Las declaraciones de un delator

 La semana del 5FEB un canal de televisión organizó una noticia sobre uno o dos fragmentos de la declaración que Jaime Villanueva presentó el 30ENE, la parte en que se refería a las relaciones entre Gustavo Gorriti y los fiscales Sánchez y Vela. De inmediato la demanda por conocer el texto entero se hizo masiva. El resultado, las 23 páginas de esa declaración empezaron a circular en redes. Uno de los programas de noticias de la noche del 11FEB puso sobre la mesa una declaración más, que se difundió completa al día siguiente, el 12. Y ahora comienza a expandirse la demanda por las transcripciones de todas las declaraciones que Villanueva haya dado o dé en el futuro.

Empieza a instalarse en nuestro ya cargado ambiente legal un nuevo factor de organización de los debates sobre lo justo e injusto en materia de castigo: contando desde principios de siglo primero fue Matilde Pinchi, luego Jorge Barata y ahora es Jaime Villanueva.

Es aquí, en los casos sobre corrupción, donde se produce esta extraña metástasis. Olvidamos quién es quién y entregamos la posición de acusadores a quienes en verdad solo están intentando no llegar a ser acusados, o no serlo tanto. En este caso, por ejemplo, el personaje de esta historia debería ser la fiscal Delia Espinoza. La fiscal Espinoza está investigando a la fiscal Benavides, suspendida. Villanueva declara interrogado por ella. Y usa los espacios que le conceden preguntas abiertas sobre los personajes del caso para contar historias de las que dice haber sido protagonista o testigo, mezclándolas con cosas que deduce, adjetiva o ha escuchado decir a otros.

La Fiscalía podría haberle interrumpido, porque no son esos los asuntos que está investigando. Pero acaso por mostrar su imparcialidad registra todo lo que dice. Sin embargo, no ha tomado aún una decisión sobre el mérito que concederá a cada uno de estos aspectos. Alguien pierde la paciencia, rompe la reserva y las saca al público. A partir de ahí lo que sigue es un enorme desorden de acciones impulsivas mezclado por intentos de equilibrar las cosas.

Se trata de procedimientos sobre colaboración eficaz relacionados con corrupción. Este tipo de síndromes, en los que rompemos los caudales del procedimiento y organizamos la agenda en función a lo que dicen o no dicen los colaboradores no ocurre cuando se trata de casos sobre terrorismo, narcotráfico o impuestos, en los que la colaboración eficaz está instalada como alternativa hace décadas, en algunos casos desde los 80. Estoy seguro, de hecho, que muy pocas personas pueden recordar el nombre de un delator que haya presentado declaraciones fuera de asuntos vinculados a corrupción. Solo cuando se trata de asuntos vinculados al abuso del poder se apodera de nosotros esta tendencia impetuosa a sobredimensionar el papel de los delatores, a empoderarlos, a convertirles en acusados privilegiados, en el fiel de la balanza. Comenzamos a violar de manera consentida la regla de reserva que no en vano imponen las leyes sobre el contenido de sus declaraciones y devoramos sus dichos como si fueran pan en un desierto.

Al final en este tipo de casos las colaboraciones se convierten en aceleradores de procesos de incriminación que deberían usar procedimientos más equilibrados para cernirse antes de establecerse. Precipitamos las cosas en la espiral que forma una noticia que avanza sin resistencias institucionales. Entonces el Congreso pide copias de todo, los tirios piden que se investigue a Hernán Garrido Lecca, a Keiko Fujimori y Martha Moyano mientras los troyanos piden la cabeza de Gustavo Gorriti, Pablo Sánchez y Rafael Vela. La JNJ, acaso por las secuelas de una crisis que aún no termina, abre investigaciones sobre tres fiscalías olvidando que la fiscal Espinoza, ante quien se han presentado las declaraciones de Villanueva, aún no ha decidido qué hará con ellas. Al hacerlo, en mi opinión comprensiblemente pero antes de tiempo, abren además una paradoja: las declaraciones de Villanueva mencionan también al magistrado Thornberry, actual miembro de la propia JNJ, a quien se relaciona con la influencia que la fiscal Benavides podría haber tenido en el procedimiento en que se le eligió como fiscal suprema.

Me parece imposible contener el interés que convocan estas revelaciones a nivel de medios. Imposible e innecesario. Pero el sistema institucional tendría que ofrecer alguna resistencia al impulso. Contener esas sobreexposiciones que se producen cuando resulta que todas las oficinas públicas pretenden inmiscuirse a la vez en el mismo asunto para terminar en declaraciones a veces contradictorias, a veces extemporáneas. Sin esa resistencia que ponga algo de orden en la crisis, nuestra adicción a estas revelaciones contagia al sistema entero y nos expone a una forma de dependencia que estalla cuando pasan cosas como la que está ocurriendo en el caso Humala-Heredia: Jorge Barata decide que no vendrá al Perú a declarar en el juicio y la posición entera de la Fiscalía queda en riesgo.

Es un pésimo negocio entregarle la organización de la agenda institucional a quien intenta evitar ser acusado o ser lo menos acusado que sea posible. Al hacerlo distorsionamos el peso del sistema legal, que termina subordinado a quienes deberían someterse a la Justicia y punto.

De hecho el esquema de las declaraciones de Jaime Villanueva reproduce uno que puede verse en los antecedentes de estas historias.

Siempre me pareció que Vladimiro Montesinos manejaba de una manera u otra los destapes de la señora Pinchi Pinchi. No pude confirmarlo nunca. Pero mantengo esa impresión. De hecho la mecánica seguida con los videos (primero uno, luego todos) se reprodujo en sus declaraciones, y supone mezclar respuestas a preguntas directas con una serie de afirmaciones que, por moverse en la más absoluta y temeraria ambigüedad, crean secuelas que dependen de lo que en adelante diga, revele o corrija quien declaró originalmente.

Barata hizo algo semejante. Obligado a declarar por los acuerdos de Odebrecht, saltó de los casos sobre sobornos a los casos sobre campañas: amplió el espectro hasta una zona suficientemente ambigua como para concederse a sí mismo cierto control sobre las secuelas de sus declaraciones.

Parece sencillo notar que Jaime Villanueva reproduce la misma mecánica de expansión de las cosas hacia sus borrosos confines.

Entonces parece urgente volver a poner en el centro el peso neutro de las evidencias. Los pantallazos de chats del caso Valkiria deberían ocupar un papel decisivo en la construcción del imaginario colectivo sobre el caso Benavides. Esos pantallazos siguen siendo más importantes que las declaraciones de Villanueva, especialmente cuando estas se refieren a asuntos que aún no está claro si deberán ser investigados oficialmente o no.

Las evidencias no acumulan poder ni influencia. Los delatores sí.

Odebrecht, tramo final

 Los casos Odebrecht marcan un hito en la forma de ser de nuestros tiempos. Todos los Gobiernos establecidos por elecciones y casi todas las elecciones celebradas desde la transición de principios de siglo han sido alcanzados de una manera u otra por las revelaciones que dieron origen a estos casos. La crisis de la institución presidencial, la percepción sobre lo que fue y lo que no llegó a ser la transición posfujimorista, la expansión del área de influencia de las fiscalías en la conformación de nuestra agenda pública y la forma en que nuestro discurso sobre lo debido se ha impregnado de asuntos relacionados con el castigo y la prisión provienen en buena parte de la historia que se abrió en diciembre de 2016, cuando el Gobierno de los EEUU reveló las primeras confesiones de la empresa.

