrar a su pareja está siendo conculcado por un Estado que podría ser presentado como si fuera el Creonte de la historia; tiránico, narcisista, inconsecuente. Esta construcción falla porque pasa por alto la evidencia.

Iparraguirre reclama para sí misma una posición que ha adquirido en papeles, pero que ha sido superpuesta a otra, que la rebasa porque está anclada en su historia personal; es más antigua y por ello debe ser reconocida como predominante. Es esta segunda posición la que revela el sentido de su historia: Iparraguirre es la heredera de la jefatura del senderismo; la segunda al mando que se encumbra como lideresa a consecuencia de la muerte de Guzmán.

Para una organización terrorista que se antepone a sí misma por sobre la vida e historia personal de sus militantes, las exequias de Guzmán no son un ritual de duelo, recuerdo o construcción de memorias personales. Son principalmente un ritual colectivo que representa la sucesión en el mando senderista; la continuidad de la ideología; la preservación del llamado “pensamiento Gonzalo”.

Para encuadrar esta historia en las coordenadas correctas parece útil recordar que el matrimonio de los dos principales líderes del senderismo fue registrado en el año 2010, uno después de la aparición pública del Movadef; casi 4 antes de que la policía encuentre en la celda de Guzmán los documentos que explican su fundación; 6 antes de que se hiciera pública la construcción del mausoleo de Comas, pero 18 después de que Iparraguirre y Guzmán fueron recluidos en prisión.

Importante recordar el mausoleo, que aparentemente tenía un espacio reservado para los restos de Guzmán; un espacio central, rodeado por “los mejores hijos” del senderismo, los que, en su narrativa, “se inmolaron” en las llamadas “luminosas trincheras de combate” abatidas en 1986, luego del levantamiento de los penales de Lima.

¿Puede Iparraguirre negar ante un juez de manera convincente que su pedido está íntimamente vinculado a la preservación y culto de la memoria del fundador del senderismo? No lo creo. ¿Puede el judicial autorizar que en estas condiciones Iparraguirre reciba los restos de quien dio origen a una de las historias de terror más horrendas del siglo XX? Tampoco lo creo.

Pero no soy yo quien debe decidirlo. Por eso nos hacía falta una ley, que ahora tenemos. Por eso necesitamos que el judicial tenga la última palabra y sea quien decida, en definitiva, si Iparraguirre debe ser tratada como esposa-en-prisión, o como lo que ahora es, la nueva jefa del senderismo.

Nulidades extemporáneas - Debate cerrado

El Jurado ha publicado los dos acuerdos del 11 de junio; el que extiende el plazo para recibir nulidades y el que deja sin efecto la extensión. 

Si me lo preguntan, la extensión nunca tuvo sentido. Los procesos de este tipo se rigen por reglas que se establecen al principio y no pueden ser cambiadas en el camino. 

Entonces la corrección es adecuada. Habría sido una muestra de parcialidad  extender el plazo más de lo previsto.  

Ahora FP quizá sostenga que la corrección es injusta y comenzaremos la escalada de demandas. 

Antes que comiencen a hacerlo, me gustaría recordar que don Oscar Urviola dijo qué acatarían la decisión del JNE.

La decisión ha sido tomada. 

Entonces si, como temo, persistirán en construir una narrativa del “fraude no atendido”, pediría que primero respondan la extensa lista de cuestiones no aclaradas que presento en otro post “desmitificando las nulidades”. Esas cuestiones no estuvieron claras en la conferencia de prensa de FP del 10 de junio, en que presentaron sus casos. 

Ninguno de sus tres casos estaba completo entonces. No se si lo están ahora. 

Ya no tendrán espacio legal ante el JNE, no debían pretender tenerlo; pero como ciudadano quiero saber si nos están mintiendo o si planean presionar al país con una narrativa que ni siquiera se apoya en evidencia.

El caso sobre nulidades extemporáneas termina con esta decisión del JNE, la que fija el plazo de admisión de nulidades en el miércoles 9, a las 8 pm. No ingresemos a una escalada de demandas contra esta decisión sin primero revisar con cuidado si FP está construyendo sobre nada o si tiene algo que podamos medir y pesar.

No quiero formarme una opinión sobre mis preferencias o simpatías o antipatías.

Quiero formarme una opinión en base a evidencias concretas, medibles. 

