Sobre un tejado caliente

EL CASO PEDRO CHÁVARRY

EL CASO CHÁVARRY HA PUESTO EN EVIDENCIA NUESTRA URGENTE NECESIDAD DE REFORMAR EL PROCEDIMIENTO QUE CONDUCE A LA DESIGNACIÓN DEL FISCAL DE LA NACIÓN.


El señor Chávarry acaba de cerrar, de la peor manera, una larga lista de desaciertos que comenzó a desplegarse el día que se precipitó a tomar el cargo. Para entonces varias voces le habían pedido retrasar la ceremonia de su investidura para escuchar primero sus explicaciones sobre el sentido de sus conversaciones con el señor Hinostroza, que era entonces presidente de una sala en la Corte Suprema, y hoy espera una decisión final sobre su extradición desde España.

Primero, se negó a ofrecer cualquier explicación. En lugar de poner punto final a esta historia, mintió. Quiso obtener el apoyo incondicional de las juntas superiores de fiscales y no pudo. Se disculpó a medias, pero volvió a la carga en defensa de su asiento cuando la fiscal Castro puso por escrito sus sospechas sobre sus relaciones con el señor Hinostroza. El fujimorismo lo defendió de manera sospechosa aun antes de que la señora Fujimori fuera detenida. Y en lugar de cortar las aguas en defensa de las investigaciones de la fiscalía, decidió emprender la lucha contra el equipo especial a cargo de los casos Odebrecht. Ha querido reemplazar a los señores Vela y Pérez por los señores Almanza y Páucar, pero ambos han declarado que no asumirán el cargo. Así, multiplicando ‘impasses’ generados por su insistencia en sesgarse, el señor Chávarry ha intensificado su propio deterioro de una manera inconcebible. Solo el señor Kuczynski y la señora Fujimori han perdido tanto poder en tan poco tiempo.

Ciclos de deterioro del poder como este deberían desembocar siempre en el retiro prudente de quien comienza a errar. Pero ocurrió que el señor Chávarry decidió al comienzo de este período de caída libre no renunciar al cargo. Decidió aferrarse a él empleando las llaves formales que lo atornillaron al puesto. Con las reglas actuales el fiscal de la Nación no podía ser retirado contra su voluntad sin ser propiamente destituido. Para destituirlo se hacía imprescindible romper el cerco que, al menos hasta ahora, había establecido la mayoría del Congreso a su alrededor. Experta en explotar los alambiques del retardo, la mayoría actual habría tenido que entrar en razón o romperse para cancelar el nombramiento del señor Chávarry como magistrado. Un caso criminal absolutamente claro y concluyente al menos en este momento, no existía, no al menos en una versión suficientemente fuerte; pero un caso de infracción a la Constitución, sí.

Entonces el Caso Chávarry ha puesto en evidencia nuestra urgente necesidad de reformar el procedimiento que conduce a la designación del fiscal de la Nación. Parece mentira que no nos hayamos dado cuenta en la transición de principios de siglo que las reglas de la Constitución de 1993 creaban un puesto como este, al que se le encargó la enorme responsabilidad de conducir las políticas públicas de persecución del delito, pero sin someterlo a los rigores de la interpelación a los que están sujetos todos los ministros de Estado, y sin imponerle la imprescindible carga de una presentación anual de políticas y resultados a la que está sujeto el defensor del Pueblo. Parece mentira que no hayamos notado que la Constitución del 93 entregó la elección del fiscal de la Nación a una pequeña junta de 5 magistrados que adquirieron la extraña costumbre de designar a un responsable de políticas públicas por orden de antigüedad. Pero como tantas cosas, esta se nos pasó por delante en la transición de principios de siglo.

En adelante tendremos que modificar íntegramente el diseño constitucional de la Fiscalía de la Nación. Entre tanto, porque las reformas constitucionales no se hacen en días, tendremos que adoptar una acción de urgencia. Alguna. El presidente Vizcarra, voy a entender que reaccionando a la gravedad de la crisis, ha propuesto al Congreso intervenir el Ministerio Público. En lo personal no creo en intervenciones verticales, ni siquiera en estas circunstancias, pero el Congreso sí puede, aunque reconozco que me cuesta pensar que la mayoría decida actuar en positivo, modificar la Junta de Fiscales Supremos: agregarle tres miembros más que, por esta vez, ya que la designación de la Junta Nacional de Justicia requerirá aún de un tiempo adicional, sean elegidos por los presidentes de las juntas superiores de fiscales. Una nueva junta, conformada por una nueva mayoría, puede elegir un nuevo fiscal de la Nación. Uno que no se convierta en obstáculo para iniciar el proceso que se desprende del último referéndum. Uno que no nos ponga permanentemente en un paso atrás de lo avanzado.

Necesitamos estabilidad. El señor Chávarry, en lugar de ofrecernos esa estabilidad, decidió ocupar el lugar del señor Hinostroza en la lista de obstáculos que nos distancian de la meta final: un sistema de justicia y persecución del delito que nos permita sentar bases para una añorada y aparentemente lejana forma más sostenible de impartir justicia.

