El juego de las sombras

LA CLARIDAD PARA LLEGAR A LO CORRECTO

El juego de las sombras

Por César Azabache Caracciolo

¿Cómo aprendemos a diferenciar verdad y mentira en una sociedad organizada sobre el engaño? Somos el primer productor de coca del mundo y traficamos con oro en dimensiones aún no establecidas. El 70% no bancarizado de nuestra economía forma el agujero por el que se filtran fondos de origen absolutamente incierto. Traficamos con predios adquiridos por invasiones y mentimos sistemáticamente sobre el modo en que financiamos nuestra política oficial.

Empujamos a nuestros servidores públicos a convertirse en empleados de empresas privadas y no nos importa el destino final del combustible asignado a nuestras principales dependencias públicas. Creamos y multiplicamos esquemas basados en el clientelismo y el falso mecenazgo y lo disfrazamos de servicios profesionales. ¿Qué nos impide crear anónimos, falsos colaboradores, agentes encubiertos informales, trampas o documentos falsos? ¿Acaso bastan suspicacias y desconfianzas intuitivas para establecer diferencias en medio del juego de sombras en que nos estamos moviendo?

Hemos cultivado la habilidad de desarrollar cruzadas parciales y, en algunos casos, imprecisas. Nos lanzamos a la persecución del terrorismo en las décadas de 1980 y 1990, pero acumulamos tal margen de inocentes avasallados por el sistema que el propio Alberto Fujimori tuvo que formar una comisión especial para liberarlos (la Comisión Lanssiers). Desmontamos la organización de Vladimiro Montesinos en la transición, pero en el camino cometimos más de un error y más de un abuso que aún esperan reconocimiento y reivindicación pública.

Con estos antecedentes abordamos la cuestión sobre corrupción en los gobiernos regionales y estamos ahora a las puertas de iniciar una revisión quizá muy intensa sobre la relación entre los márgenes de ganancia privada en obras públicas y posibles sobornos. Hacerlo es inevitable y, de hecho, útil, ¿pero cómo prevenimos engaños y cómo nos protegemos de nuestra obstinada tendencia a organizar linchamientos colectivos de manera totalmente irreflexiva y predecible a la primera aparición de un falso as de espadas?

Declaro mi desconfianza ante cualquier apresuramiento en asuntos de relevancia legal. No admito condenas a priori cuando navegamos en un mar de mentiras elevado a su máxima potencia por nuestra adicción a la intriga y al uso de anónimos, colaboradores, grabaciones y filtraciones de todo tipo de información privada.

Si en algún momento necesitamos procedimientos equilibrados para tomar decisiones sobre lo justo, ese momento es ahora. No necesitamos más cruzadas, pero requerimos de más procesos equilibrados que nos permitan tomar decisiones maduradas de manera reflexiva en los asuntos sobre corrupción y justicia que ahora tenemos entre manos.

Algo está cambiando muy rápidamente en las expectativas de los ciudadanos de la región sobre el alcance de las limitaciones a la circulación de dinero entre el sector privado, la política y el Estado. Y eso es positivo. En las décadas de 1980 y 1990 aprendimos que la vida humana no es un recurso que pueda ser sacrificado en nombre de la seguridad nacional.

En este siglo tendremos que aprender que los sobornos son verdadera y no solo teóricamente inaceptables. Paguemos las consecuencias que haya que pagar durante este aprendizaje. Pero si debemos hacer ajustes, no perdamos de vista la imperativa necesidad de mantener el equilibrio, de dudar permanentemente de nuestras primeras impresiones sobre cada asunto que debamos discutir en adelante. Si hay algo ambiguo entre nosotros, es el modo en que manejamos la palabra, la verdad y los nombres en medio de las sombras.

Publicado en El Comercio el lunes 24 de agosto del 2015

Tribunales, explotación de interferencias y ética institucional

Tribunales, explotación de interferencias y ética institucional

César Azabache Caracciolo

En un reciente artículo (El Comercio, 05/10/2011), el profesor Monroy ha presentado una justificada protesta contra la poca resistencia que por lo general muestran nuestros tribunales ante opiniones establecidas sobre el modo de resolver casos legales. Para el profesor Monroy la difusión de opiniones provoca una suerte de “proceso paralelo” al judicial que “anticipa” una solución como la única justa, etiquetando de antemano al tribunal que disienta como “torpe o corrupto”. Promover estas opiniones, concluye, constituye “una ruptura feroz y constante [de] los parámetros éticos sobre la información judicial”.

Reconozco en este artículo una crítica fundada a un caso de moral binaria. Cierta intolerancia aprendida nos lleva demasiadas veces a confundir nuestras opiniones sobre lo justo con una suerte de “deber-ser-absoluto” que etiqueta toda disidencia (y no sólo la judicial) como expresión de un opuesto inaceptable. Los esquemas binarios en moral (bueno/malo, sin más opciones) son tremendamente peligrosos. Y más cuando llegan a los medios. Pero entonces la protesta que lanza el profesor Monroy debería extenderse a toda expresión de moral binaria. Y estoy seguro que el profesor Monroy asentiría en ello.