Para desmitificar las nulidades

He propuesto en redes que un comité de notables revise los casos de nulidad que anunció Fuerza Popular en la conferencia de prensa del 10 de junio de 2021. Fuerza Popular ha comenzado a repetir después de esa conferencia de prensa que el resultado de las elecciones proviene de un “fraude sistemático en mesa” y, antes que el JNE se pronuncie, ha llegado a promover una denuncia ante la fiscalía por delitos electorales.  Los medios han registrado 904 pedidos de nulidad, pero sólo 151 fueron presentadas dentro del plazo establecido por el JNE, que venció el miércoles 9 de junio a las 20:00 horas. Los demás tendrán que ser desestimados por extemporáneos. Los abogados de Fuerza Popular, a los que se unió hace poco don Oscar Urviola, afirman que el plazo debería extenderse hasta las 12 de la noche del miércoles 13 o incluso hasta el viernes de esa semana. Pero todos los que operamos con el sistema legal sabemos que los plazos de impugnación no se cuentan por horas, sino por días calendario dentro de los horarios de atención de los tribunales. Sabemos además que los tribunales, todos, actúan vinculados por sus decisiones anteriores en los mismos procesos, y el JNE, en este proceso, ha empleado el plazo cerrado a las 8 de la noche en más de un caso ya. Sobre la cuestión de los horarios de atención de los tribunales no hay además ninguna cuestión o debate en proceso, de modo que no hay razones que permiten que el JNE quiebre sus propias reglas solo porque una parte alega haber necesitado más tiempo.

Los personeros de Perú Libre han observado ya que los votos relacionados con los 151 casos que ingresaron a tiempo no alcanzan para remover  los 44,058 votos que marcan la diferencia al 100% del conteo de votos efectuada por la ONPE. Son al menos 753 pedidos de nulidad los que probablemente no van a discutirse. La razón legal pura y dura indica que no deberíamos volver sobre esto. Es cierto; la razón legal debe ser marcada aquí como un hecho. Pero las razones legales no están en este instante funcionando como límites institucionales eficientes en el comportamiento de los sectores que reproducen sin notar lo que significa falsas noticias o mensajes instigadores de odio. Creo que el proceso legal cierra con la decisión que adopte el JNE. Pero tenemos adelante un proceso moral sumamente complejo que no podemos ignorar en el que encuentro muy importante incorporar a nuestras prácticas morales dispositivos que sea capaces de quebrar en base a evidencia, mitos perversamente movilizadores como el que se está sedimentando bajo la idea del “fraude sistemático en mesa” que, en la narrativa en construcción, será “ignorado por razones puramente formales”.

Temo que esa narrativa está en la base de los anuncios que pretenden llamar a nuevas elecciones y de la escena que temo: Una en que la derecha en pleno abandone el hemiciclo el día de la juramentación de Castillo o insista en imponer al señor Montoya como presidente, en absurda repetición del anterior intento por imponer al señor Merino. 

Se trata de desactivar cualquier mito que se construya en base a evidencia. 

En la conferencia de prensa del 10 de junio los representantes de Fuerza Popular afirmaron haber encontrado 65 casos de familiares que integraron mesas de sufragio. Fuerza Popular ha insistido en que ese parentesco debió ser observado como un impedimento para instalar la mesa. Es cierto. Pero aunque esté prohibido, la cuestión sobre impedimentos para integrar mesas no marca una causal de nulidad de actas bajo el texto expreso y claro del artículo 363 de la Ley Electoral. La razón es muy sencilla: Los impedimentos que aplican parca conformar mesas de sufragio pueden ser empleados en la instalación por los personeros, pero el debate sobre estos impedimentos precluye, es decir, solo puede plantearse antes de la instalación. Una vez instaladas las mesas y después de cerradas las actas las reglas aplicables son las de nulidad, no las de impedimentos. Me explico: Las reglas sobre impedimentos son llaves de seguridad que tienen por objeto no poner las mesas en riesgo. Una mesa que se instala con parientes puede operar con una cuota importante de riesgo teórico, pero el asunto no justifica la anulación del acta si ese riesgo no origina una causal de nulidad como la falsificación de los votos o el desarrollo de una escala de presiones sobre los votantes, sobre los demás miembros de mesa o sobre los personeros. 