Publicado en El Comercio el 3 de enero de 2018

Emergencia en el Ministerio Público

Entrevista en Canal N, el 9 de enero de 2019

Entrevista en Canal N, el 2 de enero de 2019

El sesgo unilateral

LAS PUGNAS ENTRE EL FISCAL DE LA NACION Y EL EQUIPO ESPECIAL PARA EL CASO LAVA JATO

LA LEY NO LE CONCEDE AL FISCAL DE LA NACIÓN ATRIBUCIONES PARA FORMAR GRUPOS ESPECIALES PARA QUE LOS UTILICE EN FUNCIÓN A SUS PREFERENCIAS

Hace un año Pedro Pablo Kuczynski era presidente de la República. Enfrentaba la primera crisis de vacancia por el Caso Westfield. Y en el contexto de esa crisis decidió indultar a Alberto Fujimori, en un evidente canje destinado a capturar los votos que pudo reunir a su favor Kenji Fujimori. Un año después, Kuczynski ya no es el presidente. Además, está impedido de salir del país como consecuencia de las investigaciones del Caso Westfield. Kenji Fujimori está fuera del Congreso. Y Alberto Fujimori se mantiene en una clínica en condiciones institucionalmente precarias, mientras espera la decisión final del caso judicial que se le sigue por la anulación de su indulto.

La cadena de errores que condujeron a este infeliz desenlace corresponde a una desviación que se repite con una frecuencia alarmante en nuestro medio. Se trata del “sesgo unilateral”. Este se registra cuando un tomador de decisiones públicas cree que la posición que ocupa es suficiente para optar por la senda que sus preferencias subjetivas sugieren, acomodando el sentido de la ley y de sus propios deberes a ellas.

Cegado por la fascinación que le produce su propio plan, quien se desvía de esta forma suprime arbitrariamente o minimiza todas las demás variables que deberían entrar en la ecuación. Entre ellas está la posibilidad de que la ley tenga alcances que le contradigan. Además de la sensibilidad de los grupos que serán afectados por lo que haga. También las condiciones que marcan su propia debilidad y la debilidad de sus eventuales aliados. Y, por cierto, los efectos corrosivos que las decisiones carentes de fundamento generan en la posición de aquel que las adopta.

En el caso del indulto, Kuczynski pasó por alto el impacto que su decisión tendría en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las reglas de la corte no entraban, ahora es evidente, en su cuadro de preferencias subjetivas. Kuczynski encontró una lectura literalista y simplona de sus facultades constitucionales y eligió pensar que esa lectura debía predominar en el desenlace porque era la que mejor se acomodaba a sus planes.

Sobre esa base, Kuczynski minimizó las lecturas alternativas de las normas, hizo manipular el procedimiento de indulto para adecuarlo a sus prioridades y apremios personales, y eliminó de la ecuación, sin explicación alguna, a los deudos de Barrios Altos y La Cantuta y a los sectores progresistas y de izquierda que lo habían respaldado en las elecciones del 2016 y en la votación contra la primera moción de vacancia apenas días antes de firmar el indulto.

Hay, indudablemente, algo de desprecio a los demás en la forma en la que actúa el que procede sesgado de esta manera. Pero también hay una infinita ceguera. Y la ceguera es la peor consejera imaginable para tomar decisiones que se pretenden sostenibles.

Las enseñanzas que deja el caso de Kuczynski deberían haber sido suficientes para ahorrarnos el costo institucional que nos está imponiendo el sitio que el fiscal de la Nación está montando alrededor del equipo especial anticorrupción que lidera el fiscal Rafael Vela. En las condiciones específicas en las que se está desenvolviendo la coyuntura, no basta que el fiscal de la Nación esté en funciones o que no haya aceptado renunciar al cargo para que pretenda estar en posición de desmontar al equipo más importante de fiscales que tenemos. La ley no le concede al fiscal de la Nación atribuciones para formar y reorganizar grupos especiales de investigación para que las use en función a sus preferencias personales y desmonte los casos que no le gustan. Entonces, si procede conforme a las que parecen ser sus preferencias subjetivas –asumo que no lo hará–, terminará involucrándose él mismo en un acto de obstrucción en el caso de Keiko Fujimori que puede terminar, tarde o temprano, siendo sancionado.

Sea cual sea la decisión de la sala en la apelación de la orden de prisión preventiva de Keiko Fujimori, el caso avanzó ya demasiado para que alguien pretenda detenerlo con una maniobra tan ciega como remover al equipo de fiscales que conduce las investigaciones.

Por cierto, el menú parece ser más agresivo. Aparentemente incluye un ataque frontal al acuerdo de colaboración por medio del que la fiscalía está por recibir una valija de evidencias nuevas provenientes de Brasil. Y además incluye un forzado cambio a las leyes que intenta imponer la mayoría en el Congreso y que, desde cierto punto de vista, permitiría alegar a la defensa que lavar activos en la política solo es delito “a partir de ahora”.

Creer que estas maniobras juntas o separadas frenarán un proceso en pleno desarrollo supone actuar en un nivel de ceguera tan intenso que solo se explica como resultado de la desesperación que provoca un final prácticamente inevitable.

El sesgo unilateral aparece cuando el pánico niebla toda forma de cordura.

Publicado el 24 de diciembre en El Comercio

Financiamiento de partidos políticos

Entrevista en Canal N, el 7 de diciembre de 2018

Entrevista en Cuarto Poder, el 9 de diciembre de 2018

Allanamiento abogados

Entrevista en Panamericana, el 21 de noviembre de 2018

Caso Fuerza Popular

Entrevista en Canal N, el 5 de noviembre de 2018

Entrevista en Canal N, el 24 de octubre de 2018

Entrevista en RPP, el 15 de octubre de 2018

Entrevista en Canal N, el 11 de octubre de 2018

Entrevista publicada en La República

LO QUE HA HECHO EL CONGRESO ES PONERLE UN VETO AL MINISTERIO PÚBLICO

¿Qué piensa de la decisión de la Comisión Permanente (CP) de obviar la figura de la organización criminal en el caso de César Hinostroza?