Pero el tiempo no pasa en vano. Más de siete años después del inicio de esta historia vemos señales de lo que podría ser el comienzo de su propio final.

El descalabro, si eso es lo que está ocurriendo, comenzó en el Brasil. Veamos:

(1) En noviembre del 2018, el juez Moro, que tuvo a su cargo las investigaciones iniciales de esta historia, deterioró su propia imagen al aceptar hacerse ministro del Gobierno de Bolsonaro, el último rival político de Lula Da Silva, al que por cierto acababa de enviar a prisión.

(2) En febrero del 2021 fue desactivada la Força-Tarefa, el equipo que lideró las investigaciones originales de este caso.

(3) Un mes después, en marzo, el Tribunal Supremo anuló las condenas impuestas a Lula Da Silva, que actualmente es de nuevo presidente de ese país.

(4) Para octubre del 2022, según Investiga Lavajato, Novonor, la nueva Odebrecht, tenía en la región, en cartera, reclamos arbitrales y judiciales por valores equivalentes a cuatro veces el dinero que se ha comprometido a pagar al Perú y a Dominicana. Solo en el Perú la proporción es mayor: US$190 millones programados contra US$1.200 en una demanda ante el CIADI por el Gasoducto del Sur, una disputa sobre influencias y colusión que mantiene paralizado uno de los proyectos de energía más importantes del país.

En agosto del 2023 la defensa de Ollanta Humala, que niega haber recibido los US$3 millones en efectivo que la fiscalía le atribuye, obtuvo una orden que prohibió el uso de la evidencia obtenida a partir de la revisión de los sistemas digitales de Odebrecht por violaciones a los procedimientos legales.

Hace unos días la defensa de Jaime Yoshiyama ha solicitado en el Brasil que estas prohibiciones sean formalmente extendidas a su caso, que incluye a Keiko Fujimori, a quien en la campaña de 2011 Odebrecht habría entregado un millón en efectivo.

Odebrecht no ha reconocido haber manejado una lavandería, aunque admite que los sobornos y el dinero que inyectó en campañas fueron tomados de un fondo acumulado fuera de su contabilidad. Aunque la fiscalía ha sostenido en todas sus acusaciones que se trata de fondos maculados, no ha presentado cargos contra la empresa brasileña ni sus ejecutivos por lavar activos.

El convenio de cooperación que el judicial aprobó en junio 2019 nunca se extendió para cubrir las entregas de fondos en campaña. Tampoco se extendió para reparar al Estado por lavar activos.

En noviembre del 2018, el profesor Yván Montoya propuso a la Fiscalía involucrar a la Sunat en estos asuntos. Los casos sobre campañas políticas sugieren la posible formación de fortunas clandestinas organizadas a partir de los excedentes de fondos recogidos del público. Quizá el caso sobre fortunas clandestinas habría desenganchado a la fiscalía de una dependencia a Odebrecht que se ha convertido en un verdadero problema. Pero la fiscalía decidió no seguir esa ruta. Prefirió enfrentar los juicios sobre campañas basándose en una tesis distinta: los fondos de Odebrecht deben considerarse maculados porque Odebrecht ha sido una empresa corrupta. Por eso quienes recibieron esos fondos en entregas en efectivo, clandestinamente, deben considerarse autores de un delito.

En el auto original, el que se dispuso que la señora Fujimori vaya a prisión preventiva, el juez Concepción ofreció una explicación: recibir esos fondos en las condiciones en que fueron entregados convierte los hechos en un caso sobre indiferencia. A los receptores no les habría importado de dónde venía el dinero. Y resultó que venía de una lavandería.

En la sentencia de excepciones del caso Humala la Corte Suprema ha declarado que la fiscalía debe probar en juicio que los receptores de estos fondos debían saber de dónde venían.  A partir de aquí la cuestión a resolver consiste en confirmar la existencia de ese deber. Se trata de una cuestión muy compleja. La clave puede ser probar que se trata de casos de ceguera voluntaria, pero también la decisión de no ver supone un deber que obligue al autor a estar alerta.

Jorge Barata no se presentó a declarar en el caso Humala. La fiscalía ha solicitado que sus beneficios por delación sean revocados. Revocarlos podría impedir que declare en el caso Fujimori. A los problemas que ya tiene la fiscalía podría estarse agregando uno más: la imposibilidad de enfrentar sus dos juicios principales sin quien ha sido presentado como el principal testigo de cargo. Por cierto, es poco probable que se pueda reemplazar su testimonio con la transcripción de las declaraciones presentadas en el marco de las investigaciones previas.

Pero hay más dificultades. Conforme a las declaraciones de Barata, los fondos entregados a la señora Heredia no fueron pedidos a Odebrecht, sino al Partido de los Trabajadores (PT) del presidente brasileño, Lula da Silva. En el caso Fuerza Popular, la defensa de Yoshiyama, la que ahora pide la protección de los tribunales del Brasil, parece haber sido autora de una teoría que, aunque algo cínica en su concepción, no deja de ser llamativa. ¿Por qué tendría que sorprenderse el entorno de Keiko Fujimori por la entrega de un millón de dólares si el Grupo Romero destinó a la misma campaña US$3,6 millones y un solo empresario, Juan Rassmuss, US$3,8 millones?

La tesis se resume en esta frase: Odebrecht puede haber lavado activos o no, pero en las condiciones en que se desarrollaban las campañas al 2011 un millón no representa el monto exorbitante al que se refirió el Juez Concepción cuando ordenó la detención de Keiko Fujimori en el origen del proceso. Para alguien que recibe más de US$7 millones solo de dos fuentes que no lavan activos, un millón más no tendría por qué haber resultado especialmente alarmante.

A diferencia de los casos sobre sobornos, en los que nada más parece merecer una discusión de fondo, los casos sobre campañas encierran desafíos y obstáculos que parecen más difíciles de superar conforme se va acumulando el tiempo.

El tiempo: ese factor capaz de erosionar hasta las piedras puede también afectar la solidez y la sostenibilidad de un caso legal. No haberlo notado a pesar de todas las advertencias ha sido un error.

Dulces de azúcar

Publicado en La República el 24/01/2023

El 20 de enero, en Huamanga, una ciudad que enterró a 10 de las 50 personas que fueron asesinadas durante las protestas de DIC22 y ENE23, la presidenta Boluarte decidió arrojar al viento dulces de azúcar en una parodia que remedaba los carnavales de la ciudad.

Ilaria Aimé se abalanzó sobre ella en un descuido de la seguridad y la jaloneó por los cabellos.

Es cierto. El jalón por los cabellos no tiene justificación. No se trata, como he escuchado y leído decir, del respeto que debemos a la presidenta en ejercicio o a la institución que representa. Antes que eso se trata del respeto que debemos a las personas. No importa quiénes sean. Tampoco importa quiénes seamos nosotros ni importa en qué provocación podamos haber caído. Un jalón por los cabellos es un ataque físico y Boluarte sigue siendo una persona antes incluso que la presidenta del país. Debería ser simple para nosotros reconocer que está prohibido tocar físicamente a alguien sin su consentimiento, por más que medie algo que pueda ser reconocido como una provocación narrativa, como tirar dulces de azúcar en medio de una ciudad marcada por el duelo.