Pero una cosa es recusar un caso de moral binaria y otra distinta pretender que los medios se abstengan de discutir casos legales. No creo que el profesor Monroy pretenda esto último. De hecho, el ejemplo que aparece hacia el final del artículo (la filtración de información sobre deliberaciones judiciales) me permite pensar que su protesta se dirige en realidad a una práctica en concreto, que llamaremos “explotación de interferencias”.

Las interferencias son distorsiones que se producen en el ambiente de neutralidad en que deben resolverse los casos legales. En los hechos, por más institucionalizado que esté un sistema, los tribunales actúan siempre en medio de entornos sociales plagados de prejuicios, preferencias subjetivas, intereses, opiniones y las relaciones de interés que están presentes, en mayor o menor medida, en la mente de quienes deben tomar decisiones. El sistema institucional intenta contrapesar la influencia de estos factores inevitables con una serie de mecanismos legales. La medida en lo que lo logre puede denominarse “resistencia institucional”. Pero posiblemente no haya manera de lograr una tasa de resistencia igual al 100%. Hay que admitir en consecuencia que las interferencias existen, como existe el error judicial. Pero una cosa es admitirlo, y otra distinta montar un negocio para explotarlas, y ofrecer al mercado estrategias de defensa y promoción de intereses basadas exclusivamente en esa explotación. Que alguien filtre a la prensa copias informales del borrador de una sentencia futura constituye, sin duda, un acto de explotación de interferencias. Como lo constituye que alguien filtre cintas de audio tomadas de escuchas ilegales o que alguien ofrezca el soborno o el chantaje como vía para ganar juicios. El sistema no puede (no debe) admitir que existan agencias que exploran interferencias como forma de defender o promover intereses de ningún tipo.

Los casos Montesinos y BTR han mostrado demasiado bien con cuánta facilidad la opinión pública puede, sin notarlo, servir de caja de resonancia a estrategias de explotación de interferencias. Si entendemos entonces en la protesta que contiene el texto del profesor Monroy un llamado para impedir que ese tipo de productos tengan éxito en el mercado, pues entonces hay que aunarse a la protesta.

¿Pero quién pagó por el espionaje?

¿Pero quién pagó por el espionaje?

César Azabache Caracciolo

Hemos dicho varias veces que el caso BTR ofrece una serie de dificultades que están vinculadas a la compleja historia que revela. Para comenzar, a diferencia de la imagen popular del SIN de Montesinos, en la que ese organismo aparece dedicado a espiar a opositores políticos, BTR ha espiado a personas que ahora están siendo investigadas por tráfico de influencias, y esto crea una diferencia. Es sencillo analizar un caso legal cuando la historia contiene a un agresor y una víctima claramente diferenciados. Pero algunas de las víctimas de BTR son, a su vez, los transgresores en otras historias, como en la historia del caso Químper. Y esta ambigüedad (“víctima-transgresora”) genera sin duda un cortocircuito en nuestra comprensión de las cosas. Al reconocer “villanos” en la lista de víctimas de BTR, tendemos a cambiar los roles, y a intentar aprovechar la información que se ha incautado. Pero al hacerlo, sin darnos cuenta, cambiamos el tema en discusión y terminamos tratando el espionaje como fuente de información. Esto sin duda es un error que debemos evitar.

Investigar a espías que parecen haber espiado a sospechosos por corrupción no debe confundirnos. La información que tienen los espías en su poder es producto de un crimen. En consecuencia, sólo puede ser usada contra quienes contrataron sus servicios o contra quienes los apoyaron, no contra quienes fueron espiados. Y esta es una regla que debemos mantener, nos guste o no, por nuestra propia salud institucional. La información incautada a una agencia de espías sólo debe ser usada institucionalmente para confirmar quiénes son los espías y, en la medida de lo posible, para identificar a quienes contrataron sus servicios. Nada más. Salir de esta regla, pretender aprovechar los frutos del espionaje “para algo bueno”, implica abrir el mercado de la información para que cualquiera pueda relanzar el espionaje como servicio. Y esto debemos evitarlo. Al usar la información del espionaje contra terceros nosotros mismos estamos, sin darnos cuenta, confirmado su utilidad y estimulado la demanda de este servicio ilegal ¿Acaso es eso lo que queremos?

No existe ninguna razón moral por la que debamos prestar atención al contenido del material incautado a BTR, salvo en la medida en que pueda confirmar que los investigados son, en efecto, espías, y que fueron contratados en determinadas condiciones por alguien en particular. Qué obtuvieron al espiar, es un asunto que debería mantenerse en reserva, o, en todo caso, no ser comentado. Si entre los productos del espionaje hay algo que se refiera a un delito, entonces la policía tendrá que investigar lo que corresponda, pero sin usar para nada ese material como base de caso alguno, sin citarlo ni proponerlo como evidencia, precisamente porque ese material es producto de un crimen. Y ninguna acción institucional puede emplear un crimen como fundamento, base ni apoyo.