Los casos de organizaciones criminales permiten que la justicia estire su radio de acción. Estos grupos no son clubes, no reparten carnés de membresía, no pagan cuotas y no generan evidencias objetivas de la incorporación de alguien o de su expulsión.

¿Cómo se investigan?

A través de las relaciones entre sus presuntos miembros y del valor que se les atribuye. Cerrar la compuerta para una investigación de este tipo implica prohibirle al Ministerio Público establecer la magnitud real de las relaciones entre César Hinostroza y Walter Ríos.

Sobre todo porque existen indicios muy fuertes de la organización criminal.

La organización existe. Las grabaciones prueban una dimensión de las actividades.

Digo indicios porque la investigación está por hacerse.

Correcto, pero los audios son una muy buena razón para considerar la existencia (de la organización criminal). Lo que falta saber es cuánto se expandió, cuántos delitos cometió.

¿Encuentra explicación a la decisión de la CP?

No. Lo que ha hecho el Congreso es ponerle un veto al Ministerio Público (MP), que tendría que comenzar a juntar todos los elementos para interpretar qué ocurrió. ¿Ríos fue puesto por Hinostroza como una especie de lugarteniente? ¿Hinostroza desarrolló su propia organización? ¿Cómo empezó todo? Eso tiene que responderse. El Congreso está bloqueando esa investigación.

¿Y cuál será la consecuencia para el caso?

Esto nos lleva a un caso diminuto. Solo se podría investigar si las grabaciones que ya existen suponen crímenes de tráfico de influencias o de favorecimiento a particulares. Muy chico para la información con la que se cuenta y la importancia de la crisis, la segunda más importante en 20 años.

¿Solo podrían investigarse los audios que ya existen?

Nada más. El núcleo central, las relaciones alrededor de las grabaciones, quedaría bloqueado. Si aparecieran nuevas pruebas el Congreso tendrá que discutir si se amplía el levantamiento de la inmunidad. Funciona como las extradiciones. El MP solo puede funcionar en los límites impuestos por el Parlamento.

El fujimorismo dice que se ha aceptado investigar a Hinostroza por tres delitos: negociación incompatible, tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

Esos delitos, que son eventos específicos, no permiten indagar sobre el sentido final de las relaciones que Hinostroza pudo tener con Ríos y varios más, entre ellos el señor Gonzalo Chávarry. Se estaría dejando de lado la respuesta a varias preguntas: ¿hasta dónde creció esta red?, ¿a cuántas personas alcanzó?

¿Se quiere proteger al fiscal Chávarry?

No sé si el material recogido permite saber si Chávarry llegó a ser parte de la red, pero es una hipótesis por descartar. Sacar el concepto de organización criminal de la mesa elimina un caso potencial sobre Chávarry, que el propio Ministerio Público ha declarado que desea investigar.

¿O quizás quieren proteger a Héctor Becerril?

En caso se confirme que el señor Becerril, y esto es una especulación, fue una especie de nexo entre el Congreso y la organización. Entonces, hay demasiadas aristas como para decirle “no” al Ministerio Público antes de que las investigaciones tomen forma.

Es curiosa esta posición exageradamente garantista del Congreso, ¿no?

No es ser garantista: esto es bloqueo. Estamos al inicio de la investigación, las grabaciones existen. Si hubiera sospechas sobre mí, sería el primero en pedir que se me levante la inmunidad y se vaya hasta el final. Esto suena a amarrarle las manos a una Fiscalía ya desestructurada para no investigar a una organización criminal cuyos bordes no están establecidos aún. Tomar una decisión así ahora es absolutamente inoportuno.

Sospechoso, en realidad.

Sí, sospechoso más que inoportuno. Inaceptable. Si al final de los juicios un tribunal dijera que no hay prueba suficiente de que Chávarry se vinculó con la organización, pues bien. Habrá que ver.

No parece haber disposición de Fuerza Popular (FP) de revertir la decisión.

Sin embargo, si fuera una mayoría suficientemente fuerte no estaríamos discutiendo el referéndum y la posición de Chávarry sería completamente segura. Sí, FP mantiene la mayoría, se ha cometido una provocación institucional, aunque puede revertirse, como se revirtió el bloqueo de la discusión por el referéndum.

¿Qué debe hacer el Pleno?

Aprobar la separación e inhabilitación de Hinostroza y devolver el caso a la CP para que reconsidere su posición sobre los cargos por integrar o montar una organización criminal.

FP dice, también, que el informe de Oracio Pacori no daba para más. ¿Le parece una respuesta válida?

No, no, es una coartada. La CP no emite sentencia y tampoco estamos al final de un caso. Esto no se trata de controlar la evidencia más allá de toda duda. Además, el informe del señor Pacori, sin ser perfecto, contiene suficientes elementos para justificar el inicio de una investigación. Prohibirle a la Fiscalía investigar sin la llave principal del caso, que son las relaciones de Hinostroza con Ríos y otros, es una mutilación.

¿El caso está en peligro?

Sí, está en peligro. Y puede generar una suerte de efecto multiplicador. La CP le está diciendo al sistema que muchos de los casos que se están desarrollando ahora deben cortarse. El estándar de la prueba para empezar a investigar se ha elevado más allá de lo tolerable. Es absurdo.

Más de un investigado podría alegar que el Congreso le ha dado la razón, digamos.

Claro, podríamos empezar a ver hábeas corpus. Y ahí se pueden empezar a caer los casos, como castillos de naipes. Demasiada irresponsabilidad. Un atolondramiento que, como usted dice, provoca sospechas. Yo espero que cedan. Defenderán su posición, seguro, pero tendrán que ceder.