El evento ha puesto en evidencia de qué manera Boluarte ha dilapidado la respetabilidad de la magistratura que posee. También ha puesto en evidencia que las muertes de DIC22 y ENE23 se han instalado entre nosotros como una frontera interna, casi infranqueable, una que nos separa con una intensidad inconmensurable.

Todas las personas deben ser respetadas. Mujeres, niños, defensores de la tierra, manifestantes, militantes de derecha y de izquierda, trabajadores, presos, minorías. También Dina Boluarte. El límite del respeto a las personas no puede negociarse. No sin acelerar el deterioro de nuestros ya precarios límites morales.

Los ataques físicos deben ser reconocidos como tales, vayan en la dirección que vayan, tengan la connotación que tengan y sea quien sea responsable por ellos.

La confrontación de Bárcena

Segundos antes que Ilaria Aimé pierda los papeles y se lance a las espaldas de Boluarte, Ruth Bárcena había quebrado el cerco de seguridad de la presidenta. Ella increpó a Boluarte cara a cara por las muertes de Huamanga. Ruth Bárcena no la tocó. La confrontó. No tenía en sus manos más que palabras, su testimonio levantado como un muro.

Un agente de policía intervino y la sacó de la escena. Ella declaró en una delegación policial y fue puesta en libertad. Boluarte es funcionaria en ejercicio; Bárcena no fue a buscarla, la encontró en un evento público por Huamanga. Lo que hizo representa un acto de protesta. La Policía no violó la ley al contenerla. Ella no la violó al confrontar a la presidenta.

La sonrisa

Pero ¿por qué sonreía Boluarte? He visto los videos varias veces. Dulces de azúcar lanzados al aire simulando una fiesta en medio de una muralla humana de protección. Una sonrisa vacía de contenido. Nadie sonríe con ella. La escena resulta macabra porque se monta en Huamanga, una ciudad en la que murieron 10 de las 50 personas asesinadas en las protestas de DIC22 y ENE23. Allí debería pedirse perdón, allí debería ensayarse alguna forma de duelo compartido, allí habría que promover el consuelo. Pero Boluarte sonríe. Lanza al aire dulces de azúcar y sonríe. Como si fuera una niña.

Quizá Boluarte sonreía para una foto. Para crear una imagen tan arbitraria, tan irreal como la que creó con Biden y con el papa. Boluarte intentando multiplicar las escenas de la realidad virtual que intenta crear. Sonreír dentro de un mundo que construye sobre fundamentos de papel. Donde la memoria se reemplaza por un álbum. Sonreír en el centro de una falsa realidad vigilada.

La fantasía que estaba ensamblando Boluarte se quebró cuando Bárcena entró a la escena y la confrontó. Pero Boluarte sostiene la sonrisa. Ilaria Aimé arremete por la espalda y le tira de los cabellos. Boluarte intenta sostener la sonrisa.

La sonrisa no debe quebrarse solo porque lo real la confronte o le tire de los cabellos.

Resulta imprescindible concentrarse en la foto. Sostener la sonrisa.

Desenlace

Ilaria Aimé fue madre de Cristopher Ramos, un adolescente de 15 años que trabajaba en el cementerio de Huamanga. No estaba protestando. Fue asesinado por un disparo por la espalda en las inmediaciones del lugar en que trabajaba. El esposo de Ruth Bárcena, Leonardo Hancco, trabajador, sí decidió unirse a las protestas. No efectuó ningún disparo, pero murió cuando una bala atravesó su cuerpo.

Aún así el jalón de cabellos de Ilaria Aimé, nos guste o no, rebasa los límites del derecho a protestar. Es una falta. La falta se llama “maltratos” y puede ser castigada con servicios comunitarios. Pero solo puede ser llevada a proceso si Boluarte presenta cargos y concurre a una audiencia en Huamanga a sostenerlos.

Ruth Bárcena es ahora una activista en el movimiento de defensa de los derechos de las víctimas y los deudos de la represión a las protestas de DIC22 y ENE23. Refiriéndose a Leonardo nos corrige:“Él no murió. Lo mataron”.

La confrontación de Bárcena no es un delito ni una falta. Encarar a una autoridad por algo como lo que sucedió en DIC22 y ENE23 sin tocarla representa un acto de protesta.

Después de estallidos como los que se registraron durante esos meses pasan cosas. Los actos de violencia física directa no solo generan víctimas. Modifican el curso de vida de muchas personas; los familiares de quienes han muerto, los que resultaron heridos, los agentes de seguridad, policías o militares de cualquier grado, no todos los cuales pueden o querrán siempre sostener la negación que ensayan algunos sectores. De inmediato se organizan movimientos y redes de solidaridad. También colectivos negacionistas. Se genera un lenguaje de memoria, que en este caso aterriza en historias de vida, en rostros, en demandas de una justicia que aún no llega, que tarda en llegar. Se generan también discursos de odio, discursos que intentan justificar los crímenes cometidos, mantenerlos impunes.

Después de la escena de los dulces de azúcar, el 21ENE ‘La Resistencia’ atacó la muestra De qué color son tus muertos, un ejercicio fotográfico en el que un grupo de actores y personalidades de la comunicación aceptaron representar en imágenes a las víctimas de DIC22 y ENE23. Los atacaron cuando los deudos y los activistas de la muestra iban a reunirse. Arrancaron fotos de la pared, como quien intenta arrancar de la vida un pedazo de memoria.

Las Fiscalías, ahora en reforma, deberían armar un equipo especial que investigue lo que representan estas agrupaciones antes que la violencia que despliegan termine de desbocarse.

Hablamos sobre una violencia que nos impregna.

Debemos contenerla.

Seguridad y ciudadanía

Publicado en El Comercio el 15/01/2023

Las economías criminales

El tráfico ilegal de oro, madera, tierras, personas y el largo etcétera con el que cohabitamos está generando una enorme demanda de servicios y negocios violentos. Además del resguardo privado, hablamos de secuestros, extorsiones e incluso la eliminación física de personas.

En las zonas de influencia minera la disputa por el control de zonas de extracción ha llegado al socavón, como muestra la masacre de Pataz. En Tarapoto hoy mismo hay 20 comuneros de origen kichwa refugiados después del asesinato del apu Quinto Inuma, uno de los ya casi 40 defensores de la tierra que han muerto en manos de traficantes. En zonas como La Pampa, en Madre de Dios, donde se ha identificado casi 600 dragas de extracción clandestina de oro operando, las víctimas de crímenes violentos ni siquiera se cuentan.

En estas condiciones es imposible pretender que tengamos “una” crisis de seguridad. Tenemos muchas crisis consolidadas hace ya bastante tiempo y otras varias en formación y plena expansión. Por eso hablar de seguridad entre nosotros no supone “un” plan, sino una malla de planes convergentes que deben tener como eje central la protección de la ciudadanía, urbana y rural, no solo la de las ciudades, y principalmente no solo la de Lima.