Los impedimentos regulan la forma de impedir riesgos. Si estos no desembocan en una causal de nulidad, se desvanecen. 

Luego están los 503 casos que Fuerza Popular ha presentado como correspondientes a firmas falsas. En estos casos las sospechas de Fuerza Popular se construyen sobre la imagen visual de las firmas. Pero las firmas son señales que pertenecen a sus autores. Quien debe confirmar que una firma es mía soy yo, no un tercero, salvo que alguien pueda probar una cosa distinta: Que yo no estaba en el lugar en que mi firma indica que estaba. 

Entonces esta parte del caso está mal planteada. La diferencia visual entre dos firmas puede ser llamativa. Pero solo es relevante si resulta que la persona en cuestión no estaba en el lugar en que se supone que estaba o denuncia la firma como ajena. Aparentemente Fuerza Popular lanzó esta parte del caso sin preguntarse si las personas a las que se refieren estos 503 casos estaban o no en el lugar. Eso parece sencillo de confirmar con los propios registros de asistencia de la ONPE y los registros de instalación de mesas. Además, parece que Fuerza Popular lanzó esta parte del caso sin preguntar a los autores de las firmas si las reconocían como propias o no. Y en medios ya se han listado, en solo 6 días, 25 personas* relacionadas con esta parte del caso que confirmaron que las firmas les pertenecen. Poco para 503 casos. Pero podría ser importante terminar la cuenta. 

Se trata, insisto, de formar evidencia que permita poner en su exacta dimensión la narrativa del fraude. 

La cuestión sobre los parientes es una cuestión legal, es cierto. En cualquier caso bastará que uno de los 151 casos que entraron a tiempo contenga ese argumento para que el JNE valide si mi interpretación de las cosas (los impedimentos para integrar mesas no siempre fundan la nulidad del acta) es correcta o no. Si el JNE lo confirma, con un caso resuelto se caerán los 65 que fueron anunciados en la conferencia del 10 de junio, y no habrá allí más que decir. Si los medios de prensa de investigación aceptan la tarea, los 503 casos de diferencias visuales en las firmas pueden ser confirmados directamente con las personas involucradas en el caso. Hasta ahí la evidencia puede construirse con cierta facilidad. Y lo que es más importante, antes del 28 de julio. 

La parte del caso más llamativa es la que identifica 132 actas en las que Fuerza Popular no tuvo ningún voto o tuvo solo uno. Fuerza Popular sostiene que si el indicador se mueve a 3 votos las actas expuestas serían 325. Para los impugnantes el “voto 0” o “1” son estadísticamente imposibles. Agregan que en primera vuelta en esas mesas “hubo votos” propios o destinados a respaldar a organizaciones políticas de derecha.   

Los voceros de Fuerza Popular no nos han dicho cuántos votos tenía Fuerza Popular en esas 132 mesas en primera vuelta. No nos han dicho cuántas personas votaron en primera vuelta y cuántas en segunda. No nos han dicho cuántas personas votaron por Castillo en primera vuelta. No sabemos si son más o menos que en primera. Tampoco nos han dicho cuántos votos tenían las organizaciones a las que se refiere como semejantes a ella en esa primera vuelta. No sabemos si Fuerza Popular tenía y perdió personeros en esas mesas en primera vuelta. No sabemos tampoco cuantos de los 153 pedidos de nulidad que han ingresado a tiempo contienen estos casos. 

Creo que conocer esos datos sería importante, no para cuestionar el proceso electoral, sino para saber si nos están mintiendo, o si están sobre dimensionando un hecho cierto en escasa magnitud. Si algo en efecto hubiera pasado en algunas de esas mesas, creo, merecemos saberlo. El caso del “0 electoral” es llamativo. Eso significa que podría contener algo. O no. El caso, como ha sido presentado, no está completo. No tendría sentido si resulta que la asistencia a la segunda vuelta fue menor que la asistencia a la primera. Entonces se hace posible que los votantes a los que apela Fuerza Popular no hayan asistido a votar en segunda vuelta. Tampoco tendría sentido si la votación que dicen haber perdido es ínfima al punto de no tener impacto electoral. El evento sería importante si Fuerza Popular tuviera testimonios de personas amedrentadas o amenazadas que hubieran sido efectivamente forzadas a no votar. Tendría sentido si tuvieran al menos un testimonio de eliminación de votos efectivamente emitidos o de llenado de votos en blanco. No lo tienen. Tienen hasta ahora una singularidad contable vacía de contenido y de contexto. Pero que puede ser amplificada si alguien tiene acceso al resto de información que puede darle, o quitarle toda relevancia al asunto. 

