Han pasado ya más de cinco años desde que comenzó a discutirse entre nosotros el caso de la jueza Enma Benavides, la hermana de la fiscal ahora suspendida. En todo este tiempo, esta historia se ha mantenido en un plano de bajo interés público, quizás opacada por el mayor peso que tuvo la historia de los llamados ‘narcoindultos’. Pero es una historia que se ha hecho cada vez más compleja. Con el tiempo, se ha entrelazado con otras historias que involucran distintos personajes. Sin que lo hayamos notado, la suma de todos sus factores está ahora instalada en un punto neurálgico, uno que puede definir el destino final de las disputas alrededor de la JNJ.
Este tema comenzó con una denuncia sobre sobornos en el Poder Judicial, vinculada a determinadas decisiones sobre libertades que la Sala Penal que integraba la jueza Benavides emitió en casos sobre narcotráfico. Quien denunció estos casos fue Hilario Rosales Sánchez. Recordemos este nombre: Rosales Sánchez fue policía, pasó más de cuatro años recluido y denunció en octubre del 2018 que dos abogados se presentaron ante él en prisión como emisarios de la jueza Benavides. Estos abogados, relató, le pidieron $100.000 por liberarlo. Rosales Sánchez no pagó ese dinero, pero rastreó los ingresos al penal de estos personajes y logró reconstruir al menos nueve casos semejantes, ocurridos entre los años 2012-2015.
La historia se convirtió en algo distinto cuando Patricia Benavides, la hermana de la jueza Benavides, postuló a fiscal suprema. Cuando fue entrevistada por la JNJ, la fiscal Benavides se comprometió expresamente a no interferir con las investigaciones sobre su hermana si obtenía el ascenso. Lo obtuvo, pero en julio del 2022. Un mes después de ser nombrada fiscal de la Nación, la fiscal Benavides retiró de su puesto a la fiscal Bersabeth Revilla, jefa del equipo que investigaba a su hermana. El problema es tan grave como ridículo: la fiscal Benavides estaba claramente impedida de intervenir de cualquier forma en ese caso. Sin embargo, firmó de propio puño la resolución que removía a la fiscal que investigaba a su hermana.
El conflicto de intereses es evidente. La fiscal Benavides debió abstenerse, pero no lo hizo. Y producido el escándalo, debió retractarse, pero tampoco lo hizo. Al contrario, demandó a la JNJ ante el Poder Judicial y ante el TC por investigarla por esa destitución. Y como muestra la evidencia del caso Walkiria, orquestó una conspiración sin precedentes para desactivar a la JNJ antes de que tome una decisión sobre este caso
Mientras tanto, con la denuncia de Rosales Sánchez, el expolicía que dio origen a esta historia, y la cooperación de dos delatores, la Fiscalía había elegido dos casos de fugas de detenidos por narcotráfico liberados por el Judicial para darle contenido a las investigaciones: el de López Quispe, liberado a fines del 2014, y el de Roberto Gómez Herrera y Edison Ruiz Martínez, liberados en enero del 2015.
En junio del 2017, Gómez Herrera fue detenido en España, para ser luego extraditado al Brasil. Allí se le buscaba por reproducir el mismo esquema de tráfico de drogas que había ensayado en Perú: esconder cocaína en estructuras de concreto embaladas para simular exportaciones. Pero el nombre que debemos retener es el de Ruiz Martínez. En mayo del 2022, Ruiz Martínez fue detenido en Colombia, en el operativo que las autoridades de ese país desplegaron para identificar a los sicarios implicados en el asesinato de Marcelo Pecci. Marcelo Pecci es otro nombre que no debemos olvidar. Pecci (45) fue, en vida, un fiscal del Paraguay especializado en lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. Fue asesinado en Barú, una isla en Cartagena, en mayo del 2022. Un sicario le disparó tres veces, tres tiros de necesidad mortal: uno en la cabeza.
El fiscal Pecci estaba entonces de vacaciones, en luna de miel. Acababa de casarse. El caso del fiscal Pecci constituye uno de los capítulos más graves de retaliaciones perpetradas contra oficiales a cargo de investigaciones sobre narcotráfico en la región. Y entre las personas que fueron intervenidas por ese crimen aparece Ruiz Martínez, que antes había escapado del Perú, liberado por la Sala de la jueza Benavides.
Aquí la historia hace otro vuelco dramático. Cuando la fiscal Revilla fue removida, en julio del 2022, su oficina estaba solicitando cooperación de Colombia para obtener una declaración de Ruiz Martínez sobre la forma en que escapó del Perú; también la del Brasil para tener una declaración semejante de Gómez Herrera, otro prófugo liberado por la Sala de la jueza Benavides.
No sabemos cuál es la historia que ellos tienen por contar. O si tendrán alguna. Lo que sabemos es que el fiscal Terán, a quien la fiscal Benavides designó como reemplazo a la fiscal Revilla, abandonó todo esfuerzo por obtener estas declaraciones y pidió que el caso de la jueza Benavides sea desestimado por el Judicial sin más trámite. El caso ha podido ser reabierto después de la suspensión de la fiscal Benavides, cuando el fiscal Alcides Chinchay, que estaba a cargo del proceso desde tiempos de la fiscal Revilla, pudo sentirse suficientemente libre como para sugerir a la Corte Suprema que ordene una investigación adicional.
No nos corresponde condenar a la jueza Benavides antes de tiempo. No lo haré en estas líneas. Como toda persona, ella merece un proceso equilibrado, uno en el que pueda defenderse. Pero al día de hoy las garantías de un juicio equilibrado para o contra ella requieren que su hermana, la fiscal Benavides, se mantenga al margen de la Fiscalía de la Nación. Eso significa mantenerla suspendida. Y para sostener esa suspensión es preciso mantener a la JNJ intacta.
Destituir a la JNJ, una de las peores acciones predatorias propuestas en este Congreso, implica devolver el control de la Fiscalía a alguien que, imposible no decirlo, ha hecho ya demasiado por interferir con el curso de una investigación sobre algo tan sensible como sobornos vinculados al narcotráfico. Es, además, una historia que ha terminado cruzándose con un asesinato, con el asesinato de un fiscal. Más grave imposible.
El Perú está sujeto a una tupida malla de obligaciones internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico establecida desde principios de los años 90. El caso de la jueza Benavides, inocente o culpable, expone la posición del Estado peruano ante esta malla de obligaciones.
Tal vez este sea un ángulo que no está siendo percibido en su exacta dimensión por quienes defienden a la fiscal Benavides.
Pocas veces he visto desplegarse en favor de alguien acciones de interferencia tan nocivas como las que se han desplegado con ocasión a esta historia. Si la jueza Benavides es inocente, no necesita esto. Tendría que ser la primera interesada en detenerlo.
Porque está siendo vestida por su hermana con las túnicas que cubren el cuerpo de los culpables.
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