La cuestión sobre la seguridad es solo un aspecto de la enorme lista de problemas que caracteriza a nuestro país: el sentido de la ciudadanía; las relaciones entre las personas y comunidades con las autoridades; la permanente ausencia del Estado y esa incapacidad que estamos cultivando para desarticular instituciones, para profundizar su incapacidad operativa.

La inseguridad en que vivimos es un subproducto de ese Estado de escaso alcance y del peso que tienen las economías ilegales en las áreas en que su ausencia deja casi todo en el vacío. El vacío de autoridad que predomina entre nosotros es un terreno fértil para mafias armadas que pueden encontrar aquí clientes, márgenes altos de ganancia, oportunidades de lavado y bajos riesgos de interdicción policial.

La justicia

Los tribunales tienen aquí un papel fundamental. De ellos depende nuestra percepción de lo justo conforme a ley y de las penas como consecuencia del delito. Sin embargo, un sistema que pierde capacidad de imponer castigos efectivos por falta de espacio (tenemos casi 100.000 personas en prisiones diseñadas para 45.000) o que no puede vigilar a casi a nadie porque no tiene tobilleras electrónicas, pierde incidencia. Un sistema que promueve la impunidad de determinadas formas de violencia alimenta otras.

Un sistema que se concentra en asuntos inviables o de escaso rendimiento institucional depreda sus recursos.

La justicia es un recurso escaso. Por cada caso que llega a los tribunales, uno queda fuera. La persecución penal debe administrarse y la Constitución ha entregado esa administración a las Fiscalías, que eligen qué perseguir, cuándo hacerlo y con cuántos recursos debe procederse. De eso trata la política de persecución del delito, que las Fiscalías tienen a su cargo.

La responsabilidad es enorme. Y ella explica por qué las leyes hacen depender la investigación policial del delito de las directrices que deben impartir las Fiscalías. La fiscal Barreto pudo, en su día, pedir que se organice el equipo especial que investigó a Pedro Castillo porque esa responsabilidad existe. Estas relaciones requieren ajustes, como tantas otras que se desarrollan al interior del Estado. Pero esos ajustes deben estar dirigidos a profundizar la cooperación dentro del sistema, no a convertirlo en coto de caza o en área de disputa, como lo puede convertir una reciente reforma impulsada por el Gobierno en esta materia.

En este marco, el que conforman justicia y seguridad, el mensaje más claro que recibe la ciudadanía proviene del retraso; de la enorme cantidad de tiempo que toma obtener una condena que ponga en prisión a los autores de un hecho violento. El sistema legal ha ideado frente a esos asuntos, procedimientos rápidos para casos descubiertos en flagrancia. Pero la represión de crímenes en flagrancia solo es posible si sus autores son intervenidos mientras están cometiendo el delito. De poco sirve una cámara de seguridad instalada en una peluquería o en las vías públicas si frente a los monitores no hay alguien que pueda movilizar de inmediato un escuadrón de intervención rápida capacitado para tomar el control de la escena del crimen.

Aquí el esfuerzo que están haciendo algunas autoridades locales por enlazar los equipos de serenos con las comisarías debe resaltarse. Pero en Lima Surco o San Isidro siempre podrán alcanzar mejores resultados de coordinación que los que se logra en las zonas más pobres de Lima Norte o en los distritos de Andahuaylas.

Sin un fondo que permita nivelar esfuerzos más que resolver problemas de seguridad aquí podemos terminar profundizando desigualdades explosivas.

La protección a personas

No solemos hacer esta asociación en nuestro medio, pero la seguridad no es un asunto que dependa solo de castigar culpables. Es también, y antes que eso, una cuestión que depende de nuestra capacidad para proteger personas.

Proteger personas es algo que solo se logra poniendo a disposición de las víctimas de violencia y los testigos de hechos de violencia mecanismos públicos de protección y soporte. Supone que esos mecanismos tengan rostro humano y presupuestos públicos que los hagan sostenibles. Se trata de mecanismos que deben poder expandirse a favor de quienes están bajo amenaza o expuestos a ataques y que estén reforzados por una política de comunicación que multiplique su impacto y alcance.

Nosotros no tenemos un sistema de protección que satisfaga estos requisitos. Prácticamente no tenemos ninguno. Tenemos órdenes judiciales de restricción y alejamiento que están a disposición de mujeres expuestas a casos por violencia familiar o sexual. Tenemos Fiscalías para casos por trata de personas que hacen enormes esfuerzos por rescatar víctimas esclavizadas. Los escasos recursos que dedica el Estado a proteger niños y mujeres expuestas a violencia y al tráfico de personas son exiguos. Tienen muy escaso alcance. Y casi no existen fuera de determinadas ciudades. No tienen ninguna aplicación para personas que una mañana reciben un sobre con una carta extensiva, una foto de sus hijos saliendo del colegio o una bala.

Colofón

Estamos expuestos. Pensar en seguridad como si fuera un problema aislado de nuestro entorno es absurdo. Planear acciones sin considerar lo que nos falta es alentar fantasías ineficientes.

Volvemos al punto de origen. Como ocurre casi en todo lo que vale la pena discutir entre nosotros, pensar en seguridad es también pensar en ciudadanía.

De nuevo, sobre la justicia

La semana que termina, el Gobierno ha convocado al Consejo para la Reforma de la Justicia. El Consejo es una mesa que se estableció en 2019, luego del escándalo que representaron los CNM audios. En teoría, el Consejo debería haber sido una mesa permanente de coordinación sobre políticas relacionadas con los tribunales, las fiscalías y las cárceles. Los objetivos: proteger personas, reparar daños, asegurar que las obligaciones se cumplan y sancionar a quienes infringen la ley. Sobre estas cosas trata la justicia. Pero la mesa quedó inactiva, como tantas otras cosas, en tiempos de Castillo. Simplemente no se reunió más.

Se retoma ahora, con un Gobierno y un TC enredados en el desacato a la Corte IDH del caso Fujimori. Se le convoca a días de que el Gobierno decidiera usar las facultades legislativas que le dio el Congreso para crear tensiones innecesarias entre policías y fiscales en torno a las competencias que comparten para investigar delitos. Se le retoma en un ambiente marcado por las muertes impuestas durante las protestas de DIC22 y ENE23 y por las secuelas del caso Benavides; con un presidente del Congreso que hace muy poco impulsó una ley sobre prescripciones en su propio beneficio; con una extensa lista de congresistas bajo investigación fiscal y una mayoría en el Congreso que mantiene en ebullición el reciente intento por intervenir la JNJ.

El ruido se siente y es imposible no tomarlo en cuenta.

Pero aún así es mejor reinstalar el Consejo que mantenerlo fuera de la escena. Una mesa de debates públicos sobre la justicia representa una oportunidad, incluso en las enmarañadas condiciones en que estamos viviendo. Es que fuera de las grandes controversias que ocupan las primeras planas de los diarios hay una lista enorme de cosas vinculadas a la justicia sobre las que necesitamos respuestas, cosas que se refieren a nuestros derechos cotidianos.