Difíciles aspectos, sin duda. Pero todos analizables. Y creo imprescindible analizarlos aunque no vaya a ser -creo que no debe ser- ante el JNE. 

Los procesos de relevancia moral deben cerrarse siempre en base a evidencia. Deberían cerrarse en función a procedimientos institucionalmente confirmados, es cierto. Pero creo que debemos hacernos cargo del modo en que el debilitamiento de nuestra institucionalidad hace insuficiente ahora la solución procesal que se produce cuando una de las partes organiza sus peticiones fuera de plazo. 

Esta es mi propuesta: Elegir a tres personas indiscutibles que revisen los tres grupos de casos propuestos por Fuerza Popular fuera de plazo. Advierto que el de los 65 familiares se resuelve con una decisión del jurado, de modo que la lista puede recortarse a dos grupos de casos. Estas tres personas podrían revisar la solidez del proceso de ubicación y recojo de testimonio de las 25 personas que ya confirmaron que las firmas cuestionadas son suyas. Los organismos de prensa podrían ayudar extendiendo la lista de confirmaciones; abriendo un teléfono en que los afectados puedan confirmar si firmaron esas actas o no. No es difícil saber si esta parte del caso tuvo alguna vez sentido. La cuestión sobre el “voto 0” necesita más información oficial. No dudo que la ONPE puede ayudar a establecerla.

Se trata de llegar a julio con el mayor orden posible ¿acaso no vale la pena?

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*Rosa Marisol Irigoin Vasquez, Miriam Berrocal Cisneros, Graciela Atala Hinostroza, Delinea Atala Prado, Rosa Irma Rodriguez Machacca, Juan Noel Sifuentes Marcos, María Edis Pérez Idrogo, Frank Edwin Alarcón Ramos, Yoel Alcántara Sarmiento, Luis Miguel Visalot Vargas, Kennedy Vargas Muñiz, Ninfa Salvatierra Ramos, Magdalena Manuelo Salvatierra, Silveria Taipe Laime, Damian Torres Oré, Vanessa Reymundo R., Edwin Soto Sullcaray, Anayo Aguirre Pimentel, Rebeca Taipe Quispe, Jhoel Soto Escobar, Edison Obregón Izarra, Katyushka Campos H., Yony Condori Carbajal, Anel Taipe Quispe, Fortunato Palomino R.

Dos primeros movimientos necesarios

Mis preocupaciones giran alrededor de lo que ocurra a partir de julio de este año, cualquiera sea el entorno en que deba ocurrir. Creo que toca establecer espacios institucionales intermedios que tamicen la polarización que exhiben los discursos de una Fujimori que pretende “defender el modelo” sin restricciones visibles, y un Castillo que sostiene que procederá “como decida el pueblo”, asumiendo que son sus propias intuiciones las fuentes de interpretación correcta de eso que “el pueblo pueda decidir”.

Respeto sobre manera el esfuerzo de quienes intentan arrancar a Fujimori compromisos institucionales. La presencia de Luis Carranza en su entorno marca un hito. Respeto también a quienes quieren forzar a Castillo a admitir la validez del discurso sobre los derechos y el enfoque de género y la necesidad de reforzar, no demoler, a las entidades que los protegen, aunque no se observen ahí grandes resultados. Están por cierto los límites que enfrentan estas dos tendencias, limitadas por el perfil de quienes postulan y sus entornos. Pero por encima de eso creo que ambos intentos agregan valor en la reorganización de un espacio institucionalista que sin duda habrá que recomponer y hacer subsistir más allá de las elecciones de junio, porque es ese espacio del que dependerá nuestra viabilidad colectiva.

Creo que el primer movimiento para construirlo depende de las elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional. 