Es usted un optimista.

Quiero pensar de manera optimista.

Yo creo que hay personas a las que se busca proteger.

Estoy de acuerdo, pero no pueden ganar. 

Publicado en La República el 30 de setiembre de 2018

Caso Metro de Lima

Entrevista en Canal N, el 26 de setiembre de 2018

Entre la cima y el suelo llano

LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE JUECES NO VA A SERVIR SI NO SE MODIFICA EL AMBIENTE EN EL QUE SE DESENVUELVEN LOS TRIBUNALES.

El presidente Martín Vizcarra redefinió los términos de su relación con el fujimorismo llamando a referéndum. Aceleró luego el proceso convirtiendo el llamado en cuestión de confianza. El asunto concluirá cuando se convoque el referéndum. Pero mientras tanto, debe notarse que la velocidad de reacción que ha adquirido el presidente en el manejo de estos temas no se está traduciendo en la puesta en marcha de políticas públicas propiamente tales en materia de justicia. Veo un desfase entre la precisión que se exhibe en la cima de la escena y el relativo vacío que predomina en el suelo llano. Y si este desfase se mantiene, entonces el capital político acumulado en la coyuntura podría agotarse en el momento mismo en que el referéndum anunciado el 28 de julio se concrete.

Las buenas ideas no conforman políticas completas, solo oportunidades que es preciso llenar de contenido.

La reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), estandarte del referéndum, devino en imprescindible porque el daño causado por las grabaciones que involucraban a los consejeros solo podía ser compensado por un cambio fuerte en el nivel más alto del sistema. Sin embargo no existe una relación directa entre los cambios que puedan resultar de la conformación del CNM y la calidad de la justicia que recibe la ciudadanía. La justicia no va a cambiar porque se modifique el procedimiento de elección de jueces. Ocurre al contrario. El procedimiento de elección no va a servir para mucho si no se modifica también el ambiente institucional en el que se desenvuelven los tribunales de justicia.

La calidad del sistema de justicia debe medirse a través de tres indicadores: la capacidad del sistema para proteger a las mujeres y a los grupos vulnerables, su capacidad para lograr que los daños causados por abusos o transgresiones de cualquier tipo sean reparados, y el tiempo que toma castigar los delitos. Si ninguno de estos indicadores se mueve, no podemos afirmar que se haya producido ningún cambio de importancia en el sistema. Y probablemente haya que recordar en este momento que nuestras estadísticas oficiales ni siquiera contienen datos que permitan producir mediciones mínimas del sistema en base a estos indicadores elementales.

Por desgracia, todos los agentes involucrados en la crisis están pensando en el modo en que puede administrarse mejor el sistema judicial que existe. Aparentemente nadie está pensando seriamente en que la reforma del sistema no consiste en que los tribunales operen mejor, sino en que operen de una manera distinta a la que ahora siguen como pauta.

Para que el sistema opere de una manera distinta es preciso modificar el eje de relación que media entre jueces y ciudadanía. El sistema necesita legitimidad y autoridad moral. La legitimidad y la autoridad moral son productos derivados de la confianza, y la confianza no puede construirse sin espacios estables de interacción. Para construir estos espacios necesitamos que los jueces estén instalados ahí donde vivimos, en los municipios, donde aparentemente ni siquiera imaginamos ahora cuánto los necesitamos.

Los jueces deben convertirse en jueces nuestros. Y deben ser inamovibles, de manera que podamos conocerlos, predecir cómo decidirán casos futuros y controlar su actividad a través de la regularidad de sus decisiones y su buen comportamiento en comunidad. Tenemos que abandonar los traslados y las rotaciones, que hacen que no podamos saber si el juez que recibió nuestros casos será quien los resuelva. Y tenemos que eliminar la provisionalidad, que ahora permite que las cortes tengan injerencia sobre la conformación de los tribunales, y puedan conceder puestos y ascensos que el CNM deniega.

¿De qué sirve reformar al CNM si el destino final de los jueces depende de las cortes?

Los tres ejes, municipalización, inamovilidad y erradicación de la provisionalidad, deben expresarse en una reducción drástica del número de jueces de la Corte Suprema. También en la creación o redefinición de espacios judiciales locales, que ahora son invisibles o casi inexistentes. Y deben provocar el reforzamiento de la justicia nacional, que debe seguir a cargo de la criminalidad organizada grave y de la relacionada con la corrupción de alto nivel.

Es preciso recordar que en el mensaje de julio, el presidente ofreció instalar un consejo al que se encargaría la definición de la política judicial de manera estable. Ese consejo no se ha instalado, ni siquiera ha sido convocado. Y hay que recordar, además, que tan importante como la política judicial en este sector es la política de persecución del delito, una línea de definición de la actividad pública que mantenemos en parcial invisibilidad, quizá a consecuencia de los impasses aún irresueltos alrededor de la Fiscalía de la Nación.

Construir sobre el suelo llano, que es el espacio en el que vive la ciudadanía. No solo en la cima. Ahí la consigna.

Publicado en El Comercio el 24 de setiembre de 2018

Caso Chávarry

Entrevista en Canal N, 5 de setiembre de 2018

Entrevista en La República, 3 de setiembre de 2018

Crisis de la Fiscalía de la Nación es, sobre todo, una crisis de moral pública

¿Cómo evalúa la situación de Pedro Chávarry? ¿Cree que aún puede sostenerse a la cabeza del Ministerio Público?