La justicia no es solo una cuestión de grandes titulares. También es un espacio en el que deberían estarse resolviendo las disputas que se generan en los lugares en que vivimos. Es el espacio en que deben administrarse los recursos con los que debemos contar para proteger a mujeres, niños, ancianos y minorías expuestas; el espacio en que deberían discutirse las consecuencias de incumplir obligaciones y deberes o de violar la ley. La justicia se define en base a las relaciones directas que hemos perdido entre ciudadanos, policías, fiscales y jueces, a los que ahora apenas conocemos en persona. La justicia es o debería ser parte del tejido en que se construye la ciudadanía, parte de la infraestructura institucional que debemos reconstruir.

Es ahí, en el espacio en que vivimos, donde debemos instalar la cuestión sobre la justicia.

En un contexto de baja representación como el nuestro resulta imprescindible acompañar el proceso desde los espacios colectivos que la sociedad mantiene abiertos: universidades, gremios empresariales y comunitarios, sindicatos, asociaciones barriales y regionales. Si las autoridades van a hablar sobre justicia, entonces nosotros debemos hablar también: Tenemos cerca o somos personas que necesitan protección; celebramos a diario transacciones y no todas se cumplen; vivimos en barrios o zonas rurales en las que se viola la ley sin consecuencias; no conoceremos a nuestros jueces, a nuestros fiscales y a veces ni siquiera a nuestros comisarios. Nos sentimos expuestos y no siempre tenemos cerca a una autoridad a la que podamos reclamar confiando en que obtendremos algo que nos sirva a tiempo.

La justicia es un espacio que nos falta. Uno que tenemos que aprender a construir en lo cotidiano. En nuestra forma de abordar la vida en común.

De esto hablamos cuando hablamos de justicia.

La levedad de nuestra memoria

Publicado en El Comercio el 24/12/2023

El equipo que ha desmontado el aparato de influencias de la fiscal Benavides es el mismo que desmontó hace solo un año la red de corrupción de Pedro Castillo. Recordar eso debería haber bastado para que determinados sectores de nuestro colectivo político tomaran las cosas de otra manera. La fiscal Benavides, por ejemplo, podría haber hecho por sí misma lo que tantas veces se le pidió hacer a Castillo; apartarse del puesto mientras se despliegan las investigaciones sobre su entorno. Una renuncia oportuna, un “hacer lo que antes dijimos que debía hacer el otro”, nos habría ahorrado la pesada carga que nos está dejando esta crisis sobre los hombros. Nos habría permitido además registrar una señal de consistencia que ahora extrañamos.

No tiene sentido pretender que una regla jurídica, política o moral existe si no somos capaces de sostenerla cuando sus consecuencias dejan de estar emparejadas con nuestras preferencias subjetivas.

Pasemos las cosas en limpio. Nadie ha destituido a Patricia Benavides. Nadie la ha condenado como culpable de los delitos que ahora está revelando el señor Villanueva, su principal asesor, su operador político. Suspenderle ha sido necesario porque le tocaba renunciar y no quiso hacerlo. Y le tocaba renunciar porque la fiscal de la Nación no debe seguir en el puesto mientras se investiga a su entorno.

A Castillo le habría ido menos mal si hubiera renunciado en lugar de ensayar un golpe de Estado que, visto en perspectiva, parece más bien una pésima coartada narrativa para justificar la fuga que intentó y no pudo perpetrar. Castillo no quiso irse del cargo a tiempo y multiplicó el tamaño de la crisis que lo condujo a prisión. Haciendo un bucle impresionante, la señora Benavides removió a la fiscal Barreto como Castillo quiso remover a Harvey Colchado, y una mayoría en el Congreso intenta aún cerrar la JNJ como Castillo quiso cerrar el Congreso y la Fiscalía.

Y en paralelo los defensores de la señora Benavides repiten fórmulas que ya vimos adoptar a los defensores de Castillo: “el caso está sostenido solo por medios parcializados”, “los dichos de los delatores son solo dichos”, “no hay pruebas que respalden los cargos”, “el procedimiento está viciado”. En sus ideaciones personales, Castillo cree que debe volver a la Presidencia y la señora Benavides cree que debe volver a la Fiscalía de la Nación. Ninguno nota, tampoco quienes les respaldan, que una magistratura no se sostiene con base en ideaciones personales o acrobacias legales. Se sostiene en un factor que parece estar cada vez más ausente en la escena: la legitimidad, esa condición que se construye generando mallas de relaciones transparentes basadas en acuerdos sobre asuntos de interés público.

La exhibición del desaprendizaje impresiona.

Sin embargo, lo más amargo del sabor que está dejando esta crisis está en la forma en que exhibe la levedad que ha adquirido nuestra memoria.

La cuestión es seria. Resulta que la justicia, otra construcción que parece irse borrando de nuestra escena, supone la formación de memorias colectivas. Se construye sobre ellas. Los tribunales son justos si toman decisiones basadas en la jurisprudencia, que es la memoria del sistema legal. Las expectativas sobre la justicia se construyen en función de historias de vida o de casos legales ya concluidos. La legitimidad de los jueces proviene de que sepamos quiénes son, es decir, quiénes han sido. El castigo funciona porque lo recordamos. Difícil entonces aspirar a un mínimo de justicia si no somos capaces de organizar nuestras memorias como referencia para elegir lo que decimos y definir lo que esperamos. La justicia es imposible sin acumular memorias colectivas.

Y eso es algo que no estamos haciendo.

Doblar la apuesta

Publicado en La República el 10/12/2023

Los hechos muestran que la idea original era cercar al sistema entero con una orden nueva de la justicia constitucional que reeditara el indulto sin dejar espacio para ninguna interferencia de los jueces de ejecución penal, que lo anularon en el 2018 y le han mantenido en prisión bajo la suspensión de efectos del indulto establecida finalmente por la Corte IDH en abril de 2020. La Fiscalía, entrampada como está en la peor crisis interna de estos años, no tiene papel que jugar en esta historia. Cercar a un Gobierno que vive cercado debe haber parecido sencillo.

Pero había prisa. El caso debía producir consecuencias antes que la Corte IDH pudiera reaccionar. Una vez liberado, con 85 años y la salud deteriorada, volver a ponerlo en prisión sería más difícil. El forcejeo y el apresuramiento quedaron en evidencia por los errores cometidos en un proceso que fue desarrollado a velocidad de vértigo. Nadie anticipó que el juez Fernández Tapia, en Ica, rechazaría la instrucción que tres integrantes del TC le impartieron públicamente. Alguien olvidó que las decisiones del Pleno del TC deben ejecutarse por el propio Pleno, el tribunal que dictó la sentencia, no por una mayoría. Y alguien olvidó también que antes de ordenar libertades los tribunales deben registrarse en el INPE.

Al final los errores abrieron el espacio que se quería evitar: la Corte IDH (presidencia) alcanzó a ordenar la suspensión del procedimiento el mismo DIC05. A partir de ese momento, el control del desenlace pasó a manos de un Gobierno que, al comenzar la historia, no tenía más papel que el de un simple espectador circunstancial de la escena.

La noche de DIC05 el Gobierno estaba en perfecta posición para llevar la historia a un final distinto. Bastaba con registrar la notificación de la orden de suspensión de la Corte IDH (presidencia) para parar las imprentas y cambiar los titulares. De hecho, la última resolución del caso era esa, la de la Corte IDH, no la de los magistrados del TC.

