Para una
Procuraduría permanente
En una reciente
entrevista Aníbal Quiroga ha hecho la objeción más seria que he escuchado a la
Procuraduría Anticorrupción. Ha sostenido él que la Procuraduría ha duplicado
funciones que sólo el Ministerio Público debería haber ejercido. La observación
resulta decisiva ahora que el Procurador Meini ha propuesto, también en una
entrevista, que la Procuraduría Anticorrupción se convierta en permanente,
ofreciendo además, en importante gesto, su renuncia en caso que aquello ocurra.
Hay que decir que las diferencias de
funciones son difíciles de explicar. Para nuestras leyes, corresponde al Fiscal
acusar y al Procurador defender la indemnización al Estado. Pero a la vez el
Fiscal puede solicitar la indemnización y el Procurador interviene en asuntos
como la detención del investigado, que poco tienen que hacer con el pago de los
daños y perjuicios. Hay entonces una serie de zonas grises que explican las
preocupaciones de don Anibal Quiroga. Pero hay también una necesidad que
justifica la propuesta del Procurador Meini.
¿Porqué necesitamos a los Procuradores?
Los Fiscales son Magistrados nombrados por el Consejo Nacional. Los
Procuradores, abogados. Los procedimientos para tomar decisiones en el primer
caso son estricta (y necesariamente) formales, y están sujetos a una serie de
condiciones. Los procedimientos en el segundo caso no tienen reglas y no hay
resoluciones que notificar ni impugnar. A diferencia de los Fiscales, los
Procuradores tienen un considerable margen de discreción para establecer qué es
lo que mejor corresponde a los intereses del Estado.
Para
don Aníbal sería conveniente que el Ministerio Público asuma por entero la
responsabilidad de defender al Estado, en lo que a penas e indemnizaciones se
refiere. Pero ambas cosas son distintas y obligan a orientar los esfuerzos en
distinta dirección. Hay delitos que deben ser castigados aunque no haya
reparación que cobrar. Y hay daños que deben ser reparados aunque el delito sea
muy leve. La acusación requiere un órgano enfocado en el impacto social de los
castigos. La búsqueda de indemnizaciones, de uno orientado a la recuperación de
capitales. Los delitos deben ser castigados, pero los daños deben ser
indemnizados. No puede haber subordinación entre una cosa y otra. Por eso
resulta conveniente que sean dos, y no solo uno, los órganos que se paren
frente al sistema judicial a promover que los infractores asuman las
consecuencias de sus actos.
Además
no se trata de crear una Procuraduría del tamaño del Ministerio Público. En
términos de gastos, esto sería un absurdo. Se trata de concentrar el esfuerzo
que el Estado ya hace para litigar en aquellos asuntos que pueden tener un
rendimiento eficiente desde el punto de vista social. Una Procuraduría
permanente anticorrupción correspondería a los esfuerzos que actualmente se
hace para controlar el lavado de capitales y dar transparencia a las decisiones
patrimoniales del Estado. Al final, la corrupción es un asunto económico: En
política y en negocios se desarrolla prácticas corruptas allí donde es más
barato corromper(se) que competir. De modo que la lucha contra la corrupción,
además de una lucha por la transparencia y los valores individuales, es también
una lucha por colocar los costos y riesgos de la infracción a la ley a un nivel
lo suficientemente alto como para que corromper no siga siendo una opción
atractiva.