Esta es una crisis innecesaria desde todo punto de vista. No sé si dándose cuenta o no, pero el señor Chávarry ha sustituido a Hinostroza en las condiciones institucionales necesarias para discutir una reforma. Chávarry habría podido evitar esto desde el primer día, creo que bastaba retrasar su asunción de mando hasta que todos estos eventos terminen de ser aclarados.

El informe de los fiscales Pablo Sánchez y Sandra Castro incluye a Pedro Chávarry como presunto integrante de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Esto agrava su situación.

De hecho ese informe agrava toda la coyuntura y la ha hecho gatillar. Creo que es muy importante aclarar las confusiones y para eso hay que tener ciertos esquemas que diferencien las cosas y las pongan en su dimensión. La crisis de la Fiscalía de la Nación es, antes que todo, una crisis de moral pública. Lo que en los hechos está ocurriendo es que no podemos tener al frente de una entidad que administra un recursos público tan importante a una persona que no está dando señales de entender el sentido de la coyuntura, de conectar con lo que la población necesita.

Pero el señor Chávarry podría argumentar que él no es político...

Tiene que serlo. Tiene que ser un personaje con sensibilidad pública, política y moral, porque es el jefe del Ministerio Público. Es una cuestión de moral pública antes que todo. Tiene que definir su posición, no en atención al Código Penal, sino de cara a la ciudadanía y eso es lo que no está ocurriendo.

¿El Congreso tiene la principal responsabilidad de que Chávarry siga en el cargo?

Desde mi punto de vista, el señor Pedro Gonzalo Chávarry tiene la principal responsabilidad. La Junta de Fiscales Supremos tiene la principal responsabilidad sobre si él sigue en el cargo. Si la Junta de Fiscales Supremos se disuelve a sí misma, el señor Chávarry se convierte en un fiscal de la Nación sin junta y no puede gobernar.

¿Qué se necesita para que la Junta de Fiscales Supremos tome una decisión?

Se necesitarían que renuncien tres miembros de la junta. Son cinco miembros, si renuncian tres no hay quórum y la junta no puede instalarse, entonces, desde mi punto de vista, tendría que disolverse, porque se convierte en inviable que gobierne el Ministerio Público sin poder tener un quórum mínimo.

¿Cuál es su impresión sobre los miembros de la Junta de Fiscales?

Quiero pensar que eso es un problema de falta de percepción sobre el sentido de lo público, que es una crisis de incomprensión absoluta sobre lo que significa gobernar una organización como el Ministerio Público. Quiero pensar que esta Junta de Fiscales Supremos, en su mayoría, gobernada por el fiscal de la Nación, no entiende que están gobernando un recurso que nos pertenece a todos y que se sostiene con los impuestos.

Vizcarra ha dicho que podría buscar firmas para que se dé el referéndum en caso el Congreso no lo apruebe.

Recolectar firmas en este momento significa insistir sobre el Congreso. La recolección misma de firmas encierra ya una necesidad de maduración en términos de tiempo, de captación, depuración y presentación que no empata con la necesidad de manejar los tiempos del referéndum si estamos pensando en diciembre de este año. Quiero entender que lo que el presidente ha entendido es que tenemos delante el riesgo de un impasse por el manejo de los tiempos que el Parlamento quiere imponer a las reformas, frente a eso la salida parlamentaria legal posible consiste en simplificar las proposiciones del referéndum.

¿Usted cree que la ‘señora K’ es Miguel Torres, como ahora dice César Hinostroza?

Creo, como ciudadano, que la ‘señora K’ es la señora Keiko Sofía Fujimori y no entiendo por qué es tan difícil reconocer que tuvo alguna reunión con alguien que en ese momento era un juez supremo. Creo que esta acumulación de mentiras tienen un resultado perverso. La instalación de la mentira en la política importa la degradación más fuerte de los términos de moral pública y de diálogo que son posibles. Entonces hay que empaquetar todas estas mentiras y hacer de ellas una especie de punto de quiebre, porque rechazarlas significa regresar a una manera de hablar de política en la que todos nos respetemos. 

Publicado en La República, el 4 de setiembre de 2018.

El juego de las sillas

LA ROTACIÓN DE ALGUNOS CARGOS PÚBLICOS

VOTO POR QUE EL CONEJO QUE INSTALEMOS DESPUÉS DEL REFERÉNDUM RATIFIQUE O INVITE A PASAR AL RETIRO A QUIENES AHORA ESTÁN EN LA CORTE SUPREMA.

No creo posible establecer el momento exacto en el que comenzamos a convertir la política en el juego de las sillas. El juego –si alguien no lo recuerda– consiste en hacer rondas esperando que la música se detenga para entonces dejar en evidencia que hay alguien que no tiene dónde sentarse. El jugador que queda sin asiento se retira. Entonces el juego supone no tener más habilidad que la necesaria para correr, empujar a discreción y retener un asiento que en realidad jamás es nuestro. Nunca entendí qué se supone exactamente que enseña este juego, aparte, claro, de la enorme crueldad que encierra no tener más objetivo que retener alguna silla en el reparto sin importar las consecuencias.

Nuestra historia inmediata muestra que las presidencias pueden convertirse en sillas. Pedro Pablo Kuczynski intentó retener la suya canjeando votos contra llaves de acceso a nuevas clientelas. Pero no es el único caso que muestra presidencias convertidas en sillas. Reviso el cuadro de presidencias de Comisiones del Congreso y observo que casi ningún cargo se repite. Un amigo me informa sobre el origen del extraño fenómeno: “Es que en la mayoría de bancadas las presidencias rotan por turnos”. Aparentemente también para algunas agrupaciones políticas, todos tienen derecho a sentarse en esa silla, al menos por un tiempo.