La información incautada, entonces, no sirve para crear nuevos casos legales. Sirve solo para confirmar si los investigados son espías y, de ser el caso, para establecer quiénes eran los clientes del espionaje. Y sobre esta base podemos intentar resolver el dilema de estos días. Las evidencias publicadas indican que por lo menos uno de los soportes digitales (un USB) incautados a los investigados fue manipulado para extraer información que ahora se ha perdido. Gravísimo, sin duda; suficiente para iniciar un segundo caso al menos por negligencia grave en contra de quienes tenían a su cargo la custodia de ese material. Pero el que determinados archivos hayan sido extraídos de uno de los soportes digitales incautados no impide emplear como evidencia los demás archivos. Entiéndase bien: El caso no es sobre el contenido de los archivos, es sobre el servicio de escucha ilegal que habría prestado BTR. En consecuencia, que falten archivos no impide acusar a quien deba ser acusado como espía. Lo único que muestra es que alguien ha permitido una manipulación ilegal de las evidencias. Y ese alguien debe ser sancionado como fue sancionada la sustracción de las maletas en que Montesinos había escondido parte de sus videos en la década pasada.

En todo caso, la cuestión pendiente sigue siendo una distinta: ¿Quién pagó por los servicios de espionaje que, aparentemente, prestó BTR?

Fiscalía basará su alegato en el poder concentrado en el SIN

Un balance final

Un balance final

César Azabache Caracciolo

Si algo hemos perdido en el juicio contra Fujimori en este tiempo, ha sido la oportunidad de fijar en nuestra memoria colectiva una versión lo más clara y sencilla posible sobre lo que ocurrió en el país en los años 90. Es de lamentar (aunque resulta inevitable en un juicio de estas características), que en lugar de aproximarse a una versión más o menos ponderada sobre lo ocurrido, la defensa y las partes acusadoras se hayan entrampado en la insistencia por confirmar teorías extremas, y por ello irreconciliables, sobre el periodo de los noventa. La Fiscalía y las víctimas han sostenido una versión sobre la culpabilidad total de Fujimori que supone la demostración de órdenes directas y expresas que posiblemente nunca haya sido necesario emitir. Al frente, la defensa pretende una exoneración de responsabilidad penal tan absoluta que resulta institucionalmente insostenible. Nadie en el juicio ha intentado pararse en medio de ambas versiones. Y esto es lamentable porque las versiones extremas, por lo general, corresponden a apetencias, aversiones, principios o preferencias subjetivas, pero no a un juicio reflexivo sobre los hechos y las responsabilidades que corresponden a su organización.

            Como simple observador me parece difícil aceptar la imagen de un Fujimori premeditando y organizando en persona las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta. Salvo que medie un grave desorden de conducta, no encuentro manera de convertir a un profesor de matemáticas recién llegado a la política en un asesino en serie, menos a casi un año de haber reclutado para su entorno a personalidades como Gloria Helfer y Hernando de Soto. En lo personal, ni siquiera creo que Fujimori supiera mucho de la violencia que atravesaba el país en ese entonces. Menos puedo creer que haya desarrollado tan a prisa la perversa habilidad que se requiere para usar la muerte como táctica política. Aunque sea sólo una hipótesis, de hecho, no estoy en posición de probar nada, me convence más la imagen de un Fujimori completamente inexperto, emboscado por alguien (¿Montesinos acaso?), que podría haberle impuesto la masacre de Barrios Altos como hecho cumplido. Si recordamos el periodo, observaremos que a principios de los noventa la corporación militar estaba dividida entre varias “alas duras” y otros varios grupos de oficiales que intentaban deshacerse de alguna manera de un pasado reciente plagado de masacres inútiles. En medio de ese giro, las investigaciones en el Congreso sobre casos como El Frontón y Cayara creaban el riesgo objetivo de que las cosas terminaran con juicios en forma. Sucesos como el golpe de Estado de abril de 1992, los cambios en la política de ascensos militares y las masacres de Barrios Altos y Canto Grande, pueden haber servido para forzar a la corporación y al propio ex presidente a “cerrar filas” a favor de la impunidad de los crímenes de los ochenta. Si esto fue así, entonces el problema no está en tratar de probar si Fujimori tenía o no “dos estrategias antisubversivas”.  Lo que hay que probar es que los crímenes en efecto se cometieron,Un balance final y que Fujimori, siendo el Presidente de la República, no hizo nada desde Barrios Altos para evitar que Canto Grande y La Cantuta ocurrieran. Si se trataba de resolver un problema político forzando al sistema a tomar partido por la impunidad, entonces la omisión revela aquiescencia, y se convierte en algo tan grave como matar, sin necesidad de buscar en ningún archivo firmas probablemente inexistentes.

            No hemos discutido sobre el significado de las omisiones de reacción en este contexto. La acusación ha buscado la prueba de un hecho extremo. A pesar de su gran desempeño, no creo que haya logrado este objetivo. En reacción, la defensa se ha limitado a eludir los golpes. Fujimori no se ha sentido obligado a pedir perdón por lo que en efecto puede no haber ordenado, pero sin duda dejó hacer. Y si mis sospechas son ciertas, lo dejó hacer por la más banal de las razones: Facilitar su propio posicionamiento político en base a una alianza perversa e innecesaria que, sin embargo, cumplió su objetivo: Evitar los juicios sobre violaciones a los derechos humanos que debieron hacerse a principios de los noventa.