Entonces el Gobierno decidió jugar el juego del desacato. El argumento sobre la supuesta falta de fuerza vinculante de las decisiones de ejecución de la Corte ha sido escrito para cierta parte de la tribuna. Pero no está en el arsenal de razones que pueden explicar por qué alguien como Alberto Otárola, que se formó con Enrique Bernales, un experto en DDHH, elige esa ruta. Imposible dejar de notar que el Congreso tiene que tomar una decisión sobre la denuncia que le relaciona con las muertes de diciembre del año pasado y enero del presente. Entonces eligió el desacato y tomó por rehén al rey de las piezas naranja del tablero.

El siguiente round de esta pelea puede mostrar una aparente danza de guantes blancos entre el fujimorismo y el Gobierno. Esa danza podrá sostenerse mientras se organizan posiciones para la audiencia sobre el desacato que convocará en cualquier momento la Corte IDH. Pero después de la audiencia las cosas pueden dar una nueva voltereta. Defender un desacato ante la Corte a la que se ha desobedecido es imposible. Representa una derrota anticipada. Si el fujimorismo quiere mantener libre a su fundador necesitará más que la inmolación del abogado que, a nombre del Estado, pondrá la cara al papelón que viene.

Doblar la apuesta. Carmen Mc Evoy usa esa construcción para describir la mecánica absorbente de las guerras civiles, en las que se arriesga todo. La libertad de Alberto Fujimori obligará al fujimorismo a doblar la apuesta. Lo que no queda claro aún es qué se pondrá esta vez sobre la mesa.   

El péndulo del capricho

Publicado en La República el 12/11/23

La suspensión que las fiscalías acaban de imponer al fiscal Vela representa un portazo. Es alejarlo del cargo por 8 meses. Son los 8 meses en los que se definirá el final de uno de los juicios más difíciles de esta saga, el que se sigue contra Ollanta Humala y su entorno. Son además los 8 meses en los que debe empezar el juicio contra Keiko Fujimori y otros, un caso aún más complejo que el primero. Son 8 meses clave para estos dos casos. Pero son además los 8 meses en los que deben definirse las condiciones en que se desarrollará el que debería ser el último periodo del complejo proceso anticorrupción que Vela inició en julio de 2018, cuando tomó la dirección de los casos Odebrecht.

Ese último periodo debe empezar cuando terminen estos juicios. La suspensión es entonces absolutamente inoportuna, salvo que la Fiscalía haya decidido obsequiarle ventajas injustificadas a la defensa. Desarmar el equipo en un momento clave como este representa una abdicación. Es como cambiar de piloto a mitad de una curva acelerada. No hay manera de encontrar en esto una decisión útil para la lucha anticorrupción. Le sirve a la defensa. Encuentro eso indiscutible y sumamente grave.

Pero además esta suspensión contiene un detalle adicional. Tiene la forma de un capricho. Nadie podrá convencerme de que una declaración pública hecha hace años sobre un caso en particular puede justificar que se castigue a un fiscal; menos a uno que tiene un encargo tan delicado como el que tiene Rafael Vela. Castigarlo de esta manera por haber criticado un fallo judicial en un caso en el que trabajó su equipo es un acto de censura. Y la censura es intolerable en magistraturas autónomas como las que se encargan de perseguir delitos.

Solo por haber aprobado esta suspensión, su autor, el señor Fernández Jerí, debería ser removido del cargo de inmediato.

La cuestión es que por simple capricho se procedió ya contra la fiscal Ávalos, inhabilitada por el Congreso. También por capricho el Congreso intenta intervenir a la JNJ. Y por un capricho el Minjus ha suspendido al procurador Soria. El capricho ya no parece ser solo resultado de un exabrupto que podríamos corregir con un amparo. Se está convirtiendo en un procedimiento de uso frecuente que releva algo muy grave: La instalación de un dispositivo que confirma el poder de quien lo usa exhibiendo deliberadamente la falta de fundamentos de sus decisiones.

En teoría una decisión pública debe fundamentarse; debe ser el resultado de un proceso reflexivo que se hace legítimo por la manera en que se conecta con buenas razones. Las decisiones que se imponen sin apoyarse en verdaderos fundamentos contienen un mensaje perverso. Muestran que su autor no quiere mostrarse como una autoridad legítima, sino como un personaje con poder y punto. Quien toma decisiones como estas elige asuntos banales como una declaración antigua solo para que quede claro que hace lo que hace porque quiere hacerlo, no por que esté cumpliendo con algún deber o alguna regla o intentando alcanzar un objetivo de interés público. Hablamos de decisiones privadas disfrazadas de públicas.

Imposible dejar de notar que cuando se consolidan, las maquinarias basadas en el capricho no se detienen, se expanden, mutan de dirección sin que haya control alguno que pueda detenerlas. Ayer fue la fiscal Ávalos, hoy es el fiscal Vela, mañana puede ser el presidente del BCR o el contralor general o el superintendente de Banca y Seguros; cualquiera.

Si aceptamos lo que está ocurriendo ahora dejaremos que ese dispositivo termine de instalarse entre nosotros. Permitirlo nos expone irremediablemente. También a quienes ahora mismo están aplaudiendo la suspensión.

El capricho se comporta como un péndulo. Uno que necesitamos detener con urgencia, antes que termine devorándonos.

Punto de inflexión

Como van las cosas, el caso de la JNJ puede terminar marcando el borde que define lo que el Congreso no puede hacer.

En la semana que termina, el caso ha llegado a lo que parece ser un punto de no retorno. El Pleno fue convocado para votar el informe por la destitución de quienes integran la JNJ. La JNJ optó por pedir protección judicial. La razón: un caso ambiguo (por decir lo menos) como el que ensaya el Congreso necesitaría una ley previa para proceder y esa ley no existe.

La destitución del CNM, acordada a mediados de 2018, se basaba en delitos y los delitos están listados en el Código Penal. En el caso de la JNJ, el Congreso pretende probar faltas que no aparecen en ninguna ley previa y esa razón basta para inhabilitar cualquier procedimiento.

El Judicial concedió la protección solicitada y mandó dejar en suspenso los cargos. El Congreso pidió la intervención de la Fiscalía y la Fiscalía no tuvo mejor idea que abrir una investigación penal contra los jueces que emitieron la orden. Enorme error. Los jueces tienen una protección constitucional reforzada que está expresamente consagrada en la Constitución (artículo 139.2). Por este camino, la Fiscalía ha terminado perpetrando una infracción a la Constitución que le pasará factura en algún momento.

El miércoles el Congreso anunció que apelará la orden judicial que detuvo el proceso contra la JNJ. Pero esa apelación debe ser resuelta por la Corte Suprema. Una Corte cuyo presidente puso públicamente en ridículo a la Comisión de Justicia del Congreso hace muy poco por este mismo caso. En el origen de esta historia el Congreso quería destituir a la JNJ porque un medio, Willax, sostuvo que tres de sus miembros intentaron presionar al Judicial para que publique un comunicado sobre el caso Ávalos.

Nadie le había preguntado a nadie si esto era cierto o no. Llamado a declarar, el presidente del Judicial negó las presiones y llamó la atención al Congreso por basarse en un “chisme”. Esta parte de la historia quedó hecha cenizas.