La Fiscalía de la Nación administra un recurso muy escaso: la persecución del delito. Pero el cargo no se elige con nuestra intervención, directa o indirecta, como se eligen los ministerios. La Fiscalía de la Nación se asigna por costumbre al fiscal supremo más antiguo. Así, todos pueden alguna vez sentarse cómodamente también en esa silla.

“Me toca”. Aparentemente la frase funciona tanto en la fila de un supermercado como en determinados espacios en los que debe asignarse la jefatura o la representación de cuerpos públicos colegiados que –en teoría– deberían organizarse en perspectiva a consideraciones derivadas de políticas públicas.

Repaso las grabaciones del señor Walter Ríos, ahora detenido, pero antes tenedor también de una presidencia en la Corte del Callao. Claramente otra presidencia convertida en una silla. Parece, sin embargo, que el señor Ríos planeaba pararse sobre ella para otear el horizonte. Encuentro en alguna de estas transcripciones la palabra “hegemonía”. En la teoría social, la hegemonía hace referencia al modo en que se establecen y comparten visiones del mundo y de las cosas que articulan la política. Pero en el lenguaje vulgar de las grabaciones, la palabra apenas hace referencia a la formación de mayorías en base a sobornos e intercambios de favores entre redes pervertidas. Una Corte Superior se controla pactando las designaciones con quienes manejan el Consejo Nacional de la Magistratura, que además parece repartir como si fueran prebendas las posiciones en la Corte Suprema y la permanencia de los miembros de la junta de fiscales supremos.

En este instante la música parece haberse detenido. Nadie juega al juego de las sillas. Todos los que han podido hacerlo permanecen sentados, aferrados a asientos que no son suyos. Algunos están perplejos. Otros en franca defensiva. No es absurdo imaginar que ha llegado el momento de retirar todas las sillas de la sala, para que ninguno de los protagonistas de este juego encuentre nunca más dónde sentarse. Pero quizá sea más bien el momento de encender todas las luces, para que todos veamos con precisión absoluta quién es quién y a qué y con quién, deliberada o irresponsablemente, estaba jugando.

Bienaventurado sea el jugador que de propia voluntad se aparte. También el que pueda ponerse de pie y nombrar por su propio nombre a quienes hasta hoy actuaron en tinieblas.

Por mi parte, espero que todos se pongan de pie. No es el momento de retener ninguna silla. Mi voto por que el consejo que debemos instalar después del referéndum ratifique o invite a pasar al retiro, por una sola vez, a quienes ahora están en la Corte Suprema. Mi voto por que la Corte Suprema asuma el desafío de reducirse ella misma y frenar toda movilidad de magistrados y toda designación provisional, para asegurarnos de que no habrá ya más tráfico de posiciones por simple clientelismo. 

Mi voto además por que la junta de fiscales supremos acuerde su propia disolución. Y aunque este no sea un asunto que corresponda al referéndum, mi voto por que el Congreso cree una nueva Junta de Gobierno del Ministerio Público y convierta al fiscal de la Nación en un sujeto elegido y políticamente responsable por la definición de políticas públicas establecidas como tales.

Dar un paso adelante, pedir perdón y comenzar de nuevo. Ponernos todos a disposición de un nuevo sistema de control. Romper colectivamente con quienes nos trajeron hasta aquí. Y también con nosotros mismos. Hacer renuncias y hacerlas inmediatamente. Porque algún precio tendremos que pagar si queremos reinventarnos de alguna manera que sea honesta y sea sostenible.

Públicado en el Comercio el 27 agosto de 2018.

Mensaje a la nación

Anuncios y ausencias del mensaje a la nación de Martín Vizcarra

Tres especialistas analizan el discurso del presidente Martín Vizcarra en el Congreso de la República. El referéndum acaparó la atención en desmedro de propuestas concretas vinculadas a la reforma judicial y políticas públicas.

1. ¿Cómo califica el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra?

Enrique Castillo

Analista político

Ha sido un discurso sorpresivo. Lejos de enfocarse, como se esperaba, en medidas relacionadas a la reforma judicial, decidió girar los reflectores hacia el Congreso con el anuncio de un referéndum vinculado a la reelección parlamentaria, el financiamiento de partidos y la bicameralidad. Ha buscado una lucha entre el Ejecutivo y el Congreso.

Janice Seinfeld

Economista

El mensaje ha sido una larga lista de lo que se ha ido logrando en cada uno de los sectores. Un discurso mediante el cual el presidente ha buscado legitimarse en una ciudadanía que probablemente esté de acuerdo con los referendos, aunque esa no sea, en mi opinión, la mejor opción. Se ha abierto un nuevo eje de incertidumbre.

César Azabache

Abogado penalista

Hay que calificarlo por partes. Es una buena idea esta comisión permanente de reforma judicial. Hay una buena intención de mantener el foco en la lucha anticorrupción y de un sistema de justicia que proteja a las mujeres. Aunque debo confesar que me hubiese gustado que la ciudadanía fuera el eje principal de la reforma de justicia.

2. ¿Qué fue lo más destacable del discurso y cuáles fueron las principales ausencias?

Enrique Castillo

Analista político

​El presidente ha querido que este sea un punto de inflexión en su porcentaje de aprobación ciudadana. Sin embargo, no nos ha planteado medidas concretas. Hizo una declaración de intenciones y un recuento de lo que ya hizo. Uno hubiese esperado una visión de lo que él quiere al bicentenario, pero no la hubo.