El silencio equivocado

Por César Azabache

Ha sido inevitable que la presentación de Montesinos en el juicio de Fujimori convoque tanto interés. También ha sido inevitable que Montesinos aproveche ese interés para, después de tiempo, recuperar tribuna y relanzar una imagen que ya había perdido: La del todopoderoso "hombre de inteligencia" que camina al medio de sus captores cuando es detenido; decide (o pretende decidir) quiénes son responsables y quiénes no; declara cuando quiere y sobre lo que quiere, y se burla abiertamente de las autoridades que lo juzgan. El único dato realmente curioso de la puesta en escena del ex asesor ha sido la indumentaria: Esta vez Montesinos abandonó las extrañas camisas de seda roja, verde o casi verde de las anteriores audiencias para volver al traje oscuro y el pañuelo en el bolsillo de sus presentaciones públicas de finales de los noventa, cuando se especulaba sobre su ingreso a la política. ¿Pretendía mostrarnos la imagen de una vigencia que ya no tiene?

¿Qué pasó en la audiencia? Montesinos tiene derecho a no declarar en casos de este tipo porque enfrenta procesos por los mismos hechos. Pero no tiene derecho a decidir cuándo declara y cuándo no, o qué preguntas contesta y cuáles no, ni tiene derecho a decidir cuándo se acaba la audiencia ni por qué razones. Sin embargo, lo hace, porque cualquier sanción del tribunal o incluso un eventual procedimiento por resistencia a la autoridad resultarían minúsculos frente a la cantidad de acusaciones que pesan en su contra. Con base en la impunidad que le concede el castigo ya impuesto, Montesinos ha puesto en escena un juego perverso: Él asume el control de la audiencia y decide sobre todo lo que puede decidir y se burla de todo aquel que caiga en su juego. La imagen que resulta es la de un sistema débil que no puede contenerlo. ¿Era necesario exponernos a eso?

¿Dijo Montesinos algo de importancia? Su línea de declaraciones sobre las interceptaciones telefónicas ya había sido exhibida en una tribuna menos llamativa que esta: La del juicio que se le siguió por ese caso. No constituye entonces una novedad. Sí cabría preguntarse por qué el ex asesor insiste tanto en recordarnos que intervino teléfonos durante toda la década del noventa y que ya lo hacía cuando oficial del Ejército. ¿Estará tratando de recordarle a alguien que tiene en su poder las cintas de esos audios? ¿Estará tratando de obtener de alguna manera el apoyo de alguien? No hay manera de saberlo, de modo que lo peor que podríamos hacer a estas alturas es obsesionarnos con las supuestas cintas de Montesinos, como nos obsesionamos antes con los famosos videos ocultos o pendientes de hallar. ¿Qué más hizo? Incriminó al fiscal Guillén, que no estaba presente en la audiencia, con cargos menores que sin duda serán debatidos dentro del Ministerio Público. ¿Nos pondremos a discutir acaso si el fiscal Guillén debe ser apartado del proceso por esos cargos? No creo que seamos tan fáciles de manipular. ¿Qué más hubo? Nada en absoluto, fuera de la confirmación de que la extensión del juicio y el enorme rodeo que se da en cada interrogatorio están comenzando a dejar exhausto al sistema.

Nuevamente, le dimos la palabra a la persona equivocada; le dejamos hacer lo que le vino en gana y ni siquiera pudimos decidir cuándo se callaba. ¿No es esto más o menos lo mismo que pasó con Martin Rivas?

Reubicando a la ONA

Lo que ahora le toca hacer a la justicia

Sobre lo que ahora hay que hacer

César Azabache Caracciolo

El fallo de la Corte Suprema de Chile cierra el debate sobre la legitimidad del proceso. Los tribunales chilenos han reconocido que el Estado peruano tiene derecho a sentar a Fujimori en el banco de los acusados. Lo que viene ahora es entrar ya al detalle de cada caso y volver a mirar las evidencias reunidas. Y es que no es lo mismo considerar justificado el proceso que considerar probados los delitos.

La prueba de un caso penal es un asunto de convicción. Hay diferencias de grado o medida entre lo que se requiere para llevar a alguien a juicio y lo que se requiere para condenarle. Si usamos la escala del uno al cien, podríamos decir que para llevar a una persona a juicio se requiere prueba como de cincuenta. Pero para condenarle, la prueba debe llegar hasta cien. La condena requiere la máxima prueba posible de un caso, y esta prueba sólo se alcanza cuando se lograr eliminar toda duda sobre la culpabilidad del acusado. Las reglas del procedimiento impiden condenar a alguien cuando existe por lo menos una razón seria para dudar de la acusación. Por eso las mismas pruebas que justifican llegar a juicio pueden, luego, ser consideradas insuficientes para apoyar una condena. Y es que los testimonios y las evidencias a veces parecen más fuertes en el papel que en el escenario de un juicio.