Paradójicamente el Congreso actual pretende reconfigurarlo a partir de una lista de candidatos que comenzó a ser armada antes de la crisis de Merino. La lista está absolutamente fuera de este tiempo político. Pero eso no parece importar a la mayoría de un Congreso que parece seguir discutiendo si Merino debió sostenerse como presidente o no. En estas condiciones, más allá de derechos, atribuciones formales o plazos vencidos, sigo creyendo que es preferible mantener la conformación actual del Tribunal Constitucional hasta que sea posible, al menos en base a una reforma constitucional transitoria, sacar su conformación del Congreso para entregársela a la Junta Nacional de Justicia. Guste o no, la Junta viene mostrando ser una de las pocas entidades capaces de actuar en un ambiente libre de influencias de contexto. El Congreso no.

No simpatizo con las formas del fujimorismo para elegir magistrados. Esas formas fueron puestas en evidencia en la elección que condujo al cierre del Congreso anterior. Y no encuentro cómo respaldar la bancada de un Castillo que pretende que el Tribunal Constitucional, llamado a proteger a las minorías, sea cerrado o sea elegido por votación universal, cuando son las mayorías a las que ese tribunal debe controlar.

Encuentro que el segundo tema a revisar se refiere a la posibilidad de introducir en el proceso elecciones para un nuevo Senado. Imagino esas elecciones convocadas para mediados del 23, no antes. Esas elecciones podrían generar un intermedio electoral que ponga límites prácticos al ejercicio del poder del extremo que gane las elecciones de junio, cualquiera que este sea. Las minorías que ahora postulan a la presidencia, ambas, deben saber que en poco tiempo su posición puede ser cuestionada por un siguiente ciclo electoral que ahora no existe. Faltan sin duda muchos números por revisar en esa discusión. 

Pero abrir el mercado de la política exponiendo a sus actores a un ejercicio competitivo en el corto plazo me parece imprescindible.

Necesitamos espacios intermedios que nos ofrezcan refugio en las tensiones que se abrirán después de julio de este año. Respeto a quienes intentan reducir los riesgos que las dos opciones en disputa exhiben. Pero encuentro imprescindible mirar lo que nos hará falta después de julio para tratar de ser viables.

Publicado en La República, el 2 de mayo de 2021

Los días que nos faltan

El centro, sea que lo entendamos como un sector de la comunidad o como un espacio hacia al que hasta hace poco había que girar, se ha desvanecido. Si asignamos su intento a ser representado al Partido Morado, cosa que encuentro por demás discutible, casi no ha alcanzado escaños en el Congreso que viene. Pero no estoy seguro de que haya tiempo para un réquiem.

En 20 años la derecha más ciega ha usado al sistema institucional como pretexto para ensayar formas de aplastar las protestas relacionadas al agua, al territorio y al suelo. Estoy pensando en Cajamarca, en la Curva del Diablo y en Espinar, entre otras crisis. La izquierda que ha ascendido con estas elecciones parece dispuesta a usar la respuesta “al modelo” como pretexto para destrozar el sistema institucional. No puede ser gratuito que con 37 congresistas ya casi instalados Perú Libre anuncie su intención de cerrar el Tribunal Constitucional, contrapeso probado del populismo parlamentario, quizá porque sería también contrapeso de un procedimiento de reforma constitucional no equilibrado institucionalmente.

Al frente, el fujimorismo se viste de blanco de nuevo y se prepara para reclamar “la defensa del modelo”. Desde su perspectiva, la “defensa del modelo” parece sugerir la simple imposición de más de lo mismo bajo una ilusión que presenta el control del Ejecutivo como condición suficiente para contener el ascenso de lo que puede llegar a representar Perú Libre. Pero todos recordamos que se equivocaron creyendo que controlar el Congreso era suficiente para poner en jaque al Gobierno, ¿verdad? Imagino al señor Cerrón deseando en secreto que Castillo pierda, para instalarse como líder de la oposición y multiplicar “las contradicciones del modelo neoliberal”, defendido por quienes juegan como perfecto rival de una tragedia de villanos destinada a sumar simplemente “0” para todas, para todos.

Leo la escena desde la dignidad humana y los derechos de las personas y colectivos. Sin olvidar que los temas urgentes siguen siendo vacunas, salud, educación y empleo, miro con angustia la interrupción del ciclo que iniciaron las movilizaciones de diciembre 18 y noviembre 20 y el caso de Ana Estrada; cabezas de lista de una agenda que parece ahogarse en los límites que impone un Parlamento de mayoría conservadora y un Gobierno, que de un signo o del otro, será a la vez conservador y autoritario, en una variante o en la otra.