Janice Seinfeld

Economista

​Lo que uno se lleva es probablemente el anuncio de un referéndum múltiple. Sin embargo, he extrañado una visión intersectorial para abordar los problemas. No hubo menciones al bicentenario y tampoco al ingreso en la OCDE. Tengo la sensación de que ha faltado una orientación estratégica en el discurso del presidente.

César Azabache

Abogado penalista

​En un momento como este, la tendencia va a ir a apoyar todo lo que sea disruptivo, cuando buscamos consolidar instituciones y no quebrarlas. Las políticas públicas no se ponen en un referéndum, se consensúan. El referéndum múltiple anunciado por el presidente absorbe la atención, pero temo que sea la idea menos reflexionada.

3. ¿Lo dicho en materia de reforma judicial cumplió las expectativas?

Enrique Castillo

Analista político

​El presidente mencionó diez recomendaciones que enriquecerán lo que él planteará, pero en realidad no ha propuesto nada concreto más allá de esta especie de consejo de Estado permanente encargado de la reforma. No quedan claras las recomendaciones de la comisión liderada por Allan Wagner para la reforma de justicia.

Janice Seinfeld

Economista

Me llevo la sensación de que todavía necesitamos poner al ciudadano al frente del sistema, en general. Ya sea desde el sistema de administración de justicia hasta la salud, la educación y la seguridad. En ese sentido, la sensación de no estar protegidos por un Estado fuerte que nos lidere seguirá estando presente.

César Azabache

Abogado penalista

​Debo decir que esa me parece una de las ausencias. No reconozco el tipo de conceptos que los miembros de esa comisión han vertido en ese mensaje a la nación. No encuentro una idea rectora que me diga en qué está pensando el Ejecutivo cuando piensa en la reforma. Más que una lista de ideas, hubiese querido que pusiera un eje.

4. ¿Qué conclusiones se pueden sacar del discurso con miras al bicentenario?

Enrique Castillo

Analista político

​El presidente debía vendernos su visión de país al bicentenario y no lo hizo. Al invocar a un referéndum, está creando un precedente peligroso que puede llevar a que la gente pida una consulta para cambiar la Constitución o disolver el Congreso. Cuando necesitábamos resolver las crisis, abrió un nuevo escenario de discusión que es innecesario.

Janice Seinfeld

Economista

​Esta fue una oportunidad perdida para mencionar cuál era el norte del país hacia el bicentenario. Más que políticas específicas, hubiese querido saber hacia dónde estamos dirigiéndonos en los próximos tres años. Si no vemos cómo responder a esas necesidades, vamos a perder una gran oportunidad con miras al 2021.

César Azabache

Abogado penalista

​Quiero quedarme con que el discurso no cierra el capítulo de definiciones totales. Lo que hace es dejarnos claro que todavía no las tenemos. Entonces, como ciudadanos debemos coger esa oportunidad de impregnar esos contenidos, en algunos casos, insinuados. Este discurso debe ser el punto de partida hacia el bicentenario.

Por Diego Chirinos, publicado en El Comercio el 29 de julio de 2018.

Referéndum planteado por Vizcarra causaría nueva polarización

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El analista político Enrique Castillo, el ex procurador anticorrupción César Azabache y la economista Janice Seinfeld coincidieron en criticar el referéndum planteado por el presidente Martín Vizcarra respecto a cuatro temas durante su mensaje a la nación por Fiestas Patrias.

Durante una transmisión en vivo a través de la página de Facebook de El Comercio, los especialistas coincidieron en señalar que el planteamiento de un referéndum cambia el foco de discusión sobre la coyuntura actual y generará un nuevo espacio de polarización a nivel político.

Como se ha informado, el jefe de Estado sostuvo que la consulta popular se refiere a: reforma judicial, reelección de congresistas, financiamiento privado de los partidos políticos y las campañas electorales, y la bicameralidad.

Para Seinfeld, la discusión sobre el referéndum “es abrir un eje más de polarización y de incertidumbre” a nivel político, lo que podría afectar a las inversiones en el país en un momento en el que hay crisis abiertas.

“Hay una molestia ciudadana en relación al Congreso, pero que no se resuelve definiendo si los congresistas tienen o no que ser reelectos. Necesitamos tener una carrera política, una profesionalización, un servicio público más profesionalizado. E ir contra la reelección va en contra de eso […] Está buscando el apoyo ciudadano, pero en temas que siento que se deja de lado el liderazgo que debería de tener el presidente y el Legislativo en estos temas”, sostuvo.

De acuerdo a Castillo, la prioridad del debate público ahora pasará a ser principalmente sobre la reelección de congresistas y no referida a la reforma del sistema de justicia u otros sectores. A su juicio, la población no tiene el suficiente conocimiento para pronunciarse sobre ese tema técnico y jurídico. Además, advirtió que podrían aparecer voces que planteen que se someta a referéndum también otras problemáticas.

“Su referencia al referéndum lo que hace es plantear ya un enfrentamiento abierto con el Congreso […] En un momento en el cual necesitamos solucionar las crisis, reformar el país en diversos sectores, estamos abriendo un nuevo escenario de discusión y enfrentamiento que, en este momento, era innecesario”, sostuvo.

A su turno, Azabache consideró que el referéndum planteado por Vizcarra es politemático, por lo que lo vio inviable. A su juicio, el jefe de Estado debería reflexionar más sobre el tema, puesto que además se podría dar una polarización “en un momento en el que deberíamos centrar la agenda institucional, abordarla intensamente y resolverla”.