Ahora bien ¿cómo se prepara un juicio de este tamaño? Las leyes del procedimiento permiten que los casos sean reorganizados antes del inicio de las audiencias para simplificar las cosas. Podríamos entonces tener no siete, sino dos grandes juicios contra Fujimori: Uno por los casos de corrupción que se ha presentado en su contra (entre ellos, la indemnización a Montesinos antes de su fuga y el robo de los vídeos en poder de Trinidad Becerra) y uno por los casos sobre violaciones a los derechos humanos. En el caso de la indemnización de Montesinos y en el caso del robo de los videos se anuncia la presentación de evidencias directas sobre el comportamiento personal de Fujimori. Estos casos pueden ser, entonces, los más sencillos desde el punto de vista de las pruebas. En los casos sobre derechos humanos se anuncia un debate basado en evidencias indirectas o circunstanciales y se anuncia también un debate sobre las reglas de responsabilidad penal que deben aplicarse a un ex mandatario. Esto hace que estos casos sean relativamente más difíciles de sostener. El tipo de pruebas y las reglas en discusión hacen, entonces, una primera diferencia fundamental que justifica la separación de estos casos.

También hay diferencias en el debate sobre las indemnizaciones a discutir. En los casos de corrupción la indemnización que debe solicitar la Procuraduría se construye a partir del monto de fondos del tesoro desviados por Montesinos. En los principales casos de derechos humanos las indemnizaciones se organizan en función a las condenas que la Corte Interamericana ha impuesto al Estado y en las reclamaciones que víctimas de los casos no resueltos puedan demandar.

En los debates sobre los casos de derechos humanos probablemente la defensa de Fujimori va a sostener que las evidencias circunstanciales son insuficientes y que las declaraciones informales de los Colina, o las declaraciones de los colaboradores con la justicia no pueden ser usadas como pruebas. La Fiscalía en cambio deberá probar que la posición que ocupó Fujimori como Jefe de Estado hacía imposible que los crímenes se organizaran sin su intervención, autorización o aquiescencia. En los debates sobre indemnizaciones, en cambio, la defensa no va a poder negar la dependencia entre Fujimori y Montesinos, y esa dependencia es determinante para hacer al ex mandatario responsable por los daños causados.

Lo esencial ahora, es asegurarnos que el juicio sea organizado adecuadamente. Sería un desperdicio que el juicio contra Fujimori se convierta en una secuencia insufrible de audiencias que se agoten en la lectura de papeles imposibles de comprender. Este juicio debe ser un espacio de debate abierto a todos, porque lo que se discutirá aquí va a determinar el modo en que veamos en adelante asuntos decisivos para organizar el poder y la justicia en el Perú. 

La corrupción y sus pruebas

Entre corrupción e intromisión

César Azabache Caracciolo

En estos días se ha registrado una denuncia especialmente grave asociada a grabaciones privadas de conversaciones aparentemente sostenidas entre abogados locales. La trascripción de las cintas parece mostrar diálogos sobre aparentes pagos ilegales hechos a Magistrados del judicial. La reacción ante el hecho ha sido de alarma y la fiscalía ha iniciado ya una investigación formal sobre los hechos.

La denuncia ha caído en medio de un momento de profundo desconcierto. La comunidad siente que las autoridades no son confiables y que el sistema se ha vuelto demasiado vulnerable a presiones ilegales. Imperceptiblemente, la desesperación que esto provoca está generando un clima de tolerancia a prácticas repudiables como la intromisión en comunicaciones telefónicas y electrónicas de terceros. Aparentemente estamos ante un dilema: ¿No es ilegal entrometerse en comunicaciones de terceros? ¿Pero vamos a renunciar a enfrentar al monstruo de la corrupción por simples detalles legales? ¿Toleramos la corrupción o toleramos el uso de procedimientos ilegales para obtener pruebas contra ella? Más de uno se sentirá tentado a reclamar el derecho de todos a que se use los medios que estén a nuestro alcance para llevar a juicio a quienes aparecen registrados en conversaciones sospechosas. Pero ¿Es la intromisión el camino correcto? Finalmente ¿No fue eso lo que hicimos para enfrentar a la organización de Montesinos?

Primero aclaremos las cosas. Las cintas de Montesinos no eran grabaciones de comunicaciones de terceros. Eran el registro de las reuniones que el propio Montesinos celebró. Puede parecer una sutileza, pero no es lo mismo usar las pruebas que un acusado genera de su propio comportamiento que entrometerse sin autorización de un Juez en comunicaciones de terceros. Las intromisiones privadas son una cosa distinta al registro de los actos propios.

Hablamos entonces de intromisiones privadas en comunicaciones de terceros. Cuando la intromisión halla las pistas de un delito grave, la comunidad tiende a ver con tolerancia lo ocurrido. Pero quienes intentan salvar el uso de cintas como las que se han difundido en estos días olvidan que la intromisión no se genera en un solo día ni con un solo acto. La obtención de esas grabaciones supone la puesta en marcha de un complejo negocio particular que consiste en montar equipos de escucha e intromisión electrónica, obtener la información necesaria para iniciar la vigilancia, ubicar el fragmento que se puede difundir y cobrar dinero por el resultado. Como se trata de un negocio, el éxito de cada caso promueve el consumo del producto en el mercado, incrementa la demanda y eleva los precios del servicio. Y como el mercado se orienta por las ganancias, es imposible no descubrir que la promoción comercial de este tipo de servicios alienta la competencia, es decir, la aparición de nuevas firmas ofertando el mismo producto. Y como los productos exitosos tienden a expandir su mercado de referencia, de los casos de corrupción pasamos de inmediato a los divorcios y al espionaje industrial y de negocios. Y con cada “descubrimiento” tolerado, nuevas ganancias para el mercado ilegal de las intromisiones.