El centro, ya está dicho, se asfixió en la debilidad de su escasa representación; le pesó la memoria de 20 años impregnados de corrupción y se escondió en el voto en blanco, o se conformó con tomar asiento en una tribuna desde la que ha contemplado el espectáculo en silencio, sin aplausos, pero sin tomar la palabra tampoco.

Pasada la primera vuelta, la indiferencia se vuelve inaceptable. El centro mantiene viva su capacidad para decir “no”; mantiene su empatía con las calles, aunque aún sean principalmente urbanas; mantiene su capacidad de propuesta, ahí donde los extremos solo pueden o quieren o piensan imponerse.
Si existe, es momento de aparecer.

La calle no fue de esta izquierda ni de esta derecha en diciembre 18 cuando le dijo “no” al fiscal Chávarry. No lo fue en noviembre 20 para responder a Merino. Inti y Bryan no son mártires de esta izquierda ni de esta derecha. Son mártires de una lucha intuitiva por la conquista de una ciudadanía que aún nos es esquiva; de una ciudadanía que aún tiene que aprender a ser rural y a ser indígena, que todavía debe aprender a ser menos urbana para defender el mañana.

Para quienes pensamos desde aquí, queda sostenerse; queda seguir creyendo en lo mismo; queda defender las mismas ideas, aún a pesar de todo este pesar.

Porque ante todo debemos amanecer también en los días que aún nos faltan. 

Publicado en La República el 18 de abril de 2021.

El Estado, ese enorme ausente

El azar ha hecho que hoy El Comercio (“Pilares en ruinas; editorial) y La República (“El último país del consenso de Washington”, de Humberto Campodónico) publiquen en simultáneo dos textos que enmarcan mejor que el debate electoral entero la forma que viene adquiriendo la discusión sobre la redefinición del rol del Estado en la economía 

Como corresponde a la identidad de las fuentes que comento, el problema ha sido abordado en estas entregas desde dos puntos de vista distintos, que sin embargo se encuentran en la discrepancia. 

El Comercio abre la discusión marcando tres puntos de referencia: el crecimiento constante del PBI y la ampliación del presupuestos del Estado en 400% en los últimos 20 años y la reducción de los registros oficiales de la pobreza en el periodo 2004 - 2019 (del 58.7% al 20.2%). El Comercio presenta estos indicadores como resultado de un complejo institucional basado en la disciplina fiscal, la libre iniciativa privada y la independencia del BCR. Y sobre esta base, El Comercio llama a revisar con cuidado si tiene sentido emprender “aventuras económicas que buscan debilitar todo aquello que ya nos ha funcionado”.  

Humberto comienza proponiendo leer las cosas como resultado de un proceso en evolución. “El neoliberalismo de Reagan y Thatcher fracasó estrepitosamente -sostiene- con la gran recesión del 2008”. “Los países que ahora más crecen impulsan una economía mixta, como los países asiáticos, que lideran -ya están liderando, en muchas industrias- el mundo del siglo XXI”. Humberto sostiene que el enfoque sobre la economía que ha dominado estos últimos treinta años padece de cierta ceguera selectiva cuando “reconoce como propio solo aquello que habría sido creado por la mano invisible del mercado”, mientras atribuye a la “mano visible del Estado” el que no tengamos “buena educación ni salud ni infraestructura”. 

El Comercio admite que más allá de la cuestión sobre los fundamentos (donde no podemos esperar que haya unanimidad) la cuestión sobre los servicios públicos esenciales, que se ha vuelto dramáticamente visible con la pandemia, requiere cambios en la definición del modelo al que atribuye el éxito representado en sus tres indicadores. En un matiz poco afortunado, “Pilares en ruinas” intenta presentar esos cambios como si solo requiriera “ajustes” que deben ser hechos “aquí y allá”. El desbalance entre la representación del éxito que el artículo asigna al modelo y la catrastrófica situación del acceso al oxigeno y la educación obligan a considerar el problema como una simple cuestión de “ajustes circunstanciales”. Tan vez lo que haya que ajustar es la importancia que se asigna a estos tópicos en la descripción de una economía que incluso desde el punto de vista de las libertades ciudadanas no puede ser definida ya sin asegurar los servicios esenciales que debe recibir la ciudadanía por el hecho de serlo.