Quizá notando el bucle, la Procuraduría del Congreso le ha pedido al Tribunal Constitucional que la rescate de este entuerto. La coartada: una sentencia sobre límites impuestos al Judicial que el TC emitió en febrero de 2023. Pero aquí el error es evidente. En febrero de 2023 el caso contra la JNJ no había comenzado.

La sentencia no menciona el caso y era imposible que lo hiciera porque no existía. No imagino al TC estirando la sentencia para sacar al Congreso del fiasco. Tendrían que declarar que ella dice lo que no tenía cómo decir. Y eso, falsear el contenido de sus propios fallos, es algo que el TC no ha hecho hasta ahora.
Sin salidas aparentes, el caso del Congreso contra la JNJ navega por mares semejantes a los que llevaron a nada las investigaciones sobre el falso caso del fraude en mesa y el caso sobre traición a la patria que intentaron contra Castillo.

A diferencia de lo que ocurre con las leyes, donde andan todavía desatados, el Congreso quedaría confrontado por tercera vez con su incapacidad de armar casos legales desde el simple capricho.
Aun así, el caso ha tenido un efecto paralizante sobre las tareas que la JNJ debería estar cumpliendo. Difícil aceptar que las escasas energías institucionales que tenemos acaben desviadas de sus propósitos constitucionales por banalidades como las que parecen inspirar el comportamiento del Congreso en esta historia. El daño ha sido hecho, aunque el límite haya quedado expuesto.

El caso de la JNJ trata sobre nuestros votos. Pero ahora trata también sobre nuestra necesidad de contar con tribunales que nos protejan y se hagan respetar en esa tarea.

Necesitamos esos tribunales. No podemos perderlos.

El acoso a las instituciones debe detenerse.

La suspensión del caso JNJ y desacato parlamentario

 El día de ayer el judicial ordenó al Congreso suspender el proceso de destitución contra los miembros de la JNJ. Por la noche, la junta de portavoces del Congreso publicó un comunicado rechazando la decisión y pretendiendo que la sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de febrero de 2023 dictada a su pedido contra el Poder Judicial impedía al juez a cargo del caso JNJ limitar sus funciones.

Error. La sentencia de 23 de febrero de 2023 se autolimita a los casos de competencia exclusiva del Congreso que no afecten derechos individuales. Y en este caso, el de la JNJ, el Congreso estaba desplegando un proceso basado en imputaciones personales directas por una infracción, la llamada “falta grave”.

El auto cautelar que detiene el proceso no paraliza las investigaciones ni la actividad parlamentaria. Pero prohíbe, provisionalmente, hacer imputaciones en casos de este tipo, sin una ley previa que defina en qué casos puede usar la cláusula general sobre faltas graves.

Pero, además de contener un enorme error sobre el alcance del comunicado de 23 de febrero de 2023, con este comunicado, todas las bancadas del pleno se han dado por notificadas del auto que suspende el proceso de destitución de la JNJ. Las bancadas son una entidad de representación colectiva establecida por los propios congresistas. De modo que cuando el presidente les informa que la suspensión existe, les notifica formalmente de ella por canal oficial y, al hacerlo, notifica a todos los representados en la Junta de Portavoces.

En estas condiciones, proceder en contra del auto se ha convertido ahora en un delito flagrante perfecto. De hecho, antes del comunicado, solo el presidente había sido perfectamente notificado. La sentencia del proceso contra el #PJ no les protege en este caso.

Importante notar que en este caso el Poder Judicial no pone en cuestión la competencia del Congreso para proceder. Pone en cuestión la posibilidad de hacerlo sin ley previa contra los magistrados de la #JNJ en un caso que, por cierto, no es auto evidente como era el del CNM audios. Por eso la suspensión está fuera del ámbito de protección que el Tribunal Constitucional le dio al Congreso hace poco contra el Poder Judicial.

La diáspora

Comienza el ciclo de recambio político. Los periodos presidenciales duran cinco años y el actual corre desde que Pedro Castillo asumió la presidencia, no desde que cayó por mano propia en DIC-22. Habrá elecciones a más tardar en JUL-26 y Boluarte no puede cambiar eso. Su fecha máxima de expiración se acerca. Y en el camino la escena está expuesta a cambios.

Que el ciclo termine en JUL-26, que estemos en la segunda mitad del quinquenio, significa que las candidaturas a las elecciones siguientes comenzarán ya a perfilarse. Armar una candidatura no es cosa de un día. Por eso, la mitad del quinquenio marca el inicio del proceso de recambio político. Esto, de hecho, ya ha empezado y podría convertir a la coalición que ahora respalda a Boluarte en diáspora.

Si en algún momento la política, incluso la nuestra, se ve obligada a mirar hacia el futuro, aunque sea el futuro inmediato, el del corto plazo, ese momento es este.

Carlos Melendez me decía hace unos días que la proximidad de las elecciones puede acelerar cualquier proceso político (LR; 25/10/23). El nuestro es uno disruptivo, que se mueve por identidades negativas, por el predominio de los ‘anti’ a los que Carlos se ha referido tantas veces. En este último tramo, los ‘anti’ más influyentes han sido los ‘antirreformas’, los que asumen que cualquier refuerzo a los aparatos de regulación del Estado es ‘caviar’ y por ende debe ser demolido o anatemizado.

La coalición que empieza a resquebrajarse es una antirreformas. Y esta condición va a poner a sus integrantes, en las elecciones que vienen, ante un enorme dilema: ofrecer al electorado soluciones consistentes en asuntos de interés público que inevitablemente requieren reformas, siendo ellos, por definición, antirreformistas.

El primer movimiento en dirección a poner de nuevo sobre la mesa la necesidad de discutir reformas consistentes se ha instalado entre nosotros hace poco, a partir de la demanda de seguridad frente al crimen violento. La coalición en el Gobierno no ha podido ofrecer soluciones convincentes en esta área. Los estados de emergencia en algunas ciudades, la elevación teórica de las penas inaplicables a delitos violentos o la militarización de las calles, lanzados al debate sin planes que puedan ser medidos con base en resultados, representan solo reacciones retóricas impulsivas.

Imposible abordar los problemas de la delincuencia violenta sin introducir reformas en la Policía Nacional, en los cuerpos de serenos, en el sistema de protección a personas expuestas a la violencia y en el sistema penitenciario, para enumerar solo las áreas más urgentes. 

Carlos sostiene que ahora, en la mitad del quinquenio, el eje de la política se está instalando en la recesión. Aquí el dilema se profundiza, porque enfrentar la recesión requiere, entre otras cosas, reforzar los aparatos de regulación del Estado: reformas y políticas públicas consistentes, medibles. Reformas en los sistemas de promoción a la inversión privada y al empleo y protección a sectores vulnerables, para empezar. La coalición ‘antirreformas’ nos pondrá en riesgo extremo si pretende abordar los efectos de la recesión con un discurso retórico como el que ha estrenado en seguridad ciudadana.

No veo cómo los empresarios, grandes, medianos o pequeños, en teoría el público objetivo de la coalición, estén dispuestos a admitir una retórica superficial como está en materia de recesión.

El Gobierno se ha convertido por esfuerzo propio en candidato perfecto para pagar la factura política que generan la falta de seguridad y la recesión. El fujimorismo y las franquicias políticas que integran la coalición necesitarán abandonar el barco en breve.