Admitir el uso legal de grabaciones de conversaciones de terceros implica autorizar el desarrollo de un mercado ilegal de intromisión en la privacidad. Cada vez que toleramos el uso de cintas como las recientemente difundidas multiplicamos las probabilidades de nuevas grabaciones. Y no están expuestos solo quienes cometen delitos o tienen algo que ocultar. También están expuestos quienes negocian con valores bursátiles, descubren procedimientos de industria o simplemente prestan servicios en una empresa que se puede sentir amenazada por un sindicato. En todos los casos el producto es el mismo y se legitima en el mercado de la misma manera: Cortando el camino difícil, pero más estable, de los procedimientos legales.

¿Deben detenerse las investigaciones iniciadas? No, pero las autoridades deben ser capaces de continuar las pesquisas por otras vías, sin enviar a la comunidad un mensaje que aliente el uso de este tipo de servicios.

La función de la ley es alentar los comportamientos regulares y desalentar el uso de marcados ilegales. El sistema legal debe demostrarnos a todos que no es inútil. Pero también que no se contradice a sí mismo.

Megajuicio contra el terror

Megajuicio contra el terror

César Azabache Caracciolo

Quizá lo más resaltante de las audiencias del caso Colina es la relativa indiferencia que muestra la opinión pública al inicio de los debates. Se trata de un proceso que ha involucrado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que declaró inaplicable la ley de amnistía). Un proceso que pone nuevamente sobre el tapete el papel de la justicia militar durante la guerra y que reúne una serie de testimonios directos e indirectos sobre las relaciones entre esta agrupación y el SIN. Además, se trata de un caso que reúne una enorme cantidad de evidencias físicas que provienen de la masacre de Barrios Altos y del hallazgo de las fosas de Cieneguilla. Se trata también de un caso que revela la enorme torpeza que ocultan las estrategias de seguridad basadas en escuadrones de la muerte. No debe olvidarse que en el caso Barrios Altos aparentemente los “Colina” equivocaron el lugar del ataque y asesinaron a niños y a personas inocentes creyendo que se trataba de un grupo de senderistas. También se trata de un caso que marca el “punto final” de una forma de violencia que impregnó al país durante la guerra que provocó el terrorismo. Y sin embargo no lo estamos debatiendo como comunidad. Si comparamos la cantidad de tiempo que la televisión ha dedicado a éste caso con la que ha dedicado a otros asuntos, mucho más frívolos y menos decisivos, encontraremos una desconcertante diferencia ¿Por qué?

            El caso Colina pone en discusión la solidez de las pruebas para alcanzar no sólo a sus miembros (varios de ellos confesos), sino además a los principales jefes del servicio de inteligencia y del Ejército, entre ellos, Montesinos Torres. Más allá de la opinión de la comunidad de derechos humanos, que en lo personal comparto, o de los partidarios del señor Fujimori, con quienes discrepo, la Fiscalía debe probar que tiene contra ellos un caso sólido basado en hechos y evidencias. Están a su favor las huellas que muestran los cadáveres, las evidencias sobre las armas y vehículos empleados y los testimonios recogidos por los periodistas de investigación desde los años noventa. Pero falta el debate con la defensa. El juicio debe tratar sobre las razones por las que se debe o no se debe considerar que este escuadrón actuaba atendiendo a órdenes expresas de los más altos niveles de de las fuerzas de seguridad. No dudo que el Tribunal decidirá sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados en base a hechos y a pruebas, más allá de las preferencias que cada cual pueda expresar por una u otra posición en disputa.

            El tema es, como puede verse, decisivo, y sin duda debería estar en el centro de la agenda de nuestros debates morales en este momento. Pero no está ¿Por qué tanta indiferencia?

Creo que la respuesta se resume en una palabra: Agotamiento. El sistema comenzó a inclinarse a lo trivial desde que nos impuso el juicio de la señora Beltrán como primer proceso anticorrupción. De allí en adelante ha predominado la tendencia priorizar asuntos confusos, de menor envergadura o laterales. Probablemente las energías comunicacionales del sistema estén por agotarse o se hayan agotado ya. La comunidad puede estar comenzando a mostrar cansancio y ese cansancio daña la posibilidad de discutir en serio los casos más importantes, que recién comienzan a llegar a los tribunales.

            El riesgo principal, si con cambiamos las cosas, si no mantenemos abiertos los debates más importantes, será terminar todo este doloroso proceso sin haber aprendido nada sobre lo vivido. 