Pero en el plano practico la cuestión está planteada ya. Yo querría superar el sin sabor innecesario que me deja esa frase sobre los “ajustes” “aquí y allá” y pensar más bien que desde ambas fuentes se abre un espacio en el que la convergencia sobre la prioridad del debate sobre servicios a la ciudadanía aparece y se remarca, y debe remarcarse más. Socialismo y liberalismo no coincidirán jamás en los acentos,  en los diagnósticos ni en la narrativa del pasado. Pero pueden comenzar a conciliar en la manera de evitar que todas estas muertes que estamos registrando por la ausencia de un Estado, ese enorme ausente, no se registren más.  

¿Podremos imaginar entonces mesas en que economistas liberales y socialistas comiencen a discutir cómo resolver los problemas urgentes, aunque para hacerlo deban aprender a aplazar sus diferencias fundamentales?

Las rutas que podemos seguir

La crisis de representación que padecemos ha tenido una expresión más que evidente en la falta de enganche entre la ciudadanía y las candidaturas de esta inusual competencia electoral. La prioridad sigue siendo, es evidente, la pandemia, la salud, la educación, el empleo y la reactivación de la economía.

Junto a estos temas los planes de gobierno muestran una lista de asuntos cuyo tratamiento conceptual comienza a hacerse homogéneo entre nosotros. Corrupción, justicia, seguridad ciudadana, narcotráfico y terrorismo, además de infraestructura y actualización tecnológica son asuntos que reclaman acciones, sin duda, pero no suponen diferencias decisivas en el abordaje.

Los planes de gobierno mejor elaborados contienen recopilaciones más o menos completas de lo que debe hacerse en estas áreas: en una síntesis, fortalecer, en un marco definido por la transparencia, la capacidad de maniobra y alcance de las agencias a cargo de cada sector.

Pero para diferenciar la simple retórica del compromiso en serio deberíamos poder medir la confianza que podamos depositar en los equipos profesionales que cada candidato pretende llevar al gobierno. Y aquí encontramos uno de los déficits más importantes de esta campaña, porque no todas, más bien pocas candidaturas han mostrado a los equipos desde los que conformarían sus gabinetes.

Sin embargo es imposible no notar que, en paralelo, fuera del proceso electoral y sin completa conexión a él, se está asentando entre nosotros una agenda de asuntos comunes que ha sido impulsada con mucho esfuerzo desde muchos sectores y que ahora puede transformar el modo en que abordamos la política, entendida en sentido amplio.

Una lista de asuntos que además marca diferencias entre las opciones que tenemos al frente y entre la forma en que podemos relacionarnos con “lo público”, ese espacio que aún debemos construir desde nuestras diferencias.

Las discusiones sobre recursos naturales, minería, impuestos, suelos y medio ambiente, además de consulta, participación y protesta, usualmente levantadas desde las izquierdas, han comenzado a desbordar su adscripción de origen para comenzar a ser reconocidas como asuntos fundamentales también para quienes no estamos en las izquierdas.

Junto a estos temas se ha instalado ya una lista importante de cuestiones vinculadas a la expansión de los derechos civiles: protección a las mujeres, enfoque de género, interrupción del embarazo, matrimonio igualitario, muerte digna, diversidad LGTBI+ y autocultivo de cannabis medicinal son solo algunos de los más importantes asuntos que parecen haberse independizado de sus colectivos de origen para convertirse en temas comunes.

Encuentro que el proceso de formación de esta agenda se expresó en las protestas de noviembre, pero se expresa también en el caso de Ana Estrada y en los debates sobre la zonificación de Lurín y el almacenamiento de minerales en el puerto de Paracas, para citar los casos más visibles.

¿Es posible negar la capacidad de convocatoria que estos eventos lograron alcanzar en estos últimos meses? La tupida agenda de conflictos sociales por resolver, que sin duda marcará en mucho el proceso de gobierno a partir de julio, requiere tomas de postura organizadas desde estos ejes, y requiere observación y mediación ciudadana.

Creo entonces que las claves para abordar el futuro inmediato se encuentran en estesta suerte de agenda externa a la campaña, no en la campaña misma.

La suerte de agenda externa a la campaña, no en la campaña misma.