La coalición, entonces, se convertirá en diáspora.

Entonces toca suspenderla

Hace poco, la señora Amuruz decidió romper el duelo que debía respetar por el deceso de Hernando Guerra García, vicepresidente del Congreso. Lo rompió montando una fiesta. La fiesta terminó con un disparo. Una persona resultó muerta. Su nombre era Christian Enrique Tirado. Tenía 31 años cuando lo mataron. La información registrada en medios indica que no era un invitado, sino un especialista en audiovisuales que fue contratado para registrar el evento.

Estaba trabajando. Uno de los videos difundidos por los medios muestra que fue sacado del local a empujones sin que nadie lo impida. Le dispararon afuera. El autor del crimen fugó. Al cierre de estas líneas, las autoridades han confirmado que fue detenido en Kazán, Rusia. Aún no sabemos si será expulsado o extraditado, pero probablemente será traído de vuelta.

Esta sería una crónica policial si no hubiera una vicepresidenta del Congreso involucrada, lo quiera o no, en el montaje del evento. La señora Amuruz se ha presentado a sí misma como una invitada más. Pero se trataba del cumpleaños de su pareja. No es difícil notar que pudo hacer cancelar la fiesta o no asistir. A pesar del deceso de Guerra García, optó por dejar que el plan continúe y asistió al evento. Le guste o no, esas dos decisiones la involucran en parte en la historia.

El homicidio parece claro. Uno de los videos que se han difundido muestra el crimen como resultado de la horrenda decisión individual de quien disparó. Sin embargo, las condiciones que permitieron su fuga no están tan claras como el crimen. Pedro, hermano del autor del disparo, fue a la delegación policial más cercana al lugar. Mientras tanto, Abel, quien disparó, iba al aeropuerto.

La proximidad en edad y biotipo de ambos hermanos puede haber causado una primera confusión. Pero era simple notar que en la escena del crimen hubo dos Valdivia Montoya y en la delegación solo uno. Habría tomado minutos obtener una orden que impida escapar a quien debía ser llevado ante los tribunales de inmediato. Aquí se abrió una ventana, aún no sabemos si deliberadamente, que permitió al prófugo llegar hasta Kazán, donde fue capturado.

Por otro lado, el disparo se produjo en una fiesta montada en un local de alquiler que no tenía vigilantes. El video muestra que antes del disparo no había en el local nadie con capacidad física para detener lo que aún era una gresca. Montar un evento en estas condiciones inseguras no hace a los promotores autores o cómplices de algo como un disparo.

Pero sí los puede convertir en responsables por los daños producidos. Los deudos de quien muere en estas condiciones merecen una indemnización. Y quien disparó no es el único obligado a pagarla. Los daños también corren a cargo de los organizadores de un evento montado en estas condiciones. Con mayor razón si quién murió estaba trabajando ahí.

Nos equivocamos si pensamos que este asunto se resuelve con la extradición de Montoya Valdivia. Este es un caso que involucra, además del homicidio, una fuga por aclarar y una indemnización por pagar. Las reglas aplicables para cada uno de estos asuntos son distintas. La información puesta ya sobre la mesa puede involucrar a la señora Amuruz en el caso sobre daños civiles. Y las discusiones sobre una indemnización a los deudos deben poder desarrollarse sin que su posición en el Congreso desnivele la mesa de discusiones.

En un entorno institucional mínimamente estable, esta tragedia habría provocado su inmediata renuncia. Ella ha decidido no renunciar. Entonces toca suspenderla en todos los cargos parlamentarios que ostenta hasta que las circunstancias de la fuga y la reparación a las víctimas queden establecidas.

Mínimos morales. Al menos algo de respeto a los deudos.

A puertas cerradas

Entre muchas otras cosas, estamos distorsionando el sentido de nuestros procesos parlamentarios.

Ya sabemos que el Congreso debería representar a la ciudadanía, pero no lo hace; se lo impide esa muy baja conexión con la opinión pública que mantiene. Sabemos que la impunidad instalada dentro del Congreso alimenta esa desconexión. Y sabemos que la prohibición de reelección parlamentaria, un claro error impulsado por el referéndum del 2018, crea una burbuja de nula responsabilidad política que canibaliza el sistema entero. 

Sin embargo, nos falta notar que el deterioro que causa esta espiral hacia abajo en que vivimos se multiplica de manera sensible también cada vez que el Congreso decide precipitar la aprobación de una ley no revisada reflexivamente. Las leyes, para cumplir su función, deben ser expresión de mallas de acuerdos tejidas con personas y colectivos de personas que estén involucradas en los asuntos que se pretende regular.

La ley no puede ser solo un documento escrito en un gabinete; un documento aprobado con cierta contabilidad de votos y punto. Para ser tomada en serio, para sostenerse, una ley tiene que haber involucrado en su gestación a la ciudadanía. La ciudadanía incluye a especialistas de todos los sectores y a usuarios de los sistemas públicos. Pues bien, este Congreso no está involucrando a la ciudadanía en lo que hace.

La autógrafa sobre colaboración eficaz, la ambivalente ley Soto y la reciente ley que autoriza el uso de armas de fuego en espacios cerrados, la llamada “ley de legítima defensa”, constituyen tres casos en los que el Congreso ha intentado o intenta imponer textos aprobados por el Pleno sin haber hecho antes el menor esfuerzo por obtener el respaldo de nadie fuera del hemiciclo.

En estos tres casos, el solipsismo del Congreso ha llegado al extremo de pasar por alto las objeciones que las principales autoridades del sistema al que se intentaba regular, el de justicia penal, hicieron a los proyectos originales. Aprobadas en estas condiciones ninguna de estas leyes expresa el mínimo consenso que necesitan para sostenerse en el tiempo. El resultado: las tres leyes registran o comienzan a registrar problemas de promulgación o aplicación práctica. 

El proyecto de ley de cine que viene promoviendo la señora Tudela padece del mismo defecto. He seguido el debate que se ha iniciado con su publicación y quedo convencido de que si algo falla en ella es la absoluta falta de referencias que exhibe a algún esfuerzo mínimo de consulta y creación de legitimidad previo a su presentación que haya rebasado las puertas de sus oficinas. 

Una ley no funciona como tal cuando la produce un congresista para sí mismo. Pero tampoco funciona cuando intenta justificarse en las acreditaciones académicas de sus autores o en un esfuerzo de redacción desarrollado a puertas cerradas.

La ley no fue creada para ser un vehículo de interés clientelista, pero tampoco para ser un producto determinado académicamente. Si se tratara de eso los Congresos serían elegidos por científicos y doctores, no por la ciudadanía. El Parlamento no es laboratorio de ensayos ni un aula. El Parlamento es un espacio de formación de acuerdos que deben incluir cada vez a más personas, a más colectivos.

La ley no se sostiene porque haya sido aprobada en el Pleno ni porque haya sido publicada en el diario oficial. La ley se sostiene porque es legítima, porque representa a sectores de la ciudadanía, porque se ha llegado a ella tejiendo mallas de acuerdos que nos involucran, como ciudadanía, con cada paquete de normas que se proyecta aprobar.

Ese proceso de legitimación no puede construirse a puertas cerradas. Y el Congreso está cerrando las puertas continuamente.