Montesinos desde la oscuridad

Montesinos desde la oscuridad

César Azabache Caracciolo

Patético. Esa fue la impresión que me dejó el banal intento de Montesinos por enlodar a una periodista de la talla de Rosa María Palacios. Y fue la misma impresión que tuve anoche, cuando un persona de total confianza me comentó que el antes legendario "Doc" ensayaría intentos semejantes contra otros dos periodistas de renombre en estos días.

¿De qué se trata? ¿Un hábil intento por buscar profesionales que -con todo derecho - fueron contratados por el gobierno, por alguna administración o por alguna empresa vinculada durante los años 90? ¿Qué se intenta? ¿Que ellos también se sientan amenazados por el sistema? Quizá hace dos o tres años una maniobra de este tipo habría remecido a la opinión pública. De hecho, varios congresistas insospechables de pactar con los mensajeros de Montesinos han caído varias veces en el juego y se han esforzado por hacer casos legales contra profesionales que simplemente prestaron servicios a la administración o contra políticos que, también con todo derecho, creyeron en el lado modernizador que en su momento representó Fujimori. Pero ahora, intentos como estos llevan a una sola conclusión. El llamado "montesinismo" (ese fantasma binario tan útil para ocultar el presente) ya no representa una amenaza real. Así como en senderismo de Abimael está enfrascado en una lucha legal por salir de prisión lo antes posible, sin más alternativa que una fantasía de acción política, el montesinismo comienza a mostrar el agotamiento de un aparato que ya no es capaz de ver ni de manipular la realidad.

            Montesinos y sus mensajeros (¿no les queda ya grande el cartel de "mafia"?) se han pasado los últimos tiempos tratando de envilecer al sistema anticorrupción. Pero en el terreno comunicacional el que intenta manipular un mensaje queda siempre impregnado del mensaje que transmite. Con sus desmayos, sus silencios, sus cuestionables camisas de seda y cuello duro y los escándalos descontrolados de quienes intentan sumar a su favor, Montesinos ha envilecido su propia imagen aún más de lo que la envilecen sus acciones. Montesinos ya no se ve como aquel genio maligno que acumuló más poder que nadie en menos tiempo. Ahora se deprime, se enferma, se desmaya y pide tiempo. Quizá Montesinos piense que nos está proyectando una falsa imagen de debilidad para sacar ventajas de ello. Pero en este campo nadie elige los símbolos gratuitamente. Más allá de sus representaciones, el que elige presentarse como débil sólo proyecta una debilidad real que no es capaz de ver.

Quizá tanto tiempo en prisión haya convencido a Montesinos de que nosotros mismos, todos, seguimos encerrados dentro de las rejas en que en el pasado reciente nos atrapó usando sus controlados medios de comunicación y su "prensa chicha". Encerrado como está entre cuatro paredes y demasiadas cámaras de televisión Montesinos ya no ve la realidad. Quizá tenga la memoria congelada en el tiempo, en la última imagen de su propio poder, representada en su entrada triunfal al Palacio de Justicia, esposado, pero caminando por en medio del pasillo, escoltado nada menos que por el Presidente de la Corte Superior en persona. Quizá se represente la base naval como una versión disminuida de la cárcel que él mismo fabricó para sí en Chorrillos y en playa Arica. Quizá no se haya dado cuenta que hace mucho está encerrado en su propia prisión, la prisión de sus actos y que de ella no va a salir jamás. Quizá por eso piensa que nosotros tampoco podemos ver, ni salir. Y organiza su comportamiento como si fuera todavía capaz de manipular a un país de ciegos.

¿Qué significa la última setencia a Montesinos?

¿Qué significa la última sentencia a Montesinos?

César Azabache Caracciolo

Acabo de leer el reporte periodístico de la principal condena impuesta a Montesinos hasta el momento: 15 años. Una condena de este tipo comienza ya a representar la gravedad de los crímenes que se le reprochan. Como ciudadanos, probablemente todos sintamos ahora que aunque demoren y sean difíciles de entender, los procedimientos judiciales finalmente pueden ofrecernos una respuesta sensata a nuestras expectativas sobre la vigencia de la ley.

            El problema, sin embargo, aparece cuando se lee con detenimiento la noticia: La condena a 15 años ha sido impuesta a pesar de que la Fiscalía solicitó en la acusación una pena menor, 8 años. Esto ha pasado desapercibido en los noticieros del día. Quizá porque a simple vista parece tratarse sólo de la corrección de un error de la Fiscalía. Pero no es así. En realidad se trata de un asunto que pone en cuestión uno de los fundamentos del sistema judicial: La imparcialidad del tribunal.

La imparcialidad del tribunal se desarrolla en una serie de reglas que prohíben a los jueces entrometerse en los asuntos que están a cargo de las partes en el proceso. El tribunal no debe defender al acusado ni apoyar la acusación. No debe mostrar interés en la persecución ni en la absolución. Su labor es imponer la vigencia de las reglas de derecho, sea quien sea el acusado. Quizá haya sido un error que la Fiscalía pida 8 años, no lo sé. Pero presentada esa acusación no puede admitirse que el tribunal la corrija, imponiendo una condena mayor. Admitir esto equivale a renunciar al sentido del procedimiento penal. Mañana más tarde, en cualquier otro procedimiento judicial, uno que involucre a otras personas, otro tribunal decidirá también que puede imponer una condena mayor a la solicitada por la fiscalía. Y luego un Juez decidirá que puede condenar al demandado civil a una indemnización mayor a la solicitada por el demandante. Y entonces el supremo árbitro de la sabiduría unilateral y por ende arbitraria se impondrá sobre nosotros y nos quitará el derecho a defendernos ante tribunales que actúan como tales.

