Entrevista en Perú 21 por Fabiola Valle, 10 de noviembre de 2017
Han sido dos semanas complicadas para el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional por las decisiones que ha tomado la mayoría del Congreso de la República. En diálogo con Perú21, el abogado César Azabache hace un análisis de las consecuencias que podría generar a nuestra institucionalidad el actual panorama político.
La bancada de Fuerza Popular se sumó al pedido del congresista Daniel Salaverry para denunciar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿Qué opina?
Salaverry ha pedido la destitución de Sánchez porque, según su opinión, no se están manejando adecuadamente los casos que el fiscal de la Nación no tiene bajo sus manos. Se ha realizado este pedido sin siquiera tomarse el trabajo de acopiar información que les permita entender cuáles son los objetivos, la velocidad de la Fiscalía y las razones por las que determinados casos están en la situación actual.
¿Prosperará la denuncia contra el fiscal Pablo Sánchez?
El Congreso tiene una mayoría controlada por la misma bancada, pero aunque tomen esa decisión, ese documento no puede tener consecuencias legales en ninguna parte. Ni en el Consejo de la Magistratura, ni en la propia Junta de Fiscales Supremos. Tampoco a nivel judicial. En caso de que esta acusación se convierta en una decisión del Parlamento, Sánchez podría pedir al Tribunal Constitucional que emita una sentencia en la que declare que esto no es un procedimiento serio sino una injerencia en el ejercicio de las facultades de la Fiscalía o un acto de abierta presión injustificada.
¿Por qué la denuncia de Salaverry no puede ser tomada en cuenta?
Un documento tan mal armado con tan pocas bases, tan impertinente y tan mal dirigido no puede causar efectos ni institucionales ni jurídicos en ninguna parte. Lo que va a ocurrir es que las relaciones entre el Ministerio Público y el Congreso se exacerben.
¿Cree que este paso obedece a una venganza por las denuncias en contra de Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez por lavado de activos?
La coincidencia entre estos eventos es indiscutible. En el mismo periodo han lanzado una acusación contra el fiscal de la Nación (Pablo Sánchez), han abierto un proceso contra el Tribunal Constitucional por el caso El Frontón y, en el mismo momento, manejan con muy poca solidez institucional el impasse que se ha generado contra la Presidencia de la República por la entrega de información por el caso Lava Jato. Es decir, han generado tres crisis legales al mismo tiempo.
¿Cuáles serían las consecuencias de estas presuntas malas decisiones?
Lo que va a pasar como inevitable desenlace es que el Congreso pierda capacidad de maniobra, porque atacar a tres órganos constitucionales en simultáneo, con razones legales poco claras, va a hacer que los órganos reivindiquen los límites legales que el Parlamento tiene. De modo que, a lo que está llegando el Congreso con esta acumulación de acciones, es a depredar sus propios recursos institucionales. Si el Congreso sigue haciendo eso, nadie más le hará caso nunca. Están malgastando sus energías constitucionales. Me preocupa que haya consecuencias nefastas para el estado de nuestra institucionalidad.
El Congreso insiste en que el presidente Pedro Pablo Kuczynski debe responder ante la comisión Lava Jato. ¿Es necesaria su asistencia?
La no aceptación de la Presidencia de la República es políticamente equivocada o errónea. Desde mi punto de vista, no ha sido apropiado no tener al presidente al frente del Congreso disipando toda duda. La mayoría de parlamentarios está, desde mi punto de vista, equivocada en su interpretación de las reglas de la Constitución porque no es por razones legales que debería haber podido obtener las declaraciones del mandatario sino por razones institucionales y de moral política.
¿Kuczynski podría defenderse legalmente?
Una comisión investigadora tiene derecho a citar a cualquier persona a que declare e incluso puede hacer que asista por la fuerza pública, pero no pueden hacer eso con el presidente. Ese límite ha sido expuesto en toda su dimensión; en consecuencia, el Ejecutivo podría acudir al Tribunal Constitucional (TC) para demandarlos por excesos en sus competencias. El gran dilema es que el TC tiene siete miembros y cuatro están acusados por el Congreso, lo que hace confusa la escena. Se debe tomar el caso con paños fríos.
¿Cuál sería la exhortación?
Lo más saludable es que la mayoría del Congreso se debe poner un freno y darnos una señal de humildad y de transparencia. Debe quedar claro que, aunque se cometan errores, se puede reaccionar y poner por delante la necesidad de mantener el equilibrio ante los poderes del Estado sin excesos legales. El llamado a poner un freno es el TC.
¿Qué opina sobre la denuncia contra los magistrados del TC por el caso El Frontón?
El problema proviene de que en el caso El Frontón se firmó una sentencia con cuatro votos, pero dos magistrados firmaron documentos que contradecían eso. Hay muchos aspectos que explican las diferencias. Un problema legal de esa complejidad tiene decisiones múltiples.
Autoficha
- “Soy abogado. Fui miembro del primer equipo de la Procuraduría Anticorrupción en el año 2000 para los casos Fujimori y Montesinos. Desde el año 1996 tengo mi propio estudio jurídico. Me dedico exclusivamente a la litigación en materia penal. He sido profesor universitario”.
- “El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, representa una situación en la que el Ministerio Público después de muchos esfuerzos institucionales ha logrado crear una imagen institucional sólida. Están afrontando diversos casos adecuadamente”.