Creo que la clave del equilibrio institucional posible en el ciclo que comenzamos ahora está en la ciudadanía; en su capacidad para articularse sobre la base de asuntos que convocan su interés.

Tenemos esta lista de asuntos comunes, que puede ofrecernos pistas sobre las rutas que podemos seguir.

No la perdamos de vista.

Publicado en La República el 4 de abril de 2021

Debate Presidencial 2021: Analistas evalúan las propuestas de seguridad ciudadana y anticorrupción

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdéz, y el exprocurador anticorrupción, César Azabache, analizaron este martes en RPP el segundo día del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que solo participaron cinco postulantes.

Seguridad ciudadana

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdéz, indicó que la mayoría de propuestas de los candidatos presidenciales en el bloque de seguridad ciudadana "han sido bastante acotadas" y en algunos un "tanto decepcionantes". Además, consideró que la "mejor propuesta" proviene del candidato Ollanta Humala (Partido Nacionalista Peruano), y Daniel Urresti por mostrar indicadores claros.

"El general Urresti se ha mostrado como una persona tremendamente ansiosa por querer colocar sus puntos de vista (...) a diferencia de otros candidatos que se han mostrado a establecer el punto fijo de su mensaje. Ollanta Humala se ha concentrado en los temas de seguridad ciudadana y en los éxitos de su Gobierno, ese ha sido el eje de su discurso en este debate al mostrar lo bien que lo ha hecho", dijo

"Alcántara se ha preocupado básicamente en defender el referéndum. Castillo ha estado más preocupado por la nueva Constitución y por enganchar con el sector popular (...) y creo que Hernando de Soto ha estado más preocupado en su currículum y demostrar que sabe demasiado y que ha intervenido en prácticamente en todas las soluciones del país", comentó.

Ricardo Valdéz sostuvo que para atender la seguridad ciudadana debe haber una aproximación mixta en la coyuntura con la Policía Nacional del Perú y una intervención estructural desde el Gobierno. "La política de inseguridad no es una política policial", agregó.

El exviceministro del Interior afirmó que encontró un vacío en las propuestas de los candidatos sobre seguridad ciudadana al no precisar "el cómo lo van a lograr" basado en un correlato presupuestal.

"No he escuchado propuestas concretas, he escuchado una suerte de vista de la batería. No he escuchado cómo se van a poner en práctica. El presidente que entre en julio va a entrar con una economía bastante golpeada y por lo tanto todas las acciones que se quieren hacer no solamente en lucha contra la inseguridad ciudadana, sino en la pandemia y lucha contra corrupción tienen un sustento económico y se tiene que analizar con qué recursos se cuenta", dijo.

Lucha contra la corrupción

El exprocurador anticorrupción, César Azabache, consideró que las "cuestiones de corrupción" no se convirtieron en un diferencial entre las propuestas y planes de Gobierno de los candidatos a la Presidencia.

"Lo que se va a encontrar es una serie de estados de cuestión más o menos comunes, es decir, todos estamos girando en el discurso general hacia el reforzamiento de las instituciones de persecución del delito de corrupción, la discusión sobre sanciones que debe recuperar la Contraloría para ese tipo de casos, el papel de las procuradurías y su reforzamiento, esto son puntos comunes transversales", dijo.

César Azabache indicó que le llamó la atención que varios candidatos, como el señor De Soto, hicieron comentarios sobre actividades anticorrupción que no están en su plan, y que otros candidatos hablaron de temas generales en el bloque de corrupción.

El abogado experto en derecho penal indicó que varios planes de Gobierno sí tienen una narrativa alrededor de la descentralización en prevención de delitos de corrupción y en algunos de ellos se intenta utilizar las mesas de regidores para producir acciones de fiscalización semejantes a la del Congreso. Sin embargo, señaló "que ese no es el camino".

"La única diferencia fuerte que he encontrado está en el señor Humala, fuera del debate en la puerta hizo un comentario sugestivo sobre la politización de la lucha anticorrupción y el intercambio de funcionarios entre jueces  y fiscales, pero no lo dijo en el debate. Y una propuesta que no voy a llamar interesante, sino singular es la del señor Pedro Castillo: regresar a la muerte civil, que en su discurso lo asocia inmediatamente con denunciar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos", sostuvo.

Publicado en RPP el 31 de marzo de 2021