            Los objetores al sistema anticorrupción y los objetores al sistema antiterrorista reclaman por una justicia que afirman, actualmente, es imposible. Unos y otros sostienen que los tribunales en estos casos se mueven dentro de un marco político que les impide actuar con independencia. Reclaman que el marco político vigente determina sus condenas y no admite objeciones de defensa. Reclaman que los tribunales no actúan como tales, sino como un complemento de las fiscalías. Esto es más o menos lo que ha sostenido la defensa de Berenson Mejía en la Corte de San José y es lo que sostiene Fujimori casi a diario. Pues bien, si la reciente absolución del alcalde Kouri y de Montesinos les da la contra, y demuestra que el sistema es capaz de limitarse a sí mismos cuando debe hacerlo, la imposición a Montesinos de una pena no solicitada por la Fiscalía justificaría las dudas, siempre que esta situación no sea rápidamente enmendada por la Corte Suprema.

Todos esperamos condenas que representen la gravedad de los delitos cometidos. Pero no en violación de la ley. No en violación al rol de los tribunales de justicia.

No podemos admitir la arbitrariedad ni siquiera cuando ella pretende ser el camino hacia una falsa justicia.

La defensa de Fujimori

La defensa de Fujimori

César Azabache 

Hace algunos días el movimiento “Sí Cumple” anunció su ingreso al sistema político. Ayer Fujimori, líder natural de esa agrupación, parece haber acreditado a la defensa que le representará en los procedimientos en su contra. A la fecha nadie ha dudado de su firma. Hay que preguntarse entonces por el significado de estos actos.

         Hasta ahora Fujimori ha abierto dos espacios de comunicación política: Primero uno virtual, en la Internet; luego uno radial. A través de ellos, ha presentado repetidas veces su defensa: El ex Presidente reconoce su responsabilidad política por Montesinos. Pero declara no haber ordenado a aquel hacer lo que hizo. Fiscalía y Procuraduría sostienen que es imposible aceptar que el Presidente no supiera lo que pasó durante los 10 años de su gobierno, y que en la posición que ocupaba, no impedir lo que pasó, no investigar lo que pasaba y no sancionar a los responsables lo hace responsable por los crímenes cometidos.

         Discutir asuntos como los casos Bozzo, Chumpitaz o “geishas” ha hecho que en nuestro medio queden de lado debates de fondo, como los casos de derechos humanos, “MIG 29”, “cuentas suizas”, “transferencias del Presupuesto” o “armas para las FARC”, ahora en juicio. Paralelamente Fujimori parece haber acentuado su presencia comunicacional. Su ubicación en las encuestas políticas muestra un nivel de respaldo que hay que tener en cuenta. Las encuestas revelan que su versión de las cosas es percibida por un número importante de peruanos como más que una simple coartada. Probablemente la minoría que le respalda no podrá llevarlo nuevamente a la Presidencia. Pero representa bastante bien el camino que falta recorrer para que las serias acusaciones que pesan en su contra logren representar algo equivalente a una condena moral categórica y definitiva.

         Así las cosas Fujimori parece sentirse listo para abrir (o enfrentar) un tercer espacio comunicacional: El judicial. Fujimori va a defenderse en el proceso. Sabe, sin duda, que no es necesario que acepte las órdenes de detención dictadas en su contra antes de hacerlo. El derecho a la defensa le permite emplear abogados y actuar a través de ellos sin restricciones. Así, desde ahora tendrá acceso ilimitado a los expedientes judiciales, y podrá contestar a sus acusaciones usando los espacios que ha generado a su favor en Internet y en la radio. Fujimori provocará una suerte de comunicación indirecta con quienes le juzgan, creando una dinámica en que eventualmente, podría terminar incluso derrotando a la acusación sin necesidad de regresar al Perú.

         Durante los últimos cuatro años las condenas políticas a Fujimori han sido indiscutibles. Pero la fuerza de las consideraciones políticas decae con el tiempo. Procedimientos judiciales como estos son, por naturaleza, largos. Por eso, una acusación seria necesita bastante más que respaldo político. Necesita de pruebas y reglas que sean fáciles de entender para todos y necesita validarse en un debate serio y ponderado que comprometa a todos sin distinción.

         La aparición de Fujimori en el proceso obliga a tomar en serio el debate lo que está en juego. Si la democracia depende del respeto a las minorías, depende también de la independencia de los jueces. Aquí tenemos una oportunidad inmejorable para demostrar que, a pesar de todo, sabemos vivir en democracia.

¿Qué significa extraditar a Fujimori?

¿Por qué calla Montesinos?