“Hay temas metidos en esta suerte de idea plural de referéndum que no son posibles de discutir con un mecanismo de ese tipo. ¿Qué discutimos en financiamiento de los partidos políticos, la cantidad de UIT tope que se van a poner en el financiamiento privado? […] ¿Qué vamos a discutir sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, quienes son las entidades que pueden designar representantes? Los referéndum son herramientas que requieren preguntas de sí y no. Y por definición están contraindicados para agendas múltiples”, opinó.

Publicado en El Comercio el 29 de julio de 2018.

Para reformar la justicia

ACERCANDO AL CIUDADANO AL SISTEMA JUDICIAL

¿NO TENEMOS ACASO DERECHO, COMO CIUDADANOS, A TENER LO MÁS CERCA POSIBLE UN JUEZ CON ROSTRO, NOMBRE Y APELLIDO?

No podemos comenzar los debates sobre la reforma sin cerrar el proceso de retiro de quienes han sido alcanzados por la crisis de las grabaciones. El señor Hinostroza sigue siendo juez supremo, aunque esté suspendido. El juez decano de la Suprema tiene ahora la palabra. Antes de elegir un nuevo presidente de la corte, el decano debe hacer que Hinostroza acoja la invitación a renunciar que ya le hizo el pleno.

El fiscal de la Nación, luego de asumir de manera innecesariamente ruda el cargo (pudo aclarar antes el contenido de sus conversaciones con Hinostroza ante la Junta de Fiscales Supremos), ha tenido la gran idea de concentrar a las fiscalías del Caso Odebrecht en un solo equipo. Falta, sin embargo, una señal que nos termine de convencer de que se mantendrá dentro y no fuera del clima de reforma que debe consolidarse entre nosotros. 

Resueltas estas cosas, tocará discutir los fundamentos de la política judicial.

Entre todas las ideas puestas sobre la mesa, encuentro tres movimientos urgentes que debemos encarar si queremos iniciar un proceso de refundación del sistema judicial que merezca ser tomado en serio. El primero consiste en reducir la Corte Suprema, renunciando a toda designación provisional y prohibir regresar a lo mismo en el futuro. El segundo consiste en suprimir la rotación de juezas y jueces que ahora se hace año a año y durante el año, porque el cambio permanente de rostros en el judicial nos impide saber quién estará al frente de cada juzgado o sala la semana, el mes o el año que viene. El tercer movimiento consiste en reubicar los juzgados de primera instancia de manera que estén lo más cerca posible de los lugares en que vivimos, en nuestros distritos. 

De los tres, este último me parece imprescindible. 

Es muy sencillo. Usted que me lee sabe sin duda dónde está la comisaría más cercana al lugar en que vive. Sabe a qué centro de salud debe ir si lo necesita. Sabe probablemente quién es su alcalde. ¿Pero sabe quién es el juez al que debe acudir si necesita protección, si le han causado un daño que requiere ser reparado o si alguien ha cometido en su agravio un delito? ¿No tenemos acaso derecho, como ciudadanos, a tener lo más cerca posible un juez con rostro, nombre y apellido, al que podamos pedir protección, reparación o castigo? ¿No se trata también de eso el fundamento del Estado? Si no tenemos ni siquiera eso, ¿de qué sistema judicial queremos hablar? 

El tipo de responsabilidad y compromiso que buscamos en la judicatura es imposible de lograr si juezas y jueces no se vuelven visibles para la ciudadanía. 

Necesitamos, por supuesto, salas nacionales y equipos de fiscales especializados para los grandes crímenes y para los grandes casos legales. Pero junto a las salas nacionales necesitamos también un sistema sencillo, liviano y accesible que nos permita reconocer en la justicia un espacio abierto de formación de reglas sobre lo justo cotidiano. Si queremos implantar la justicia en nuestro tejido social, tenemos que sacarla de los edificios enormes y apiñados en que ahora se esconde y repensarla en relación directa con mujeres y hombres concretos.

Claro, junto con esta redefinición vendrán miles de problemas legales y financieros que habrá que resolver. ¿Nos costará? Sin duda. Y aunque aún no se ha hecho el cálculo, probablemente nos costará mucho. Pero esto es lo que ocurre cuando se dejan deudas impagas. El esfuerzo se multiplica cuando se postergan las soluciones de los problemas imprescindibles por toda la eternidad. 

El traslado de juzgados deberá contar con acuerdos con las municipalidades para que ellas faciliten la implementación de locales apropiados en el menor tiempo posible. En paralelo, la fiscalía, que ya anda en ese intento, debe expandir sus propios programas de municipalización. La parte más difícil de lograr será implementar centros de detenciones temporales distritales, y al mismo tiempo lanzar de una vez el programa de grilletes electrónicos, que resultan imprescindibles si el sistema debe expandirse por este camino. 

Nuestra reforma requiere establecer una relación honesta entre quienes integran el sistema y las comunidades específicas con las que deben interactuar. No reformaremos la justicia cambiando el modo en que se escriben sentencias o se almacenan expedientes. Y ni siquiera la reformaremos actualizando sus soportes tecnológicos. Reformaremos la justicia si logramos juezas y jueces que entiendan que su cometido es proteger mujeres, niños y grupos vulnerables, proveer a los afectados reparaciones que compensen el daño sufrido y asegurar que quienes cometen delitos sean castigados oportunamente. 

Si no modificamos el ambiente institucional en que nos movemos para implantar independencia, imparcialidad e inamovilidad al sistema; si no instalamos a la judicatura en el centro de nuestras preocupaciones morales, cambiemos lo que cambiemos, regresaremos a lo mismo.

Publicado en El Comercio el 23 de julio de 2018.